Sobre: Impuestos, Tasas, Contribuciones | Sin un Sistema Tributario no hay Estado, debe ser equitativo, eficiente, y no confiscatorio | No taxation without representation
Ojalá Santos no sea tan condescendiente con los poderosos como en otras ocasiones.
Pocos países tienen impuestos al patrimonio general. Argentina, Colombia y Uruguay son los únicos países latinoamericanos donde aún sobreviven. Tendieron a ser desmontados con el argumento de ser anti-técnicos y de recaudar muy poco. Es decir, eran relativamente fáciles de evadir, excepto por unas pocas empresas y personas que resultaban muy gravadas en comparación con otras tanto o más ricas.
dice Benjamin Cohen (Catedrático de Economía de la Universidad de Santa Bárbara) sobre el Economista francés Thomas Piketty, que publicó el libro: «El Capital en el Siglo XXI«: «Su análisis es correcto, con el tiempo la riqueza tiende a concentrase más en las rentas del capital, y por ello la política debe corregir este desequilibrio. Pero desde los años 80 los sistemas impositivos han distribuido cada vez menos y ha habido un aumento de la desigualdad. Cuanto más dejemos que el mercado se autorregule, más crecerá la desigualdad. Pero no creo que esto se pueda corregir con un impuesto sobre el patrimonio mundial, como propone Piketty, ya que lo veo muy improbable de llevar a cabo.»
No soy un gran lector de libros, sí me gustan los libros pero leo muchos, todos a la vez, y no termino ninguno. Los diarios realmente me apasionan. Como tenía dificultades de chico, muchas faltas de ortografía; les recomendaron a mis padres que buscaran una forma de que me atrajera leer. Y se les ocurrió dejarme el diario a mi alcance. Y hoy son mi perdición. Siempre aprendo algo. Cuando leí que Fernández Huidobro hablaba de «ignorancia supina», realmente me faltaba saber qué estaba diciendo para entender su mensaje. Me hizo acordar cuando otro actor político de años atrás también que comenzaba con Fernández y le seguía otro apellido, le dijo a un adversario político que se parecía al «Dragón de Komodo»; también aprendí porque tuve que ir a ver qué era ese animal. Resulta que el animal ataca imprevistamente, a traición, tiene tantas bacterias en su boca que una mordedura es sumamente infecciosa; se retira inmediatamente y persigue a su víctima de lejos hasta que cae por la infección, y luego come la carroña. ¡Qué manera de insultar!, le dijo de todo sin usar malas palabras. Ahora el Ministro de Defensa, le dijo que la persona que habló lo hizo con negligencia, ya que no sabía lo que debía saber. Fantástico!. Yo no sabía eso. Pero miren el video, habla de la Caja de Profesionales y el Timbre Profesional. (el video fue prohibido, subo otro que habla de la ignorancia Supina, pero no de la Caja y los Timbres)
En el post anterior; trataba del tema del que tiene más se dice que pagará más; y les compartía algunos razonamientos, propios y ajenos. Entonces, un estimado lector, me pregunta: ¿Cuál es tu propuesta?. ¡Claro!, por aquello de que es fácil criticar, pero luego es muy distinto entrar a la cancha, o hacer mejor las cosas que el otro, y que uno habla como si todo fuese fácil. Yo no voy a caer en la arrogancia de decir cómo debería ser; sería un ejercicio inútil y utópico, además de que no estaría en condiciones de ver el todo. Pero sí puedo razonar lo que sí veo y conozco; y que claramente no es como se dice que debería ser y que tampoco creo que cambie mucho para a los que intentan asustar; veo más peligroso esos anuncios para los que tienen menos que para los sectores poderosos. Mi propuesta (no de cómo hacer las cosas), es que no deberíamos estar divididos por «etiquetas»; creo que todos deberíamos ser tratados de igual forma, y cuando se hace una estructura tributaria, tendría que contemplar los casos extremos de mucha utilidad y los debería gravar (o no) como algo propio de esa estructura, pero no como un objetivo en sí mismo; y que cuando llegue el momento aplicarlo sin titubeos o exoneraciones raras que luego existen. Voy a compartir algunos razonamientos de muchos más que me quedarán sin analizar.
En estas últimas semanas, se está hablando mucho de la posibilidad de aumentar más los impuestos; para seguir distribuyendo, para profundizar la «equidad». Hace un tiempo, leí un artículo que después quise volver a él y lo perdí en el mar de información; pero allí se decía que si había un mérito en los últimos gobiernos; era en la capacidad de rotular que tienen. Es así que la palabra «Equidad» no fue inventada en estos años pero sin duda que la pusieron en un lugar que quizás siempre debió estar. Se comenzó hablar de ese concepto y tener una mayor consciencia de los temas. Aunque noto que también somos manipulados ya que no todas las medidas que se toman son justas ni mucho menos que generen «equidad». Voy a intentar demostrar que es mentira que existe una mayor justicia distributiva, que es mentira que paga más quien más tiene, que es verdad que los que menos tienen aún siguen siendo castigados y que los que están en el «medio», que es la inmensa mayoría; son ignorados y seguramente serán la fuente de recaudación para seguir despilfarrando recursos. ¿Esto es político?, político es toda manifestación social, ahora; política partidaria seguro que no lo es. No tienen el monopolio los políticos de hablar de estos temas, así como cuando surge algún tema sobre Salud, los que hablan son los médicos; aquí en temas tributarios creo que tenemos el derecho y el deber de quienes están formados en estos temas, no callarse, y no ver simplemente por televisión una conferencia o discursos en un almuerzo en que con grandes titulares se nos sigue mintiendo, y algunos aplaudiendo. Por las dudas aclaro: Estoy en contra de más impuestos, y en contra de aumentar el gasto de funcionamiento estatal; sí creo en que el Estado puede actuar en las desigualdades sociales por medio del gasto, como así aprendí.
Desde 2012 la Dirección General Impositiva (DGI) podrá solicitar información de las personas que pagan en clubes deportivos, colegios y universidades privadas. Esta medida tiene por objetivo encontrar contradicciones entre las declaraciones de ingresos de los contribuyentes y sus gastos. Para ampliar los alcances y fundamentos de esta situación, En Perspectiva dialogó con el director general de Rentas, el contador Pablo Ferreri. El jerarca dijo que esta nueva política «es absolutamente legal y se enmarca en el cuerpo normativo vigente». Además, aclaró que la información que se recabe «entrará en programas informáticos que cruzan estos datos con las declaraciones de ingresos presentadas por los contribuyentes, y solamente se ven los casos en los cuales salta una alarma«. Ferreri puntualizó que «deberá ser informado quién realiza el pago, pero en ningún caso se tendrá que dar información ni de los alumnos, ni de los padres, ni de los familiares», y en este sentido aseguró que no se entrará «en la intimidad de las familias».
Decía Ortega y Gasset en «Meditaciones del Quijote», que la realidad de un ser humano no era sólo la que lo rodea, sino también lo histórico, lo espiritual, lo remoto y por eso dijo: «Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo».
Esas circunstancias son las que nos van formando, y es que hoy soy lo que soy; pero me hubiese encantado también haber sido Carpintero, Electricista, Abogado, Militar, Mecánico, pero terminé siendo Contador.
Hay entrevistas o artículos periodísticos que son «motivantes» para que uno pueda seguir con una idea; también existen aquellos que simplemente hay que compartirlos y no decir nada porque son tan perfectos a nuestros ojos que dicen lo que hubiésemos querido decir. En este caso se trata de un Economista uruguayo, que vive en Chile, dice cosas muy interesantes. Algunas las focalizaré aquí y otras las pondré en el Blog de Colegiación.
La Ley Nº 18.596, de Reparación Integral a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en su artículo 10, establece un régimen especial de cobertura de salud para todos los beneficiarios a los cuales ampara esta norma, así como los de la Ley Nº 18.033. Teniendo presente dicha circunstancia, se ha entendido que corresponde aclarar que las disposiciones de la Ley Nº 18.731 no son extensivas para aquellos que perciben la Pensión Especial Reparatoria, que constituye una prestación no gravada por el Fondo Nacional de Salud.
Esta noticia está publicada en Presidencia (y hoy funciona su web, no así la del MTOP ni la del Palacio Legislativo); lo llamativo es que dicen que es un Convenio pero no se puede ver el Convenio (al igual que la Ley de la Patente Única, no está en ningún lugar, a la fecha) y si uno mira el video, se puede inferir que el Convenio fue realizado por el MTOP (no lo dice el comunicado) y allí también si uno presta atención dice que no es para cualquiera sino para aquellos estudiantes del interior que estén a más de 2 km del Centro de Estudio.
Uno de los cambios más significativos que tuvimos con la reforma tributaria del año 2006 y que entró en vigencia en el año 2007, fue que ahora usamos la palabra Equidad para casi todo, tipo una muletilla en que siempre queremos decir de una manera distinta, importante, que buscamos la igualdad. Cuando la equidad en materia tributaria no significa igualdad en sentido estricto.
El fin de esta entrada no es llegar a una conclusión sino dejar planteado una inquietud personal, y que consiste en cuestionarme porqué la Prescripción de los Tributos no es idéntica ya sea para la Administración como para el Administrado.
¿Porqué la Administración tiene 5 años para que prescriban sus derechos, pudiendo extenderlos a 10 años y además tener mecanismos de interrupción; cuando el Administrado puede reclamar créditos contra el Estado sólo hasta una antiguedad de 4 años?
Creo que sería deseable que ambas partes tengan idénticos plazos, ¿porqué?; por un tema de Equidad.
Es una entrevista interesante por la cantidad de conceptos que tiene, de los que vemos en los libros y por lo tanto es muy útil leerlas para recordarlas; no comparto todo lo que dice pero como siempre, se muestra la totalidad del documento. Mi discrepancia está en su análisis de la Educación Terciaria, es fácil – me parece – decir que ahora debe ser paga y que es injusto el sistema cuando uno ya pasó por ella (yo soy uno de los que me recibí en la Universidad de la República); ¿Qué les dejamos a los que vienen?, ¿Eso es justo?, me parece que la igualdad de oportunidades debe existir para todos, es como mañana decir que la Escuela Primaria debe ser paga porque los hijos de las clases medias y altas van a ellas y los que no tienen nada ayudan a pagarles sus estudios. Hoy en día los hijos de dichas clases en su inmensa mayoría van a Colegios y Universidades Privadas.
Aunque va en contra de lo que dije, igual lo muestro porque la idea es razonar; aún puedo cambiar mi forma de pensar, es Milton Friedman (y lo que está al final del video no tiene nada que ver con el tema):
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AGRO | Es incorrecto suponer que el campo uruguayo tiene rentas extraordinarias y, por eso, debería ser gravado con retenciones
Salto de productividad agropecuaria vino detrás de grandes empresas
El país no se puede dar el lujo de discutir un impuesto a la tierra ignorando cuánto va a afectar al motor del crecimiento
JORGE REBELLA – El País 03/10/2011
El problema es que quienes impulsan el Impuesto a las Concentración de Inmuebles Rurales parecen ignorar o minimizar las consecuencias potenciales que este tributo podría tener en términos de eficiencia y productividad. No hay que olvidar que el agro uruguayo, en particular la agricultura y la forestación, dio un salto de productividad importante en la última década y buena parte de su impulso ha estado asociado a las grandes superficies, sostuvo el máster en economía Alfonso Capurro. El entrevistado, que ocupa la gerencia del Departamento de Economía de CPA Ferrere, también analizó el aumento del crédito al consumo, las perspectivas de inflación y tipo de cambio y los instrumentos aptos para mejorar la equidad social. A continuación un resumen de la entrevista.
-A mediados de septiembre se conoció que la economía uruguaya había experimentado una fuerte desaceleración en el segundo trimestre de 2011. A su vez el dato volvió a mostrar un crecimiento muy importante del consumo privado. ¿Qué lectura hace de esta información?
-Hay varias lecturas interesantes sobre estos datos. Cuando se lo mira en una perspectiva de largo plazo, las cifras no sustentan la idea de que Uruguay está en una fase de consumo explosivo. El consumo privado representa algo más del 70% del PIB, uno de los registros más bajos de los últimos veinte años. Sin embargo, en los últimos cinco trimestres el consumo ha crecido muy por encima del PIB. En el segundo trimestre de este año, por ejemplo, el crecimiento del consumo privado casi duplicó el aumento del PIB: 9,4% contra 4,8%.
-¿Está el país gastando más de lo que produce?
-Uruguay no parece estar en una posición de consumo excesivo cuando se analizan los datos en una perspectiva histórica. No obstante, los datos de los últimos trimestres deberían ser una señal de alerta. De continuar por este camino nos podría llevar a posiciones de consumo no sustentables.
-La Cámara Nacional de Comercio y Servicios alertó por el crecimiento de las deudas en dólares de las familias y las empresas en un contexto de volatilidad de la moneda. ¿En qué medida considera que la situación actual de endeudamiento es «peligrosa» como expresa la CNCS?
-Coincido con algunos puntos y discrepo con otros. Las cifras de crédito al consumo nos muestran que el crédito en dólares es poco significativo y, además, ha venido perdiendo peso en forma sistemática. Es cierto que los préstamos en dólares están creciendo, pero a un ritmo que no debería encender alarmas. Naturalmente, sería preferible que las familias redujeran al mínimo posible su endeudamiento en dólares para evitar problemas en momentos de volatilidad cambiaria. Pero hay que dejar claro que el crédito en general -y el crédito al consumo en particular- ha mejorado mucho en este aspecto. A comienzos de 2006 algo más del 20% del crédito a las familias estaba denominado en dólares y hoy esa proporción es inferior al 10%. En ese sentido, el riesgo de monedas implícito en este segmento no parece ser un tema preocupante. Lo que sí despierta preocupación en algunos agentes es el aumento del crédito al consumo en general.
-¿Existen posibilidades de que se forme una burbuja de crédito al consumo?
-Al igual que lo que sucede con el consumo privado, los créditos al consumo han estado creciendo mucho, pero también hay que reconocer que este segmento partió de niveles muy bajos luego de la crisis de 2002. El crédito a las familias representa en la actualidad algo más del 10% del PIB y ese no es un número alarmante; incluso hay quienes piensan que todavía hay espacio para crecer. De todos modos, insisto que hay una aceleración fuerte en este mercado. Todavía estamos en niveles que no deberían alarmar, pero con ritmos de crecimiento que, obviamente, no se podrán sostener en el tiempo y con una carga financiera que puede llegar a ser pesada.
-¿Qué riesgos entrañan los altos intereses con que se carga al crédito al consumo?
-Mientras que una empresa puede conseguir préstamos en moneda nacional a una tasa media del 12%-15% anual, las tasas de crédito al consumo son tres veces más altas dependiendo del tipo de crédito. En caso de una complicación en la situación económica de una familia, el disparador de un problema de pagos de este segmento puede acelerarse simplemente porque el esfuerzo mensual para cumplir con las obligaciones crediticias puede ser una pesada mochila financiera.
Política tributaria
-Algunas figuras del Frente Amplio, que no coinciden con los lineamientos del Ministerio de Economía, han propuesto discutir la aplicación de «detracciones». Incluso una comisión del partido gobernante está analizando introducir nuevos mecanismos tributarios vinculados a los granos, oleaginosas, y forestación. ¿Qué opina al respecto?
-Como aproximación general, no creo que existan impuestos malos en sí mismos; lo que existen muchas veces son impuestos que imprimen ciertas distorsiones y que, además, a veces son mal usados. Si se trata de gravar un sector por alguna razón específica, siempre es preferible un tributo sobre su renta en lugar de un impuesto fijo sobre precios o sobre activos, que puede resultar muy pesado en años de malos resultados económicos. Pese a esto, tributos como detracciones o tasas a las exportaciones pueden ser un instrumento válido en ciertos casos si tienen una buena fundamentación económica y persiguen un objetivo superior para la sociedad, como podría ser el financiamiento de obras de infraestructura. El problema es que muchas veces se proponen retenciones por razones ideológicas o por impulso, persiguiendo objetivos de apropiación de rentas y basados en diagnósticos incorrectos como es, por ejemplo, suponer que el agro uruguayo tiene rentas extraordinarias y, por eso, debería ser gravado con retenciones. Quienes piensan así, desconocen el sector ya que los números no muestran eso.
-¿Cómo evalúa los futuros efectos de la creación de un impuesto a los propietarios de extensiones de tierra superiores a 2.000 hectáreas en las inversiones en el agro?
–Entiendo que es un mal impuesto, básicamente por dos razones.Primero, no creo que sea eficaz para mejorar la equidad en la tenencia de la tierra y, segundo, atenta contra la mejora de la productividad en el sector. Es un gravamen que se origina en motivaciones político-ideológicas, siguiendo la idea de que es necesario reducir la concentración y desalentar las grandes superficies para que la tenencia de la tierra sea más equitativa. Y eso puede ser un objetivo válido y justificado en muchos casos. El problema es que quienes lo impulsan parecen ignorar o minimizar las consecuencias potenciales que este impuesto podría tener en términos de eficiencia y productividad.No hay que olvidar que el agro uruguayo, en particular la agricultura y la forestación, dio un salto de productividad importante en la última década y buena parte de su impulso ha estado asociado a las grandes superficies.
-¿No se contradice esa visión positiva de las grandes superficies en el campo con el concepto tradicional de que los latifundios eran un factor negativo para el desarrollo del sector agropecuario?
-En realidad, el agro uruguayo cambió en la última década, rompiendo el paradigma del «estancamiento agropecuario» acumulado durante casi todo el siglo XX. Entre 2000 y 2010 el PIB de Uruguay creció 42% en términos reales. En el mismo período, el PIB de la forestación creció 65% y el PIB agrícola 85%. Por cierto, esto no se debe solo a mejoras en la productividad. Se explica parcialmente por la maduración de la masa forestal y por la extensión del área de siembra agrícola. Pero parte de este proceso también tiene que ver con los cambios en las tecnologías de producción que han permitido un mejor aprovechamiento de la tierra para estos usos.
No debería pasarse por alto que el salto de productividad agropecuaria vino detrás de grandes empresas que operan a gran escala y que introdujeron nuevas tecnologías de siembra, nuevas formas de management y de organización de empresas en forma profesional, nuevas tecnologías de manejos de riesgos y de control de calidad. Todo eso cambió la forma de la explotación de la tierra en Uruguay, mejoró su eficiencia y aumentó su productividad. Por eso, la propuesta del Impuesto a las Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) tiene el gran inconveniente de que atenta contra uno de los motores de este cambio, que ha sido el tamaño de las empresas y la posibilidad de explotar grandes escalas.
En síntesis, Uruguay que ha tenido históricamente enormes dificultades para mejorar su eficiencia y productividad no se puede dar el lujo de discutir un impuesto ignorando en qué medida este nuevo esquema puede afectar el motor del crecimiento de uno de los sectores genuinamente competitivo a nivel mundial. Como segundo óptimo, si el impuesto tiene lugar, sería conveniente al menos que se contemple algún incentivo a la eficiencia y la productividad, como por ejemplo la posibilidad de que el ICIR sea total o parcialmente utilizable como pago a cuenta del IRAE.
Inflación dependerá del precio de los commodities
-¿Puede el gobierno uruguayo apostar a un dólar más alto, que es la intención de Brasil al haber bajado la tasa Selic en septiembre?
-La dolarización de la economía uruguaya es una limitante porque una mayor depreciación tiene mayor impacto en la inflación en Uruguay que en Brasil y genera mayores problemas financieros para el Estado, para las empresas privadas y para un pequeño porcentaje de familias que están endeudadas en dólares.
-Sin embargo, la depreciación del peso registrada en setiembre de 2008 luego de la caída de Lehman Brothers no fue una limitante para que la economía uruguaya se ajustara. ¿No es cierto?
-En los tres meses siguientes a ese hecho, Uruguay pudo depreciar casi un 30% sin que se viera afectado por las consecuencias inflacionarias porque, simultáneamente con el aumento del dólar, los precios de los commodities se desplomaron. Por ejemplo, el precio del petróleo bajó de US$ 140 a US$ 35 el barril y el precio de la tonelada de carne uruguaya pasó de US$ 4.200 a US$ 2.400, por lo cual los precios internos en moneda nacional no se incrementaron. Ese fue el primer episodio de crisis externa luego del abandono del régimen de bandas cambiarias en el que la flexibilidad cambiaria fue puesta a prueba, y la experiencia fue exitosa: el sistema de precios se mostró flexible y eso permitió amortiguar los impactos de la crisis de 2008.
-¿Cuáles serían las variables más limitantes en el caso actual?
-Los objetivos de inflación son una restricción que opera limitando la flexibilidad cambiaria. Si se pretende mantener la inflación bajo control, las autoridades deberán manejar la política monetaria de manera que el tipo de cambio sea consistente con una inflación alejada de los dos dígitos.
-¿Qué desafíos enfrentan las autoridades para manejar la inflación en el corto plazo?
-En las últimas semanas, se registró una fuerte depreciación del real de casi el 20% y una modificación de igual signo aunque algo más rezagada del peso uruguayo, de entre 10% y 12%. Pero aún no es muy claro cómo habrán de evolucionar los precios de los commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, cuyas tendencias serán determinantes para establecer el ritmo inflacionario en Uruguay. La decisión de mantener la tasa de interés de referencia en 8% adoptada por el Comité de Política Monetaria (Copom) el 29 de septiembre indica que el BCU difiere de la lógica adoptada por el gobierno brasileño.
Pero, desde la óptica de los fundamentos del mercado, es evidente que Uruguay está más limitado que Brasil. Si bien nuestra experiencia de 2008 fue buena, en qué medida podremos depreciar en esta ocasión dependerá de lo que suceda con los commodities, que es la variable que termina cerrando el sistema de precios. Si los commodities se mantuvieran en sus cotizaciones actuales, un tipo de cambio estable en torno a los 21 pesos dejaría la tasa de inflación demasiado cerca de los dos dígitos en 2012. Por tanto, podría decirse que, dadas las presiones del mercado interno y con los precios actuales de los commodities, el sistema de precios no resiste un tipo de cambio por encima de 21 pesos si al mismo tiempo se preserva el objetivo de tener la inflación en un dígito.
Focalizar el gasto para mejorar la equidad de oportunidades
¿Cree que los recursos para las transferencias a los sectores sociales más deprimidosdeben realizarse a través de instrumentos tributarios o del gasto público?
-A decir verdad los dos instrumentos son importantes para mejorar la equidad. Los sistemas tributarios europeos, que en general son más «igualitarios» que los de la región, tienen una fuerte carga tributaria sobre los altos ingresos. Probablemente, desde esa perspectiva a Uruguay le queda un largo camino por recorrer si quiere mejorar la distribución de la carga tributaria, pasando a un sistema que grave en mayor medida los ingresos y que se sustente en menor medida en impuestos indirectos y regresivos como el IVA. Sin embargo, de nada sirve un sistema tributario más progresivo si el gasto no está bien focalizado y es ineficaz. Uruguay tiene una importante asignatura pendiente que debe discutir sobre la estructura, la eficacia y la eficiencia del gasto público. Esta materia no es patrimonio de nuestra sociedad; es un problema de toda la región.
-¿Qué aspectos se deberían debatir con respecto a la estructura del gasto?
–Habría que discutir seriamente, por ejemplo, el financiamiento de la enseñanza universitaria, que hoy financian todos los uruguayos, pero a la que accede solo una parte privilegiada de la población.Hay jóvenes uruguayos de ingresos altos y medios, que tienen capacidad de pagarse sus estudios terciarios, pero reciben subsidios de sectores pobres de la población. Por otra parte, la inmensa mayoría de los adolescentes de hogares de bajos recursos económicos no llega a la Universidad porque abandona sus estudios mucho antes. Sobre ellos deberíamos focalizar el gasto si queremos mejorar la equidad de oportunidades.
En cualquier caso, lo que más me preocupa es que el debate sobre la equidad en Uruguay está desenfocado. Se halla excesivamente centrado en la equidad de ingresos y, al mismo tiempo, desatiende la justicia en el acceso y en la generación de las oportunidades.
-¿En qué medida cree que se relega la importancia de la equidad de oportunidades?
–Es «peligroso» enfocarse en la búsqueda de la igualdad de ingresos a través de instrumentos tributarios como un fin en sí mismo.Si verdaderamente queremos promover la equidad, deberíamos enfocarnos en la equidad de oportunidades; esto es, que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades independientemente del barrio en el que viven o en qué contexto socioeconómico les tocó nacer. Visto de otra forma, deberíamos promover el tipo de país en el que todos quisiéramos vivir si no supiéramos en qué lugar de la sociedad nos tocará nacer, o en qué lugar le tocará nacer a nuestros hijos.
-Entonces, ¿no le asigna tanta importancia a la distribución del ingreso en la sociedad?
-De hecho sí le asigno, pero me parece importante distinguir a qué se debe la inequidad de ingresos. Sostengo que el debate está desenfocado porque la desigualdad de ingresos no es algo necesariamente malo.Las diferencias de ingresos entre las personas pueden tener dos tipos de causas.La primera tiene que ver con el talento, la eficiencia, el esfuerzo y el trabajo. En una sociedad «perfecta» donde todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades, las diferencias de ingresos son un premio a estas virtudes. Si esta fuera la única fuente de desigualdad de ingresos entre la gente, el problema de la equidad no debería ser una preocupación central. La segunda fuente de inequidad es la desigualdad de oportunidades. Esta sí es preocupante porque es un reflejo de injusticia social que deberíamos atacar. Naturalmente, identificar qué parte de la desigualdad observada corresponde a cada uno de estos orígenes no es fácil, aunque su distinción es clave para orientar políticas.
Ficha técnica
Alfonso Capurro, uruguayo, 30 años, es licenciado en economía por la Universidad de la República y Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Actualmente es gerente del Departamento de Economía de CPA Ferrere. Entre 2006 y 2009 se desempeñó como investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). Es profesor asistente de Política Económica en la Maestría de FCEA- UdelaR y Profesor del Programa de Especialización en Métodos Cuantitativos de Cinve en la Universidad ORT del Uruguay.
Autoridad internacional avala pedidos de información de DGI
Secretario del CIAT llamó al fisco a profundizar búsqueda de datos
El Observador – 30.09.2011, 06:00 hs
La iniciativa de la Dirección General Impositiva (DGI) de exigir información sobre el gasto de los contribuyentes a los colegios y otras instituciones educativas y deportivas, no solo está en línea con las prácticas realizadas en la región y en los países desarrollados, sino que también debe ser profundizada por el fisco uruguayo. El único secreto que debe limitar a la administraciónes el secreto tributario.
Así lo señaló Márcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización pública internacional que reúne a 40 países de todo el mundo.
En una visita a Uruguay, en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, el experto dialogó con El Observador sobre los instrumentos de los cuales pueden valerse los fiscos en la lucha contra la evasión.
Para Verdi, “el peor impuesto para una sociedad es aquel que solo lo paga un contribuyente y otro no”. En ese sentido, “todos deben apoyar que el fisco tenga las herramientas suficientes para verificar si cada persona está pagando lo que le corresponde”, agregó.
El experto en tributación y asesor de cuatro administraciones de gobierno en Brasil, dijo que aquellos fiscos que solo utilicen la información aportada por los contribuyentes y sus bases de datos históricas para realizar el control de la recaudación, “jamás alcanzarán la plenitud ni podrán verificar que las personas paguen lo que deberían pagar”.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se expidió de forma favorable la semana pasada sobre la potestad de la DGI de exigir a las instituciones educativas y deportivas información sobre las personas que pagan cuotas y matrículas.
Sin embargo, algunos expertos del sector privado señalan que los mecanismos que emplea la administración local para obtener información tributaria vulneran el derecho a la intimidad.
Tanto en la región como en Europa y Norteamérica, “todos los fiscos tienen pleno acceso a la información. Eso no es entrar a la intimidad de cada uno”, sostuvo Verdi de manera categórica.
Dijo que las autoridades deben ir más allá en la utilización de datos proporcionados por terceros. “El fisco tiene hoy la necesidad absoluta de usar informaciones de los movimientos financieros, de las tarjetas de crédito, de los registros notariales”, señaló a modo de ejemplo.
La utilización de manera creativa de las bases de datos a las cuales pueda tener acceso la DGI y el uso de instrumental tecnológico de última generación, es una tendencia a nivel mundial que está siendo adoptada también en Uruguay, explicó el experto.
De hecho, la DGI ya realizó un cruzamiento de datos entre las ventas de autos de lujo y las declaraciones de ingresos de sus compradores, como así tambiénde transferencias de inmuebles.
Verdi señaló, sin embargo, que debe haber una clara contrapartida por parte de la DGI. La administración tributaria debe asegurar la confidencialidad de los datos. “El fisco debe tener acceso a toda la información, que debe ser tratada de forma sigilosa, solo para fines de cálculo y verificación”, explicó.
Según sostuvo, la administración uruguaya, junto a la de Ecuador y República Dominicana, fueron las que registraron un mayor avance en materia de profesionalización durante la última década a nivel regional.
IVA personalizado
Durante las Jornadas Tributarias, un grupo de investigadores de la Asesoría Económica de la DGI, presentó una serie de trabajos de investigación. Uno de ellos, simula la implementación de un IVA personalizado, donde cada uno de los contribuyentes paga una tasa diferente, de acuerdo a la posición que ocupan en la distribución del ingreso.
La investigación, que se encuentra en su fase final, arroja que en un contexto de bancarización completa, donde se universalice el acceso a instrumentos financieros tanto por parte de las familias –tarjetas de crédito y débito– como de las empresas –posibilidad de realizar operaciones con plásticos–, el sistema no solo es viable sino que permitiría reducir 2,83 puntos el índice de Gini, que mide la desigualdad.
Fuentes del Ministerio de Economía (MEF) dijeron a El Observador que no solo se trata de un ejercicio académico realizado por los investigadores: es un objetivo de mediano y largo plazo para la administración apuntar a instrumentos que individualicen la carga impositiva y permitan profundizar las políticas distributivas.
Actualmente, el IVA es un impuesto regresivo. Esto es, una vez pago el tributo, la distribución de los ingresos disponibles de los uruguayos se vuelve 1,03 puntos más desigual en el índice de Gini.
Sin embargo, el estudio realizado por los técnicos Gustavo González, Marcelo Monterio, Leticia Olmos y Fernando Peláez, una vez implementado un IVA personalizado, el impuesto pasaría a contribuir de forma positiva a la redistribución.
Según los investigadores, el requisito previo para la aplicación es el acceso universal a los servicios financieros, debido a que se implementaría solo en las compras con tarjeta de crédito y débito.
Colegios no católicos impugnarán norma que les exige informar a DGI
Experto. Cree que en la región son necesarios datos para combatir evasión
MARCELA DOBAL – El País 30/09/2011
Varias instituciones de enseñanza privada no católicas impugnarán la resolución de DGI que las obliga a proporcionar datos sobre sus clientes cada año, informó en un comunicado de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep).
«La mayoría de las instituciones asistentes reunidas en Asamblea General Extraordinaria manifestó la voluntad de presentar recursos de impugnación», dice el documento con fecha de ayer al que accedió El País. El comunicado deja constancia de que esta agrupación que aglutina a instituciones de enseñanza no católica analizó «profundamente la situación» vinculada a la resolución aprobada por la Dirección General Impositiva (DGI) el viernes 16 y que deja diez días hábiles para presentar recursos, plazo que vence hoy.
Esa norma establece la «obligación de informar» de esas instituciones y otras deportivas sobre el gasto que realizan los obligados al pago (clientes) que superen un determinado nivel mínimo. Deberán hacerlo cada año a partir de 2012.
No obstante, Aidep hizo salvedades en su comunicado sobre los puntos en que «la totalidad de los presentes» coincidieron. Uno de ellos es que «todas las instituciones asociadas son fieles cumplidoras de sus obligaciones con el Estado y no están dispuestas a amparar a posibles incumplidores de sus deberes con el mismo». También «entienden que se encontraron algunas deficiencias legales, en como se plantea el procedimiento» y «renuevan la disposición total al diálogo y a participar en la construcción de una ciudadanía responsable».
En mayo, la DGI solicitó datos a una decena de colegios privados para identificar la capacidad contributiva de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Esto generó críticas en el marco de la defensa del derecho a la intimidad de los contribuyentes, por lo que Aidep y la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (Audec) consultaron a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Tras cuatro meses de análisis, la Unidad falló a favor de la administración tributaria luego de que ésta hiciera ajustes en su pedido que incluyó luego en su resolución.
La consulta a la Unidad la formularon también colegios privados como The Britsh Schools, Stella Maris (Christian Brothers), Woodlands, Escuela Integral Hebreo Uruguaya y Saint Patrick`s.
Por su parte, Audec decidió acatar la resolución de DGI, informó esta semana su presidente, Marcelo Fontona.
VISIÓN REGIONAL. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias considera que «un fisco sin información no es un fisco», por lo que solicitar a colegios datos de gasto de los contribuyentes para fiscalizar contribuye a la justicia tributaria. Esa es la visión que presentó ayer su secretario ejecutivo, Márcio Verdi en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI.
«Un fisco no puede promover la Justicia tributaria si no tiene información. No va a cumplir con su capacidad de detectar el fraude fiscal, que debe ser detectado, combatido, penalizado y eliminado. Pero detectar el fraude fiscal sin información no es posible«, dijo.
Mencionó tres tipos de datos básicos: los que proporciona el contribuyente, la base histórica que muestra su comportamiento y aquellos que provienen de terceros, entre los que mencionó el gasto en propiedades de lujo y el uso de tarjetas de crédito. Consultado por El País sobre si las instituciones educativas privadas también pueden ser fuente de información, respondió afirmativamente.
«El fisco no tiene que saber en qué gastas con tu tarjeta de crédito, pero puede querer saber cuánto gastas. En la educación también. Esa información ayuda a identificar personas que están ocultando renta«, dijo. El experto agregó que la responsabilidad principal de las administraciones es recaudar lo que determina la ley.
«Para recaudar tienes que verificar que las personas estén pagando. Yo no puedo darme por satisfecho de que tú me dices que has ganado $ 10.000, tengo que confirmar tu renta. Eso se hace en todas las economías del mundo». Para Verdi, el impuesto más injusto es la evasión.
El proyecto de ley que aumenta la carga tributaria al sector agropecuario, es un perfecto ejemplo de cómo cuando se mezclan la incapacidad y la ceguera ideológica se puede promover exactamente el efecto contrario al buscado. El proyecto es incorrecto desde su formulación. Definir un impuesto afectando la autonomía municipal es inconstitucional. Típico error de formas de Mujica.
El impuesto puede promover la concentración de la tierra. En cualquier activo, el incremento impositivo deteriora objetivamente los valores del mismo, logrando en este caso que la eventual baja de valores sea capitalizado por el excedente de capital que anda dando vuelta por el mundo. Como el valor de los campos es por hectárea, se verán afectados patrimonialmente no solo los grandes terratenientes sino que arrastraran a los pequeños y medianos productores. Gran negocio, los campos serán artificialmente más baratos. Perderán todos los que confiaron en el país. Ganarán los que aún no invirtieron.
El proyecto se basa en el Coneat como referencia productiva. Es obvio que solamente un burócrata aislado en los palacios del poder, puede desconocer que hoy por hoy el campo nacional esta muy lejos de la paramétrica de carne y lana con que se concibió el Coneat. Este autismo llevará a que un productor arrocero que no tiene altos índices, porque el Coneat evalúo en los años 60 que esas planicies arroceras eran campos casi improductivos por estar bajo agua gran parte del año, se vean beneficiadas ante el productor ganadero, que teniendo ingresos del 25 % al del arrocero tendrá que pagar.
Este impuesto no ataca al gran capital agropecuario. Mientras para los grandes jugadores agrícolas pagar 8 dólares le representa una aplicación más de fumigación en un cultivo, a un ganadero, estos mismos 8 dólares significan lo producido en casi toda la esquila.
Obviamente, no distingue años buenos o años malos, en un momento donde la incertidumbre climática es una de las mayores amenazas al mundo productivo. Nadie se puede extrañar. Es la misma gente que negaba la sequía tres años atrás.
El impuesto no distingue la tenencia de la tierra y su titulación. A contra pelo de lo que se han llenado la boca, es lo mismo para el gobierno una familia afincada en el campo que tiene las tierras a su nombre que un fideicomiso financieroque nadie sabe su propiedad. Otra muestra de absurdo doble discurso.
Tritura cualquier intento de aumentar la mano de obra. Este impuesto no se puede descontar ante nuevas inversiones, o aumento del empleo. Por tanto, lejos de promover la contratación, los empresarios ante situaciones críticas, deberán de prescindir de presupuestos abultados para poder pagar este absurdo.
Y lo que es peor, este es un impuesto que impone una nueva discriminación al campo, frente a otros sectores de la sociedad que también se vieron beneficiados por el contexto internacional. Siguen sin entender que al igual que una farmacia, un camión o una industria, la tierra es de sus propietarios, no es una cooperativa en donde todos pueden opinar, hablar y decidir.
La presión fiscal sobre las rentas más altas ha caído 10 puntos en España desde 1995
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA 04/09/2011
Los impuestos nos definen como país y como personas. Muestran buena parte de la nación que somos y la que queremos ser: solidaria o insolidaria, comprometida o egoísta, abierta o ensimismada, generosa o avara. Sobre estos antónimos hay que escoger. No hay opciones intermedias, y menos en una sociedad que convive con casi cinco millones de parados y que soportaba en 2010 en sus cuentas un déficit de 98.227 millones de euros. El debate impositivo es ahora mismo uno de los más trascendentes.
Haber duplicado salario mínimo no redujo inequidad, dice estudio
Dato. Economistas descartaron vínculo entre dos variables en 1996-2009
MARCELA DOBAL – El País 28/08/2011
El impulso del salario mínimo que dieron las autoridades más que duplicando su valor en cinco años «no tuvo un impacto significativo en la desigualdad salarial», según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales.
En el documento de trabajo titulado «Evaluación del impacto distributivo de más que duplicar el salario mínimo: el caso de Uruguay», los economistas Fernando Borraz y Nicolás González Pampillón concluyen que no encuentran «impacto del aumento del salario mínimo en la inequidad salarial».
«Este resultado puede ser explicado por el bajo nivel inicial del salario mínimo o por la falta de cumplimiento del mismo. La experiencia uruguaya muestra que el salario mínimo no es siempre efectivo como instrumento de redistribución del ingreso», dice el informe. El estudio se propone indagar sobre si existe una relación causal entre ambos, partiendo de la base de que durante los `90 se observó una disminución gradual en el salario mínimo nacional y simultáneamente una tendencia a la inequidad salarial, mientras que entre 2004 y 2009 el mínimo aumentó considerablemente (154%) y la desigualdad de ingresos disminuyó.
Actualmente el salario mínimo es de $ 6.000.
Además, los investigadores reseñan que con la introducción de las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) en 2005, que pasó a ser la nueva medida de referencia para los beneficios de seguridad social, «el salario mínimo nacional comenzó a ser usado como una herramienta redistributiva».
El estudio analiza para el período 1996-2009 «la efectividad del reciente incremento» del salario mínimo «como herramienta distributiva». Para eso, toma datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, enfocándose en los hombres de entre 14 y 60 años.
Además, se usó información sobre las capitales departamentales, dado que previo a 2006 no hay datos disponibles de zonas rurales. Además, se excluyó el sector público, al considerarse que el salario mínimo «no es relevante» para sus trabajadores.
El estudio elabora un indicador de salario que refleja la relación entre el salario mínimo y el salario promedio o mediano. Encuentra que registró un incremento a lo largo del período estudiado, «especialmente entre 1996 y 2009, el ratio casi se duplica cuando se toma en cuenta el salario promedio y aumenta un 50% si se considera la mediana salarial (es decir, si se ordenaran todos los salarios, el que se encuentra justo en el medio de la serie). «A pesar del notable aumento del salario mínimo, aún está lejos de la mediana», dice el documento.
Los autores citan un estudio de Kristensen y Cunningham realizado en 2006 para la región, donde se muestra que en 1998 el salario mínimo en Uruguay «era uno de los más bajos». «En base a estos hechos se puede argumentar (y también suponer) que no hay efecto sobre el empleo del salario mínimo como resultado de un aumento del salario mínimo o si existe, probablemente es insignificante», dice el estudio.
Otro aspecto destacado es que «el porcentaje de trabajadores por debajo del salario mínimo crece fuertemente», de 2% en 1996 a 11% en 2009. Se señala que «esto podría estar relacionado con el cumplimiento y ejecución» del mínimo. «Una explicación diferente es que en los países en desarrollo el mercado de trabajo informal representa alrededor de una cuarta parte del mercado de trabajo total», añaden los expertos (con la salvedad de que el valor del salario mínimo es tomado como referencia por el sector informal).
Por otra parte, se encontró que si bien la proporción de trabajadores informales por debajo del sueldo mínimo se redujo de 65% a 44% en 1996-2009, los trabajadores a tiempo completo en una franja salarial menor a lo legal subieron de 35% a 51%. Esto ocurrió al mismo tiempo que la cantidad de trabajadores a tiempo completo creció muy poco (80% del total en 1996 y 83% en 2009).
Los investigadores señalan además en sus conclusiones que el alto crecimiento económico y las bajas tasas de desempleo en el país en los últimos años pueden haber tenido influencia en que la desigualdad de ingresos no se haya visto incidida por la suba del salario mínimo.
Fijado por el gobierno desde 1969
El salario mínimo nacional fue incorporado en 1969 para establecer un piso salarial para los trabajadores privados mayores de 18 años, con excepción de los empleados domésticos y rurales, según consigna el estudio.
El valor al que se creó en aquel año equivale a lo que hoy serían $ 0,01, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El valor que alcanzó en 2011 ($ 6.000) equivale a unos US$ 324, por lo que es algo mayor al que se registra en Brasil (US$ 318) pero inferior al de Argentina (US$ 475).
Es superior también al de Bolivia (US$ 97), México (US$ 133) Colombia y Venezuela (US$ 284), Ecuador (US$ 264) y Perú (US$ 216).
En tanto, es menor al que tienen Chile (US$ 372) y Panamá (US$ 450).
No obstante, estos datos no necesariamente reflejan el poder adquisitivo, ya que éste depende de otros factores como la inflación, el tipo de cambio o los impuestos.
Son 813.000 personas; mayoría está en el interior – El País 02/08/2011
Más de la mitad de los trabajadores uruguayos percibió durante el año pasado un ingreso líquido mensual inferior a $ 10.000, según un estudio del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt presentado ayer.
Los «diezmilpesistas» son unas 813.000 personas, lo que representa un 52,6% del total de la población ocupada. El informe concluye que esto «configura una clara muestra de lo sumergidas que siguen estando la mayor parte de las remuneraciones en el país».
Entre la población que tiene este nivel de ingresos, hay un 53% de hombres y un 47% de mujeres.
A nivel geográfico, el número de «diezmilpesistas» del interior del país alcanza los 550.000 ocupados, lo que supone una «clara concentración del problema en esta región respecto a las cifras registradas en la capital», agrega el estudio.
Entre las localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes y las zonas rurales, la cifra de ocupados con ingresos laborales menores a $ 10.000 mensuales se ubica en 166.000, lo que representa un 65% del total de ocupados que viven en esas regiones del país.
Otro de los colectivos que presenta una fuerte concentración de ocupados con ingresos laborales sumergidos son los jóvenes, consigna el estudio. De los 215.000 ocupados menores de 25 años, 168.000 perciben menos de $ 10.000 líquidos; pasando raya aproximadamente cuatro de cada cinco ocupados menores de esa edad integran la categoría de «diezmilpesistas». El informe del Cuesta Duarte también concluye que quienes ganan menos de $ 10.000 están fuertemente concentrados en los sectores de la población con menores niveles educativos: mientras el 37% tiene hasta primaria completa, un 43% no logró concluir el nivel secundario. Los ocupados con estos ingresos laborales que no alcanzaron a culminar el liceo totalizan 654.000 personas.
Realmente sorprenden estos números, ya que leía el mismo día en que se publica esta noticia que el alto consumo explica el aumento del crédito y se teme un recalentamiento de la economía.
Si el 53% de la población gana menos de $ 10.000 pesos uruguayos, seguro que ese alto consumo está focalizado en el 43% de los ocupados; y ese alto consumo se explica porque hace años que no hay un incentivo al ahorro, los Bancos no pagan nada por tener dinero depositado. Además el artículo nos dice indirectamente que el 80% de estas personas que ganan menos de diez mil pesos no culminaron el liceo; un 42% del total de ocupados del País no terminaron el liceo. Demuestra que existe una relación directa entre Educación y nivel de ingresos, pero no todo es números, una población que no es culta es malo hasta para determinar el futuro del País.
La desigualdad en los ingresos de una sociedad es uno de los problemas graves que enfrenta una sociedad y un gobierno. En realidad, no hay sociedad alguna que tenga una distribución igualitaria de ingresos. Lo que se ha tratado de hacer es que la desigualdad no sea grande y disminuya a lo largo del tiempo.
Aquí en el Perú, el gobierno de Alan García presentó resultados mostrando que la desigualdad de ingresos en el país había disminuido. En efecto, según estimados de Ceplan el coeficiente Gini bajó de 0.454 a 0.420 en el ámbito rural y de 0.411 a 0.409 en el ámbito urbano entre el 2006 y el 2010. A nivel global, dicho coeficiente bajó de 0.52 a 0.46 entre el 2001 y el 2010.
En el mundo, la desigualdad de ingresos aumentó en los últimos veinticinco años.Según un último estudio de la OCDE, para los países conformantes de esa agrupación solo en cinco países disminuyó el coeficiente Gini mientras que en el resto aumentó. Esto nos dice claramente que en los países ricos practicantes de una economía de mercado la tendencia es a que se incremente la desigualdad, y no al revés.
¿Qué es lo que explicaría esa tendencia? Hay una cantidad de hipótesis al respecto, pero deseo enfatizar una en particular que considero que tendrá cada vez más relevancia para nosotros.
Esta tiene que ver con la formación de capital humano y su retribución. El mayor y diversificado crecimiento económico de los países, el impresionante desarrollo tecnológico y sobre todo el proceso de globalización en que estamos inmersos han provocado que la retribución a la mano de obra altamente capacitada sea grande y creciente en el tiempo. En tanto que la retribución a la mano de obra con baja o nula capacitación sea estable o declinante en el tiempo. Esto contribuye a ampliar la brecha entre los ricos y los pobres. Un último estudio realizado en EE.UU. por The Hamilton Project encontró que el pago por matrícula en universidades norteamericanas mostró una rentabilidad real de más del 15% en tanto que la rentabilidad de invertir en acciones fue de 7% y en edificaciones menos de 1%. Hoy se reconoce que la riqueza se produce más por el desarrollo de capital humano que por otro tipo de stocks como lo era en antaño. El caso de Bill Gates es un buen ejemplo.
El Perú es todavía una economía con relativo escaso nivel de desarrollo. Si, por ejemplo, deseamos exportar productos con mayor valor agregado, esto exigirá el uso de mano de obra cada vez más calificada dado que dichos bienes tendrán que ser intensivos en tecnología. De no darse esa formación exigida de capital humano, estaremos condenados a exportar materias primas.
Y así en otros ámbitos de la producción. Pero ello acrecentará la desigualdad de ingresos por un tiempo considerable.
Entonces, ¿qué hacer? Es cierto que será de utilidad utilizar sistemas impositivos verdaderamente progresivos; gasto social redistributivo de calidad; respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, como política de gobierno.
Pero esto no debe constituir el meollo del tratamiento.Si queremos reducir la desigualdad de ingresos en forma permanente debemos hacer dos cosas en lo fundamental:a) promover la inversión en capital humano y su universalización; y b) dejar que el mercado haga sentir sus efectos promoviendo la aparición de tecnologías que ahorren el uso de la mano de obra más cara. Tomará tiempo en conseguir resultados. Pero estos serán permanentes. De otra forma se caería en populismo barato.
(*): Economista- Catedrático de la Universidad del Pacífico.
Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 