Sobre: Impuestos, Tasas, Contribuciones / Consultoría Tributaria / Asesoramiento en Inversiones
Aún está vigente el Acuerdo de Precios, vence el 31/01/2016. Pero como ya había comentado, no hay nada escrito. Es un acuerdo de caballeros, y en esos acuerdos se supone que una de las partes de compromete moralmente a no hacer nada distinto a lo ya establecido, porque si lo hace, está faltando al acuerdo.
En el año 2009 se hizo una reforma para flexibilizar el acceso a la Jubilación, porque se decía que era un disparate así como estaba (con 65 años de edad para los hombres), la bajaron a 60 años (y así se jubila, no?, con chirolas) cuando en el mundo (países ricos y pobres) hablaban de subir la edad a 67 años. Se nos dijo a todo el que quisiera escuchar; que la situación cada vez estaba mejor, y que hasta el año 2030 no habrían problemas; que cada vez había menos transferencia del Gobierno Central. Ahora según este artículo periodístico, volvemos para atrás. Claro, con una diferencia: primero sirvió para ensuciar y ahora servirá para levantar una bandera. Triste!. ¿Quién paga el aumento por tres de pasividades en 4 años?
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Ante el envejecimiento de la población plantea una “alteración gradual de las edades de retiro”
Al día de hoy una persona debe tener al menos 60 años para jubilarse, pero ese requisito puede elevarse en los próximos años –de forma muy gradual– en caso de que el Frente Amplio (FA) triunfe en las próximas elecciones nacionales. Alertado por el envejecimiento sostenido de la población, la coalición de izquierda abre la puerta a incrementar la edad mínima requerida para acceder a la causal jubilatoria.
El presidente José Mujica pidió ideas tributarias para financiar planes sociales y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que su opción preferida es cambiar el IRPF, lo que no parece entusiasmar al vicepresidente Danilo Astori.
El ministro de Economía dijo que su primera opción es gravar más a quienes más ganan.
El Frente Amplio propone, para un eventual nuevo período de gobierno, sustituir gradualmente los impuestos al consumo por impuestos a la renta y a la riqueza. La coalición de izquierda plantea la rebaja del IVA, asociado a las medidas de contención de la inflación y la promoción de la equidad horizontal en el IRPF”.
16.09.2011 | 19.30
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció esta semana que habrá cambios en el IVA y en el IRPF. Para el primero de estos impuestos, se prevé una baja del 2%, mientras que para el IRPF el proyecto establece una tasa de 30% para los ingresos superiores a 255.000 pesos y amplía la franja que debe pagar 25%. En conversación con En Perspectiva, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo que “en su parte medular, este trabajo es un intento de plasmar en normativa precisa los compromisos electorales”. Por otra parte, el jerarca opinó que “la rebaja de dos puntos porcentuales del IVA” se realiza “con mucha visión estratégica”. En este sentido, explicó que “la idea es que el proyecto se autofinancie con la reducción de la evasión”, y que el gasto para el Estado será cero. Habrá “beneficios para quienes pagan los impuestos y perjuicios para quienes no. Esa es la idea”, añadió Lorenzo.
V. GIL / F. TISCORNIA – El País 13/09/2011
El proyecto de ley que introduce cambios en el IRPF permitirá una nueva deducción al pago del tributo: la de las cuotas abonadas por créditos hipotecarios. En Economía prevén que entre hoy y mañana se envíe, pero el presidente aún no lo analizó.
M.DOBAL / A.OYHENARD – El País – 02/07/2011
El Ejecutivo intentará “proteger” a la industria local tras incluir en la Rendición de Cuentas un aumento de US$ 50 a US$ 200 en el valor de encomiendas que ingresan al país sin pagar impuestos. Industriales están “preocupados”.
En 2001, en medio de la crisis económica, el gobierno de Jorge Batlle, aprobó un decreto que topeó en US$ 50 las encomiendas que llegaban desde el exterior sin pagar impuestos ante el crecimiento que habían tenido las adquisiciones de prendas de vestir y otros artículos en otros países aprovechando el dólar barato, lo que perjudicaba a las industrias locales.
Pero la decisión de incrementar los montos ahora se debe a otros motivos. Fuentes oficiales dijeron a El País que uno de ellos es que el aumento forma parte del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA), que tiene el país con Estados Unidos en el que un punto a desarrollar era el comercio electrónico. Además, explicaron que esta medida obedece a una “actualización” de la variación del tipo de cambio.
El artículo 260 de la Rendición de Cuentas que envió el Ejecutivo al Parlamento sostiene que: “Las encomiendas postales internacionales de entrega expresa, cuyo peso unitario no exceda los 20 kilogramos y de un valor equivalente en moneda nacional de hasta US$ 200, con excepción de aquellas que contengan productos gravados por el Impuesto Específico Interno (Imesi) estarán exentas del pago de tributos que graven las importaciones, exportaciones y el tránsito, así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El régimen tributario previsto en el párrafo anterior, se aplica respecto de las encomiendas postales internacionales de entrega expresa, que se tramiten en condiciones normales, de conformidad con lo que dispongan las normas reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo”.
Precisamente, sobre este último punto las fuentes adelantaron que la reglamentación intentará que el impacto de esta medida sobre la industria local “sea el menos dañino posible”. Aunque, reconocieron que para el caso de la vestimenta esta nueva disposición puede transformarse en “un problema”.
De hecho, actualmente hay empresas en el exterior que ofrecen importar productos comerciales a tarifas accesibles para los consumidores locales.
La reglamentación que elaborará el Ejecutivo hará hincapié en “evitar cualquier tipo de comercialización” de la mercadería que pueda ser importada de terceros países por un valor inferior a los US$ 200.
El tema ya está previsto que se analice el lunes próximo en la Cámara de Comercio y Servicios cuando asuman las nuevas autoridades. El secretario ejecutivo de la Cámara del Calzado de Uruguay, Daniel Tournier, dijo a El País que “espera que esta medida no alcance” a su sector porque sería “agregar un nuevo problema” sobre la industria local. Agregó que si la iniciativa rige para todos los países, una persona podría traer 40 pares de zapatos desde China sin pagar impuesto, ya que hoy el promedio de importación de este producto ronda los US$ 5.
Actualmente, los importadores mayoristas de calzado pagan entre un 25% y 35% de arancel para mercadería que proviene fuera del Mercosur.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de la Vestimenta, Elbio Fuscaldo, señaló a El País que su gremial hace tiempo viene reclamando que se eleve el tope de US$ 50 porque muchas industrias locales utilizan encomiendas para incorporar insumos pequeños para sus prendas ya que el trámite de Admisión Temporaria muchas veces lleva más tiempo y demanda más costos para el gobierno y los importadores.
No obstante, el empresario se mostró cauto por el impacto que podría tener esta medida si se aplica libremente a todas las encomiendas que llegan desde el exterior. “La vestimenta estaba reclamando un régimen especial sólo para su sector”, dijo.
En tanto, el despachante de Aduanas, Mario Montemuiño, comentó a El País que esta medida “es una competencia desleal para el comerciante que está instalado porque no es un problema que sean US$ 200 nada más, es que son muchas veces de US$ 200. Entonces, el comerciante instalado paga sus impuestos en plaza, paga sus impuestos de importación para mercadería y aporta todo aquello que tiene que ver con la formalidad que exige el país”.
Agregó que el hecho de permitir que se pueda comprar a otro comerciante instalado en el exterior que aporta a las arcas de otro Estado y que ingrese al país solamente por un particular, está haciendo que ese particular no vaya a alguno de los comercios instalados en plaza.
“El problema mayor está en que no hay un control efectivo de los valores de lo que ingresa. Si el particular trae en la encomienda un notebook, pero declara que vale US$ 10, pasa de largo. No vale que haya un límite de US$ 200 o de US$ 100”, advirtió Montemuiño.
Las cifras
US$ 50 Es el valor máximo hasta el cual el ingreso de mercadería por encomienda está exonerado del pago de impuestos.
2001 Es cuando se publicó el decreto que hoy limita el monto de ingreso de encomiendas desde el exterior producto de la crisis.
Claves de cómo se opera hoy
La norma que regula las encomiendas postales internacionales hoy fija un tope libre de impuestos de US$ 50. La medida alcanza a “obsequios familiares, comestibles, prendas de vestir, casetes, cintas grabadas, fotografías y aquellos objetos similares que puedan integrar dicho concepto”, dice el decreto. Sin embargo, están excluidos de este medida artículos como lentes de sol, dinero en efectivo, semillas, productos inflamables, tabacos, cigarrillos, habanos, medicinas, productos inflamables, entre otros. En caso de adquirir algo entre US$ 50 y US$ 100 se deberá pagar un costo aduanero igual al 60% del valor.
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24/06/2011 | Proyecto de ley
El gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley para crear un instrumento tributario que facilite la formalización de emprendimientos productivos de sectores que se encuentran bajo la línea de pobreza. El “Monotributo social MIDES” servirá para que las personas que desarrollan emprendimientos comerciales que se encuentran en la informalidad, puedan tener una inclusión social y acceder a beneficios del BPS.
El Observador – Diego Molinelli – 31.05.2011, 10:40 hs
Un impuesto al transporte de mercaderías, como pretende implementar el gobierno, afectaría directamente el costo de los productores, ya que los camioneros trasladarían el mismo a los dueños de la carga. Así lo explicó este martes a El Observador el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Humberto Perrone.
Actualmente, las intendencias municipales de Cerro Largo, Lavalleja y Tacuarembó ya están aplicando ese impuesto, pero la intención del gobierno es trasladarlo y cobrarlo a nivel nacional. Para ello, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya está en negociaciones con las tres comunas que aplican el gravamen.
El diario El Observador informa que, con el objetivo de financiar obras de infraestructura, el Poder Ejecutivo no solo aumentará la presión impositiva a las extensiones de tierra mayores a 2.000 hectáreas -como lo anunció el presidente de la República, José Mujica- sino que aplicará también un impuesto al transporte de mercaderías.
Perrone recordó que este impuesto ya se viene implementando por las intendencias de Lavalleja, Cerro Largo y Tacuarembó, lo que ha motivado la inquietud de los camioneros y los productores. Insistió con que estas medidas perjudican a la carga porque “los camiones no transitan porque quieren”, sino porque los contratan para trasladar la mercadería.
En su editorial de la revista sectorial Camiones y Logística, el empresario manifestó que lo que cobran las intendencias “deberán abonarlo (los dueños de la carga) a través del transporte de esos productos”. Agregó que “el mismo se aplicará mediante el cobro de un ‘precio’ de 0,05 UR (alrededor de US$ 1,34) por cada tonelada de bienes o productos transportados”.
Hechos los cálculos, el presidente de la Intergremial aseguró que por “un viaje con 30 toneladas de arroz a 50 kilómetros, deberá pagarse US$ 40,20 de tributo a la Intendencia”, lo que significa un incremento del 10%, ya que “tomando ese mismo viaje de arroz se cobra US$ 13 por tonelada”.
De todas maneras, Perrone indicó que es prematuro hacer un análisis más profundo de lo que sucederá, dado que el gobierno todavía no anunció cómo se implementará este nuevo gravamen ni cuánto será.
“Hay que ver cómo se ponen de acuerdo con las intendencias o si se van a cobrar dos veces en los casos de las comunas que ya lo están haciendo por ese concepto. Luego de que se nos comunique nos sentaremos a analizarlo con detenimiento”, dijo Perrone.
“Incluso –agregó- quizás hasta lo tienen que pagar los propios productores en el momento de cargar”.
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