La semana pasada, se informaba que el Rey emérito Juan Carlos I de España, ya iba por la segunda regularización fiscal. Y en lugar de ser algo positivo que alguien pague a la Hacienda (la DGI de nuestro País), fue un escándalo. ¿Por qué?; porque en España, la regularización sirve de excusa absolutoria para el ámbito penal, siempre que sea espontánea y veraz. Y para que sea espontánea, no puede haber una Inspección abierta por el fisco ni una investigación formal comunicada por la fiscalía ( según artículo de Antón Beiras Cal ); y todo indica que después de la primer regularización nadie hizo nada para investigar; e indirectamente se lo ha privilegiado en regularizar su supuesta defraudación, logrando evitar cualquier tipo de sanción penal o administrativa.
En nuestro País, es noticia que el Director de la OPP; gestionó para su empresa particular – como cualquier otra empresa -, una promoción de inversión; y logró la misma. Dicha promoción (en mi opinión) no tiene ninguna ilegalidad, ni siquiera ética porque hay que pensar que las personas tienen que volver a su actividad privada después de unos años de servicio al Estado. En cambio lo que sí no está bien, es que se diga que se acordó con el Presidente, renunciar a los Beneficios, porque no se renuncian ante el Presidente; quizás fue un error de información de la prensa. Veamos qué hay que hacer para no usar los derechos logrados en un Proyecto promovido por la COMAP.
Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 