No se entiende este caso (yo no lo entiendo), se hace la investigación, se detecta que tienen vínculos tanto las personas como el dinero con actividades ilícitas y se dispone una multa del 30%, ¿Porqué?. Es decir, si la investigación detecta que no tenían un vínculo con actividades ilícitas correspondía la multa por no haber declarado el dinero, pero si se detecta la irregularidad, no sólo correspondería la multa sino la incautación. No soy un especialista, sólo me lo pregunto en voz alta. No encuentro la lógica de toda una investigación y que se detecte el ilícito y lo único que suceda es una multa. Supongamos que viene un terrorista, con 10 millones de dólares, se detecta que es terrorista y ¿le aplicamos una multa y le devolvemos el resto? (que en este caso el 30% de 10 millones superaría el tope de la multa permitida). Quizás sucedió algo más, y si así fue, sería muy interesante saberlo. La noticia dice que el Juez ordenó la incautación pero yo entendí así: 1) el caso va al juez, el mismo detecta la incautación mientras se investiga, 2) llega el informe del Banco Central y el mismo aconseja una multa del 30%, 3) se procede a cobrarse el 30% y se le devuelve el 70%. Así lo entendí. La otra posibilidad es que el Juez ordene la incautación, y además se le cobra una multa, o sea que los involucrados perdieron el 100% de lo que traían y además pasaron a deberle al Estado un 30% más. Opción que lo veo ilógica, porque ¿cómo se cobraría el Estado ese 30% adicional?, por eso entiendo que la interpretación correcta es la de la duda original, que sólo se impuso una multa cuando fue detectado el ilícito.
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Multas de miles de dólares a argentinos
Importes de hasta US$ 50.000 por no declarar dinero – El País 17/02/2011
M. GALLARDO | El presidente José Mujica defendió la actuación del personal de la Dirección Nacional de Aduanas, que motivó una multa a siete ciudadanos argentinos que no declararon, al ingresar al país, dinero en efectivo superior al establecido por las normas vigentes.
Una de las dos resoluciones adoptadas se refiere a tres ciudadanos argentinos que arribaron a Montevideo el 3 de junio de 2010 en el buque “Juan Patricio”, proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Personal aduanero detectó que en el interior de una mochila había US$ 530.000 que no habían sido declarados en el formulario de “declaración jurada de equipaje acompañado” que exige anunciar toda suma superior a US$ 10.000.
Los visitantes respondieron que no estaban al tanto de la normativa vigente y que el dinero no fue declarado por un tema de seguridad. El mismo había sido retirado de una caja de seguridad del Banco Francés de Buenos Aires.
El dinero, según afirmaron, sería empleado para comprar varios inmuebles en La Pedrera y un predio en la zona de Punta Ballena.
En este caso, la Dirección Nacional de Aduanas comunicó al juez Jorge Díaz, quien dispuso que todos los antecedentes fueran elevados al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, Díaz decretó la incautación del dinero.
Poco después, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay informó que tanto el dinero como los tres ciudadanos involucrados en el caso tenían algo que ver con actividades ilícitas. La misma unidad aconsejó aplicar una sanción equivalente al 30% del total del dinero incautado. Por esta razón, el presidente Mujica dispuso una multa de US$ 50.000 a cada uno de los tres ciudadanos argentinos.
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