El Proyecto de Ley para solucionar a los Cincuentones, puede costar el equivalente a dos veces el Costo de Reconstrucción por el Terremoto en México


Se dice que el costo para solucionar el problema a un grupo de unas 40 mil personas; que están próximas a jubilarse, conocidos como los Cincuentones, puede llegar a unos 4 mil millones de dólares, y hasta podría llegar a 7 mil millones de dólares si el grupo beneficiado crece a unas 80 mil personas.

¿Esa cantidad de dinero, es mucho o es poco?. Uno pierde las referencias, es tanto dinero que nos perdemos; estamos hablando que el problema de la llamada Caja Militar, tiene una asistencia Financiera de unos 450 millones de dólares por año, este costo; significaría más o menos seguir igual por 10 años más, mientras se quiere arreglar una cosa para más o menos la misma cantidad de gente, aquí se desarregla otra para una misma cantidad. En cuanto a dinero es lo mismo.

Leyendo, se informa que el Costo de Reconstrucción que tendrá que asumir México por el Terremoto que sufrió el mes pasado, – uno de los peores de su historia – rondará los 1.7 millones de dólares. O sea que para el Uruguay, ese Proyecto de Ley, sería como que viviésemos dos veces un Terremoto de esa magnitud. Así visto, es disparatado!!!

Alertan de que la ley de cincuentones duplica cifra inicial de beneficiarios

Octubre 5, 2017 05:00

Según Anafap, alcanzaría a 80.000 personas con un costo mínimo de US$ 4.000 millones

El gobierno no ha dado detalles precisos sobre el impacto que tendrá en las cuentas públicas la medida que plantea para solucionar el problema de los cincuentones, y esa falta de información se refleja en las sesiones de las comisiones parlamentarias de Diputados que estudian la iniciativa de ley.

Lo que sí está claro es que el alcance del articulado es distinto al que utilizó el Banco de Previsión Social (BPS) el año pasado para estimar los costos, y comprende a un universo de trabajadores más amplio que podría cambiarse al régimen de transición y desafiliarse de las AFAP.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), Sebastián Peaguda, indicó que hay entre 70 mil y 80 mil personas dentro de ese colectivo. Este escenario supondría un costo que no bajaría de US$ 4.000 millones en un horizonte de 20 años, según las proyecciones.

Peaguda explicó que el colectivo de personas que podrán optar por salir del sistema mixto se ha ampliado significativamente y no comprende solo a los afectados por la reforma de 1996 (los llamados cincuentones).

«Hay otros colectivos acá adentro a los que les puede llegar a servir hacer un cambio entre un sistema y el otro. (…) Por ejemplo, quien aporta a dos cajas dentro del BPS va a tener una causal con una jubilación en transición muy superior a la que obtendrá en el sistema mixto, que tiene un sistema de reconocimiento diferente, habiendo aportado lo mismo», dijo el martes en las Comisiones de Seguridad Social y Hacienda de Diputados.

En una línea similar, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux, advirtió la semana pasada en el Parlamento que la solución podría tener para el Estado un costo aproximado a los US$ 4.100 millones. Hasta ahora la información del BPS en conocimiento de los legisladores fue un cálculo hecho en 2016, que estimaba un costo máximo de US$ 2.100 millones para 44 mil posibles beneficiarios del nuevo régimen.

El proyecto de ley abarca a todas las personas que tenían 50 años o más al 1º de abril de 2016, quienes podrán elegir si quieren desafiliarse del régimen de AFAP, aportar solo por el BPS y luego cobrar una jubilación única del organismo estatal.

En ese sentido, Davrieux se preguntó qué sucederá con los cuarentones o con la gente que ya tiene 51 años, pero que como nacieron después de abril no están incluidos. Según afirmó, en seis o siete años cuando se aproxime la edad de jubilación van a decir: «¿a aquellos los contemplaron y a nosotros no? (…) Si pasan a este régimen, el costo ya no va a ser US$ 4.000 millones; pueden ser US$ 7.000 millones«, afirmó en la oportunidad.

Davrieux dijo que es importante tratar de cumplir con el compromiso asumido por el presidente Tabaré Vázquez para mejorar la situación de los cincuentones, pero advirtió que «no tiene que ser una solución potencialmente cara, imposible de pagar y que, además, ponga en dificultad la credibilidad financiera del país». 

«En este articulado se empiezan a sumar casos que no son los de los cincuentones que salieron con las pancartas originalmente. Y el problema es que genera un aumento de costos mucho más rápido de lo previsto», afirmó Peaguda.

Por su parte, las últimas proyecciones realizadas por República AFAP muestran que el número de afiliados a esa administradora a los que podría resultarle beneficioso pasarse al régimen de transición aumentó de 30.000 a 44.230 afiliados. Eso tendría un costo neto de US$ 3.000 millones, según informaron sus representantes el martes en el Parlamento. Originalmente, las proyecciones se habían realizado para las personas de entre 51 y 59 años, los cincuentones pero finalmente el proyecto de ley contempló a todos los trabajadores mayores de 50 años al 1º de abril de 2016.

En tanto, el economista Hugo Bai, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, mencionó otras estimaciones realizadas por el BPS, que según dijo manejan aproximadamente a unos 50 mil beneficiarios. Si se diera ese escenario, implicaría un costo anual del proyecto de US$ 54 millones, y recién a partir de 2030 pasaría a ser deficitario. Bai dijo que, aunque el proyecto tiene costo, «no parece sensato afirmar que pueda poner en dificultad la credibilidad financiera del país».

«Para tener una idea de la magnitud del proyecto, a veces conviene compararlo con otras cosas. Por ejemplo, hoy tenemos un déficit en la caja militar que, por lo que ha mencionado el Poder Ejecutivo, ronda los US$ 400 millones al año. Acá estamos hablando de un proyecto que tendría un costo de US$ 54 millones al año y que representa siete veces y medio menos que el costo que hoy tiene pagar las prestaciones de la caja militar», señaló.

También mencionó que cuando se habla del costo global del proyecto «se debería tener en cuenta» el déficit que enfrenta hoy el Banco de Seguros del Estado para pagar las jubilaciones por el régimen de ahorro individual. «Hoy, las jubilaciones que se pagan, las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros del Estado por el régimen AFAP, las paga a pérdida. Entonces, si estos cincuentones perjudicados se jubilaran por el sistema mixto y, por lo tanto, cobraran una renta vitalicia, se estaría pagando a pérdida», dijo.

http://www.elobservador.com.uy/alertan-que-la-ley-cincuentones-duplica-cifra-inicial-beneficiarios-n1127779

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El Gobierno de México estima en 1.700 millones de dólares el gasto en reconstrucción

El presidente Peña Nieto informa de que hay 150.000 casas dañadas en todo el país

LUIS PABLO BEAUREGARD

México 28 SEP 2017

El Gobierno mexicano presentó la tarde de este miércoles los avances en su plan de reconstrucción del país tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión en Los Pinos con todo el gabinete y las autoridades locales de las entidades más afectadas. Los ministros aseguraron que en el país hay 150.000 viviendas dañadas, un número similar al total de inmuebles construidos en 2016.

“Las cifras e imágenes nos han dejado ver la magnitud del desastre”, dijo Peña Nieto. El presidente subrayó que aún se manejan datos preliminares, pues el censo de daños en la Ciudad de México –la única región en la que continúan los rescates de personas– no es definitivo y estará listo en los próximos días. El número de mexicanos afectados por los terremotos de septiembre ronda el cuarto de millón de personas. «Más de 250.000 personas están en situación de pobreza patrimonial… es una población similar a la que habita todo el Estado de Colima», dijo Rosario Robles, ministra de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las entidades más afectadas son Oaxaca con 33.000 viviendas destruidas totalmente; Chiapas, con 16.800; Puebla con 3.319 y Estado de México con 1.700. “Solo en apoyo de recursos para la vivienda la cifra estimada, preliminar, es de 10.000 millones de pesos (550 millones de dólares)”, afirmó el mandatario. Robles dijo que tan solo los escombros retirados de los sitios de derrumbe en Oaxaca llenarían 1.5 veces el Estadio Azteca, el recinto deportivo más grande de México, con capacidad para 80.000 personas.

La ministra de Cultura, María Cristina García, informó de que el patrimonio cultural también ha sido víctima de los siniestros. La secretaria estima que hay 1.500 inmuebles históricos con algún tipo de daño. Entre ellos se encuentran edificios y templos en Juchitán, Oaxaca. Otros once conventos de Morelos y tres más en Puebla, edificios del siglo XVI e inscritos en la lista de patrimonio histórico de la Unesco, necesitan trabajos de rehabilitación. El costo estimado de las reparaciones es de más de 8.000 millones de pesos, 440 millones de dólares.

A esto se suma también el esfuerzo que deberá hacer la Secretaría de Educación Pública para invertir en las escuelas derribadas. Aurelio Nuño, el ministro de Educación, dijo que hay 12.930 escuelas con daños. 577 tendrán que ser reconstruidas totalmente y otras 1.847 se verán sometidas a reconstrucciones parciales. Esto tomará unos 13.000 millones de pesos (716 millones de dólares).

En total, el Gobierno estima que el gasto en apoyos monetarios para la reconstrucción de viviendas, intervenciones de escuelas e inmuebles históricos será de 31.000 millones de pesos (1.700 millones de dólares). José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, afirmó que las finanzas “no han sido obstáculo” para atender la emergencia ni para iniciar la reconstrucción.

Tan solo los escombros retirados de los sitios de derrumbe en Oaxaca llenarían 1.5 veces el Estadio Azteca

Peña Nieto explicó que la próxima semana su Gobierno comenzará a entregar tarjetas a los damnificados en Oaxaca y Chiapas. Quienes reciban estos monederos se harán acreedores al menos a dos depósitos bancarios realizados por la Administración federal. Los Gobiernos locales, sin embargo, podrán auxiliar a su vez a las víctimas con más recursos económicos aportados por fondos de desastres naturales, que contemplan una bolsa de 500 millones de dólares a repartir.

Peña Nieto también se comprometió a que aquellos que se vean obligados a reconstruir sus casas puedan acceder a créditos bancarios preferenciales y a materiales de construcción con precios por debajo de los del mercado. “Espero que el año nuevo nos permita tener un México nuevo, reconstruido y en condiciones de normalidad”, afirmó el presidente de México.

El secretario Meade prometió que esta misma semana podrá consultarse en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una hoja de transparencia en la que se podrán seguir los gastos del erario. «Que no quede un solo peso usado en la reconstrucción sin que se sepa quien ha sido el beneficiario», dijo el ministro.  

La reconstrucción de la Ciudad de México será diferente al de las regiones del sur del país, donde el Gobierno federal apostará a un programa de autoconstrucciones con asistencia técnica. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, esbozó el martes las líneas maestras del programa de ayuda a damnificados del terremoto que ha dejado 198 fallecidos en la capital.

https://elpais.com/internacional/2017/09/27/mexico/1506543763_869471.html

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