Sobre: Impuestos, Tasas, Contribuciones | Sin un Sistema Tributario no hay Estado, debe ser equitativo, eficiente, y no confiscatorio | No taxation without representation
Nombre: Daniel
Profesión: Contador Público
Consulta: Estimado, Desde ya, le agradezco por su blog y por su atención. Mi consulta es la siguiente: Los socios de una empresa de enseñanza (exonerada de impuestos por Art.69 de la constitución) deben pagar IRPF por la distribución de utilidades?? Saludos
Nombre: Shirley
Profesión: Educadora
Consulta: Hola buenas tardes. Mi consulta es: si el Jardín cierra por orden del Ministerio del 24 de marzo al 9 de abril (semana de turismo entre medio). si no vamos al seguro y siendo mensual. Te descuentan los días no trabajados??
Una pregunta más. si se puede.
¿Hubo aumento de sueldo para este rubro el 1 de enero?
Grupo 16- subgrupo 1.me dijeron que no. No se si corresponde aquí esta pregunta pero el acta de consejo no me quedó clara. Muchas gracias por su tiempo y dedicación, realmente valorable
Este video que seguidamente se puede ver, (hay otro al pie del post, que habla de las Rendiciones de Cuentas de las Universidades de México y es del año 2018); es del año 2008; y vale la pena escuchar al Sr. Jeff Puryear; sobre lo que dice, de las Universidades Latinoamericanas; ya hace casi 12 años atrás o más; se manifestaba que no habían rendiciones de cuentas de las Universidades por estas latitudes, y que no le sorprendía. Y este tema, es apenas uno, de los que quiero tratar en el post. Lo que deseo exponer, es que las Universidades de Uruguay y Colegios Privados, deberían RENDIR CUENTAS; y si no lo hicieran, tendrían que perder algunos beneficios que hoy tienen. Tienen un derecho muy especial como ser la Exoneración de Impuestos Nacionales y Municipales, en el Art.69 de la Constitución de la República; pero nada impide que no se les imponga obligaciones y quizás algún día revisar las exoneraciones impositivas que ostentan. Ese artículo tan famoso; no termina diciendo sólo eso, de que están exoneradas, sino que agrega: «como subvención por sus servicios»; ¿Si no se prestan los Servicios, le corresponde dicha subvención, o sea, la Exoneración?. Pero el gran tema es:¿No hay nadie que pueda controlar a estas instituciones?.
A veces leo una nota periodística, y tiene errores de armado en las oraciones; y no pienso que ese periodista tiene una mala formación; pienso que el apuro en su trabajo, el volumen de sus tareas; termina incidiendo en esas cosas, pero el contenido se entiende (y además a mi me pasa también tener ese tipo de errores, no podría juzgarlo), en cambio las personas que escriben en los comentarios que permiten los diarios (al pie de las notas), no sólo son ácidos en la crítica, sino que hablan de lo mal que está la educación, y lo sostienen con esos ejemplos.
Veo sí, en otras temas; que está mal la educación; no digo más mal que antes, digo que está mal. Por ejemplo a nivel Universitario, poco se habla del tema, se habla sólo cuando hay elecciones, o si el dinero del Fondo de Solidaridad cubre tantas becas, si hay más mujeres que hombres, o si ha sido un instrumento de cambio social, si hubo un ascenso social, porque hoy, así como ayer, existía la creencia de “mi hijo el Doctor”; hoy para mostrar el éxito en la distribución de la riqueza, se muestra que se llega a la Universidad, cuando los niveles de ingresos de algunos universitarios, son menores que un asalariado de la Construcción. Y no se habla del Control de esas Universidades. ¿Quién enseña a los futuros profesionales?; ¿Ser un buen profesional, es un indicador de un buen docente?; ¿Quién controla los exámenes, la redacción, el contenido?; ¿Quién controla que medir el conocimiento del futuro profesional, es adecuado mediante preguntas de múltiple opción o tipo Test como se les llama en otras partes del mundo. Vean los videos, se los recomiendo, el primero hasta gracioso es, el segundo; da para pensar. (los videos tratan de las pruebas MIR (médico interno residente) en España, en que se presentan miles de doctores, para miles de puestos también, aún no siendo médico, vale la pena escucharlos.
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Dicho importe es con IVA incluído (son dólares americanos)
$50.00
Nombre: Miguel
Profesión: Escribano
Consulta: Hola, mira mi consulta es la siguiente, yo soy dueño de un colegio privado, el cual esta a nombre de una SRL de la cual soy socio, pero yo a titulo personal tengo un terreno que lo compre para el colegio, que contrato debo hacer eficaz, mio hacia la srl para que en las construcciones quedemos exonerados de aportes patronales, ? Gracias.
En estos días se está hablando mucho de algunas denuncias en un programa de «Vivienda Sindical». Quizás sea sólo eso: habladurías. Pero no está mal que sea tomado este tema como el motivador para que el Estado o el Poder Legislativo, tome la iniciativa y regule no sólo a los Sindicatos sino a todos las Instituciones que no pagan Impuestos. ¿Y qué tienen que hacer?, rendir cuentas. Nada más.
Hace poco, también surgió el tema de los bienes del Pit-Cnt; porque el Presidente les solicitó que pusieran en garantía su patrimonio (para el proyecto Alas U) y la Central de Sindicatos, tomó el guante pero sólo dicen que tienen unos vehículos y alguna cosa más. Por lo cual la oferta de la garantía no llegaba a cuarenta mil dólares. Si cualquier lector más o menos informado hace algunos números sin calculadora, se dará cuenta que algo no está bien. Se dice (hay varios artículos de todo tipo y tendencia) que el PIT-CNT tiene más de trescientos mil afiliados. La cuota sindical varía, no es una cuota fija, pero supongamos que le llega al PIT-CNT un dólar por afiliado (en promedio), estamos hablando de trescientos mil dólares mensuales, en un año serían tres millones seiscientos mil dólares. ¿Qué se hace con ese dinero?. Ni que hablar que no existe tampoco rendición de cuenta de cada uno de esos Sindicatos, si el SUNCA supera los 60 mil afiliados, y nuevamente consideremos un aporte mínimo de 1 dólar por afiliado; estamos hablando de una recaudación de 700 mil dólares anuales. ¿Quiénes manejan esos dineros?, ¿Qué se hace con ellos?. No es un tema interno, es un tema social y si quieren que sea interno, entonces que paguen impuestos (ya que hablan de modificar la Constitución, que también la modifiquen en estos puntos y no sea sólo algo electoral).
La transparencia de una institución necesita organizarse. Para que la gente ejerza su derecho a la información se requiere que haya personas responsables de atender solicitudes de información del público, que se difundan los documentos más importantes en páginas de internet y otros medios y que la organización tenga archivos ordenados y accesibles. Sin instrumentos eficaces de acceso a la información la transparencia es solo una proclama vacía y no pocas veces un vulgar engaño. de Giménez Cacho.
Hace poco, se dieron a conocer los resultados de repeticiones en los liceos; y pronto se dejó de hablar del verdadero motivo sino que se pasó a realizar razonamientos de qué tan bueno era para la Sociedad que recibiera determinado tipo de información; a tal punto que se dice que se están preparando proyectos para delimitar esa ley que fue un avance desde el punto de vista de tener más derechos. También por esos días, se publicó en la prensa que un Liceo de los famosos por ser gratis y en zonas de contexto crítico; que además están obteniendo excelentes resultados, decía: miren que me falta dinero para llegar a fin de año. Más allá del tema que surge inmediatamente que es hasta qué punto este tipo de Instituciones son sustentables en el largo plazo, y también si no es hora de tener una Unidad tipo URSEC, que controle las Donaciones, y ese control implica dictar normas de Transparencia. Nos falta mucho aún en temas de Transparencia; cuando la Sociedad renuncia a ciertos recursos por un bien supremo como es el de la Educación; eso no significa que no tenga que tener control ni que esas instituciones no deban rendir cuentas. A mi me parece que los Colegios (todos) deberían publicar sus Estados Contables en las páginas web de cada Institución y enviar a cada familia a comienzos de año, una copia del Balance del año anterior, con firma de un Contador Público.
SALEN DE INFORMACIÓN DE GASTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CLUBES
La Dirección General Impositiva (DGI) citará a 450 personas que presume que evaden o subdeclaran IRPF. De ese total hay 200 que fueron seleccionadas procesando los datos que el fisco obtuvo de instituciones educativas y clubes deportivos.
J. A. AUNIÓN / DAVID FERNÁNDEZ 29 NOV 2012 – 22:10 CET
Si hay negocio habrá interés del sector privado. Esta máxima del capitalismo es también aplicable al sector de la educación. La crisis económica y el dogma de la austeridad que se ha impuesto en Europa tienen como consecuencia inmediata una caída del gasto público en pilares básicos del Estado de bienestar como la enseñanza. La menor inversión de las Administraciones abre la puerta a la entrada del dinero privado. El capital riesgo tiene una larga experiencia de invertir en el ámbito educativo, principalmente en los países anglosajones y del norte de Europa. En España las operaciones del private equity han sido pocas hasta el momento, pero las aulas interesan, y mucho. “Es un sector que siempre ha sido atractivo y que en este contexto cobra aún más interés”, explica Enrique Leyva, socio fundador de Magnum, sociedad de capital riesgo en la que también participa Ángel Corcóstegui.
de Radio Espectador – 26.09.2011 | 18.22
Desde 2012 la Dirección General Impositiva (DGI) podrá solicitar información de las personas que pagan en clubes deportivos, colegios y universidades privadas. Esta medida tiene por objetivo encontrar contradicciones entre las declaraciones de ingresos de los contribuyentes y sus gastos. Para ampliar los alcances y fundamentos de esta situación, En Perspectiva dialogó con el director general de Rentas, el contador Pablo Ferreri. El jerarca dijo que esta nueva política «es absolutamente legal y se enmarca en el cuerpo normativo vigente». Además, aclaró que la información que se recabe «entrará en programas informáticos que cruzan estos datos con las declaraciones de ingresos presentadas por los contribuyentes, y solamente se ven los casos en los cuales salta una alarma«. Ferreri puntualizó que «deberá ser informado quién realiza el pago, pero en ningún caso se tendrá que dar información ni de los alumnos, ni de los padres, ni de los familiares», y en este sentido aseguró que no se entrará «en la intimidad de las familias».
Quizás alguien pueda entender, porqué una normativa que entra en vigencia en enero del 2012, que se tiene que informar recién en abril del 2013, ¿Porqué se le pide a los Padres de los alumnos de un Colegio, que deben presentar la Declaración Jurada antes del día 31 de mayo del 2012?, once meses antes!!!!!
Escuchen el video!!!, y saquen cuentas si ya se cumplió el año y medio …
El País – 23/09/2011
El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri, dijo ayer al programa Entre Líneas, de TCC, que la resolución por la que se obliga a instituciones de enseñanza privada y clubes deportivos a brindar información del pago de las familias «tiene sustento» en el Código Tributario.
En particular, el jerarca citó el Literal E del Artículo 68 de ese marco normativo que, dijo, le da «potestades de fiscalización» a la administración, como la de «requerir información a terceros».
En concreto, la normativa señala: «La Administración podrá requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma».
Según Ferreri, la resolución entrará en vigencia el 1º de enero de 2012 y la información deberá ser volcada a partir de abril de 2013, «o sea recién dentro de un año y medio», dijo y agregó que de no aportar los datos se le dispondrán sanciones.
Las instituciones que tendrán «la obligación de informar» son aquellas que sus clientes pagan al año como mínimo $ 68.256 (si se trata de un club deportivo), equivalente a $ 5.688 por mes, o $ 159.264 (si es un colegio o una universidad privada) al año, o $ 13.272 mensuales.
Ferreri reconoció que en mayo pasado se cursó este pedido de información y como «se entendía que (el mismo) podía violar la intimidad de las familias», se presentó otro pedido «bien diferente». «Hemos trabajado desde mayo para levantar todas las observaciones que nos plantearon desde las asociaciones de colegios y la Unidad Reguladora de Datos», afirmó el jerarca.
Incluso, tras cuatro meses analizando el tema, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales respaldó la resolución y sostuvo que la misma es legal.
Por otra parte, el director de Rentas sostuvo que esta medida «no es nueva», sino que se trata de una «reglamentación aggiornada para poder cumplir con los requerimientos que emergen de la necesidad de fiscalizar un impuesto personal».
«Hace dos años solicitamos los datos de las compras de vehículos de más de US$ 40.000 y de los inmuebles por encima de US$ 250.000. Y esos casos fueron contrastados con las declaraciones de ingresos y en muchos de ellos hubo incongruencias flagrantes», recordó Ferreri, quien puso el siguiente ejemplo: «Hubo personas que compraban vehículos de US$ 60.000 y presentaban ingresos de $ 20.000 mensuales».
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Es legal. Tras cuatro meses analizando el tema, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) se expidió así sobre el pedido de información que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) a instituciones educativas y deportivas privadas, según supo El País. Los colegios esperaban el dictamen para saber si pueden otorgar datos sobre sus clientes, que ellos recolectaron con otros fines diferentes a la fiscalización.
El Consejo Ejecutivo de la URCDP se reunió ayer y tomó su decisión, que será notificada a los colegios consultantes. El presidente del Consejo, Federico Monteverde, no quiso responder a El País cuál fue el fallo. «Esto no es una resolución de la Unidad sino que son consultas que realizaron ciertas instituciones de educación. Lo primero que corresponde es notificar a los interesados antes de hacerlo público», se excusó. Dijo que se trata de un procedimiento jurídico que deben cumplir y que antes que el interés público «está el interés de quien formula la consulta». Pese al hermetismo, El País pudo saber en base a una fuente oficial que el dictamen fue favorable a la administración.
El viernes pasado, la DGI aprobó una resolución que tenía en cuenta buena parte de los reclamos de los colegios privados, ya que a una decena de ellos se les había solicitado datos de los padres o tutores de sus alumnos para contrastarlos con las declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un hecho sin precedentes.
En esa resolución se estableció que esos colegios -y también otras instituciones educativas y deportivas- deberán incluir todos los años en su régimen especial de documentación los datos de clientes que gasten más de 70.000 Unidades Indexadas (en el caso de la enseñanza privada) y 30.000 UI (en institutos deportivos) al año. Esos montos equivalen al día de hoy a unos $ 159.300 y $ 68.300, respectivamente.
«Ahora se propone que a partir del año próximo se agreguen nuevos datos a la base de datos existente con la finalidad de ser entregados a la DGI y el interesado estará en conocimiento de que esa es la finalidad de los datos que proporcionará y estará dando su consentimiento explícito», había dicho a El País el miércoles el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.
La preocupación de los colegios era que la ley 18.331 no permite que se utilicen datos con una finalidad diferente a la que fueron solicitados, ni que se entreguen sin el conocimiento del interesado (en este caso, los responsable del pago de la educación de los alumnos).
Pero la decisión de la URCDP no es la última palabra, según dijo a El País Alberto Varela, socio del estudio Ferrere Abogados. Según el experto, aunque el pedido de DGI no viole la protección de datos personales, sí lesiona el derecho a la intimidad.
De hecho, El País pudo saber que varios colegios privados analizan impugnar la resolución de la DGI, que fue aprobada el viernes 16. Desde entonces, cuentan con diez días para hacerlo. El tiempo corre y juega en contra que es semana de vacaciones de primavera y varios cierran jueves y viernes.
El director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien ayer no estaba enterado del dictamen, dijo a El País que la reciente resolución se elaboró tras «reuniones muy fructíferas con la Unidad y los colegios». «Fue armada muy minuciosamente y a consciencia para tratar de salvar todas las objeciones» de las instituciones y de la URCDP.
Agregó que hacerse de datos personales es necesario para controlar el pago del IRPF. «Con un sistema que está incorporando impuestos personales obviamente la Administración tiene que tener datos de personas para fiscalizarlos, no hay otra forma de hacerlo», sostuvo. El jerarca dijo que las personas físicas que tienen ingresos gravados con IRPF son 1.200.000, de las cuales 300.000 pagan el impuesto y 100.000 presentan declaraciones. «El universo es exponencialmente mayor y la única forma de fiscalizar -esto ocurre así en todas partes del mundo donde hay el impuesto-, es cruzando bases de datos generales, por una cuestión de eficacia y eficiencia. Si no, sería materialmente imposible para cualquier administración controlar uno a uno. La DGI no ha sido para nada original».
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¿No es raro que se pronuncie unos días después que es publicada la resolución de la DGI?
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Asociación que los aglutina trabaja en cómo dar datos – El País 30/09/2011
La Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (Audec) resolvió acatar la resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) por la que las instituciones educativas y deportivas deben proporcionar datos de sus obligados al pago que superen cierto nivel de gasto todos los años, según informó ayer a El País su presidente, Marcelo Fontona.
«La Asociación va a seguir lo que resolvió la DGI«, dijo Fontona. Remarcó que se arribó a esa decisión tras el fallo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que la pasada semana determinó que la solicitud del Fisco no violaba la protección de datos. «Dice que la resolución es legal y vamos a seguir con eso», afirmó.
No obstante, indicó que «cada colegio tiene libertad y si entiende que no es legal puede impugnar (la resolución)«.
Mientras tanto, Audec trabaja para «ver cómo implementar» la medida y «despejar dudas de interpretación, de alcance». Por lo pronto, Fontona se reunirá hoy con el director general de Rentas, Pablo Ferreri, para seguir trabajando en este sentido.
http://www.elpais.com.uy/110928/pecono-596141/economia/Colegios-catolicos-acataran-a-la-DGI/
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Es cierto que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se pronunció a favor de lo que solicitaba la DGI, pero llama poderosamente la razón, que esa opinión o resolución demoró casi 4 meses y sale a la luz dos días después que la DGI emite su decisión de que los Colegios y Clubes debían informar ciertos datos de sus clientes. Por lo cual no es muy transparente el procedimiento, primero se tendría que haber hecho público el pronunciamiento de la Unidad Reguladora y luego la DGI emitir su diposición, o por el contrario, que la DGI siguiera con su camino y la Unidad Reguladora demorar 4 meses más su decisión, pero uno encima del otro da la sensación de que no hubo independencia de criterios y que actuaron coordinadamente.
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MARCELA DOBAL – El País 30/09/2011
Varias instituciones de enseñanza privada no católicas impugnarán la resolución de DGI que las obliga a proporcionar datos sobre sus clientes cada año, informó en un comunicado de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep).
«La mayoría de las instituciones asistentes reunidas en Asamblea General Extraordinaria manifestó la voluntad de presentar recursos de impugnación», dice el documento con fecha de ayer al que accedió El País. El comunicado deja constancia de que esta agrupación que aglutina a instituciones de enseñanza no católica analizó «profundamente la situación» vinculada a la resolución aprobada por la Dirección General Impositiva (DGI) el viernes 16 y que deja diez días hábiles para presentar recursos, plazo que vence hoy.
Esa norma establece la «obligación de informar» de esas instituciones y otras deportivas sobre el gasto que realizan los obligados al pago (clientes) que superen un determinado nivel mínimo. Deberán hacerlo cada año a partir de 2012.
No obstante, Aidep hizo salvedades en su comunicado sobre los puntos en que «la totalidad de los presentes» coincidieron. Uno de ellos es que «todas las instituciones asociadas son fieles cumplidoras de sus obligaciones con el Estado y no están dispuestas a amparar a posibles incumplidores de sus deberes con el mismo». También «entienden que se encontraron algunas deficiencias legales, en como se plantea el procedimiento» y «renuevan la disposición total al diálogo y a participar en la construcción de una ciudadanía responsable».
En mayo, la DGI solicitó datos a una decena de colegios privados para identificar la capacidad contributiva de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Esto generó críticas en el marco de la defensa del derecho a la intimidad de los contribuyentes, por lo que Aidep y la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (Audec) consultaron a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Tras cuatro meses de análisis, la Unidad falló a favor de la administración tributaria luego de que ésta hiciera ajustes en su pedido que incluyó luego en su resolución.
La consulta a la Unidad la formularon también colegios privados como The Britsh Schools, Stella Maris (Christian Brothers), Woodlands, Escuela Integral Hebreo Uruguaya y Saint Patrick`s.
Por su parte, Audec decidió acatar la resolución de DGI, informó esta semana su presidente, Marcelo Fontona.
VISIÓN REGIONAL. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias considera que «un fisco sin información no es un fisco», por lo que solicitar a colegios datos de gasto de los contribuyentes para fiscalizar contribuye a la justicia tributaria. Esa es la visión que presentó ayer su secretario ejecutivo, Márcio Verdi en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI.
«Un fisco no puede promover la Justicia tributaria si no tiene información. No va a cumplir con su capacidad de detectar el fraude fiscal, que debe ser detectado, combatido, penalizado y eliminado. Pero detectar el fraude fiscal sin información no es posible«, dijo.
Mencionó tres tipos de datos básicos: los que proporciona el contribuyente, la base histórica que muestra su comportamiento y aquellos que provienen de terceros, entre los que mencionó el gasto en propiedades de lujo y el uso de tarjetas de crédito. Consultado por El País sobre si las instituciones educativas privadas también pueden ser fuente de información, respondió afirmativamente.
«El fisco no tiene que saber en qué gastas con tu tarjeta de crédito, pero puede querer saber cuánto gastas. En la educación también. Esa información ayuda a identificar personas que están ocultando renta«, dijo. El experto agregó que la responsabilidad principal de las administraciones es recaudar lo que determina la ley.
«Para recaudar tienes que verificar que las personas estén pagando. Yo no puedo darme por satisfecho de que tú me dices que has ganado $ 10.000, tengo que confirmar tu renta. Eso se hace en todas las economías del mundo». Para Verdi, el impuesto más injusto es la evasión.
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MARCELA DOBAL – El País 22/09/2011
Colegios, universidades e instituciones deportivas analizarán la legalidad de la resolución de la DGI que les estableció la obligación anual de informar sobre aquellos clientes que gasten más de un monto mínimo anual en servicios a partir de 2012.
Esas instituciones deberán proporcionar datos a la Dirección General Impositiva (DGI) cada año (nombre, cédula de identidad y dirección) en caso de que los gastos superen los $ 68.256 anuales en un centro deportivo o los $ 159.264 en uno de enseñanza privada. Esos mínimos son independientes de si el monto que abona una persona corresponde a la cuota de uno o más inscriptos en la institución.
La Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) «todavía no se reunió por el tema», por lo que aún no definió una «posición colectiva» al respecto, dijo ayer a El País su presidente, Eduardo Tornaría. «Los colegios estamos analizando y estudiando la Resolución para determinar la forma que nos posicionaremos», agregó.
De todas maneras, Tornaría subrayó que en la resolución de DGI «se atienden satisfactoriamente prácticamente todos los puntos que en mayo le planteamos», dijo.
Ese mes, el Fisco solicitó datos a una decena de colegios, lo que desató la duda sobre si el pedido violaba el derecho a la protección de datos de los involucrados. «Ahora se propone que a partir del año próximo se agreguen nuevos datos a la base de datos existente con la finalidad de ser entregados a la DGI (y) el interesado estará en conocimiento de que esa es la finalidad de los datos que proporcionará y estará dando su consentimiento implícito», estimó Tornaría.
De todas maneras la Aidep esperará que la Unidad de Registro y Control de Datos Personales se expida sobre la legalidad del proceder de DGI. La diferencia es que «ahora hay tiempo», porque la resolución entra en vigencia en 2012.
A su vez, la Asociación Uruguaya de Educación Católica no tomará una resolución sobre la exigencia de DGI hasta no contar con un pronunciamiento de la Unidad, informó a El País su presidente, Marcelo Fontona.
Según un relevamiento realizado por El País en una veintena de colegios privados, la cuota mensual de un solo alumno supera el mínimo determinado por la DGI en por lo menos cinco de los ubicados en la costa este de Montevideo. En el más caro, es de $ 21.000.
De los colegios consultados, 15 tienen cuotas que superan los $ 10.000 mensuales por hijo. Eso sin considerar otros gastos incluidos en la resolución del Fisco (como matrícula, cursos extracurriculares, comedor y transporte). Por tanto, con tener dos hijos en etapa escolar o liceal se sobrepasa fácilmente el mínimo definido por DGI, lo que da cuenta del volumen de datos a los que tendrá acceso.
Las universidades, en tanto, recién ayer se enteraron de que deberían proporcionar datos, ya que no habían sido contempladas en mayo. El secretario protémpore del Consejo de Rectores de las universidades privadas estaba de viaje ayer. Fuentes cercanas informaron que aún no hay una decisión tomada al respecto. El precio de cursar una licenciatura en esas instituciones puede superar fácilmente los $ 14.000 mensuales, según pudo saber El País.
En cuanto a los clubes, Arturo Servillo, asesor de la Cámara de Instituciones Deportivas, dijo a El País que el tema se tratará en una reunión que ya estaba fijada para la semana próxima. Estimó que la resolución «va a afectar a pocos clubes, van a ser casos extraordinarios».
Como todos los miércoles, ayer por la noche se reunió la directiva del Carrasco Lawn Tennis Club y este tema estuvo sobre la mesa, dijo a El País el gerente general, Eduardo Vitale. «Como la aplicación es a partir del año que viene, no hay urgencia, hay tiempo para leer el texto (de la resolución)», indicó. Se prevé mantener contactos con otras instituciones deportivas e incluso no se descarta recurrir a asesores jurídicos. La cuota de ingreso promedio de sus socios fue de US$ 1.000 y su cuota mensual media alcanza los $ 1.400, dijo Vitale.
Diputados citarán a Ferreri
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que «no hay fundamento legal que habilite (al Fisco) a demandar esos datos», por lo que en la próxima reunión de la Comisión de Hacienda promoverá que se formalice un pedido al director general de Rentas, Pablo Ferreri, para que explique el alcance de la medida. «Queremos saber con qué criterios ponderará DGI los datos, con relación a qué nivel de ingresos considera que el gasto en educación tiene una relación adecuada o hay sospecha de que se está escondiendo ingresos», dijo.
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Consultaron órgano estatal especializado por solicitud de DGI – El País – 31/05/2011
Los colegios privados consideran «imprescindible» que se evalúe en «el tiempo necesario» la pertinencia de la solicitud de información que les realizó el fisco. Este jueves se reunirán con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales para asesorarse sobre si deben entregar datos sobre los padres de sus alumnos.
La semana pasada, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, se mostró confiado en que habrá un pronunciamiento favorable que le permita seguir con esa práctica de fiscalización. Además, la DGI tiene «especial interés» en que la resolución salga «cuanto antes», publicó El País la semana pasada.
Pero en los colegios hay menos urgencia y desean que el tema sea tratado en profundidad. «Es imprescindible que los responsables se tomen el tiempo necesario para escuchar todas las voces y recibir todos los dictámenes porque el tema no es jurídicamente claro», dijo a El País el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.
Agregó que los colegios valoran «en su justa medida» la actitud de la DGI de otorgarles una prórroga al plazo para entregar los datos requeridos, «pues ello permite que entre todos se busquen los caminos que posibiliten la fiscalización que la DGI necesita sin violentar los otros principios que en Uruguay son muy valorados».
A los colegios les preocupa vulnerar el derecho a la intimidad de las personas o el derecho a la protección de sus datos de cumplir con el pedido de DGI, explicó Tornaría.
El titular de Aidep considera que «ésta es una oportunidad para que los colegios obtengan el respaldo legal, necesario para justificar las acciones que deban emprender y es una oportunidad para todos para avanzar en el desarrollo de la cultura vinculada a este tema».
Añadió que la entrevista mantenida con Ferreri y su equipo fue «muy alentadora, pues se logró crear un clima de cordialidad en el que ellos pudieron comprender las inquietudes» planteadas.
La DGI ha pedido información a 10 colegios privados que consideró con «alto nivel de cuota». Se enviaron formularios donde se pide nombre y cédula de identidad de los padres, así como cuánto pagan de cuota mensual, entre otros. Esta información fue considerada un indicio de la capacidad contributiva de esas personas.
El organismo fiscalizador pretendía contrastar estos insumos con las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de verificar o descartar inconsistencias. Este recurso fue utilizado el año pasado cuando se solicitaron datos de ventas de vehículos e inmuebles costosos. Este año se repitió y se agregó la compra de yates publicó el diario El Observador.
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¿Cómo es posible que la DGI está interesada en que la resolución salga cuánto antes?; no se puede entender ese comentario, se supone que tiene que expedirse en el tiempo que corresponda y no a pedido la Unidad Reguladora.
IRPF. Buscan inconsistencias con los ingresos declarados – El País – 12/05/2011
MARCELA DOBAL
Al menos dos colegios privados recibieron pedidos de información de DGI sobre los padres de sus alumnos y los responsables del pago de cuotas con el fin de cruzar datos y detectar evasores, como se hizo en 2010 con automotoras e inmobiliarias.
Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 