La semana pasada, se informaba que el Rey emérito Juan Carlos I de España, ya iba por la segunda regularización fiscal. Y en lugar de ser algo positivo que alguien pague a la Hacienda (la DGI de nuestro País), fue un escándalo. ¿Por qué?; porque en España, la regularización sirve de excusa absolutoria para el ámbito penal, siempre que sea espontánea y veraz. Y para que sea espontánea, no puede haber una Inspección abierta por el fisco ni una investigación formal comunicada por la fiscalía ( según artículo de Antón Beiras Cal ); y todo indica que después de la primer regularización nadie hizo nada para investigar; e indirectamente se lo ha privilegiado en regularizar su supuesta defraudación, logrando evitar cualquier tipo de sanción penal o administrativa.
En nuestro País, es noticia que el Director de la OPP; gestionó para su empresa particular – como cualquier otra empresa -, una promoción de inversión; y logró la misma. Dicha promoción (en mi opinión) no tiene ninguna ilegalidad, ni siquiera ética porque hay que pensar que las personas tienen que volver a su actividad privada después de unos años de servicio al Estado. En cambio lo que sí no está bien, es que se diga que se acordó con el Presidente, renunciar a los Beneficios, porque no se renuncian ante el Presidente; quizás fue un error de información de la prensa. Veamos qué hay que hacer para no usar los derechos logrados en un Proyecto promovido por la COMAP.
