Instituciones evalúan si es legal brindar datos a DGI
Colegios. Al menos 5 tienen cuota mayor a $ 13.270 al mes
MARCELA DOBAL – El País 22/09/2011
Colegios, universidades e instituciones deportivas analizarán la legalidad de la resolución de la DGI que les estableció la obligación anual de informar sobre aquellos clientes que gasten más de un monto mínimo anual en servicios a partir de 2012.
Esas instituciones deberán proporcionar datos a la Dirección General Impositiva (DGI) cada año (nombre, cédula de identidad y dirección) en caso de que los gastos superen los $ 68.256 anuales en un centro deportivo o los $ 159.264 en uno de enseñanza privada. Esos mínimos son independientes de si el monto que abona una persona corresponde a la cuota de uno o más inscriptos en la institución.
La Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) «todavía no se reunió por el tema», por lo que aún no definió una «posición colectiva» al respecto, dijo ayer a El País su presidente, Eduardo Tornaría. «Los colegios estamos analizando y estudiando la Resolución para determinar la forma que nos posicionaremos», agregó.
De todas maneras, Tornaría subrayó que en la resolución de DGI «se atienden satisfactoriamente prácticamente todos los puntos que en mayo le planteamos», dijo.
Ese mes, el Fisco solicitó datos a una decena de colegios, lo que desató la duda sobre si el pedido violaba el derecho a la protección de datos de los involucrados. «Ahora se propone que a partir del año próximo se agreguen nuevos datos a la base de datos existente con la finalidad de ser entregados a la DGI (y) el interesado estará en conocimiento de que esa es la finalidad de los datos que proporcionará y estará dando su consentimiento implícito», estimó Tornaría.
De todas maneras la Aidep esperará que la Unidad de Registro y Control de Datos Personales se expida sobre la legalidad del proceder de DGI. La diferencia es que «ahora hay tiempo», porque la resolución entra en vigencia en 2012.
A su vez, la Asociación Uruguaya de Educación Católica no tomará una resolución sobre la exigencia de DGI hasta no contar con un pronunciamiento de la Unidad, informó a El País su presidente, Marcelo Fontona.
Según un relevamiento realizado por El País en una veintena de colegios privados, la cuota mensual de un solo alumno supera el mínimo determinado por la DGI en por lo menos cinco de los ubicados en la costa este de Montevideo. En el más caro, es de $ 21.000.
De los colegios consultados, 15 tienen cuotas que superan los $ 10.000 mensuales por hijo. Eso sin considerar otros gastos incluidos en la resolución del Fisco (como matrícula, cursos extracurriculares, comedor y transporte). Por tanto, con tener dos hijos en etapa escolar o liceal se sobrepasa fácilmente el mínimo definido por DGI, lo que da cuenta del volumen de datos a los que tendrá acceso.
Las universidades, en tanto, recién ayer se enteraron de que deberían proporcionar datos, ya que no habían sido contempladas en mayo. El secretario protémpore del Consejo de Rectores de las universidades privadas estaba de viaje ayer. Fuentes cercanas informaron que aún no hay una decisión tomada al respecto. El precio de cursar una licenciatura en esas instituciones puede superar fácilmente los $ 14.000 mensuales, según pudo saber El País.
En cuanto a los clubes, Arturo Servillo, asesor de la Cámara de Instituciones Deportivas, dijo a El País que el tema se tratará en una reunión que ya estaba fijada para la semana próxima. Estimó que la resolución «va a afectar a pocos clubes, van a ser casos extraordinarios».
Como todos los miércoles, ayer por la noche se reunió la directiva del Carrasco Lawn Tennis Club y este tema estuvo sobre la mesa, dijo a El País el gerente general, Eduardo Vitale. «Como la aplicación es a partir del año que viene, no hay urgencia, hay tiempo para leer el texto (de la resolución)», indicó. Se prevé mantener contactos con otras instituciones deportivas e incluso no se descarta recurrir a asesores jurídicos. La cuota de ingreso promedio de sus socios fue de US$ 1.000 y su cuota mensual media alcanza los $ 1.400, dijo Vitale.
Diputados citarán a Ferreri
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que «no hay fundamento legal que habilite (al Fisco) a demandar esos datos», por lo que en la próxima reunión de la Comisión de Hacienda promoverá que se formalice un pedido al director general de Rentas, Pablo Ferreri, para que explique el alcance de la medida. «Queremos saber con qué criterios ponderará DGI los datos, con relación a qué nivel de ingresos considera que el gasto en educación tiene una relación adecuada o hay sospecha de que se está escondiendo ingresos», dijo.
http://www.elpais.com.uy/110922/pecono-594970/actualidad/instituciones-evaluan-si-es-legal-brindar-datos-a-dgi/
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