Resistencia de ONG a rendir cuentas
Plan. En Uruguay 78 organizaciones impulsan transparencia, pero la mayoría se excluye
PAULA BARQUET
La rendición de cuentas de 78 organizaciones de la sociedad civil uruguaya revela que la mitad de sus fondos proviene del Estado, y que las principales áreas en las que se desempeñan son educación, desarrollo local y derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil, vistas como “bienhechoras” en varios momentos de la historia internacional, son cada vez más cuestionadas por el manejo de fondos y la eficacia de su gestión. En este tercer sector, que no es el Estado ni el mercado, ahora “hay que ir más allá: no solo decir que se es bueno, sino demostrarlo”.
Así lo entiende Anabel Cruz, experta en estos temas y directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD). En alianza con otras organizaciones similares de Ecuador, Colombia y Argentina, el ICD propuso a más de 200 organizaciones uruguayas hacer público su financiamiento, composición y naturaleza legal, entre otras cosas. Justamente, se denominó a la iniciativa regional “Rendir cuentas”.
Entre esas 200 hubo muchas que se negaron a transparentar sus cifras por entender que son datos privados. Otras organizaciones expresaron su interés pero fueron incapaces de hacerlo por no tener sistematizada la información necesaria.
En este sector “hay mucho, no de secretismo, pero sí de reserva”, explica Cruz, y agrega: “Hace unos 20 años, la primera vez que preguntamos por los fondos, hubo muchas organizaciones que reaccionaron fuertemente. Hay gente que piensa que el hecho de que una organización maneje un millón de dólares al año, para las condiciones económicas de Uruguay, suena agresivo si la información no va acompañada de qué se hace con ese dinero”.
En definitiva, 78 organizaciones aceptaron la propuesta y completaron un formulario en común. En el listado figuran Un Techo Para Mi País, Organización San Vicente (u Obra Padre Cacho), Aldeas Infantiles, Cáritas Uruguaya, El Abrojo, Instituto Kolping y Fundación Alejandra Forlán, entre otras.
No se sabe con certeza cuántas organizaciones de este tipo hay en Uruguay, pero se estima que son unas 8.000. Como las fronteras conceptuales son difusas, tampoco se conoce la cantidad de las comúnmente llamadas ONG (asociadas a capacidades técnicas, actividades en áreas críticas, y vinculadas a la cooperación internacional) pero se cuentan al menos 300.
Las cifras. Entre las 78 organizaciones se alcanza a por lo menos 100.000 beneficiarios directos, según el informe del ICD elaborado en diciembre de 2010, al que accedió El País. El presupuesto de todas ellas es, en suma, 20 millones de dólares. Hay algunas que administran varios millones de dólares anuales, y otras que ni siquiera manejan dinero.
La mayor fuente de financiamiento es el Estado, mediante el gobierno central (sobre todo Mides e INAU) o los gobiernos locales. El 50% de los recursos de estas organizaciones en 2009 provino de las arcas públicas.
El informe también revela que el 18% de las participantes trabaja en el ámbito de la educación, 12% en el desarrollo local o comunitario, 11% en derechos humanos. Apenas 1% se dedica a la discapacidad, y ninguna organización se desempeña con grupos étnicos.
Llamativamente, una de ca-da cuatro se dirige a la población adulta, y solo una de cada diez trabaja con la niñez (exceptuando la primera infancia).
Las mujeres, por otra parte, son más beneficiadas. Aunque un 28% no especifica su población objetivo, entre las que sí lo hacen el 46% trabaja con mujeres y solo el 26% con hombres.
Otro dato que destaca en esta rendición de cuentas es que el 50% del personal en las organizaciones de la sociedad civil son personas no remuneradas. El perfil más recurrente de los voluntarios es mujer, de entre 25 y 49 años.
El CONTROL
Uruguay se presenta, según Cruz, como “un ambiente bastante habilitante” para las organizaciones de la sociedad civil.
“Hay otras realidades de mucho más contralor. En Ecuador, donde hay fuerte control gubernamental, les digo a las organizaciones que mayor secreto no mejora la situación. En Uruguay no son tan grandes los controles”, asegura la experta.
Es que, para el tercer sector, muchas veces “control” es sinónimo de represión o persecución. Para Cruz, la vigilancia en Uruguay es “suficiente”, aunque considera que la legislación de las asociaciones sin fines de lucro es “antiquísima” y eso las perjudica porque, por ejemplo, “no hay muchas posibilidades de donar a las organizaciones con exoneración de impuestos, que es un recurso que hay en otros países y que posibilita más autonomía”.
La eficacia de los programas implementados por el tercer sector “no debería ser materia de control, sino más bien de preocupación de las propias organizaciones”, sostiene Cruz. Estas no siempre son “conscientes de hacer mediciones y evaluaciones de impacto, de ser eficientes con sus recursos”.
Por eso el ICD pretende promover “prácticas de autorregulación” en las organizaciones uruguayas. Por ejemplo, la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Uruguay (Anong) tiene un código de conducta firmado por sus 100 asociadas. Sin embargo, “muchas veces los códigos de conducta no pasan de la adhesión inicial, porque tiene que haber un mecanismo de monitoreo. Alguien tiene que controlar que se cumpla y en todo caso establecer sanciones”, señala Cruz.
Con todo, la autora del informe dice que las organizaciones están “sometidas a muchas evaluaciones, sobre todo cuando hay donantes y contribución internacional”. Cruz percibe que en el Estado, en cambio, “más que el impacto (del programa o la política) les interesa el tema contable”.
La experta informó también que, dados los buenos índices uruguayos, la contribución internacional llega cada vez menos, y esa situación se ha agravado con la crisis internacional.
Perfil
Nombre: Anabel Cruz
Nació: Montevideo
Edad: 59 años
Otros datos: Exiliada 13 años en Suecia
Experta en sociedad civil
Hace 25 años fundó y aún dirige el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), dedicado al fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana en Uruguay. Ha dado conferencias sobre transparencia en distintos países y además preside Civicus, una red mundial de ONG. Es casada, tiene una hija y estuvo exiliada 13 años en Suecia.
Fuente, diario El País:
http://www.elpais.com.uy/110320/pnacio-554577/sociedad/resistencia-de-ong-a-rendir-cuentas/
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