En el marco de la Ley Integral contra el Lavado de Activos, se puso un artículo; que prohibe a los funcionarios públicos que tienen una alta exposición y responsabilidad como ser: Presidente, Vice Presidente, Ministros, Legisladores, etc; a tener acciones o ser beneficiarios finales, ni tener cualquier vinculación, con Sociedades en regímenes de Baja o Nula Tributación; mientras ejerzan ese cargo, ya sea rentado u honorario; y si lo tienen, deben desprenderse de las mismas o renunciar al Cargo.
Este tema es muy difícil, además no hay nada que diga qué sucede cuando se hace el informe, ¿Se le avisa al cliente que se está informando al Banco Central?, o se espera que el Banco Central le toque la puerta y le diga que su profesional de confianza lo denunció, y si la denuncia termina en la nada?, ¿Tenemos riesgos de que luego se nos haga un juicio?, y ¿Se hace la denuncia y se sigue trabajando con el cliente?; si así fuese es de una hipocresía total. Quizás todo lo que dije sea ridículo para un especialista, pero la norma no está hecha para especialistas sino para cualquiera que cumpla con determinadas condiciones, y las condiciones son bien básicas: ser profesional y tener algún cliente que tenga dinero o realice alguna operativa que por más que sea moral y lícita pero es parecida a una ilícita hay que denunciarlo.
Además si se entra a la página web del Banco Central, a la Unidad UIAF, no hay nadie que nos pueda asesorar. El mail es algo totalmente genérico, yo mismo hice una consulta y no recibí respuesta (aún, la hice el día jueves 15/03; creo que en un tema tan delicado la respuesta debería ser en el día). Entonces todo indica que uno puede hacer la denuncia y quizás pasen meses para que se actúe sobre la misma, es una inseguridad total para el Profesional; en lugar de proteger a las personas que trabajan bien se les complica la vida y se le amenaza, porque lo único que se está haciendo es pensar en el Estado para que a nivel Internacional no se le llame la atención.
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El País 17/03/2012
En un mercado inmobiliario que actualmente está más que activo, una reciente ley podrían encarecer las transacciones entre comprador y vendedor, cuyo trámite es de por sí bastante caro. Al menos eso es lo que advierten desde estudio de abogados Cervieri, Monsuárez y Asociados.
Desde este mes se comenzó a fiscalizar la ley 18.498 (la ley es 18494 comentario del blog), que entre otras cosas obliga a los escribanos a identificar aquellas transacciones comerciales que puedan dar lugar a sospechas de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.
No se entiende este caso (yo no lo entiendo), se hace la investigación, se detecta que tienen vínculos tanto las personas como el dinero con actividades ilícitas y se dispone una multa del 30%, ¿Porqué?. Es decir, si la investigación detecta que no tenían un vínculo con actividades ilícitas correspondía la multa por no haber declarado el dinero, pero si se detecta la irregularidad, no sólo correspondería la multa sino la incautación. No soy un especialista, sólo me lo pregunto en voz alta. No encuentro la lógica de toda una investigación y que se detecte el ilícito y lo único que suceda es una multa. Supongamos que viene un terrorista, con 10 millones de dólares, se detecta que es terrorista y ¿le aplicamos una multa y le devolvemos el resto? (que en este caso el 30% de 10 millones superaría el tope de la multa permitida). Quizás sucedió algo más, y si así fue, sería muy interesante saberlo. La noticia dice que el Juez ordenó la incautación pero yo entendí así: 1) el caso va al juez, el mismo detecta la incautación mientras se investiga, 2) llega el informe del Banco Central y el mismo aconseja una multa del 30%, 3) se procede a cobrarse el 30% y se le devuelve el 70%. Así lo entendí. La otra posibilidad es que el Juez ordene la incautación, y además se le cobra una multa, o sea que los involucrados perdieron el 100% de lo que traían y además pasaron a deberle al Estado un 30% más. Opción que lo veo ilógica, porque ¿cómo se cobraría el Estado ese 30% adicional?, por eso entiendo que la interpretación correcta es la de la duda original, que sólo se impuso una multa cuando fue detectado el ilícito.
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Importes de hasta US$ 50.000 por no declarar dinero – El País 17/02/2011
M. GALLARDO | El presidente José Mujica defendió la actuación del personal de la Dirección Nacional de Aduanas, que motivó una multa a siete ciudadanos argentinos que no declararon, al ingresar al país, dinero en efectivo superior al establecido por las normas vigentes.
Una de las dos resoluciones adoptadas se refiere a tres ciudadanos argentinos que arribaron a Montevideo el 3 de junio de 2010 en el buque «Juan Patricio», proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Personal aduanero detectó que en el interior de una mochila había US$ 530.000 que no habían sido declarados en el formulario de «declaración jurada de equipaje acompañado» que exige anunciar toda suma superior a US$ 10.000.
Los visitantes respondieron que no estaban al tanto de la normativa vigente y que el dinero no fue declarado por un tema de seguridad. El mismo había sido retirado de una caja de seguridad del Banco Francés de Buenos Aires.
El dinero, según afirmaron, sería empleado para comprar varios inmuebles en La Pedrera y un predio en la zona de Punta Ballena.
En este caso, la Dirección Nacional de Aduanas comunicó al juez Jorge Díaz, quien dispuso que todos los antecedentes fueran elevados al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, Díaz decretó la incautación del dinero.
Poco después, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay informó que tanto el dinero como los tres ciudadanos involucrados en el caso tenían algo que ver con actividades ilícitas. La misma unidad aconsejó aplicar una sanción equivalente al 30% del total del dinero incautado. Por esta razón, el presidente Mujica dispuso una multa de US$ 50.000 a cada uno de los tres ciudadanos argentinos.
Entró al país con fuerte suma sin declarar a Aduanas – El País 29/06/2010
Un empresario argentino fue sancionado con una multa de US$ 60 mil por haber intentado ingresar al país con una fuerte suma de dinero sin declarar, hace casi dos años. El efectivo en moneda estadounidense fue descubierto por los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas durante las inspecciones de rutina en el Puerto de Colonia.
El empresario A.K. llegó en su automóvil Audi matriculado en Argentina a bordo del buque Atlantic III el 22 de julio de 2008. Durante la inspección del costoso automóvil los aduaneros constataron que A.K. llevaba la suma de US$ 220.000, en cambio no llevaba la Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, requisito obligatorio para toda persona que ingrese al país portando más de US$ 10.000 en dinero o en valores tales como metales preciosos. Cuando los aduaneros interrogaron al empresario y le preguntaron por su declaración este se limitó a argumentar que ignoraba esta normativa. Ello no lo libró de pagar la multa.
http://www.elpais.com.uy/100629/pciuda-498629/ciudades/Multa-a-argentino-de-60-000-dolares/
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Economía impuso tres por US$ 29.350 a extranjeros – El País 24/02/2012
El Ministerio de Economía impuso tres multas por un total de US$ 29.350 a cuatro personas por querer ingresar a Uruguay más de US$ 10.000 sin declararlos como obliga la norma.
Uno de los casos fue detectado en Carmelo, cuando a través de una embarcación que venía desde Argentina, «MPH y MVS transportaban la suma de US$ 20.000 destinada al establecimiento rural, propiedad del ciudadano argentino, DDG», indica la resolución. S. declaró que G. le pagaba US$ 300 por viajes para él y contrató a H. para que lo trasladara a Uruguay ya que la embarcación de G. estaba en reparaciones. Señaló que se enteró de la cifra al ser detenido ya que el dinero se lo dieron en sobre cerrado. Se impuso multa de US$ 3.000 a S. y G. Otro caso fue el del irlandés GBT que traía disimulado «en su cuerpo» US$ 50.000 al cruzar por Fray Bentos. La multa fue de US$ 12.000. Por último, el argentino JCS traía US$ 56.000 y 10.000 pesos argentinos. de los que US$ 50.000 los traía en un doble fondo de una valija. Fue multado con US$ 14.530.
http://www.elpais.com.uy/120224/pecono-626450/actualidad/multaron-por-traer-dinero-escondido/
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FABIÁN TISCORNIA – El País 27/02/2012
Mientras se procesa la discusión sobre la identificación de los titulares de acciones al portador, hay otra que se viene y que implicará «un cambio en la cultura económica»: adoptar el delito fiscal como precedente de lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -dedicado a definir políticas internacionales de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, entre otros- «te dice que es obligatorio» incorporar en la normativa al delito fiscal como precedente del lavado de activo, «ese es el escenario en que hay que jugar», dijo a El País el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz.
FABIÁN TISCORNIA – El País 05/02/2012
El gobierno verificará que los controles sobre las operaciones inmobiliarias para detectar sospechas de lavado de activos se estén haciendo en forma correcta. En 2011 fue el primer año en que inmobiliarias y escribanos debían fiscalizar.
El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz dijo a El País que «a un año del decreto» -aprobado en diciembre de 2010- que reglamentó la forma en que escribanos e inmobiliarias deben hacer los controles (entre otros) «es hora de que todos nos pongamos de acuerdo en cómo se hicieron los controles».
PABLO ESCOBAR (H) Sebastián Marroquín, como ahora se llama el hijo del exjefe del Cartel de Medellín, tomó otro camino. Sin renegar del amor de su padre, aboga por la paz, hoy a través de la moda.
Muy interesante el artículo, recomiendo leerlo enteramente más allá de si le interesa o no el tema. El funcionario público está preocupado porque no hubo reportes por parte de los obligados a realizar los mismos. ¿Cuál es la preocupación si es un tema que luego el privado sabe las consecuencias?; ¿Porqué hay que pensar que se hace mal todo, porqué no pensar que realmente no hubo motivos para realizar el reporte o que no tuvieron herramientas necesarias para hacerlas o que no es todo tan fácil como se dice que debe ser?, sólo hay una crítica ácida hacia obligados que no tienen departamentos especializados y recursos como un Banco, no es lo mismo un Profesional con un escritorio en su casa, que una gran institución.
Luego lo más preocupante es el concepto de que se demoniza a la Gente que Roba un Comercio, pero los que están en la Cúspide se mira para otro lado; y hace un paralelismo de que los grandes narcos están en la Cúspide. Si es tan fácil y la Polícia no puede detectarlos, ¿Quieren que lo detecte un Profesional?, pero lo grave es el concepto declarado. Hay una amenaza implícita que no debería aceptarse. Lea por Usted mismo.
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FABIÁN TISCORNIA – El País 18/02/2012
En 2011 el Banco Central recibió 201 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, 6% menos que en 2010. Fue el primer año en que la ley que obliga a escribanos e inmobiliarias a reportar estuvo reglamentada, pero no hubo ninguno.
Para el gobierno la falta de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos en transacciones de inmuebles por parte de escribanos, inmobiliarias y rematadores «es un problema que preocupa mucho», dijo a El País el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz.
La Memoria de Actividades 2011 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) -divulgada ayer- resaltó que «al contrario de lo que se preveía» la emisión de «una nueva normativa detallando los procedimiento a aplicar por este tipo de sujetos obligados no financieros (…) no se reflejó en un aumento de la cantidad de reportes presentados por estas categorías de entidades en el año 2011».
«Por el contrario», agregó, los reportes recibidos en 2011 por los sujetos obligados por el artículo 2 de la ley 18.494 (inmobiliarias, escribanos, rematadores, administradores de sociedades) «fueron cuatro» (60% menos que en 2010) y «correspondieron únicamente a administradores de sociedades, no habiéndose recibido ningún reporte de parte de escribanos, rematadores ni inmobiliarias».
«Si se hizo la debida diligencia -que tienen la obligación de hacerla- y no surge ninguna operación sospechosa, no se ha generado ningún reporte, la verdad es para preocupar. Alguna sospecha debería haber«, afirmó Díaz.
MARCELA DOBAL – El País 17/02/2012
Para sentirse menos vulnerables, los escribanos piden que se conserve el anonimato de las denuncias que hagan sobre operaciones inmobiliarias sospechosas de lavado de dinero. En marzo, la Auditoría Interna controlará si se reportó o no.
A más de un año del decreto de diciembre de 2010 que reglamentó la forma en que escribanos, inmobiliarias y rematadores deben hacer controles sobre las operaciones en las que intervengan, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) hará la verificación primaria para constatar si se cumplió con esa obligación legal. De lo contrario, habrá fuertes sanciones.
Banco Central hizo un acuerdo con el organismo de Rentas – El País – 10/05/2011
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) firmó un acuerdo con la Dirección General Impositiva (DGI) por el que podrá acceder on-line a la base de datos que esta tiene de los contribuyentes.
El director general de Rentas, Pablo Ferreri dijo en conferencia de prensa que la base de datos permitirá a la UIAF la identificación de «empresas y personas físicas, quienes son los apoderados de las empresas y las declaraciones juradas y pagos que han realizado» en los casos de operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo.
El gerente de la UIAF, Daniel Espinosa, señaló que para esa unidad es «vital tener la mayor rapidez en el acceso a datos» que antes tenía que pedir.
Ante la pregunta de un periodista sobre si se violaba el secreto tributario con el acuerdo, el titular de la Secretaria Nacional Antilavado, Carlos Díaz, afirmó que «se está aplicando el artículo 5° de la ley 17.835 aprobada en el gobierno de Jorge Batlle» y recordó que «las normas de lavado de activos fueron aprobadas por todos los partidos».
Ese artículo indica que «la UIAF estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva».
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Hubo un periodista que preguntó si se violaba el Secreto Tributario; no tenemos acceso al documento del acuerdo pero según la noticia no habla el mismo de que sea focalizado, sino que tendrán acceso a «toda» la base de datos. Obviamente no tengo una formación jurìdica pero me da la impresión que este acuerdo excede el espìritu de la Ley Nº 17835, ya que en el primer artículo de la ley se refiere a aquellos casos que por usos y costumbres, resulten inusuales; y esos que fueran inusuales se podría solicitar todo tipo de informes. Por otra parte el mismo Art.5 de la ley, en que se basa el acuerdo, dice que podrá solicitar informes y que deberán ser entregados en un plazo que será reglamentado y que no podrá oponerse a la misma disposiciones vinculadas al secreto o reservas de la información, pero no dice que tendrá derecho a tener «on-line» toda la información. Obviamente que desde el punto de vista del Banco Central me parece que no hay problema, sino que el problema viene por la DGI que en primera instancia me parece que se excede (según la noticia) en celebrar dicho acuerdo. Creo que es una señal más de menoscabo de los derechos del contribuyente.
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Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 