Constancias que deben emitir los Bancos, obligatoriamente, por el Artículo 15 del Título 14, a efectos de la Deducción de Pasivos Financieros (promedio). No lo entregan a pesar de la obligación de hacerlo.


No pasa una semana, sin que salga algún artículo, sobre los Bancos, que se quejan de la baja de la rentabilidad, de que hay muchos bancos para una plaza tan chica, de los aranceles de las tarjetas, que instrumentaran trámites vía web, o por cajeros automáticos, pero en cambio no responden a los mails, los cajeros o las máquinas para hacer trámites no funcionan (ni siquiera en la Central de esos Bancos), no tienen hojas, hacer una consulta implica poco menos que arrodillarse para pedirles por favor que se dignen en responder, y no pasa nada; ¿Quién los controla?; en este caso, se trata de una Constancia que por Ley deben emitir, sin que las empresas se los pida, y además debe ser gratis porque es una obligación del Banco; pero no lo hacen, no lo hace ninguno voluntariamente, y algunos hasta lo quieren cobrar (y lo logran, porque tienen el «poder»). Lo que uno se pregunta es: ¿Qué pasa si no lo pido?; no se desprende de la normativa que no pueda igualmente hacer el ajuste correspondiente. Otro tema colgado.

Les comparto el Artículo 15, antes de la Reforma Tributaria, para que vean que no solicitaba esa exigencia, y luego la modificación. Y también les comparto una transcripción de cuando fueron al Parlamento una delegación que representaba a los Bancos, y vean que allí dice claramente que es una responsabilidad de los Bancos; tan es así que solicitaban cambiar el sentido de quien lo solicitaría (que fuese el cliente), pero no lo lograron, pero actúan como que sí. Es el poder de imperio que tienen.

Se podría argumentar: ¿Dice la norma que lo deban entregar gratis?, no lo dice; pero eso no significa que lo tengan que cobrar aparte, quizás puedan incluirlo dentro de sus tarifas de servicios, pero como a las empresas no les cobran casi nada, terminarían recargando (si ya no lo hacen) a las personas físicas.

El punto es que si uno quiere cumplir con la exigencia de realizar un cálculo correcto, nunca se tiene a tiempo esa constancia, aún teniendo un oficial de cuenta que está para atender especialmente a la empresa, y cuando se tiene, hay que comenzar a patalear por el costo (que no son diez pesos).

Hay servicios – por más que sean privados – que deben ser controlados, por el bien público; ¿existe que alguien inspeccione si los cajeros y máquinas disponibles a dar el servicio, funcionan?, todo parecería que está a la suerte de los dioses. No estoy hablando de un pueblito de menos de dos mil habitantes, hablo de sucursales en Ciudad Vieja, en Montevideo, en que uno ingresa a esos recintos, y la mitad de las máquinas no funcionan, no tienen papel, y cuando se va en horario bancario, perdiendo horas de trabajo, estamos minutos u horas por algo que debería ser simple. La otra opción, si el Estado no puede controlar; que quite la norma esa o emita un comunicado que no lo controlarán.

IMPUESTO al PATRIMONIO – antes de la Reforma Tributaria del 2007

Titulo 14 – Artículo 15º.- El patrimonio de las personas jurídicas, de las personas jurídicas del exterior y el afectado a actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, se avaluarán, en lo pertinente, por las normas que rijan para dicho impuesto.

El valor de los inmuebles urbanos y suburbanos, a excepción de los que sirven de asiento a explotaciones industriales o comerciales realizadas directamente por sus propietarios, se computará por el mayor entre el valor real y el determinado conforme a las normas aplicables para la liquidación del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, vigente al cierre del ejercicio.

Los bienes muebles del equipo industrial directamente afectados al ciclo productivo y que se adquieran con posterioridad al 1º de enero de 1988, se computarán por el 50% (cincuenta por ciento) de su valor fiscal.

Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento), del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo.

Sólo se admitirá deducir como pasivo:

  1. A) El promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con los sujetos pasivos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias, a condición de que dichos saldos sean computables para el pago de dicho impuesto. A este último efecto, será prueba suficiente para el deudor, la constancia de tales extremos expedida por el acreedor.
  2. B) Las deudas contraídas con organismos internacionales de crédito que integre el Uruguay y con la Coorporación Nacional para el Desarrollo.
  3. C) Las deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de todo tipo, salvo préstamos, colocaciones, garantías y saldos de precios de importaciones, siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la actividad del deudor. Las deudas a que refiere este literal, cuyo acreedor sea una persona de Derecho Público, no serán deducibles.
  4. D) Las deudas por tributos y prestaciones coactivas a personas públicas no estatales, cuyo plazo para el pago no haya vencido al cierre del ejercicio.
  5. E) Las deudas documentadas en debentures u obligaciones, siempre que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública y que dichos papeles tengan cotización bursátil.

Las limitaciones establecidas en el presente inciso no serán aplicables a los sujetos pasivos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias.

Cuando existan activos en el exterior, activos exentos y bienes de los mencionados en el artículo 22º de este Título, se computará como pasivo el importe de las deudas deducibles que exceda el valor de dichos activos.

El monto equivalente a la cuota parte de la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima de las Empresas Bancarias correspondiente a la inversión en sucursales y en subsidiarias en el exterior, será considerado activo gravado a los efectos del cálculo del pasivo computable. Al monto referido se le deducirá la suma de «Obligaciones Subordinadas» que integra el concepto de Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima.

El patrimonio de las sociedades personales y en comandita por acciones afectado a explotaciones agropecuarias se determinará de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 13º y 9º de este Título.

Fuente: Ley 13.637 de 21 de diciembre de 1967, artículo 51º.

Ley 13.892 de 19 de octubre de 1970, artículo 372º.

Ley 14.100 de 29 de diciembre de 1972, artículo 65º.

Decreto-Ley 14.416 de 28 de agosto de 1975, artículo 346º (Texto parcial).

Ley 15.767 de 13 de setiembre de 1985, artículo 63º.

Ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987, artículo 439º.

Ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990, artículo 645º.

Ley 16.462 de 11 de enero de 1994, artículo 247º.

Ley 16.470 de 29 de marzo de 1994, artículos 1º y 2º.

Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 672º.

IMPUESTO al PATRIMONIO – después de la Reforma Tributaria

Titulo 14 – Artículo 15º.- El patrimonio de las personas jurídicas, de las personas jurídicas del exterior y el afectado a actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), se avaluarán, en lo pertinente, por las normas que rijan para dicho impuesto.

El valor de los inmuebles urbanos y suburbanos, a excepción de los que sirven de asiento a explotaciones industriales o comerciales realizadas directamente por sus propietarios, se computará por el mayor entre el valor real y el determinado conforme a las normas aplicables para la liquidación del IRAE, vigente al cierre del ejercicio.

Los bienes muebles del equipo industrial directamente afectados al ciclo productivo y que se adquieran con posterioridad al 1º de enero de 1988, se computarán por el 50% (cincuenta por ciento) de su valor fiscal.

Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo.

Sólo se admitirá deducir como pasivo:

A) El promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con:

  1. Los Bancos públicos y privados.
  2. Las Casas Financieras.
  3. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.
  4. Las empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin.
  5. Los fondos de inversión cerrados de crédito.
  6. Los fideicomisos, con excepción de los de garantía.

Las entidades acreedoras mencionadas en el inciso anterior deberán entregar al deudor anualmente una constancia de los referidos saldos, dentro de los 90 días de la fecha de determinación del patrimonio.

B) Las deudas contraídas con Estados, con organismos internacionales de crédito que integre el Uruguay, con la Corporación Nacional para el Desarrollo y con instituciones financieras estatales del exterior para la financiación a largo plazo de proyectos productivos.

C) Las deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de todo tipo, salvo préstamos, colocaciones, garantías y saldos de precios de importaciones, siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la actividad del deudor.

Las deudas a que refiere este literal, cuyo acreedor sea una persona de Derecho Público no contribuyente de este impuesto, no serán deducibles.

D) Las deudas por tributos y prestaciones coactivas a personas públicas no estatales, cuyo plazo para el pago no haya vencido al cierre del ejercicio.

E) Las deudas documentadas en debentures u obligaciones, siempre que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública y que dichos papeles tengan cotización bursátil. Las deudas emitidas a partir de la vigencia de esta ley documentadas en obligaciones, debentures y otros títulos de deuda, siempre que en su emisión se verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

  1. Que tal emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y generalidad.
  2. Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil.
  3. Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de la emisión, una vez contempladas las preferencias admitidas por la reglamentación, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes efectuadas.

Asimismo serán deducibles las deudas documentadas en los instrumentos a que refiere el presente literal, siempre que sean nominativos y que sus tenedores sean organismos estatales o fondos de ahorro previsional (Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996).

Las limitaciones establecidas en el presente inciso no serán aplicables a los sujetos pasivos referidos en el literal C) del artículo 45, del Texto Ordenado 1996.

Cuando existan activos en el exterior, activos exentos, bienes excluidos y bienes no computables de cualquier origen y naturaleza, se computará como pasivo el importe de las deudas deducibles que exceda el valor de dichos activos.

El monto equivalente a la cuota parte de la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima de las Empresas Bancarias correspondiente a la inversión en sucursales y en subsidiarias en el exterior, será considerado activo gravado a los efectos del cálculo del pasivo computable. Al monto referido se le deducirá la suma de ‘Obligaciones Subordinadas que integra el concepto de Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima.

El patrimonio de las empresas unipersonales y el de las sociedades personales, afectado a explotaciones agropecuarias, y el de quienes hayan optado por liquidar el IRAE de acuerdo a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 5º del Título 4, de este Texto Ordenado, se determinará de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9º y 13 de este Título.

Fuente: Ley 13.637 de 21 de diciembre de 1967, artículo 51º.

Ley 13.892 de 19 de octubre de 1970, artículo 372º.

Ley 14.100 de 29 de diciembre de 1972, artículo 65º.

Decreto-Ley 14.416 de 28 de agosto de 1975, artículo 346º (Texto parcial).

Ley 15.767 de 13 de setiembre de 1985, artículo 63º.

Ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987, artículo 439º.

Ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990, artículo 645º.

Ley 16.462 de 11 de enero de 1994, artículo 247º.

Ley 16.470 de 29 de marzo de 1994, artículos 1º y 2º.

Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, artículo 672º.

Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006, artículo 43º. (D.Of.: 18.01.007).

Nota: Este artículo fue sustituido por Ley Nº 18.083 de 27.12.006, art.43º.Nuevo sistema Tributario. (D. Of.: 18.01.007). Vigencia: Ejercicios iniciados a partir del 01.07.007 para los sujetos mencionados en el art. 3, del Título 4, TO 96, en la redacción dada por esta ley.

Versión taquigráfica de la sesión del día 28 de noviembre de 2006. Invitado: Por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, economista Julio De Brum.

SEÑOR DE BRUN.- Estarían pagando, al igual que cualquier otra empresa, sobre las  utilidades generadas, sin diferenciar que fueran distribuidas o no, un impuesto del 30%. 

Ahora, al igual que otras empresas que no hicieron aporte de capital, podrían haber pagado el 25%, pero van a abonar el 32%, porque hicieron aporte de capital y ahora están legítimamente en condiciones de poder distribuir utilidades, porque el volumen de capital que hoy tienen les permite hacerlo sin riesgo para la propia solidez de la institución bancaria y porque ese es el flujo normal de sus operaciones. En el caso de Argentina, tras la crisis, su Banco Central admitió mecanismos de contabilidad creativa por los cuales los Bancos no tuvieron que reflejar las crisis y las difirieron en el tiempo. Por lo tanto, los Bancos no tuvieron que hacer aporte de capital y hoy lo están reponiendo vía utilidades retenidas. Si esa fuera la conducta que se hubiera seguido, hoy tendríamos un mejor tratamiento tributario que el que se propone aplicar.

                La idea es que se tenga en consideración a quienes aportaron capital de riesgo en el momento más negativo de la economía; no es bueno darles un trato discriminatorio negativo por medio de esta ley. Da la impresión de que para quien redactó esto hay sólo dos fuentes de financiamiento de un proyecto de inversión: utilidades retenidas o préstamos, y lo que se trató de beneficiar fiscalmente fueron las utilidades retenidas. Se debe tener en cuenta que hay una tercera forma de financiamiento de la operativa de las empresas, que es el aporte de capital propio. Si se reconoce y se demuestra que efectivamente ha habido aportes de riesgo de capital propio, entonces no se los debe gravar ahora con una tasa diferencial del Impuesto a la Renta por esa situación. 

                Por otro lado, existe un tema operativo, y esta es una queja que últimamente los Bancos planteamos en varias situaciones. Supuestamente, debido a la organización de los Bancos o a su rol de intermediarios, se les pide ser, básicamente, colaboradores de la administración tributaria en la fiscalización y administración de muchos tributos, por supuesto, a costo de las instituciones. Un caso que es menor, pero que va a tener un impacto y eventualmente un riesgo tributario no despreciable para las instituciones bancarias, figura en el artículo 43 del Impuesto al Patrimonio. Cuando allí se establecen las deducciones por deudas admitidas por parte de contribuyentes del Impuesto al Patrimonio, se establece que a los tres meses de cerrado el balance del ejercicio económico del deudor, los acreedores tienen que otorgarle una certificación de los saldos que tiene con la institución acreedora. ¿Qué implica esto? Que los Bancos tienen que hacer un rastreo para saber en qué fecha el deudor cierra el ejercicio económico y así emitir de oficio certificaciones que, en realidad, el deudor no pidió. Los Bancos se las tienen que entregar y, eventualmente, como se trata de una obligación que fue establecida por ley, pueden ser objeto de sanciones por parte de la administración tributaria en función de este procedimiento administrativo. 

Pensamos que lo lógico es que la iniciativa no sea del Banco -para que no tenga que estar fiscalizando en qué momento su deudor cierra el ejercicio económico y emitiendo estos certificados- sino del deudor. Sería conveniente que el deudor solicitara la certificación al Banco y éste la emita en ese momento.

Esto figura al final del literal A) del artículo 43 del Impuesto al Patrimonio. En realidad, si se trata de un acreedor que tiene pocos deudores, no importaría. Pero imaginen un Banco con miles de deudores; en ese caso se tendría que hacer un seguimiento permanente del momento en que cierra ejercicio cada deudor, para contar a partir de allí los tres meses y enviarle una certificación que ni siquiera requirió. De hecho, ese deudor no la va a pedir porque, de oficio, el propio acreedor la debe emitir. Nuestra sugerencia es que esa certificación sea solicitada por el deudor.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿En qué consiste esa certificación?

SEÑOR DE BRUN.- Se trata de una certificación de saldos que declara que, de acuerdo con los libros del Banco, a la fecha la persona debe tanto.

SEÑOR ABREU.- Son miles y miles de certificados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es para las empresas.

SEÑOR DE BRUN.- Es para todos quienes tienen cierre de ejercicio. El Banco, a su vez, no sabe si esa persona, por una razón o por otra, es contribuyente del Impuesto al Patrimonio; se supone que lo es y, por lo tanto, le va a emitir ese tipo de certificaciones. La idea es invertir la carga de la solicitud de modo que  quien está declarando el Impuesto al Patrimonio sea el que solicite la certificación al Banco.

                Para finalizar, tenemos dos puntos para plantear a la Comisión. Uno de ellos es más bien de forma que de fondo y tiene que ver con que en esta reforma tributaria se incluye una tasa de contralor del sistema bancario. Nos llama la atención que, en un proyecto de ley que trata de racionalizar y de simplificar tributos, se incluya una tasa cuyo destino no es Rentas Generales, sino el Banco Central. En el texto original había algunos problemas adicionales, ya que no quedaba muy claro cuál era el monto gravado, pero ahora sabemos que son los activos propios de los Bancos. Sin perjuicio de eso,  nos parece que la introducción de esta tasa debería estar atada a la discusión sobre la independencia del regulador del sistema bancario -y de los de otras actividades del sistema financiero- respecto del Banco Central. No voy a entrar ahora en la discusión sobre si es bueno o no que el supervisor bancario dependa del Banco Central o que esté fuera de él, porque ello se debería debatir en otro ámbito. De todos modos, entre las ventajas de que esté dentro del Banco Central destacamos dos: la coordinación y el costo. En sistemas pequeños como para soportar el costo de un regulador de jerarquía y de tamaño importante, posiblemente sea más eficiente financiar la actividad de regulación con el señoreaje que cobra el Banco Central. Ahora bien; si se va a introducir un costo por la regulación, el argumento para tener a la superintendencia de entidades financieras en general dentro del Banco Central se derrumba y, entonces, convendrá sacarla de allí para lograr los beneficios de la separación de los distintos intereses que pueden tener ambas partes en materia de regulación.

Creo que esta discusión habría que darla junto con la de la Carta Orgánica del Banco Central; si en ésta se decide separar la Superintendencia de Bancos, entonces razonablemente hay que darle el presupuesto correspondiente y, en ese caso, se crearía la tasa. Pero si se considera que es mejor que esté dentro del Banco Central, entonces reduzcamos los costos de la regulación e introduzcámoslo dentro del presupuesto general del Banco Central. Pero tratar este tema junto con la reforma tributaria parece, al menos, fuera de contexto, dada la temática general del proyecto.

En consecuencia, la propuesta sería desglosar esta tasa del proyecto de ley y postergar su consideración hasta tanto se trate la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

                De todas maneras, quiero dejar constancia de que el elemento de mayor incertidumbre -que era cómo se determinaba esta tasa- quedó en parte aclarado en el nuevo texto que tiene el proyecto de ley, aunque sigue sin quedar expresamente establecido que esta recaudación no debería superar el costo que tiene el regulador, por lo que debería incluirse alguna previsión en el sentido de que el Banco Central presente anualmente el presupuesto de la entidad reguladora.

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S200613934494076.HTML

Cr. Darío Abilleira

 

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