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Denuncia penal. Intendencia de Canelones interviene a la empresa: la Justicia indaga
RENZO ROSSELLO – El País 15/02/2012
La comuna de Canelones presentó ayer la denuncia penal contra la empresa que gestionaba el Cementerio …. La inhumación de 150 cuerpos sin pedir autorización es el eje del caso abierto contra el cementerio privado.
«Estamos ante la caída inminente de la concesión que se le otorgó a esta empresa allá por el año 1991», aseguró a El País el intendente (interino) de Canelones, Yamandú Orsi.
El Cementerio … se encuentra intervenido por mandato judicial desde el 15 de diciembre de 2009. La Justicia designó un síndico, que a la postre fue quien brindó a la comuna canaria la información en torno a las irregularidades que ahora la Intendencia denuncia a la Justicia Penal. Esas irregularidades son un total de 149 inhumaciones que se realizaron entre 1994 y 2001, sin registrarlas en la Dirección de Necrópolis de la Intendencia.
Demanda de US$ 500.000 por moscas del Cementerio del Buceo
Son 33 familias que reclaman a la Intendencia
RAÚL MERNIES – El País 23/12/2011
Hartos de que las mosquitas de cementerio les arruinen la vida, 33 comparecientes del Buceo demandaron a la IMM por medio millón de dólares. «No podemos vivir. Se meten en la boca, en la nariz, en la comida y hasta en los ojos», dijo un vecino.
«No hay derecho a que yo no pueda invitar a un familiar para las fiestas, y eso es lo de menos. No puedo dejar la leche en la heladera porque se llena de mosquitas, no le puedo servir yogur a mis hijos y dejarlos desayunando porque cuando vuelvo los vasos están llenos de esos bichos, es desagradable», contó Enrique Yarza (42) a El País, uno de los 33 vecinos que tras años de infructuosas gestiones, decidieron demandar al gobierno departamental.
Condenan a la IMM por desaparición de cuerpos en panteón
Denuncia. Deberá resarcir a los familiares
ANDRÉS LÓPEZ REILLY – El País 23/11/2011
La Intendencia deberá resarcir a la familia del sobreviviente de los Andes Ramón Sabella por la desaparición de unos 20 cuerpos de su panteón. El hecho corrobora la existencia de organizaciones delictivas que vendían sepulcros en miles de dólares.
La Justicia condenó a la Intendencia de Montevideo a indemnizar en cifras que van de los US$ 4.000 a los US$ 1.000 a varios integrantes de la familia de Ramón «Moncho» Sabella, confirmándose así otra de las denuncias formuladas por el ex edil nacionalista Daniel Graffigna, por venta ilegal de nichos y panteones en cementerios municipales: en total US$ 16.000.
El reclamo se inició en 2005 por la vía administrativa, cuando los restos del padre, madre, hermana y abuelos de Sabella -entre otros familiares- fueron retirados del panteón N° 61 del Cementerio Central (foto) por deudas acumuladas y llevados al Cementerio del Norte.
El sepulcro pasó a manos de una mujer que luego alegó encontrarse en estado de extrema pobreza, por lo que lo puso a remate. Sin embargo, la familia Sabella pudo impedir la subasta y la Intendencia habilitó la restitución de los cuerpos, aunque sólo nueve regresaron, de aproximadamente 30.Incluso existen dudas sobre la relación de estos restos recuperados con la familia Sabella.
Este nuevo fallo de la Justicia se suma a los tres procesamientos con prisión de ex jerarcas municipales que fueron hallados culpables de delitos similares por el Juzgado del Crimen Organizado, a cargo del doctor Jorge Díaz. Confirmaría, además, la existencia de más de una organización dedicada a la venta de sepulcros con títulos falsificados, con responsabilidad en la desaparición de innumerables restos humanos.
LA MANIOBRA. «La mujer que se hizo propietaria del panteón reconoció en el juicio civil que le habían dado dinero para que figurara como titular del bien de la familia Sabella, siendo una persona carente de recursos. Ahí acusó directamente a un escribano y a otra persona de haber intercedido», explicó a El País el exedil Graffigna.
«Lo que también denuncié ante el exintendente Ricardo Ehrlich en el año 2008 es que era llamativo que una mujer pague $ 130.000 al contado y entregue otros US$ 2.000 para saldar la deuda, cuando después le solicita a un juez que le habilite la auxiliatoria de pobreza -lo cual le permitía vender ese panteón- porque ganaba $ 3.000 por mes. Era limpiadora de una heladería y decía que no tenía para comer», añadió Graffigna.
Según un informe caligráfico del perito Carlos Peña Rachetti, la firma de la «nueva propietaria» del panteón, estampada en el documento que la Intendencia tomó como válido para autorizar el cambio de propiedad, era una falsificación.
Según Graffigna, pese a que la maniobra representaba «una incongruencia a todas luces», la Intendencia hizo una investigación en su momento «y concluyó que no existía mérito para radicar ninguna denuncia o para sospechar de la actuación de algún funcionario».
«Luego se encuentra como responsable de haber habilitado el traslado de los restos a un funcionario municipal que trabajaba en el Cementerio Central que, cuando se la vio venir, pidió el cese y se jubiló», apuntó el exedil.
Ramón Sabella dijo ayer a El País que al margen de este fallo de resarcimiento, existe desde hace varios años una acción penal en marcha «contra varias personas, entre ellas muchas de la Intendencia».
«Ahora la estamos desarchivando, pero aunque parezca un chiste, un juez la mandó archivar sin citar a ninguna de las personas acusadas», indicó.
Al menos son «dos bandas»
El exedil denunciante, Daniel Graffigna, aseguró que «por lo menos» había «dos bandas» operando en los cementerios municipales, ya que no existe vinculación entre el caso del panteón de la familia Sabella con los recientes procesamientos de tres ex jerarcas municipales, por delitos similares. Graffigna también dijo que la intendenta Ana Olivera «miente» al decir que no hay funcionarios de su administración investigados por la Justicia.
Intendencia. Busca frenar el vandalismo a urnas y placas
CANELONES | PATRICIA MANGO – diario El País 25/10/2011
Los cementerios de Canelones tendrán un circuito cerrado de cámaras a los efectos de frenar el vandalismo que provoca destrozos en forma permanente. En una primera etapa se colocarán 16 cámaras en las necrópolis de Pando y Las Piedras.
La idea es continuar con los de La Paz y Canelones y así sucesivamente en los 16 cementerios canarios. Los resultados de la licitación se darán a conocer en menos de 10 días y se espera implementar la primera etapa del sistema antes de fin de año.
El plan tiene su génesis en un objetivo que se elaboraba desde el año 2007, dijo a El País el director del área Luis Pimienta. Y surgió «por los hechos vandálicos, muchos de ellos de público conocimiento», agregó.
Se manejaba la idea de implementar un sistema que minimizara al máximo el ingreso de personas que no van con fines adecuados. Y también con la identificación de los responsables de todas las cosas que venían sucediendo a nivel de los bienes materiales que se destrozan de forma frecuente.
En una primera etapa el plan se aplicará en La Piedras y Pando por el volumen de población y de servicios que allí se prestan y porque son los cementerios con mayor cantidad de hechos vandálicos registrados. Se colocarán 16 cámaras de alta definición en lugares pensados estratégicamente. El objetivo es que todos los rincones del cementerio estén monitoreados las 24 horas.
Admitió que el costo «no es pequeño» pero argumentó que «los beneficios pueden ser muchos». No solo para la preservación de las propiedades funerarias y los elementos dentro y fuera de ellas sino «porque somos custodios de los restos que están en nuestras necrópolis».
El jerarca agregó que en los últimos años los cementerios se han «visto atacados por individuos de enorme carácter antisocial que es difícil de comprender, porque no solo lo hacen para robar sino para hacer daño». Con las cámaras se verá lo que se hizo y quién o quiénes son los responsables.
La Intendencia decidió hacer un llamado a licitación para colocar las cámaras cuyos resultados se conocerán antes de finalizar octubre, anunció Pimienta. El objetivo es llegar antes de fin de año a la primera etapa de colocación.
Devastación de placas, daños de la propiedad funeraria en necrópolis
CANELONES | En los últimos siete meses, en los cementerios de la ciudad de Canelones se han registrado sistemáticamente devastación en placas.
Hubo robos en «enormes cantidades» y daños sobre una propiedad funeraria. En la necrópolis de La Paz el martes pasado ingresaron vándalos que rompieron lápidas, robaron flores y las diseminaron en el cementerio israelita lindero al municipal.
En Pando «hemos tenido propiedades funerarias con puertas violentadas a los efectos de sacar bronce y mármol». El jueves, cuando Pimienta habló con El País volvía de Los Cerrillos. Es un cementerio caracterizado por su tranquilidad, que fue objeto ese día de vándalos que entraron y destrozaron floreros y destaparon urnas. «Las cámaras estarán las 24 horas del día y captarán en tiempo real a particulares que ejerzan acciones contra la propiedad de los contribuyentes», advirtió.
Partida de $ 690 por «trabajo penoso» (unos US$ 34.50)
Canelones: dinero irá para empleados de cementerios
CANELONES | PATRICIA MANGO – El País 24/09/2011
La Intendencia de Canelones consagró el «trabajo penoso» para 90 funcionarios que trabajan en cementerios. Por eso, la comuna deriva partidas de $ 690, que surgen de un fondo creado con lo que correspondería a aumentos de sueldos de cargos de confianza.
Además de considerarse que es una tarea «especial» se redujo el horario de necrópolis a seis horas y se procura evitar el trabajo en solitario y así el desaliento a eventuales afecciones sicológicas o emocionales.
La función dentro de los cementerios «tiene características de carácter penoso», explicó el director de Administración Javier Rodríguez Marenco. Por eso, el convenio celebrado con Adeom a fines de 2010 consagró una partida de $ 690 para cada uno de los 90 que hacen inhumaciones y reducciones que se denominan «prácticos de cementerios».
La partida se había dirigido solamente a los funcionarios que reajustaban su salario por IPC. Pero se sumó a los prácticos en el entendido de que realizan una tarea «especial».
Los fondos surgen de una «bolsa» de dinero que correspondería a aumentos de jerarcas con cargos de confianza. «Congelamos esos aumentos y creamos el fondo», indicó. Se empezó a pagar desde enero y durante 18 meses. Lo que se pretende es que antes de que se terminen los 18 meses la Intendencia «tenga aire como para pagarlo del presupuesto», auguró.
Consultado sobre las consecuencias físicas, emocionales o mentales entre funcionarios del área, Rodríguez dijo que estudios concluyeron que «tienen mayor desgaste sicológico que en otras dependencias».
Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 