Cuotas o Cupos Laborales reservados por Ley, para personas Trans, para Liberados (ex reclusos), para Afrodescendientes, para Obreros no Especializados, para Discapacitados


En el contexto de una sociedad más inclusiva, se han ido aprobando normas que impulsan las acciones afirmativas para incluir grupos de personas en el mercado laboral, en un plano de equidad.

Eso significa que por ejemplo, si una persona que no es Trans (1%), no es Afro (8%), y no es Discapacitado (4%); y quiere ingresar a un empleo en el ámbito público, y hay por ejemplo 100 vacantes; esa persona deberá competir por un lugar para 87 vacantes; porque 13 de las mismas, ya están reservadas. Esa es la equidad de oportunidades; que no es igualdad.

Con respecto a las cuotas femeninas en el ámbito laboral, no existe nada en nuestro país parecido a lo que en Alemania y en otros países europeos, se conoce como “Cuota Rosa”; esa porción de cuota femenina en Alemania significó la exigencia de que el 30% de los miembros de los consejos de dirección o vigilancia de un centenar de empresas que cotizaban en bolsa, debían ser mujeres, y previendo que la misma llegara en el año 2018 al 50%.

El cuadro siguiente, muestra la realidad que tenemos en nuestro país con respecto a los Cupos Laborales y no incluye, la Ley de Cuotas para la participación de la mujer en política, que también es un trabajo pero no será considerado en este informe.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, casi todas las obligaciones de reservar un determinado porcentaje de ocupación están dentro del ámbito público, y directamente cupos laborales para el trabajo privado existe sólo para el caso de los discapacitados, e indirectamente se incentiva a la contratación de personas Trans, para el caso de considerar cierto beneficio en proyectos de inversión. También indirectamente afecta a las empresas privadas, cuando se habla de los contratos de Obras Públicas que en su mayoría son realizadas por empresas que actúan en el ámbito privado.

PERSONAS TRANS

La Ley 19.684, en el artículo 4, literal c), define qué se entiende por “persona Trans” (travestis, transexuales y transgénero): “es la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual.”

El artículo 12 de la mencionada ley, se otorga: “Porcentaje de puestos de trabajo a ocupar en el año.- El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal, deben destinar el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos.”

Regirá este derecho hasta el año 2033 (es por 15 años) al igual que el derecho de los Afrodescendientes.

EX RECLUSOS O PERSONAS LIBERADAS / OBREROS NO ESPECIALIZADOS

En el año 2017 solo se habían contratado a tres personas por esta ley, así lo informaba la DINALI (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado).

Después se los volvió a incluir en la ley que trata de darle trabajo en obras públicas, pero sin necesidad de especialización. Sigue vigente igual la Ley 17.897, un exrecluso podría ocupar un puesto para funcionarios u obreros especializados.

La Ley 18.516, en la que se estipulan tres porcentajes, le exige a las empresas privadas que informen cuánto personal no especializado necesitarán y luego por sorteo se adjudicarán esos puestos, con el siguiente orden: un 35% para aquellos que ya están inscriptos en programas de organismos públicos (por ejemplo el MIDES), un 5% para liberados y un 60% que son para aquellos inscriptos en un registro de aspirantes avecindados en el departamento; un “avecindado” es aquél que vive en un radio menor a 100 km de donde ser realizará la obra.

AFRODESCENDIENTES

En el año 2014, el 1% de los ingresos al Estado fueron afrodescendientes y 2/3 de ellos habían ingresado como soldados.

En el artículo 4, de la Ley 19.122, se les otorga ese derecho: “Los Poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal, están obligados a destinar el 8% (ocho por ciento) de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, para ser ocupados por personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, previo llamado público.”

La duración de este derecho tiene un límite de 15 años desde la promulgación de la ley, hasta el año 2028.

¿Quiénes son los beneficiarios?, lo define el artículo 1° del Decreto 144/014: “Beneficiarios: se considerará afrodescendientes a aquellas personas que, al postularse a cualquiera de los beneficios establecidos en la misma, se atribuyan esa calidad en base a su percepción de pertenencia en materia de etnia/raza. Los criterios que aplique el Instituto Nacional de Estadísticas constituirán una guía para tal autodefinición.”

DISCAPACITADOS

¿Qué se considera una discapacidad?, lo define el Artículo 2 de la Ley 18.651: “Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.”

Ámbito Público:

El artículo 49 del Ley 18.651, es el que hace mención al derecho porcentual del cupo laboral: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.”

Es un derecho atemporal; no tiene vencimiento. Hay unos 187 organismos del Estado que tendrían que cumplir con esta cuota.

Por el artículo 53 de la Ley 18.651, las compras estatales darán prioridad en igualdad de condiciones a aquellas empresas que contraten a discapacitados (esta norma era anterior a la que luego exige a los privados también cumplir con una cuota laboral).

Ámbito Privado:

Por Ley 19.691 se estableció un cronograma de cumplimiento para que una vez llegado al plazo máximo que sería a partir del 18/11/2021, todas las empresas con 25 empleados o más, asignen el 4% a discapacitados.

Hay una diferencia entre la exigencia para el ámbito público, ya que los cupos laborales para el Estado, es una exigencia relacionada a las vacantes, en cambio para el privado, es una exigencia en relación a la cantidad del personal permanente (el porcentaje está en relación a la cantidad de personas permanentes no en relación a la cantidad de personas a contratar).

Tanto las personas, como las empresas; deben cumplir formalidades, como inscribirse en registros correspondientes y certificar su discapacidad.

Saludos,

Cr. Darío Abilleira – Montevideo, 8 de marzo del 2020

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