Dos Impuestos a los Jubilados Militares; uno (IASS) para contribuir a que el déficit del BPS no sea tan alto y otro para ayudar a bajar el déficit del Estado.


En el día de ayer, jueves 24/11/2016; leía en el diario El País, que el Presidente alertaba que la gente está cansada de los «sabelotodo«; harta!, según el diario; pero no sólo de esa gente, sino de los opinadores, etc. Por otra parte, en Búsqueda del 17/11/2016; leía un artículo que hablaba que en el Uruguay, las decisiones políticas, son «hostiles a los expertos». O sea que por un lado se culpa a los Sabelotodos, pero por otro, no se escucha a nadie. Basta que lean las noticias, ¿Cuándo se toma en cuenta la opinión de alguien?; todo lo que sea elaborado por el Ministerio de Economía, no hay marcha atrás, las modificaciones que se han hecho no es por dar un paso hacia atrás del MEF, sino porque se lo modificaron directamente (ejemplo la modificación de franjas en el IRPF en la Ley de Rendición de Cuentas), pero después se hacen los Consejos de Ministros abiertos, ¿Para qué?; si no se escucha ni en el parlamento las propuestas. Un ejemplo fue que se le pidió en el Proyecto de Ley de aumento de las franjas del IASS que se tuviese algún tipo contemplación, de apertura de franjas, etc. Y se respondió que no, porque no eran Rentas. Pero hace un par de días (escuchen la audición más abajo), el Ministro Astori dijo que este impuesto no era igual al IASS porque el IASS gravaba rentas … ¿No era que no gravaba rentas y por eso se quitó el IRPF a los pasivos?

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Este post es largo, pero es muy interesante no sólo el tema de fondo, sino los efectos colaterales que uno puede ir viendo y algunos comportamientos en la forma de tratar temas importantes para el País. Iré comentando a medida que se me viene a la mente, sin un orden de importancia:

  • Si a Usted le dicen que tal cosa tendrá cierto perjuicio; por ejemplo, en este caso le dicen que la ley tendrá ciertos problemas legales; ¿Qué sería lo lógico, lo normal?; que por lo menos, se citara a Catedráticos, Juristas de prestigio, y si hay que pagar, pagar por sus opiniones, y modificar según sus consejos; pero no seguir hacia adelante, a sabiendas que lo que dice el MEF, no tiene una solidez jurídica como para dar certezas que no tendrá problemas de inconstitucionalidades, etc. Pero aparentemente, no les importa; y si tienen problema, plantean luego cambiar el sistema en lugar de cambiar lo que van a votar.
  • Hace unos días, la Ministra de Industria y Energía, decía que el Estado no tiene que asegurarle una renta a los empresarios, ahora, yo me pregunto: ¿No les asegura utilidades suculentas a los Estudios Jurídicos cuando representan a cientos o a miles para impugnar una ley?; porque el trabajo lo hacen una vez, y lo cobran cientos de veces. En esos casos es que tienen que poner tasas de IRAE más altas, a los negocios que son producto de inventos Estatales, como los POS, los Ticket Alimentación, etc.
  • También llama la atención, la falta de conocimiento que presentan algunos legisladores y gobernantes, un respeto mínimo hacia los que esperamos que nos gobiernen con responsabilidad. ¿Qué sentido tiene decir cosas que luego están mal?, es como si estuviesen hablando para la tribuna, y apostando que los que los escuchan, todos sean ignorantes. Esto es válido para los unos como para los otros, me refiero también a la oposición. Hay un video más abajo, muy interesante, en que la Senadora permanentemente hace una comparación con la Ley de la Caja Policial, una ley de noviembre del 2008 y que hace mención a unos $ 30.000 pesos y un mínimo de $ dos mil y algo, eso está en el Artículo 25, de la Ley 18.405; esos valores después se ajustan, hoy ya no son esos; es como hablar de la Ley de la Reforma del BPS del año 1995, y que mencionaba $ 5000 pesos, hoy ya no son esos valores, y lo peor es que nadie le dijo nada, y ella seguía repitiendo valores de $ 100.000 pesos por ejemplo, que son actuales con valores del año 2008 o 2007 cuando se redactó la norma.
  • Es también muy curioso, leer un poco de historia sobre estos temas. Se habla de que este proyecto es muy similar al de la Caja Bancaria. Si se lee los antecedentes de esa ley, que están en la web del Palacio Legislativo, verán que los cerebros son los mismos, o sea que no hay ninguna innovación; tomaron un molde y lo aplicaron. Es un peligro que sigan reformando aplicando recetas; sino las próximas reformas de Seguridad Social, harán exactamente lo mismo. ¿Qué próximas reformas?, ahhh, si usted se lo está cuestionando es porque no ha leído, yo lo voy a publicar, pero ya está publicado en la web del BPS, hay que leer un informe de abril de este año en que alertan sobre los problemas que tendremos todos. Esto es un juego de niños, realmente es catastrófico lo que están proponiendo.
  • Así como critico lo malo, hay dos cosas que sobresalen en la Versión taquigráfica del 10/11/2016; la primera que me sorprendió fue el razonamiento del Senador Michelini; muy interesante y el otro es del Senador Carlos Camy, muy bueno también.
  • Lo del Senador Michelini, es sorprendente, porque estando del lado del Gobierno, hace un razonamiento que es como una daga a todo lo que quieren hacer. Mire, se lo voy a explicar simplemente. Hoy salió publicado en el diario El País, que el Gerente General de República AFAP, ganaba unos $ 600.000 mil pesos (cosa que seguro está mal porque hay incoherencias, tema que en otra oportunidad lo trataré); pero si se investiga, ese Gerente General está desde la creación de la AFAP, desde el año 1996; hace 20 años que gana más o menos lo mismo. Saque cuentas, multiplique y le dará que esa persona, en un sistema privado pero con accionistas que son instituciones públicas, más o menos ganó unos 4 millones de dólares. Supóngase que ahora se jubila y pasará a ganar lo máximo, pongamos unos $ 42 mil pesos. ¿Se puede decir que es injusto comparar su jubilación con la de un militar?, mientras un general trabajaba 6 meses, él en un mes ganaba lo mismo?; es obvio que el esfuerzo que hizo la sociedad es muy por encima del esfuerzo que se hace para pagar esas jubilaciones. La propia Senadora, con el sueldo que tiene un Senador (basta mirar cuánto es, si quieren se los digo, pero es público, está en la web), dice que ella apenas se jubilará … hay que leerlo, pero hace años que viene ganando por lo menos el doble que lo que gana un General (hablo de Gral por ser el máximo, ni hablar de jerarquías menores, y si ella no se lleva todo ese dinero es por un tema de decisión propia, si se lo quiere donar a su partido, no cambia nada, el esfuerzo de la sociedad es el mismo, es dinero que deja de ir a una Escuela, etc, todos los ejemplos que les gusta poner).
  • La comparación que hace el subsecretario dividiendo la asistencia financiera que hace el Estado al SRPFFAA dividido los pasivos, y lo compara con el BPS, dividiendo el déficit con 600 mil, sabiendo que hay impuestos que van al BPS, que hay aportes encubiertos del Estado por aportes patronales enormes ( 23.5% cuando los patronales empresariales son del 7.5% ), es una trampa a la sociedad. ¿Porqué lo hace?. Mire, para ser llano en el lenguaje. Hay 7 puntos del IVA que van para el BPS, más o menos la tercera parte de lo que paga de IVA, va para el BPS. Supongamos que va a comprarse una televisión, y en la factura le salga un IVA del 15% y otro concepto que diga: Asistencia al BPS del 7%, ¿Qué diría?. El 33% de lo que gasta el Estado va a Seguridad Social, entonces hablar de que el BPS tiene un déficit igual al SRPFFAA es tratar a la población de ignorantes, eso sería válido si nadie leyera nada, si los únicos que tuviesen la información fuesen ellos, pero no es así.
  • Cuando el Subsecretario habla del esfuerzo que hace la Sociedad para pagar las pasividades, y lo compara con otras necesidades; es un insulto realmente. Es como plantearse que la Sociedad hace un esfuerzo para pagar su sueldo, cuando quizás podríamos funcionar sólo con el sueldo del Ministro, ¿Para qué un subsecretario?, ya que tenemos otras prioridades … y hacer eso es menospreciar su función, o sería menospreciar. Lo que hoy cobran los jubilados no es un esfuerzo, es un derecho, que además el Estado se lo asegura, como el derecho del Subsecretario de cobrar su sueldo. Nuevamente tomemos un ejemplo; con el paro de los Estacioneros; se dice que podría intervenir la Justicia por incumplimiento de Contrato; ¿El Estado no tiene obligaciones, o según quién venga cambian esas obligaciones y cambian las visiones?; y eso es lo peligroso que estamos viendo, y de ahí la importancia de este proyecto, con esto se está enviando un mensaje a los futuros jubilados … miren que no tienen nada seguro, y además si aporta, es relativo que después se lo tengamos que pagar, porque hay que ver qué grado de importancia le dará la sociedad, quizás su dinero sea mejor destinarlo a otra cosa, y no a pagarle su jubilación … es el mensaje, cuando se habla de esfuerzo en lugar de una obligación.
  • Hay otro error de concepto, cuando habla de las Tasas de Reemplazo y las edades mínimas, y los promedios. El BPS también tiene un sistema de compensación, de actividades que son insalubres, no todos se jubilan a los 60 años, y además hay excepciones, creadas y propuestas por actuales legisladores y gobernantes, es un error o inducir a un error que una persona tiene que tener 50 años de trabajo para lograr el 82,5%, puede tener 40 años y lograrlo también, casi lo mismo  que los militares que completan toda su carrera.
  • Otro punto interesante, es que se maneja un concepto – que llama la atención – de Mínimo no Imponible y no es así; porque el MNI es cuando no está gravado nunca, y en los ejemplos que pone, si superan unos $ 50.000 pesos, quedan gravados, entonces no es un MNI.
  • Se confirma también, que las tasas no son como las del IRPF, son progresivas pero superado el monto mínimo, grava desde el peso uno.
  • Otro tema, es cuando se refieren a si es Confiscatorio, y entonces se hace un razonamiento que la presión tributaria no llegaría al 50% y que hay que sacar de ese cálculo a las Contribuciones a la Sanidad Militar porque no son impuestos. Bien. Pero si hablamos de Presión Tributaria, los Tributos se componen de 3 especies; que son los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones. Entonces mal puede decir que hay que sacar una Contribución y luego hablar de Presión Tributaria, porque las Contribuciones son parte de la Tributación. 

Los invito a leer, y este tema da para más …

COMISIÓN DE HACIENDA 
Carpetas N° 665/2016 680/2016

Distribuido Nº 1035
10 de noviembre de 2016

IMPUESTO DE ASISTENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL

Modificación de las alícuotas

SERVICIO DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

Creación de una prestación pecuniaria de asistencia

Versión taquigráfica de la sesión del día 10 de noviembre de 2016

-Sin corregir por los oradores- 

ASISTENCIA

Presiden:

Senadora Patricia Ayala, Presidenta de la Comisión Senador Carlos Camy Vicepresidente

Miembros:

Senadora Constanza Moreira, Senadores José Amorín, Andrés Berterreche, Álvaro Delgado, Rubén Martínez Huelmo Rafael Michelini y Julio C. Silveira

   
Invitados Especiales:

Por el Ministerio de Economía y Finanzas: Subsecretario contador Pablo Ferreri, Director de Asesoría Tributaria contador Fernando Serra, Director de Asesoría Macroeconómica economista Andrés Masoller, Asesoras Natalia Acosta, Malena Díaz y Oriana Monti y Asesores Braulio Zelko, Fernando Estevez y Alejandro Zavala

   
Secretaria: Dinorah Amato
   
Prosecretaria: Alicia Hackenbruch
   

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:13).

                –Agradecemos la presencia de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. El tema que nos convoca es la creación de una prestación pecuniaria de asistencia al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Es un placer para nosotros estar aquí.

                Antes de entrar en el tema de hoy, quiero hacer un comentario previo que refiere a una contestación que estaba pendiente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a las modificaciones al IASS propuestas en la rendición de cuentas que luego fueron desglosadas.

El ministerio entiende que la solución correcta y más adecuada para este impuesto es la que fue enviada oportunamente y que está reflejada ahora en los artículos que se están tratando. Entendemos que, por el diseño recaudatorio que se pensó y otras cuestiones que hacen al diseño del impuesto, no sería conveniente llevar adelante las modificaciones planteadas, máxime teniendo en cuenta que el IASS y el IRPF son impuestos distintos.

Una de las cuestiones que se planteaban era que estábamos frente a impuestos iguales y entendemos que no es así; de hecho, fueron enviados al Parlamento en momentos distintos. En un primer momento se entendió que el IRPF a las pasividades era inconstitucional y hubo alguna sentencia al respecto en la Suprema Corte de Justicia.

Por lo tanto, entendemos que ese argumento de simetría total no es de recibo. La posición del ministerio, del Poder Ejecutivo es que sea votado en la forma en que fue enviado y ahora está en discusión parlamentaria.

                Hecho este comentario –queríamos expresar nuestra opinión–, quisiéramos comenzar con lo que tiene que ver con los fundamentos y el contexto en el que fue diseñada y enviada al Parlamento esta propuesta de prestación pecuniaria de asistencia al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

                Trajimos una presentación para llevar el hilo conductor de la argumentación de manera más gráfica. Los puntos que quisiéramos tratar son los siguientes.

                En primer lugar, vamos a referirnos a cuestiones de contexto que tienen que ver con la inserción de esta propuesta dentro de las medidas de consolidación fiscal que fueron oportunamente presentadas en la rendición de cuentas.

                En segundo término, queremos hacer un breve repaso de la situación financiera del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, cuestión que obviamente motiva este proyecto de ley.

Luego sí pasaríamos directamente a cuestiones del proyecto de ley propiamente dicho, que tienen que ver con sus lineamientos generales, las escalas, las tasas y los resultados esperados de su aplicación.

                Comenzamos con el contexto, la propuesta de ayuda para financiar el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas está inserta en el paquete de medidas de consolidación fiscal que tienden a reducir el resultado fiscal que, tal como vemos en la gráfica, se ha deteriorado en los últimos años.

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                Con respecto al paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, vemos que en la rendición de cuentas hubo algunas vinculadas a los ingresos y a los gastos. Simplemente para repasar puedo decir que hubo medidas que tenían que ver con el IRPF, Categoría I, rentas de capital, que afectaban a la distribución de utilidades; Categoría II del IRPF, rentas de trabajo; el IASS; la rebaja de dos puntos del IVA y algunas medidas vinculadas al IRAE.

                Por el lado de los gastos se plantearon medidas tendientes a reducir las erogaciones del Gobierno central y de las empresas públicas; algunas habían sido propuestas en la rendición de cuentas y otras se están realizando de manera paralela como, por ejemplo, lo relativo a los gastos de las empresas públicas que están sometidas a compromisos con el Poder Ejecutivo y que han hecho que sus gastos operativos estén actualmente en una trayectoria descendente como fruto de esas medidas.        

Otra de las medidas que se había planteado con respecto a los gastos tenía que ver con la reducción de las transferencias para financiar el déficit de la Caja Militar. En este contexto se inserta esta propuesta de prestación coactiva para financiar el déficit de la Caja Militar.

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                Veamos ahora algunas cuestiones que me parecen muy relevantes para poder explicar cuál ha sido el fundamento para atender esta situación que requiere –como veremos– medidas de corto plazo –como la que se tratará en el día de hoy–, pero también, y fundamentalmente, medidas de mediano y largo plazo para volver sustentable este sistema de retiros y pensiones.

                Ahora vemos en la pantalla lo que ha sido la evolución de la transferencia total al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en los últimos diez años. La gráfica indica que, en términos reales, la transferencia se duplicó, es decir que, una vez descontado el efecto inflacionario, la transferencia actual es el doble de lo que era hace diez años. ¡El doble!

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Vamos a ver cómo ha ido cambiando esa situación. En verde oscuro se graficó la asistencia financiera de Rentas Generales y en verde claro tenemos los desembolsos vinculados a pasividades pagados directamente por Rentas Generales. Con el paso del tiempo, las pensiones pagadas directamente por Rentas Generales fueron disminuyendo en su peso relativo, mientras que las transferencias de Rentas Generales al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas fueron aumentando.

                Como decíamos, hubo un incremento del doble en términos reales, lo que hizo que en el año 2015 se transfirieran $ 12.869:000.000, es decir, aproximadamente USD 400:000.000. Esa es la transferencia total al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas a valores del año 2015.

                Sin duda, este es un número elevado en términos absolutos. Estamos hablando de USD 400:000.000. Pero vale la pena verlo también en términos relativos, es decir, comparado con otros esfuerzos que hace el Estado, la sociedad uruguaya, con otros sectores que también son de interés.

En ese sentido, tenemos un estudio de cómo fueron creciendo las transferencias al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en los años 2013 a 2015 y lo comparamos con otros sectores.

En la gráfica izquierda se ve el incremento real del gasto presupuestal entre 2013 y 2015 de la ANEP, la UdelaR, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Judicial, ASSE y las transferencias al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Como vemos allí, en términos reales entre 2013 y 2015, la asistencia creció un 2,8 % para la ANEP, un 5,3 % para la UdelaR, un 6,3 % para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un 6,6 % para el Poder Judicial, un 8 % para ASSE y un 11,4 % para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Es un incremento que cuadruplica el de la ANEP y  duplica el de la UdelaR o el del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

                En términos relativos, este es el esfuerzo que la sociedad ha tenido que hacer en estos últimos años por la evolución del déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

                Ya lo vimos en términos absolutos y comparativos con otros sectores primordiales para la sociedad. Veamos ahora cómo ha evolucionado esto en términos del PIB, que es lo que tenemos en la gráfica de la derecha. En el año 2004, las transferencias representan un 0,7 % del PIB y en el año 2015 representan un 0,9 %, pero de un PIB que pasó de USD 15.000:000.000 a  USD 50.000:000.000.

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                Queda claro que, en términos absolutos, si se compara con el esfuerzo que se hace con otros sectores de actividad y por su peso relativo en términos fiscales, estamos ante un problema muy importante de déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que tiene que ver con su evolución.

La evolución del déficit, obviamente, está relacionada con los ingresos y los egresos del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Veamos esta evolución en las últimas décadas. La gráfica azul representa los ingresos del servicio de retiros y la gráfica verde representa los egresos. Vemos que los ingresos se encuentran prácticamente estancados y observamos un aumento de los egresos. Obviamente, esta trayectoria implica un déficit que, como vimos, es realmente muy importante.

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Sin embargo, lo más relevante, además del déficit actual, es la evolución y la trayectoria esperada. En las condiciones de retiro actuales, este déficit solamente puede empeorar y más adelante veremos cuáles son las causas de que esto ocurra. La diferencia entre ingresos y egresos –o sea, el aumento del déficit– es la siguiente. Para el año 2015, los ingresos por contribuciones fueron de USD 70:000.000, mientras que los egresos ascendieron a USD 470:000.000. Eso da el déficit de USD 400:000.000 al que hacíamos referencia anteriormente.

Pero no solo tenemos un problema de déficit absoluto de la caja –en términos generales estamos hablando de USD 400:000.000–, sino que también hay causas estructurales. Es importante ver cómo ha ido variando el peso del pasivo para el Estado y la sociedad dentro de la Caja Militar en comparación con las otras cajas de pensiones que tiene el Uruguay. Esto es lo que vemos en la siguiente gráfica.

                La transferencia desde Rentas Generales por pasivo en el caso de la Caja Militar es creciente y es mucho mayor que en otros regímenes. Las distintas gráficas muestran las transferencias por pasivo en cada caja. La que está más abajo, en violeta, es la transferencia por pasivo desde Rentas Generales para la caja bancaria. Esto tiene un costo anual –estamos hablando de valores del 2015– de aproximadamente USD 700. La que sigue en color verde es la transferencia anual en promedio por pasivo del BPS y estamos hablando de aproximadamente USD 1.600 anuales. La que sigue en rojo es la transferencia anual de alrededor de USD 3.500 promedio por pasivo para la caja policial. Por lo tanto, para la caja bancaria es de USD 700; para el BPS, de USD 1.600 y  para la caja policial, de USD 3.500. ¿Cuál es el monto para la Caja Militar? Es de USD 8.100. Con la estructura actual la evolución solamente puede empeorar.

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Veamos el porcentaje de financiamiento de las pasividades con recursos propios: la tendencia es claramente a la baja. En el lado izquierdo de la lámina tenemos la evolución del financiamiento con recursos propios del Banco de Previsión Social y vemos que en los últimos años ese monto –más allá de que en el último año haya tenido un pequeño descenso– mostró una tendencia creciente, es decir que pasamos de tener en el año 2005 un financiamiento del 60 % con recursos propios a algo menos del 70 % en la actualidad.

                En el caso de la Caja Militar, como ya dijimos, pasamos de tener un financiamiento con recursos propios de algo más del 20 % en el año 2004 a menos del 15 % en el 2015.

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                Repito: es importante ver la explicación del aumento del déficit y  cuáles son los factores que lo afectan. Lo interesante es que estamos ante una explicación multicausal. Un argumento que es correcto utilizar –aunque las verdades a medias terminan no siendo verdades– es que parte de la explicación está dada por el aumento del número de pasivos y la disminución del número de activos. Pero eso solo explica una parte del crecimiento del déficit. En primer lugar, en la gráfica izquierda de la lámina está representada la evolución de activos y pasivos de la Caja Militar. La línea verde, que se mantiene con una pequeña tendencia a la baja pero con cierta estabilidad, representa el número de activos. La línea azul, que tiene una tendencia creciente, es el número de pasivos que crece. Obviamente, el cociente entre activos y pasivos va decreciendo porque aumenta el número de pasivos y disminuye el de activos. Este es uno de los factores que explican el déficit de la Caja Militar, pero no es el único, ya que, como ya dijimos, estamos ante una explicación multicausal.

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En el lado derecho de la lámina hay otra gráfica que explica el crecimiento de la prestación promedio en la última década y vemos que supera lo registrado en el BPS. Se puede observar una gráfica de barras en colores rojo y azul. Las barras rojas implican la prestación promedio del BPS; las azules significan las prestaciones promedio de la Caja Militar. Como vemos estamos ante números muy diferentes. La prestación promedio de la Caja Militar prácticamente duplica la prestación promedio del BPS.

                Además, en los últimos años esa evolución fue superior a la del promedio del BPS. Como vemos en la gráfica, la prestación promedio del BPS creció en el entorno del 57 % o 58 % y la de la Caja Militar, un 66 %. Por lo tanto, no solo casi duplica el monto, sino que crece a una tasa superior.

                Por un lado, tenemos el deterioro de la relación activo-pasivo y, por otro, un crecimiento superior de la pasividad promedio con respecto a la pasividad promedio del BPS. Esto se explica, además, cuando vemos los números de las pasividades promedio con algo más de detalle. Sobre el lado izquierdo de la gráfica tenemos lo que son los haberes de retiro promedio de la Caja Militar con respecto al BPS y aquí tomamos –para tener una muestra bien concreta– lo que son los valores para el año 2015. Estas son las pasividades que se produjeron en la Caja Militar en el año 2015 versus las que se produjeron en el BPS en el mismo año.

                Las gráficas azules representan los retiros voluntarios y las verdes, los retiros obligatorios. Allí dividimos entre subalternos, oficiales y jefes, y oficiales superiores. Vemos dos líneas rojas transversales que indican el promedio de la pasividad del BPS –la que está más abajo– y el tope –la que está más arriba– de la pasividad del BPS. ¿Cómo se entiende o se lee esta gráfica? Las gráficas verdes y azules, en todos los casos –para subalternos, oficiales y jefes, y oficiales superiores– superan el promedio de la pasividad del BPS. Es decir, los subalternos que se retiran de manera voluntaria –y que de toda esa escala son los que tienen las pasividades menores– superan el promedio del BPS. También vemos que lo superan los subalternos que se retiran con retiro obligatorio por edad y, obviamente, los demás superan ese promedio de la pasividad del BPS por una diferencia muy grande.

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                Además, observamos que los oficiales y jefes, y los oficiales superiores, tanto los que se retiran de manera voluntaria como los que lo hacen obligatoriamente, superan el tope del BPS. Las jubilaciones de la Caja Militar superan el tope del BPS y, además, no hay tope en este caso.

                No solo tenemos un problema de monto de las pasividades, sino que superan siempre el promedio del BPS. En el caso de excluir al personal subalterno, superan siempre el tope de las jubilaciones del BPS.

Vale la pena ver también otro problema de la explicación multicausal que tiene que ver con la edad de retiro promedio de la Caja Militar. En el lado derecho de la lámina vemos un cuadro que muestra los datos con la misma discriminación –es decir, subalternos, oficiales y jefes, y oficiales superiores– y al final indica la edad promedio de retiro, tanto para el que se va en forma voluntaria como para el que se retira obligatoriamente por su edad.

Observamos que los subalternos, en promedio, se retiran voluntariamente a los 44 años; los oficiales y jefes, a los 49 años y los oficiales superiores, a los 53 años. El promedio ponderado general del retiro voluntario es a los 47 años. El retiro obligatorio por edad, en promedio –en la lámina están los valores por cada grupo– es de 51 años. Estos son los valores de todas las pasividades que se produjeron en el año 2015: 47 años para el retiro voluntario y 51 años para el retiro obligatorio por edad. La edad de retiro promedio actual en las Fuerzas Armadas, si juntamos los voluntarios con los obligatorios, es de 49 años.

                Entonces, hablábamos del deterioro de la relación activo-pasivo, de la evolución de cada pasividad, de cómo evoluciona en promedio con el BPS, de cuál es la estructura de las edades de retiro, pero hay otros problemas que tienen que ver con las tasas de reemplazo efectivas, que no son actuarialmente sostenibles. Podemos observar cómo es remplazado el último salario en actividad de cada militar con una pasividad, es decir, cómo se transforma ese salario en pasividad. La tasa de reemplazo es con qué valor, en comparación con ese salario, se retira.

                En pantalla tenemos una tabla que muestra, en la primera columna, las denominaciones de grados del escalafón; en la segunda, las remuneraciones nominales en actividad –que se denominan remuneraciones nominales de combatientes– y después figuran los retiros promedio. Dentro de este ítem hay dos columnas: una sin comparativa y otra con comparativa.  Este es otro de los problemas que tiene el esquema de retiros de las Fuerzas Armadas porque en algunos casos se retiran con el salario correspondiente a un determinado grado –eso es sin comparativa– y en otros se  contrasta el escalafón que le compete a ese retirado con la pasividad mayor que tienen dentro de ese mismo grado. No se retiran con el más bajo ni con el promedio de ese grado, sino que se comparan con el más alto y siempre van hacia este último, llevando el promedio siempre para arriba. Tenemos, por un lado, la remuneración nominal en actividad; por otro, lo que es el retiro promedio, sin comparativa y con comparativa; y luego vemos las tasas de reemplazo efectivas.

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Vamos a poner un caso. Si tomamos el grado de coronel, que es el segundo que figura en la primera columna, tiene una remuneración nominal de $ 98.807 en actividad. Si se retira sin comparativa pasará a tener una pasividad de $ 85.976, pero si lo hace con comparativa, su pasividad será de $ 124.891; esto da una tasa de reemplazo, sin comparativa, del 87 % y, con comparativa, del 126 %.  En la tabla los senadores podrán observar lo que ocurre con todos los escalafones. Vemos que cuando estamos hablando de retiros con comparativa las tasas de reemplazo siempre superan –y en muchos casos hasta duplican– la tasa de reemplazo con respecto a lo que es el sueldo en actividad.

La tasa de reemplazo llega al 126 % para los coroneles, al 135 % para los capitanes, al 140 % para los tenientes coroneles y al 154 % para los mayores. En lo que respecta al personal subalterno, esas tasas son aún mayores; llega al 181 % para el suboficial mayor, 200 % para el sargento de primera y 209 % para el sargento de segunda.

Estos números, de por sí, llaman la atención y vuelven insostenibles las tasas de reemplazo efectivas en términos actuariales, pero vale la pena compararlas con las tasas de reemplazo del sistema general, es decir, las del Banco de Previsión Social.  La tasa de reemplazo mínima del BPS, con 60 años de edad y 30 años de servicio, es del 45 % y la tasa máxima, con 70 años de edad y 50 de servicio, es del 82,5 %.  Quiere decir que alguien que se jubila por el BPS, con 50 años de trabajo y teniendo 70 años de edad, podrá llegar como máximo a una tasa de reemplazo, reitero, del 82,5 %. En el caso de los militares tenemos tasas de reemplazo que superan el 200 % y recordemos que el promedio de edad de jubilación es de 49 años.

                A modo de síntesis, el déficit creciente del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es multicausal, como decíamos anteriormente. Tiene una relación activo-pasivo que se ha ido deteriorando, edades de retiro tempranas, una forma de cálculo del haber básico de retiro que contribuye a aumentar ese déficit –esto tiene que ver con las tasas de reemplazo, con leyes comparativas que hacen que asciendan al grado inmediato superior cuando se retiran– y con la ausencia de un tope jubilatorio. Además, tiene otros problemas. Como es un régimen de servicios bonificados demasiado extendido, los años de servicio no se computan linealmente, sino que se incrementan en dicho régimen y, además, el cómputo de servicios comienza desde que el personal está en el servicio militar. Es decir, estamos ante una situación multicausal y todos los factores van en la misma dirección, o sea, en aumentar ese déficit. Por tanto, se deben tomar medidas con efecto en el mediano y largo plazo, pero también en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, debemos asegurar la sostenibilidad financiera de forma consistente con las posibilidades fiscales del país y siguiendo criterios similares al resto de las reformas de la seguridad social. El Poder Ejecutivo está trabajando para enviar un proyecto de reforma de la Caja Militar, pero no es el primer caso en que se lo hace. Por ejemplo, ya se hizo en el régimen general, con la caja bancaria, la caja policial o la de los profesionales. Es decir, estamos frente a un caso más que debe ser atendido como ya lo fueron otros en el país para hacerlos sostenibles o sustentables. Obviamente, esta reforma tiene que considerar algunas particularidades de la función militar.

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                Entonces, estas son medidas de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo lo que se pretende hacer es reducir en un 10 % la transferencia que, como veíamos, fue de USD 400:000.000, lo cual se ha duplicado en términos reales en la última década. En consecuencia, se pretende reducirla en el corto plazo solamente en un 10 % a través de esta prestación pecuniaria a cargo de retirados y pensionistas cubiertos por este servicio. Y, además, esta prestación pecuniaria se pretende que sea similar o análoga a la solución existente con la prestación pecuniaria para los retirados de la caja bancaria. Es decir, estamos frente a un caso bastante similar.

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                Como decíamos, en el corto plazo se pretende reducir en un 10 % la transferencia, con una recaudación estimada de USD 40:000.000. A su vez, esto aumentará las fuentes de financiamiento genuino del servicio de retiros y pensiones. La norma presentada prevé la afectación directa de lo recaudado al servicio de retiros que hoy solamente tiene ingresos por los montepíos; o sea, un 13 % por el montepío personal y un 15% por el montepío patronal.     

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                Luego de esta introducción del contexto del paquete de consolidación fiscal y de la situación estructural de la Caja Militar, del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, pasamos a los aspectos más concretos del proyecto de ley. En primer lugar, vamos a ver algunos lineamientos generales, los cuales tienen que ver con respetar los principios tributarios vigentes desde el año 2007. Es decir, no gravar a todos los pasivos militares por igual, sino que hay que atender su capacidad contributiva. Por eso hay escalas definidas por tramos de ingresos, con tasas progresivas, aunque no progresionales y se fija un monto mínimo no gravado. A su vez, se reflejan los cambios tributarios aprobados en la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con el IRPF o lo presentado en el caso del IASS. O sea, se gravan los ingresos a partir de $ 50.100 mensuales; el mismo nivel que se utilizó para modificar las tasas del IRPF o del IASS.

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Esto busca focalizar claramente la recaudación en los ingresos más altos, en aquellos pasivos militares de ingresos más altos. Por ello es que se diseñó la siguiente escala y tasas.  La escala presentada tiene once tramos, los cuales se van dividiendo en función de la cantidad de bases de prestaciones y contribuciones que representa la pasividad. Los montos mensuales incorporan la doceava parte correspondiente al aguinaldo que perciben los pasivos militares. Ahí vemos las diferentes franjas. La primera de ellas va de 0 a 15 BPC, es decir, de 0 a $ 50.100 nominales. Allí la tasa es de 0 %. Y luego, en las distintas franjas, en función de la cantidad de BPC, van subiendo las tasas hasta llegar a una máxima de 20 % para aquellas pasividades que superan los $ 133.600.

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                Como decíamos, estas tasas y este diseño son muy similares a lo que ocurrió, en su momento, con el impuesto a los pasivos de la caja bancaria. En la imagen estamos mostrando cuatro columnas; las dos primeras representan la escala de BPC para medir las pasividades, tanto de la caja bancaria como del Servicio de Retiros y Pensiones de las  Fuerzas Armadas.  En la tercera columna mostramos las tasas que se aplican en el caso de la caja bancaria y, en la cuarta, las tasas que se aplican al Servicio de Retiros y Pensiones de las  Fuerzas Armadas.

Como se puede ver, en primer lugar, en ambos casos hay un mismo objetivo recaudatorio –que es el 10 % de los egresos que hay que cubrir– y se tienen las mismas tasas mínimas y máximas e idéntica forma de cálculo que se aplica sobre el ingreso nominal. Quiere decir que estamos ante una situación análoga por el objetivo recaudatorio, por las tasas mínimas y máximas y por la forma de cálculo.

                Ahora bien; para la escala de montos de las pensiones veremos cuáles son las tasas que se aplican en un caso y en el otro y podemos apreciar alguna diferencia entre ambas soluciones. En el caso de la prestación planteada para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, se buscó un diseño que grava menos a los ingresos más bajos. Esto es porque, en el caso del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el mínimo no gravado es bastante más alto que el de la caja bancaria. Precisamente, en el caso de la caja bancaria el mínimo no imponible es de 6 BPC y, en el de la Caja Militar, de 15 BPC. Además, en las franjas más bajas las tasas, en el caso de la Caja Militar, son también más bajas, es decir que tiene un mínimo imponible bastante más alto –más del doble–, mientras que en los tramos más bajos de ingresos las tasas son menores. Terminan –eso sí– con una tasa máxima que es similar.

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                Como comentario al pie, dado algunas apreciaciones –y seguramente esto podremos ir viéndolo después–, quiero decir que en marzo de 2014, de manera unánime, la Suprema Corte de Justicia desestimó la acción de inconstitucionalidad con respecto a la prestación de la caja bancaria; aclaro que dejaremos un dosier con algunas de estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia.

                Otro aspecto importante que tiene que ver con el diseño del impuesto es que el montepío que deben pagar los militares se toma como pago a cuenta en la prestación que se está planteando, atendiendo a la especificidad del caso de las pensiones militares. Los retirados con menos de 36 años de aporte continúan, aun estando retirados, aportando el montepío y es por eso que se entendió necesario contemplar esta situación. Quiere decir que el aporte del montepío, en el caso de los pasivos que lo continúen pagando, se toma como pago a cuenta de la prestación pecuniaria que se propone.

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                Vamos a ver algunos resultados esperados en este caso. Lo que se pretende, por un lado –como decíamos–, es aumentar los ingresos propios del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En el cuadro izquierdo de la imagen mostramos la estructura de ingresos del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas para el año 2015. Como decíamos, estos ingresos son los que se dan por el montepío –tienen que ver con los aportes personales y los aportes patronales– y son aproximadamente

$ 2.276:000.000, unos USD 70:000.000.

La estructura esperada de ingresos quedaría como está planteado a la izquierda de la imagen: un 35 % de aportes personales, un 28 % de aportes patronales y un 37 % proveniente de la prestación pecuniaria; es decir que, en montos, absolutos aumentaría un 58 % los ingresos propios de la Caja Militar.

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                Veamos cómo serían los impactos según los tramos de ingresos de las pasividades. En la columna de la izquierda de la diapositiva tenemos las 11 escalas previstas en el impuesto, luego la cantidad de personas retiradas, los pasivos militares por cada escala y, en la tercera columna, la contribución a la recaudación total. En total hay 49.558 pasivos militares. En la primera franja hay 40.306, que serían los que no estarían gravados. O sea que alrededor del 80 % de los pasivos militares no pagará la prestación; 40.000 en 50.000 no pagarán la prestación.

                El aporte efectivo de las primeras franjas no supera el 10 %. Si observamos la quinta franja vemos que aportan el 8 % y si sumamos la sexta llegamos recién al 10 % del aporte total.

                Por otro lado, el 66 % de la recaudación recae sobre quienes tienen pasividades mayores a $ 100.000 mensuales. Este claro diseño busca que el financiamiento del déficit creciente y duplicado en términos reales en los últimos diez años sea fundamentalmente financiado por aquellos que ganan pasividades superiores a $ 100.000, lo que sucede porque no hay un tope jubilatorio como en el caso del Banco de Previsión Social. Claramente es un diseño progresivo.

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                Estos son los fundamentos tenidos en cuenta, la estructura del impuesto y los impactos esperados que pretendemos obtener con el proyecto enviado al Parlamento.

                También quisiéramos hacer alguna referencia respecto a ciertas apreciaciones realizadas la semana pasada en la comparecencia a esta misma comisión de representantes de los pasivos militares. Por ejemplo, decían que muchos pagarán más del 50 % de sus haberes de retiro o pensiones y que, por lo tanto, lo vuelve en un gravamen confiscatorio. Es importante ver cómo construyen ese 50 %. Para llegar a eso se toman en cuenta las contribuciones a la sanidad militar y el aporte que se realiza para la tutela social, es decir un 4 % y un 1 %. Estos no son impuestos y, por lo tanto, no pueden ser tomados en cuenta a la hora de calcularse la imposición, porque estamos hablando de la contribución a la sanidad militar y a la tutela social.

                Por otro lado, es importante ver cuál es la tasa efectiva que se pagará, es decir, si se llega al 50 % planteado y para empezar hay que descontar los valores que no corresponden a la  hora de calcular la presión tributaria. Si tomamos en cuenta la tasa efectiva del IASS con las modificaciones planteadas y que están a estudio del Parlamento –es decir, con una presión aumentada por esos cambios en el IASS–, y agregamos la tasa efectiva del impuesto según las 11 escalas, los 40.600 pasivos que no van a pagar esta prestación y que en algún caso pueden pagar algo del IASS, tendrán una presión efectiva del 1,3 %. Los siguientes –que están en la segunda escala– tendrán una presión tributaria –ya pagarán el 2 % del promedio de la prestación pecuniaria– del 7,3 %. Obviamente, esta presión va aumentando; en el tercer escalón es de 10,3 %, en el cuarto, de 13,4%, en el quinto del 16,4 %; es decir, que esa presión se va incrementando y en ningún caso el promedio de las once escalas supera el 40 %. Podríamos tomar no solo los promedios de cada una de las once escalas –decíamos que ni en la máxima, el promedio superaba el 40 %– y ver el caso de la pasividad más alta que tiene la tasa efectiva más alta.  La tasa máxima efectiva total de IASS, más la prestación pecuniaria es del 44 %. Obviamente, hablamos de la pasividad más alta de la franja superior. Es importante ver ese 44 % sobre qué pasividad recae: estamos hablando de una pasividad de $ 344.554. Por lo tanto, por la tasa ni por los montos sobre los que se aplica la tasa, en nuestra opinión no es de recibo que se diga que se está ante una situación confiscatoria.

                Se planteaban algunos casos con determinados montos de impuestos. Acá es importante dejar claro, para que conste en la versión taquigráfica, que los números no son los comentados en la comparecencia. El señor Nelson Mosco decía, por ejemplo, que a quien tiene una pasividad de $ 50.000 nominales, deducidos todos los descuentos, le corresponde una pasividad de  $ 42.024 y que en ese caso, por aplicación de esta prestación pecuniaria, recibiría $ 2.328 menos. Eso no es correcto porque si tiene $ 50.000 nominales, no pagará la prestación y, por lo tanto, no tendrá un impacto por la referida prestación de $ 2.328, de $ 2.000, ni de $ 328, sino que será de cero.  Sí podrá tener un impacto por el cambio del IASS pero, en este caso, como estamos ante una prestación menor a $ 50.000 nominales y la propuesta planteada grava a partir de ese monto, tampoco debería tener un efecto.

                A su vez, en la comparecencia, se decía que la franja de los $ 75.000 nominales tendría una afectación del 33 % o sea que, aparte de todos los descuentos, como IASS y demás, pagaría $ 12.617. Debo decir que eso no es correcto porque a una prestación nominal de $ 75.000 le corresponde una tasa efectiva de aporte del 14 %, equivalente a $ 10.500.  Después se dijo que en la franja de $ 100.000 se pagaría el 41 % por este impuesto que equivale a          $ 21.822 y tampoco es correcto. En ese caso corresponde un pago mensual de $ 16.000.      

                Luego se hizo referencia al hecho de que esto podría afectar el ingreso a la función militar, pero nosotros entendemos que el incentivo para ese ingreso es multicausal y no solo se basa en la expectativa de cuánto se va a ganar al momento de jubilarse. Entendemos que tiene que ver con condiciones laborales, con retribución al momento de estar activo. Además, creemos que el incentivo a retirarse tiene que ver con otros factores como, por ejemplo, la posibilidad de retirarse a los 43 años. Tanto los factores para el ingreso a la fuerza militar como para el egreso no solo tienen que ver con la expectativa de la pasividad que se pueda obtener a la hora de ingresar o decidir retirarse.

                Estas eran algunas consideraciones que queríamos hacer en esta primera intervención y, por supuesto, quedamos a las órdenes.

SEÑOR AMORÍN.- Le doy la bienvenida a la siempre nutrida y calificada delegación del ministerio de economía. Voy a hacer algunas apreciaciones, no voy a hacer preguntas porque como siempre, coincida o no, las expresiones del señor subsecretario han sido absolutamente claras. No me dejaron dudas, tanto en las cosas en que coincido como en las que no. Reitero, me pareció absolutamente claro.

Es evidente que llegamos a esta realidad o que este tema salta ahora por una situación mucho más global, por la situación general del Uruguay que tiene un déficit mucho mayor al que se había comprometido el Gobierno anterior que, naturalmente, es el mismo que este. No sé si íbamos a terminar el año pasado con superávit, pero sí con un déficit menor al 1 % y terminamos con uno mucho mayor. Cuando este equipo del ministerio estimó el crecimiento del Uruguay para el 2015 y el 2016 nos dijo que iba a crecer un 2,5 %, pero todo el planeta decía lo contrario. Claro, a veces el planeta se equivoca como se equivocó con Trump. Era bastante evidente que la lógica iba a ser distinta y esos errores de apreciación trajeron un déficit mucho mayor al que teníamos y que el país debe enfrentar sin lugar a dudas. Tenemos claro que                 USD 400:000.000 es mucho. En el caso de Ancap vimos que era mucho más; en el caso de Pluna vimos que era mucho más. Siempre es mucho. Es mucho en el caso de Ancap, es mucho en el caso de Pluna y es mucho ahora.

Estamos acostumbrados a hablar de la Caja Militar. En realidad, lo hay que reformar es el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Lo comparto plenamente. Habría que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero como pasa siempre, tomamos la iniciativa cuando aparecen estas situaciones críticas. Hay que hacerlo. El mundo, la medicina y la química han cambiado tanto que parece absurdo que un coronel tenga que tener retiro obligatorio a los cincuenta y cinco años y es probable que a él le parezca lo mismo. También me parece absurdo que un soldado tenga retiro obligatorio a los cincuenta años. Esas cosas tienen que cambiar. Hay que hacer una reforma profunda en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar. Es necesario para la salud del Estado en el mediano y largo plazo, pero hay que hacerlo ahora. No hay que esperar más. Me parece algo absolutamente esencial.

Por otro lado, no comparto que esa reforma empiece con un impuesto. No me parece bien, no me parece justo y no me parece serio. Entre junio y julio –no recuerdo bien– el ministro Astori anunció por televisión toda esta batería de impuestos que básicamente se iba a aplicar a los trabajadores y a los pasivos en general. Estamos en noviembre y creo que se podría haber avanzado en este tema. Creo que esa reforma es necesaria y todavía no sabemos nada. Desde hace seis meses nos dicen que se está trabajando, pero nos traen un impuesto que se suma a otro más allá de que gane $ 345.000 o $ 347.000; con total franqueza digo que no conozco todas las pasividades del Estado. Si me dicen que una persona tiene una pasividad de $ 347.000 me alegro por ella, me parece mucho pero hay un sistema que llevó a que eso fuera así. A esa persona y a otras que ganan menos no los va a afectar un solo impuesto sino que les van a aplicar dos impuestos juntos, el aumento del IASS más esta contribución especial. Además, creo que cuando para hacer un trabajo más serio o mejor dicho más completo, deberíamos saber cuánto es la erogación en activos y la evolución de cuánto gasta el Estado en activos y en pasivos de las Fuerzas Armadas. Este tema me parece que sí hay que verlo con globalidad y, por supuesto, esto también como porcentaje del PBI. Creo que esto es importante.

                Algunos datos que nosotros tenemos –supongo que son reales– dicen que en el ochenta y cinco –cuando termina la dictadura, el golpe de Estado– había cerca de 50.000 efectivos activos en las Fuerzas Armadas que, seguramente, era mucho más de lo necesario y que, al día de hoy hay algo así como 27.000, o sea, mucho menos. A su vez, en los pasivos se da la relación casi inversa: había 20.000 y pico y hoy hay cerca de 50.000. Entonces, creo que también hay que ver la globalidad de cuánto dinero se destina a las Fuerzas Armadas entre activos y pasivos; quiero ver cuánto era en el ochenta y cinco como porcentaje del PBI y cuánto es hoy, porque también el sistema funcionó y, en realidad, todos –algunos más que otros y miro especialmente a una compañera– entendíamos que las Fuerzas Armadas estaban un poco grandes. ¡Seguramente en el ochenta y cinco estaban un poco grandes! ¡Seguramente se intentó ir disminuyendo el número de integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad! Pero los que estaban en actividad y para irse, ya se jubilaron o entraron al Sistema de Retiros y Pensiones. Me parece que hay que ver la globalidad, porque si no vemos qué pasó con las pasividades, seguramente el monto global creció mucho. Ahora bien, también es cierto que la financiación real, es decir, lo que pagan hoy los activos es mucho menos por dos motivos: porque hay mucho menos activos y porque los salarios de las Fuerzas Armadas no han subido en comparación con el resto de los salarios del Estado y de los salarios públicos. Es notorio que los salarios militares en comparación con los policiales tienen un rezago importantísimo y, por lo tanto, los aportes que hacen, es un porcentaje más bajo que en otras actividades del 15 % y del 13 %; es obvio y evidente que llegan a cubrir una parte mucho menor. Hay otra cosa que ocurre: dispara a las pasividades por encima de los salarios en actividad y quiero que me confirmen si es así. Se me dice que los salarios en actividad  de las Fuerzas Armadas están creciendo más o menos como el IPC y que las pasividades, de acuerdo con una reforma del ochenta y nueve, crecen con el índice medio de salarios, que en los últimos once años, por suerte, ha ido por encima del IPC. Esto hace que haya otro disparo que es por norma constitucional.

                Me parece que todas estas cosas hay que verlas, analizarlas, estudiarlas y que arrancar con un impuestazo es negativo, está mal y, obviamente, no lo voy a votar. Pero desde ya les digo que estoy dispuesto a trabajar en ese proyecto que es para mejorar los números a mediano y largo plazo, porque no se mejoran hoy con la reforma de la caja. Creo que hay que empezar a trabajar hoy, que tenemos que tener el proyecto hoy, porque lo urgente es hacer las cosas ahora para que a mediano y largo plazo no tengamos este problema que hoy estamos atravesando y que salta con una notoria imprevisión del Gobierno en cuanto al manejo de los números del Estado.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero plantear algunas inquietudes, señora presidenta.

                Creo que la exposición fue muy completa, pero sería bueno que el señor subsecretario pudiera alcanzarnos la gráfica porque nos va a ayudar al leer la versión taquigráfica.

Por otro lado, recibí con gran alegría el anuncio del señor senador Amorín de que va a trabajar codo a codo con nosotros para la reforma de la Caja Militar, porque cuando se tienen respaldos importantes, naturalmente, da sostenibilidad en el tiempo a esa reforma.

                Obviamente, la exposición ha sido muy completa y sirve para ver los problemas que tenemos en la Caja Militar –sé que este no es el nombre correcto–, pero mientras se estudia el proyecto de ley y luego se le da el trámite parlamentario –lo que llevará algunos meses– hay que poner un freno a algo que está desbocado. Me parece sensato que se haga así, más allá de que no todos lo puedan compartir.

                La primera de mis inquietudes tiene que ver con lo siguiente. Como se pretende recaudar un determinado monto de dinero, me pregunto si este es el único mapa para hacerlo. ¿Podría haber otros? ¿El Poder Ejecutivo compartiría que existiera otro mecanismo de franjas para la recaudación del mismo monto? Tal vez nos podrían acercar otros modelos y me gustaría saber si están de acuerdo con que pueda haberlos. Quizás haya algunos argumentos que matemáticamente den el mismo resultado, pero los fundamentos son contrarios a que se adopten.

Tengo otra inquietud que debería fundamentar un poco porque a diferencia de todos los otros sistemas de jubilaciones y retiros, donde la persona recién se puede jubilar a los 60 años –a veces más–, en las Fuerzas Armadas uno puede optar por un retiro voluntario muy temprano. Si no estoy equivocado, esto puede ocurrir a partir de los 38 años si se toman en cuenta los años del liceo militar y demás. Si a esto sumamos que la expectativa de esa persona que se retira a los 38 años puede ser mayor al promedio, lo que sucede es que se beneficia del retiro por más de 40 años. En el modelo que se nos trae se dice que a los retiros más bajos no se les cobra, pero si, por ejemplo, hay una persona que se retira como aviador a los 38 años y se va a trabajar a una compañía aérea muy importante, durante 40 años recibirá un monto –que puede ser de $ 27.000 o $ 28.000– que no llega a los cincuenta, no tiene descuentos y además se trata de la actividad privada. Si esos cuarenta años de aporte los redujéramos a quince, que es la expectativa de vida para un oficial que se retire a los 65 años, quizás el retiro o la jubilación –sé que el término no es el correcto– sea superior al que estaría gravando.

                Me parece muy bien que se ponga el impuesto y se intente frenar la situación que está desbocada, pero en este trámite parlamentario capaz que nos damos cuenta de que entre quienes reciben jubilaciones de menos de cincuenta mil pesos debe haber una bolsa de gente de menos recursos y otra de aquellos que se retiraron tempranamente, con la formación que les dieron las propias Fuerzas Armadas, que fueron al mercado y encontraron salarios más altos. Creo que estos últimos deberían contribuir con algo porque, de lo contrario, no tendría explicación que esas mismas personas estuvieran aportando durante 36 años. ¿Por qué aportan el Montepío durante 36 años? Porque se les dice: «Aunque tú te retires, algo tenés que seguir aportando». Parecería lógico que se distribuyera también en ellos algo del peso, del costo, y que no sucediera –como en otras situaciones– que las jubilaciones bajas fueran de gente con menos recursos. En este caso, la fotografía no es exacta.

                Quizás no haya forma de hacer esto, tal vez el Ministerio de Economía y Finanzas o el Poder Ejecutivo dicen que buscaron cómo hacerlo y no encontraron la respuesta. De repente se puede grabar el Montepío de esas personas, no sé; habría que pensarlo, pero lo dejo a modo de inquietud.

Agrego que no es explicable el artículo 6.º, salvo que tenga un fundamento jurídico que abra un flanco que no conocemos. Aunque el subsecretario dijo que había por parte de la Suprema Corte de Justicia un pronunciamiento de constitucionalidad, puede haber algún abogado que encuentre un flanco; obviamente, nadie pretende que eso suceda. 

                El artículo 6.º dice que esto vale para las personas que todavía están pagando el Montepío y están retiradas. Por lo tanto, tuvieron un retiro anticipado; en general, son retiros voluntarios. Puede ser que haya alguien que se retire a los 55 años y le queden todavía años para pagar el Montepío. También expresa esta disposición que esto se aplicará para las personas que ganen más de $ 50.000 y que estarán afectadas por este impuesto. Al mismo tiempo, aquí se señala que como estas personas están pagando el Montepío, lo podrán deducir. Fíjense, señores senadores e invitados: una persona se retira a los 45 años, cobra más de $ 50.000 y paga alrededor del 13 % de Montepío. Durante 35 años va a recibir más de $ 50.000 por mes y capaz que durante 10 años tiene que pagar el Montepío. Recordemos que se trata de una caja que está desbocada y a pesar de ello, le decimos a esa persona que el Montepío se le toma a cuenta. No estamos hablando de la persona que no llega a $ 50.000 sino de la que sí llega y que tiene 45 o 47 años. Esta persona, según creo, va a ser la más beneficiada, siendo que seguramente se fue en forma voluntaria porque las Fuerzas Armadas la especializaron en alguna temática que el mercado paga muy bien. Entonces, hizo las cuentas, se lanzó al mercado y se quedó con el retiro –producto de su decisión voluntaria–, pero ahora en que se pide un esfuerzo a todos, se le toma en cuenta el Montepío que aporta. Puede haber una razón jurídica que desconozco, pero si no fuera así, no le encuentro sentido al artículo 6.º.

                Estas serían mis tres inquietudes: si el Poder Ejecutivo acepta que puede haber diferentes modelos; si podemos encontrar un mecanismo para que quienes se retiran voluntariamente y pagan Montepío también colaboren –aunque eso sea simbólico– y, por último, conocer los fundamentos de este artículo que aunque no los encontré, repito, puede haber alguna razón jurídica que lo justifique. 

SEÑORA MOREIRA.- En primer lugar, deseo felicitar a la joven delegación del Ministerio de Economía y Finanzas.

En segundo término, me parece que la discusión sobre esta prestación pecuniaria de asistencia –vamos a no llamarle más «impuesto a la jubilación militar»– por parte de quienes vinieron a la sesión pasada estuvo plagada de algunas afirmaciones que era importante corregir. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que este es un impuesto y que la reforma que vendrá luego     –sobre la que también voy a preguntar– se presenta muy condicionada por una desesperación fiscal del Estado.

                Por otro lado, todas las instituciones que comparecieron ante la comisión –no recuerdo cuántas fueron, quizás seis o siete, entre ellas militares retirados y el Club Naval– se centraron en el hecho de que el déficit era un problema de la relación activo-pasivo; sin embargo, me parece que queda claramente demostrado, y además surge de la exposición de Ferreri, que el déficit es multicausal y que la relación entre el número de activos y pasivos es una variable menor en el conjunto de las causales. Creo que es importante dejar esto establecido, así como también el hecho de que el déficit es el resultado de la tasa de reemplazo de las compensaciones especiales y de muchas otras cosas.

                Además, se repitió hasta el cansancio que la mayoría de los jubilados militares se va a ver afectada por este impuesto; el señor Mosco –que citó Ferreri– habló de que entre el 75 % y el 80 % de ellos se verán afectados. Creo que hoy queda claramente establecido que 40.000 de 50.000, en números gruesos, están por debajo de los $ 50.000 nominales. Lo digo porque son números grandes como una casa y, de alguna manera, marcan la discusión política de este impuesto.

Por otro lado, a la mayoría de la población se le escapan los detalles técnicos, pero el tema es si afecta a la mayoría o a la minoría, y me parece que queda claro que afecta a la minoría.

                En lo personal, no creo que sea un impuestazo. Es un impuestito y, en realidad, lo que nos importa a todos –y veo con gran beneplácito que al senador Amorín también– es que venga la reforma estructural de la Caja Militar, que es la que corregirá el déficit a mediano y largo plazo.

                Quiero preguntar sobre la reforma de la caja y este impuesto, que creo que es parte de un conjunto de acciones. ¿Cómo identifican esa cronología de trabajo que empieza con el impuesto y termina con la reforma de la Caja Militar? ¿En qué Estado está el trámite?

                Me parece que en este sistema de acciones para reducir el déficit de la Caja Militar deben prevalecer cuestiones de justicia distributiva, no cuestiones fiscales. Recuerdo que en aquellas viejas épocas en que el economista Nelson Noya educaba sobre los principios de justicia distributiva que guiaban la posible reforma del sistema de previsión social del año 1996, hablaba de dos principios de justicia. Uno de ellos fue mencionado por el subsecretario Ferreri y es importante tomarlo en cuenta: a partir de la reforma del 96, que el Frente Amplio no votó, acá se ha ido hacia la universalidad del sistema y la implementación de transformaciones análogas en otras cajas. Entonces nos metimos con los bancarios, los profesionales y los policías, en fin, todas las cajas tienen que entrar en un principio de equivalencia porque, si no, ¿qué clase de sociedad seríamos?

El otro principio refiere a una equivalencia individual entre lo que aportamos durante nuestra vida y lo que recibimos cuando nos jubilamos, que es otro principio de justicia distributiva que tiene ver con la carrera del aportante. Lo que queda claro de la exposición que hicieron ellos aquí, es que ninguno de los dos principios de justicia previsional están en este momento siendo vigentes –por decirlo así– con la situación que hoy tiene la Caja Militar  –que es el nombre de fantasía del sistema de retiros y pensiones militares–, y eso es lo importante. No hay equivalencia ninguna entre los aportes que hacen y las jubilaciones que reciben los militares, ni con el resto de las piezas que componen el sistema.

Está claro lo que es el déficit previsional vinculado al BPS. Ellos no se han cansado de comparar el déficit que generan los 600.000 pasivos del BPS con el déficit que generan los 50.000 jubilados de la Caja Militar, las tasas de reemplazo, las compensaciones especiales. Cuando veía las tasas de reemplazo, casi todas superiores al 80 %, y pensaba en la terrible tasa de reemplazo con la que nos vamos a jubilar todos nosotros, que es de 45 % o   50 % y todavía con topes, concluía que es un régimen que no resiste desde el punto de vista de los principios de justicia. No es solamente un problema de recaudación fiscal, sino también de orden normativo y de orden de filosofía política sobre los principios de justicia que deben guiar a una nación.

                La pregunta concreta que deseo hacer se relaciona con algo que dijo el senador Amorín –es un poco para pelear con él–, pues mencionó que los salarios militares subieron menos en promedio que los policiales. En ese caso tiene razón, pero no es verdad que los salarios militares subieron menos en promedio que otros salarios públicos, porque cuando en el período anterior dimos en el presupuesto una partida extra para el incremento de los salarios del personal subalterno –aquí viene la pregunta; pueden contestármela o no–, recuerdo que ellos, en el primer año se lo dieron, pero luego lo fueron repartiendo a los salarios de los oficiales superiores. Por tanto, si uno mira el incremento salarial, se dispara del de otros trabajadores públicos. La Policía sí tuvo incrementos superiores, sin duda, al igual que los docentes, pero no me queda claro que los salarios militares hayan crecido por debajo del resto de los salarios públicos, sino por arriba.

SEÑOR AMORÍN.- Me permito interrumpir un segundo a la señora senadora para puntualizar lo siguiente.

                Quise dejar en claro que había aumentado más el índice medio de salarios, que es por el cual reajustan los pasivos por la reforma del 89, que lo que aumentó el salario de los activos, y ahí se dispara la diferencia.

SEÑORA MOREIRA.- Perfecto, pero eso afecta todas las categorías, no solo a los militares. Además, no tienen tope.

                La pregunta, básicamente, es cómo ven ustedes el paquete entero –ya que el señor senador Amorín ha manifestado su disposición a estudiar este tema de la reforma de la Caja Militar y estos números evidencian que sin una reforma profunda del sistema esta situación no se corrige–, el encadenamiento entre estos dos proyectos, como está el proyecto de reforma de la Caja Militar, etcétera.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia del señor subsecretario y de la delegación de asesores que lo acompaña.

                Haré dos preguntas puntuales y algunas consideraciones, tal como lo hicieron los señores senadores preopinantes.

                A nuestro juicio, el nominal gravado es jubilación más cuota parte de aguinaldo en la prestación que se trajo como referencia. O sea que debería sumársele 8,33 %.  El subsecretario señala que existe un mínimo no gravado al día de hoy de $ 50.100 y que, por tanto, no pagaría. Según lo que interpreto del artículo 4.º del proyecto, para aplicar la escala de tasas a las jubilaciones o a las pensiones se les adiciona la cuota parte de aguinaldo, o sea, el 8,33 % más y ahí paga. Según mis cálculos, a partir de los $ 46.247 se pagaría. Esa es la pregunta que formulo, para ver si interpreto correctamente.

                La otra interrogante tiene que ver con una apreciación que se hizo en la pasada sesión, cuando concurrieron el Centro Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea, el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, el Círculo Militar General Artigas y el Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar que encabeza el general Fígoli, acompañados del prestigioso constitucionalista, doctor Gonzalo Aguirre. El doctor Aguirre claramente dijo que, a su entender, existía un claro vicio de inconstitucionalidad en función de lo que señalan los artículos 67 y 298 de la Constitución y la aplicación de la reforma del artículo 89. La consulta que hacemos es si jurídicamente esta cartera de Estado tiene la certeza de que esto no es así, o si lo ha evaluado.

                Yendo a las consideraciones que nos interesa realizar, ante todo queremos hacer una salvedad que, de hecho, en la pasada sesión ya hicimos. Sentimos que este es uno de los temas en los que en el Uruguay hay un corte generacional, más allá de la consideración que hagan los partidos políticos, de las afinidades entre sectores suprapartidarios que puedan existir o de la ideología.  Pienso que quienes nacimos en la década del 70 –lo digo con mucho respeto– tenemos una visión tal vez más objetiva que la que legítimamente pueden tener aquellas personas que vivieron como protagonistas en una época traumática de nuestra historia que, sin duda, marcó muchísimo y –a mi entender, y aclaro que hablo en términos generales, sin referirme a nadie en particular– pautó la visión que se puede tener sobre el tema de las Fuerzas Armadas.

                Hoy, ineludiblemente estamos asistiendo a una de las principales reuniones de esta comisión porque comparece el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la opinión técnica más versada y especializada en la materia, que aporta datos estadísticos y económicos financieros. Ahora bien; en lo personal no sé si corresponde que recaiga solamente en la visión de Economía la situación que  debemos analizar, aunque sí es necesario contar con la opinión técnica de la cartera, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces hay números que presentan diferencias. Este es un tema mucho más de fondo. Incluso diría que no me parecería justo que esta cartera de Estado tuviera la responsabilidad principal, porque este asunto viene de mucho tiempo atrás y tiene que ver, fundamentalmente, con qué tipo de fuerzas armadas queremos tener en nuestro país. 

¿Es un tema que surge hoy? No. No es un tema de este Gobierno, período o año. Esto está vinculado al  envejecimiento  de la  población uruguaya, a la  baja natalidad, al  aumento –por suerte– de la expectativa de vida, a la disminución de la relación activo–pasivo  –en esto tengo un matiz con respecto a lo que señaló la señora senadora Moreira, porque creo que no es un tema  más, sino que es  central–, al fuerte gasto que define a la seguridad social en nuestro país, medida por tamaño de economía en términos comparativos que  nos pone –orgullosamente– en los  primeros planos a nivel mundial, y por supuesto que también influye la corriente migratoria, tratándose mayoritariamente de jóvenes.

¿Es solamente un problema de Uruguay? No, es regional y mundial.

En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿tiene solución? En lo personal, creo que no, pues es muy difícil. Por eso entiendo que este tema va más allá de lo específico. Es muy difícil de solucionar porque al haber un criterio en el país donde ha primado la reducción de efectivos, siempre habrá más pasivos que activos aportantes. Por lo tanto, la disminución de sueldos de actividad, van a ir en pasividad. Sin entrar a la definición de si está bien o mal, es una realidad y nos hace pensar que es muy difícil dar una solución de fondo al tema.

El senador Amorín aportó unos datos, pero según lo que se me informa, son 43.000 hombres los que revistaban en las Fuerzas Armadas en el año 1986. Y ahora, según los datos que tenemos, serían 27.000. En 1986 las Fuerzas Armadas gastaban el 4,38% del Producto Bruto Interno, y hoy el 0,6%. Me voy a quedar con el dato presentado por el subsecretario, que es de 0,7%. Y en 1970 –lo consulté– no llegaba a 22.000 el número de hombres que revistaban en las Fuerzas Armadas. Entonces, es bien claro que hubo una hipertrofia en este proceso en las Fuerzas Armadas, tanto de unidades como de recursos humanos. También creo que el sistema político, de 1970 a hoy, es responsable, al menos, de no haber previsto lo que iba a originar esta situación.

                Es verdad que al mismo tiempo en el 2000 se destinaba a la educación el 2,42% del PBI, en el 2011 el 4,36% y hoy hay una meta o aspiración de llegar al 6%, por suerte. En buena hora. En salud pasa lo mismo. En el año 2000 fue el 2,71% y, en el año 2014, el 6,11%. En las Fuerzas Armadas ha disminuido. Esas son definiciones que me parece tiene que plantear el sistema político y no entrar a tomar decisiones en función de calificar cuáles fueron las razones o los pensamientos. Son realidades absolutas. Si aprobamos este proyecto tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo, ¿el resultado será que se va a corregir la situación que hoy justifica la implantación de esta propuesta del Gobierno? No. ¿Va a paliar? Sí. ¿Soluciona? No.

                Estamos viendo que más del 50% de los soldados y marineros perciben ingresos menores a $ 14.000. Tengo un informe que señala que el 60% de los soldados vive bajo la línea de pobreza y que aproximadamente el 20% en indigencia. Además, solo el 30% de la oficialidad es propietaria de vivienda. Es un tema que no está vinculado a la caja, sino que es mucho más complejo. Uruguay tiene que plantearse qué va a hacer con las Fuerzas Armadas.

                En los últimos tiempos ingresaron al Estado 60.000 funcionarios públicos. He consultado sobre cuánto representa esta cifra por mes y se me señala que son aproximadamente USD 44:000.000. Y ahí surge el planteo de dónde gastar, cómo gastar y por qué gastar; tenemos que animarnos a analizar esto. Digámoslo con claridad: este es un tema tabú. Si me pusiera en defensor de las Fuerzas Armadas –y esto no es un contencioso–, podría decir que somos los únicos que bajamos de 43.000 a 26.000 funcionarios, porque después el Estado ha crecido. Este no es el punto en discusión, pero es el tema de fondo y creo que es sustancialmente superior.  La senadora Moreira expresó que han aumentado –es cierto– los recursos para la seguridad pública. No entremos a discutir los matices, si se gastaron bien, mejor o cuándo, o con qué ministro se ha invertido, pero hace 19 años que a pesar de que a la Policía se le aumentaron los salarios –en los gobiernos del Frente Amplio– y los recursos, las cárceles perimetralmente las custodian los que ganan $ 14.000. Son hechos que nos plantean que el tema es mucho más de fondo que el puntual.

                El Banco de Previsión Social se lleva el Montepío de los activos, el aporte patronal de las empresas, siete puntos de IVA –lo cual pagamos todos los uruguayos–, el IASS de los jubilados, entre ellos, los militares –que son USD 30:000.000–, pero aun así no alcanza, porque el déficit del 2014 al 2015 requirió USD 479:000.000 más de asistencia y se proyecta un déficit que va a aumentar, según la opinión de los entendidos,  manejándose una cifra de   USD 568:000.000.

                Me parece que estamos ante una situación compleja. Tenemos, por supuesto, una realidad que tiene que ver con que hay determinados derechos que el militar no tiene.

No recuerdo qué senador planteó en la sesión pasada –a la que concurrieron las organizaciones que representan a los retirados y pensionistas militares– que algunas de las condiciones que evalúan los militares para tomar la decisión de seguir esa carrera es que tienen una jubilación que es mejor que los ingresos que tienen en actividad. No sé qué tanto se define de esa manera, pero, si fuera así, eso se justificaría, entre otras cosas, por el hecho de que el militar tiene cercenados sus derechos en muchos aspectos. Tiene dedicación exclusiva –lo que, obviamente, le impide tener otro trabajo–, no cobra horas extras –nos hablaron de promedios de horarios diarios sustancialmente superiores a los que tiene cualquier otro trabajador de este país– y no se le paga complemento por nocturnidad ni salario vacacional. Además, tiene licencia anual –por supuesto– como un derecho, pero supeditado a lo que llaman necesidad de servicio; no puede acumular licencias no usufructuadas; no se le pagan licencias no gozadas; no tiene prima por presentismo; no se le resarce por la movilidad territorial –es decir, el cambio de destino que define la práctica permanente de la carrera militar– y no puede tener actividad política más allá del voto por lo que, de alguna manera, tiene limitada su propia libertad de expresión.

Considero que estamos en una situación particular que hay que asumir y ni siquiera me parece justo –esto lo digo a los compañeros de la comisión– para la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, que la responsabilidad principal de la opinión repose en un área del Estado que tenemos que escuchar, por la representación que ostenta, para que nos ilustre en este tema puntual con los datos y estudios técnicos pertinentes, pero estamos ante un tema mucho mayor. Este no es un asunto de dos, tres o cuatro puntos más. Obviamente, los afectados darán al tema la trascendencia legítima que estimen que tiene, pero aquí estamos con un tema muchísimo más complejo, de fondo, político.

En nuestro caso, más allá de verter consideraciones en este ámbito, también las vamos a plantear la próxima semana en la comparecencia del Ministerio de Defensa Nacional porque hay otro tema que también nos preocupa, que es el relativo al Hospital Militar que, en algunos rubros sustanciales de la salud –que lo tienen como principal entidad que los promueve en Uruguay–, entre quienes acceden a él solamente el 15 % son militares y el resto son civiles.

                Se nos plantea una duda muy especial con respecto a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y cómo puede llegar a verse afectada, es decir, cuáles serán las consecuencias, no solo de este impuesto sino de todo lo que traerá aparejado, en el marco de las Fuerzas Armadas, lo relacionado con los retiros. Inclusive, estamos pendientes de la comparecencia de la próxima semana porque se nos ha hecho saber que, en los últimos meses, los retiros voluntarios en las Fuerzas Armadas han aumentado bastante por encima de la media.

                Eso era lo que queríamos señalar a efectos de plantear el tema. Las dos preguntas formuladas pueden ser contestadas por el señor subsecretario o por quien él disponga de la delegación. Me refiero a las preguntas iniciales. La primera era sobre la aplicación dispuesta en el artículo 4.º con respecto a qué alcanza el nominal porque, según lo que interpretamos, comprendería también la cuota parte del aguinaldo y, por lo tanto, disminuiría el monto a aplicar.

La otra consideración era un señalamiento muy contundente del doctor Gonzalo Aguirre –más allá de su versación y de que se trata de una opinión–, quien señalara en esta comisión un claro vicio de inconstitucionalidad de este proyecto de ley a partir de lo que establecen los artículos 67 y 298 de la Constitución y, puntualmente, la reforma aprobada en 1989.

                Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vuelvo a asumir el error que cometí al no haber establecido los criterios que íbamos a adoptar al iniciar la sesión. No voy a limitar en el tiempo a los señores senadores que están anotados para hacer preguntas o consideraciones, pero solicito respeto a todos teniendo en cuenta nuestros tiempos y los de quienes nos acompañan. Discúlpenme que lo plantee de esta manera, pero está bueno que utilicemos el tiempo para hacer las preguntas que corresponda. Cuando instalemos la discusión en la comisión dispondremos del tiempo que queramos para hacer otras consideraciones.

                Hay dos señores senadores anotados para hacer uso de la palabra, pero para no dejarlos en desigualdad de condiciones, no los voy a limitar en el tiempo.

SEÑOR BERTERRECHE.- Muchas gracias, señora presidenta, pero en realidad me limitó de hecho, porque precisamente iba a hablar de eso.

                Hay un problema metodológico en el que estamos incurriendo porque cuando hay delegaciones invitadas se las escucha y se les pregunta. El debate parlamentario es después de que las delegaciones se retiran. Sin embargo, veo, una vez sí y otra también, que aprovechamos la presencia de las delegaciones para entrar en un debate al cual no voy a entrar; quédese tranquila, señora presidenta, que por delicadeza no lo voy a hacer.

                Voy a realizar dos preguntas muy cortas. Por un lado, quisiera saber si tienen el número de cuántas son las pasividades de la franja más alta que perciben más de $ 300.000 y, por otro lado, teniendo en cuenta que esto está planteado como una medida a corto plazo y que las medidas de mediano y largo plazo tienen que ver con las reestructura de la mal llamada Caja Militar, cuándo el ministerio estaría presentando el proyecto de reestructura porque necesita iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR DELGADO.- Iba a empezar tratando de defender a los señores senadores Amorín y Michelini de los embates de la señora senadora Moreira, pero voy a limitarme a hacer una consideración política muy breve y luego voy a plantear una pregunta.

                Hoy estamos viendo la realidad de un impuesto o un sobreimpuesto vinculado a los retiros de las Fuerzas Armadas, en función de la situación económica que estamos viviendo. Entendámonos: eso es así. La realidad es que estamos discutiendo este tema en función de cómo vienen el déficit, el crecimiento económico, la actividad y la necesidad de caja; de lo contrario, no estaríamos debatiendo sobre esto.

                Además, me parece que es bueno decir que no podemos estigmatizar una cantidad de situaciones y no digo que nadie lo haya hecho. Me interesa que quede claro que en la presentación que se hizo y en algunas consideraciones se profundizó sobre la particularidad del sistema de retiros y pasividades de las Fuerzas Armadas, que es muy complejo. Existen varios regímenes en función de las bonificaciones y de los diferentes mecanismos, según el arma y la especialidad. Repito: es un tema muy complejo y todos somos responsables. Asumimos la cuota parte que nos corresponde, pero también debe asumirla el Frente Amplio, porque es su tercer gobierno con mayoría propia y quizás hace mucho tiempo podría haber cambiado parte de esta realidad, pero no lo hizo.

(Dialogados).

                –Se llega a esta situación con decisiones legítimas adoptadas por el propio Parlamento –algunas por unanimidad y otras por mayoría– que contribuyeron a este tema multicausal, llegando a esta situación de desfinanciamiento del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Esa era la constancia que quería dejar. Más allá de que estén los votos y de que el Frente Amplio quiera avanzar en esta reforma tal como viene, por un tema de responsabilidad y en función de algunas apreciaciones hechas por la delegación que recibimos en la sesión pasada, vinculadas a la constitucionalidad y el impacto que puede tener en sanidad militar –obviamente el impacto allí va a repercutir en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud–, pedimos que viniera el Ministerio de Defensa Nacional con el director de sanidad militar y las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Tributario. Aunque podemos no compartir la estructura de este proyecto de ley, nos parece responsable escuchar todas las opiniones vinculadas a los aspectos tributarios, constitucionales y los efectos prácticos con respecto a los cuales alertó la delegación que ya recibimos sobre el tema de la sanidad militar.

                Vamos a coincidir con el señor senador Amorín porque creemos que es necesaria una reforma integral del sistema; es más, seguramente esto termine en una discusión de la ley orgánica de cada una de las fuerzas. Aunque quizás se tendría que haber comenzado por ahí, obviamente por una necesidad de caja, se empezó por el impuesto.

                Entendemos que no se puede estigmatizar el sistema, la forma como se jubilan, el monto de las prestaciones, el monto de los beneficios, las posibilidades de jubilación, la edad de retiro ni la tasa de reemplazo porque si hay alguien que no tiene culpa de eso son justamente los beneficiarios. En definitiva, la responsabilidad la tenemos quienes votamos las leyes y, en este caso, quienes hoy imponen este impuesto, que podrían haber cambiado esta realidad hace bastante tiempo.

                Por último, quería plantear una pregunta. Según sus cálculos, señor subsecretario, ¿cuántos se verán afectados por este nuevo impuesto? ¿Qué cantidad corresponde a personal superior, a oficiales y a personal subalterno?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En primer lugar, algunos señores senadores realizaron cierta apreciación que no compartimos y es que este tipo de reformas solo se realiza por una suerte de ansiedad o desesperación fiscal y dijeron que si no hubiera una necesidad puntual y urgente, esto no se haría. Empíricamente podemos demostrar que eso no es así.  Hoy estamos ante la reforma de la Caja Militar, pero antes se hicieron las reformas de la caja bancaria, de la caja profesional, de la caja policial y no nos encontrábamos en un momento de desaceleración económica. Por el contrario, esas reformas ocurrieron en momentos en que se daba en Uruguay el período de mayor crecimiento económico conocido en la historia del país y que, además, a diferencia de otros períodos de crecimiento económico, se dio con redistribución y equidad social.

                 En segundo término, debo decir que se hizo alguna apreciación comparando estos montos con episodios puntuales para demostrar su magnitud. Vale la pena recordar que estamos ante un déficit de                   USD 400:000.000 que se da todos los años, de manera recurrente, es decir que no es puntual.

                Ahora paso a responder las preguntas y comenzaré por la que fue planteada por el señor senador Delgado. En la diapositiva tenemos una tabla de los efectivos que están en cada una de las once escalas planteadas por el impuesto.

En la primera escala están los que no pagan nada, que ganan menos de 15 BPC –para construir las 15 BPC se toma el salario más la doceava parte del aguinaldo y con esto respondo al señor senador Camy–, lo cual es lógico porque se toma sobre los ingresos mensuales que recibe cada uno de los pasivos, donde el 80 % no paga la prestación.

El señor senador Berterreche preguntaba cuántos son los pasivos que están en las escalas superiores. En la imagen vemos que en las escalas 10 y 11 tenemos un poco menos de tres mil pasivos y sobre ellos, que ganan más de $ 100.000, recae el 66 % del peso del impuesto. Por supuesto, este es el diseño que plantea el Poder Ejecutivo y nosotros entendemos que es el mejor que pudimos elaborar atendiendo a criterios de capacidad contributiva y a que los que ganan menos se vean menos afectados o no se vean afectados.

Con esto respondo también a una inquietud del señor senador Michelini sobre si podría haber otros diseños. Podría haber «n» diseños y cada uno podrá plantear el que le parezca mejor. El del Poder Ejecutivo es este y está basado en esos criterios. Me parece que no nos corresponde plantear alternativas porque estamos convencidos de que esta es la mejor. Si hubiera otros criterios que surgieran de los señores senadores o de otros actores como los representantes de los pasivos militares sobre criterios que impliquen parámetros concretos diferentes podríamos analizarlos, pero hasta ahora no los he visto. Por lo menos, leyendo la versión taquigráfica de la comparecencia anterior no encontré una propuesta concreta por parte de los pasivos militares para cambiar los parámetros que hiciera que, recaudando el mismo dinero, se distribuyera la carga de otra manera y, por lo tanto, el diseño de las franjas fuera diferente. Si hubiera una propuesta concreta, sería de recibo que la analizáramos. Esa es nuestra tarea y lo que corresponde. Cuando haya una propuesta concreta, vamos a analizarla y a formarnos una opinión, pero no nos parece adecuado construir otro diseño para «n» direcciones distintas. Reitero que sí lo haríamos ante un planteo concreto.

                A su vez, el señor senador Amorín decía que, si bien comparte el espíritu de reforma de la Caja Militar –dada la situación que nosotros planteábamos–, no corresponde empezar con la aplicación de un impuesto. Al respecto voy a hacer varias consideraciones. Antes se dijo que esto solo se hace en momentos en los que hay déficit fiscal o mayor necesidad fiscal que en otras oportunidades. Es cierto que en otros momentos esto se hizo en otras cajas, pero aunque Uruguay fuera un país –como pocos en el mundo– en el que no hubiera déficit fiscal sino que tuviera superávit, si tiene una caja con un déficit para 50.000 pasivos igual al déficit que tiene el BPS para 600.000 pasivos y la relación se deteriora año a año por múltiples factores, de todas formas habría que acometer esta reforma y mejorar el financiamiento de este déficit.

                Obviamente, se requieren reformas estructurales a mediano y largo plazo como la de la caja, pero estas tienen efectos a mediano y largo plazo, y, dado el volumen del problema, desde el Poder Ejecutivo entendemos que hay que tomar algunas acciones a corto plazo, mientras que las de mediano y largo plazo van quedando establecidas y generando sus efectos. Por eso se pretende que haya un financiamiento por parte de esta prestación pecuniaria.

Sin embargo, esto no soluciona todos los problemas, sino que solo pretende generar un financiamiento equivalente al 10 % del déficit. Insisto, con una acción de corto plazo, se pretende reducir en un 10% el problema planteado.

SEÑOR AMORÍN.- En realidad, no se me ocurrió a mí que este impuesto fuese consecuencia del déficit fiscal. Vi al ministro Astori en oportunidad de que hiciera la presentación del déficit fiscal y cómo se iba a paliar. Explicó los impuestos que se iban a aplicar, los gastos que se iban a bajar y, entre los aumentos de ingresos que mencionó, figuraban 40:000.000 de la Caja Militar. Reitero que no fue mía la brillante idea, sino que simplemente miré al señor ministro Astori por televisión en el momento en que dijo que la forma de paliar el déficit fiscal era, entre otras cosas, con un impuesto que iba a recaudar 40:000.000 de la Caja Militar.

                Este no es el tema de fondo, pero me parece que valía la pena la aclaración.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- A pesar de no ver al ministro todos los días que quisiera, por lo menos lo miro por televisión y eso es bueno. Como dijimos al inicio, esto figura dentro de un paquete de medidas de consolidación fiscal. Pero hay que ver también el contrafáctico. Si Uruguay no tuviera necesidades de consolidación fiscal, dada la magnitud de este problema y de que va creciendo por términos económicos, pero también por términos filosóficos y conceptuales, como bien expresaba la señora senadora Moreira, por cuestiones de equidad también hay que corregir esta situación, aunque no estuviéramos ante una necesidad de consolidación fiscal.

                Por otro lado, es necesario tomar acciones de corto plazo mientras se instrumentan, se efectivizan y tienen efectos concretos las de mediano y largo plazo. El Poder Ejecutivo espera remitir antes de fin de año el proyecto de reforma de la Caja Militar. Aclaro este punto para quienes preguntaban cuál era el estado de situación de la reforma.

                Se planteaba la discusión entre algunos señores senadores respecto a cuán relevante era la diferencia en la relación activos-pasivos. Obviamente ese es uno de los factores que explican la evolución y el creciente déficit, pero, como decíamos, no es el único.

                ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a hacer un contrafáctico. Si la relación activo-pasivo no se hubiese cambiado, por todos los otros factores que hemos comentado, igualmente estaríamos ante un déficit voluminoso y creciente del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, igualmente habría que tomar medidas al respecto. Si bien debemos tomar en cuenta todos los factores, si estábamos ante un escenario de 50.000 activos y este fue reducido a lo largo del tiempo a unos 27.000 o 28.000, la pregunta es si se necesitaban esos 50.000. Incluso, algunos legisladores –y me parece muy bien que conste en la versión taquigráfica porque así todos lo podemos leer– hablaron de «hipertrofia militar». En todo caso, si se corrigió esa hipertrofia, no debemos contarlo como una ganancia, sino simplemente como la eliminación de un gasto que no correspondía. Estamos hablando siempre en un caso hipotético, preservando y reconociendo el rol fundamental de las Fuerzas Armadas en el Uruguay, actuando en forma eficiente y con los efectivos que corresponda.

                Para demostrar que no solamente este factor es el que importa, tomemos los últimos diez años, entre 2004 y 2015. La evolución de la asistencia creció en un 96 %, es decir que casi se duplicó. Pero en ese período la evolución de los activos pasó de 30.000 a 27.000. Quiere decir que se redujo solo en un 10% y la asistencia se duplicó en términos reales. ¿Este problema no tiene solución o no se acabará nunca? Tiene solución en el largo plazo porque, con el paso del tiempo y los efectos biológicos, la relación se irá corrigiendo. Si bien esto tiene efectos a largo plazo, el impuesto planteado –es decir, la prestación pecuniaria– pretende resolver en el corto plazo el 10% de este problema y lo mismo se busca con la reforma estructural de la Caja Militar: se pretende resolver parcialmente el tema. Obviamente, no se pretende dejar la cuenta en cero –esto tampoco se hizo con la caja bancaria y la caja policial– y siempre habrá una transferencia pero tiene que estar acotada a parámetros normales y sustentables.

                Más allá de las apreciaciones generales sobre el rol de las Fuerzas Armadas o lo expresado por el señor senador Camy con respecto a cortes generacionales, quiero aclarar que nosotros estamos aquí para preservar y salvar a esta caja porque de esta forma no es sustentable. No puede perder USD 400:000.000 por año; además, esta cifra va en aumento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo no tiene otra finalidad que salvarla. Esa es la importancia que damos a este proyecto de ley, que está inserto en una iniciativa más general, que es la reforma estructural del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR CAMY.- Quisiera saber si el señor subsecretario tiene la información relativa a ese corte del año 2004 que mencionó, para analizar la relación activo-pasivo porque ese año los activos bajaron de 30.000 a 27.000.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Eso está en la gráfica de la presentación.

                En ausencia del señor senador Michelini –que ahora está nuevamente aquí–, hicimos un comentario con respecto a una de sus preguntas, vinculada al análisis de múltiples opciones de franjas. Obviamente, nosotros consideramos que la mejor es la que envió el Poder Ejecutivo, puesto que creemos que corresponde y atiende a criterios de equidad y progresividad, dejando al 80% de los que ganan menos fuera del alcance del impuesto. Si hubiera algún planteo concreto de parte de legisladores o representantes de los pasivos militares con respecto a algún otro diseño que afecte de manera diferente al conjunto de los pasivos, estaríamos dispuestos a analizarlo, pero hasta ahora no lo tenemos y, por lo tanto, esperaremos a ver si alguien lo presenta.

                Con respecto a la solución propuesta por el Poder Ejecutivo de descontar el montepío, entendemos que no hay problemas jurídicos y tampoco riesgos de que esto sea declarado inconstitucional porque en la Constitución uruguaya no hay ninguna prohibición de gravar un determinado hecho más de una vez, si esto ocurre siendo los impuestos de origen o de fuente nacional. Sí hay problemas de constitucionalidad cuando un mismo hecho se grava por impuestos de carácter departamental y nacional, pero no si se grava más de una vez con los de carácter nacional. Entendíamos que esta era un aspecto a considerar en el diseño, pero si los señores senadores resuelven tomar una definición distinta, para nosotros no implicaría un problema. Reitero que detrás de esta solución no hay un problema de carácter jurídico y entendimos que este era el mejor diseño posible.

                En cuanto a la pregunta del señor senador Camy sobre las apreciaciones del doctor Gonzalo Aguirre con respecto a la constitucionalidad del impuesto en función del artículo 67, debo decir que nosotros entendemos que no hay problemas de inconstitucionalidad. Obviamente respetamos las opiniones de todos y, sobre todo, las de juristas prestigiosos. Al leer la versión taquigráfica advierto que el exvicepresidente, doctor Gonzalo Aguirre, hacía referencia al literal A) del artículo 67 diciendo que las pasividades deberían de verse financiadas por contribuciones obreras y patronales y si estas no eran suficientes debería haber, si fuera necesario, una asistencia financiera por parte del Estado. Ahora bien, seguramente por motivos de tiempo no fue leído el párrafo completo del literal A) y nosotros quisiéramos hacerlo. El literal A) cuando habla de las prestaciones previstas doce que se financiarán sobre la base de:

«A) Contribuciones obreras y patronales» –pero el párrafo sigue– «y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados». Aquí estamos frente a un tributo y que está afectado específicamente al financiamiento del Servicio de Retiros y Pensiones.

Además, este artículo 67 de la Constitución consagra el derecho a un retiro adecuado y establece la forma y la periodicidad en que se debe ajustar y prevé la forma de financiación. Aquí quiero hacer otra apreciación. En el caso de la Caja Militar estuvimos frente a ingresos de activos que fueron creciendo por un determinado índice frente a pasividades que fueron creciendo por el índice medio de salarios. Ahora bien; todos los funcionarios públicos tuvieron incrementos que se fueron dando en función del IPC, a diferencia de policías y maestros, en particular. Pero también es importante destacar que en el caso de los activos militares los incrementos fueron por encima del promedio del IPC, porque en algunos casos hubo aumentos adicionales, sobre todo, para el personal subalterno. Se hizo referencia también a la cantidad de personal militar en condiciones de pobreza o de indigencia. Según datos del INE el porcentaje de personal militar en condiciones de pobreza es inferior al promedio de uruguayos que están en condición de pobreza.

Con respecto al artículo 67 de la Constitución, en función de lo que planteaba el señor senador Camy, como decíamos, se establece el derecho a un retiro adecuado, que es lo que está amparado constitucionalmente, pero como todo otro derecho individual no es absoluto e irrestricto y está sujeto a limitaciones que se establezcan por cuestiones de interés general. Por lo tanto, el retirado tiene derecho, además, a una remuneración adecuada, pero no a una suma determinada, eso no queda establecido. De esta forma, solo en caso de que una norma modificara el régimen de indexación podría hablarse de inconstitucionalidad, es decir, está establecida la forma en la cual debe evolucionar y si por ley se cambiara la forma de indexación estaríamos frente a un caso de inconstitucionalidad, pero no es el caso. Como decíamos, en el artículo está previsto, además, que la financiación puede darse también a través de tributos. Por lo tanto, entendemos que no podemos hablar de una inconstitucionalidad ni de carácter confiscatorio. Además, para hablar de carácter confiscatorio tendríamos que hablar de algo que es propiedad del confiscado y cuando hablamos de un servicio de pensiones estamos ante un fondo intergeneracional, que no es propiedad de cada individuo. Por lo tanto, no puede ser confiscado lo que no es propiedad de una persona.

Por estos argumentos entendemos que no estamos frente a un caso de inconstitucionalidad. Además, esta opinión, que es la del Poder Ejecutivo, también fue reflejada en oportunidad de alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, la sentencia n.º 364, del año 2009, ante un planteo similar de la caja bancaria, dice: «III) El art. 67 no consagró la seguridad económica de los pasivos (léase intangibilidad de sus haberes). En puridad se pretende desnaturalizar la naturaleza jurídica de un tributo señalando los efectos que produce. Evidentemente todo gravamen morigera el caudal económico del sujeto pasivo quien debe efectuar la erogación correspondiente. Basta sostener, con el mismo énfasis con que lo hacen los actores en sentido contrario, sin mayor fundamentación, que puede aceptarse como derecho adquirido el de alcanzar la jubilación y percibir un haber de pasividad pero no existe norma ni principio que confiera a los pasivos el privilegio de ser excluidos de la obligación de contribuir a las cargas públicas o el derecho a la intangibilidad de su ingreso de pasividad».

                Al respecto hay sentencias similares, del año 2014, y vamos a dejar copias para que vean que, ante casos análogos, no se tienen en consideración estos planteos de inconstitucionalidad –además está establecido a texto expreso en el artículo 67– respecto a la posibilidad de financiar estos servicios de pensiones a través de tributos.        

                Creo que hemos dado respuesta a todas las inquietudes. En el caso de la composición de quienes deberán pagar este impuesto, debo decir que aproximadamente el 85 % o 90 % son oficiales u oficiales superiores; solamente alrededor del 10 % es personal subalterno.

SEÑOR CAMY.- Agradezco las respuestas al señor subsecretario, pero quería pedirle una aclaración porque no me quedó claro si estoy calculando bien. Según entiendo, se debe pagar a partir de los $ 46.247, en aplicación del 8,33 % más a los $ 50.100. En una comparecencia anterior se estableció que no pagaban los que percibían $ 50.100 en virtud de lo que había señalado el señor Mosco.

                Esta es mi interpretación y quisiera que se me dijera expresamente si mi cálculo es o no correcto.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Para el cálculo de esta prestación, al igual que para todos los tributos que tienen que ver con rentas, se toman en cuenta los ingresos anuales que se perciben. Por lo tanto, cuando consideramos los ingresos no solo hay que tener en cuenta los que se reciben todos los meses sino también aquellos que se perciben en alguna oportunidad más episódica, pero que son parte de los ingresos anuales. Es por eso que para hacer el cálculo hay que tener en cuenta los ingresos de todo el año, ya sea que ocurran como salario, como aguinaldo o de otra forma.

                En definitiva, debemos todas esas partidas y prorratearlas a fin de hacer el cálculo mensual. Esto no es algo que ocurra específicamente en este caso; sucede con todos los otros tributos que toman en cuenta los ingresos anuales para su cálculo y luego se aplican las deducciones para llegar a las rentas, etcétera. Por lo tanto, hay que analizar todas las partidas y para llegar al número específico hay que hacer las cuentas a partir de $ 50.100, tomando en cuenta los ingresos que se componen por el salario más la cuota parte del aguinaldo.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias, señor subsecretario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Me gustaría hacer otra aclaración con respecto al planteo del señor senador Camy, porque me parece importante que quede constancia en la versión taquigráfica.

                Obviamente, en este caso es necesario tener en cuenta el aguinaldo por todo lo que decíamos, pero si se tratara de otros pasivos esto no ocurriría porque el resto no lo percibe. Esto también es importante dejarlo claro. Hay que tomarlo porque corresponde de acuerdo con la técnica tributaria, pero se hace en este caso y no en otros porque los demás pasivos no perciben aguinaldo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos al señor subsecretario y a sus asesores por su comparecencia.

                Se levanta la sesión.

(Son las 12:19).

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/documentos/versiones-taquigraficas?Cpo_Codigo=All&Lgl_Nro=48&Fecha%5Bmin%5D%5Bdate%5D=01-11-2016&Fecha%5Bmax%5D%5Bdate%5D=16-11-2016&Cms_Codigo=All&Dtb_Nro=&tipoBusqueda=T&Texto=&Cuerpo=

Entrevista realizada en Radio Sarandí en el programa Hora de Cierre, el día 23/Nov/2016, al señor Coronel don Rivera Elgue.- 

HoraDeCierre_161123 Cnel. Rivera Elgue.mp3

COMISIÓN DE HACIENDA 
Carpetas N° 680/2016

Distribuido Nº 1021
3 de noviembre de 2016


SERVICIO DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS  FUERZAS ARMADAS

Creación de una prestación pecuniaria de asistencia

Versión taquigráfica de la sesión del día 3 de noviembre de 2016 
-Sin corregir por los oradores-

ASISTENCIA

Preside:

Senadora Patricia Ayala, Presidenta de la Comisión

   
Miembros:

Senadora Constanza Moreira, Senadores José Amorín, Andrés Berterreche, Carlos Camy, Álvaro Delgado, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini y Julio C. Silveira

   
Invitados Especiales:

Por el Centro Militar Teniente Coronel Jorge Gómez, Coronel Carlos Delgado, doctor Gonzalo Aguirre y doctor Nelson Mosco; por el Club de la Fuerza Aérea Coronel Aviador (R) Juan Andrés Falco y doctor Jorge Mosco; por el Club Naval Presidente Capitán de Navío (R) Artigas Zorrilla y Vicepresidente Capitán de Navío (R) Daniel Loureiro; por Equipo de análisis de la Seguridad Social Militar General Hébert Fígoli, Coronel Mario Frachelle, Coronel Sergio Rico, Coronel Rivera Elgue, Capitán de Navío Enrique Falco (Abogado) y Coronel (FAU) Hugo Corujo (Abogado); por el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas y Círculo Militar Coronel Roberto Velasco y por el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Coronel Humberto Forli y Coronel (Av.) Julio Díaz Pujado

   
Secretaria: Dinorah Amato
   
Prosecretaria: Alicia Hackenbruch


SEÑORA PRESIDENTA.-
 Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:14).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «Solicitudes de audiencia de Centro Militar, Club Fuerza Aérea, Club Naval y Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar, Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas, Círculo Militar, Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, referentes al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea una prestación pecuniaria de asistencia al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Hipoteca inversa. Creación. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor senador Luis Lacalle Pou. Carpeta n.º 689/2016. Distribuido n.º 1013/2016».

SEÑOR MICHELINI.- Hay dos proyectos que habría que poner en el orden del día. Sé que el próximo jueves viene el ministro, pero después podemos quedarnos un rato más para  discutir los dos proyectos: el relativo al IASS y el de competitividad. Se pidieron plazos y en el caso del proyecto de ley sobre competitividad se iban a hacer modificaciones, que no sé si el Poder Ejecutivo envió; entonces, las reiteramos para que secretaría las distribuya a todos los señores senadores e incluimos el tema en el orden del día de la próxima sesión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con respecto al IASS la comisión propuso al Poder Ejecutivo la posibilidad de dividir la franja más grande en dos –fue una propuesta que hizo Onajpu en la comisión–, pero todavía no tuvimos respuesta. En el caso del proyecto sobre competitividad no se han recibido desde el Poder Ejecutivo posibles variantes. Estamos en contacto con Álvaro Ons por si surgen modificaciones desde el Poder Ejecutivo.

                El ministerio no pudo venir hoy y pidió ser recibido el próximo jueves para hablar sobre el tema que vamos a tratar hoy.

 (Ingresan a sala las siguientes delegaciones: Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas; Centro Militar; Club Fuerza Aérea; Club Naval; Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar; Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas; Círculo Militar y Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas).

                –Les agradecemos que estén acá y también estamos dando respuesta a vuestra solicitud a través de las notas que recibimos. En la comisión decidimos recibirlos a todos juntos para que puedan volcar su opinión y su parecer respecto del proyecto de ley que está en tratamiento.  

SEÑOR FÍGOLI.-  Muy buenos días. Soy el General Hebert Fígoli, coordinador del equipo de análisis de la Seguridad Social Militar.

                En nombre de la mesa representativa de los clubes y centros sociales de las Fuerzas Armadas, del equipo coordinador que tengo el honor de presidir y, en particular, de los distinguidos profesionales del derecho que nos acompañan, doctores Aguirre y Mosco, deseo enfatizar nuestro agradecimiento a los distinguidos parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.

                Desde ya muchas gracias por vuestra cortesía y está de más decir que en el futuro quedamos abiertos y a total disposición para evacuar cualquier tipo de dudas o consultas sobre este tema que nos resulta tremendamente preocupante.

                Para iniciar nuestra comparecencia vale preguntarse por qué el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas recibe asistencia financiera del Estado. Podríamos enumerar muchas razones, pero me voy a permitir reseñar las que entendemos más importantes.

                En primer lugar, se justifica habida cuenta la reducción de la cantidad de cotizantes. La política de reducción de efectivos de las Fuerzas Armadas seguida por distintos gobiernos desde el año 1985, ha significado una disminución del 32 % de cotizantes al sistema, lo que unido al incremento de la expectativa de vida de retirados y pensionistas ha determinado la relación de un activo por casi dos pasivos. Hoy aportan –en números gruesos– prácticamente 27.000 activos y se realizan prestaciones a 35.000 retirados y 14.700 pensionistas.

                En segundo término, el aporte patronal y montepío son menores que otros sistemas y el Estado no realiza aportes por tiempos bonificados, como establece la Ley n.º 16.713.

                En tercer lugar, la masa salarial del personal en actividad es la más baja del Estado. Más del 50 % son soldados, marineros, con un ingreso que no supera los $ 14.000. A título de ejemplo, más del 60 % de los soldados, marineros viven bajo la línea de pobreza o indigencia.

                En cuarto término, los incrementos anuales de haberes de retiro y pensiones se fijan por el índice medio de salarios, los que son normalmente superiores a los aumentos que percibe el personal en actividad, que ajusta por índice de precios al consumo.

                Es interesante destacar que los mayores montos de las pasividades corresponden a los retirados por leyes aprobadas en democracia, en particular la Ley n.º 16.226, de incentivo al retiro anticipado, de noviembre de 1991, y la Ley n.º 17.949, de recomposición de carrera por motivos políticos o ideológicos, de enero del año 2006, que otorgó grados de general aumentados en un 25 % como renta vitalicia y un beneficio extra de veinticuatro sueldos.

                Si observamos la exposición de motivos del proyecto de ley del potencial eventual futuro impuesto se deduce que se pretende recaudar aproximadamente USD 40:000.000. Si consideramos que lo que recauda el servicio de retiros por concepto del IASS son aproximadamente USD 28:000.000, este potencial impuesto resultaría igual a un nuevo IASS más un 45 %.

                Señores senadores: ¿qué pasará a partir del 1.º de enero de 2017 si se aprueba este impuesto a los retiros y pensiones militares? Acorde a lo establecido en la ley de rendición de cuentas, las pasividades se verán afectadas por los incrementos en los porcentajes para el actual IASS y por el nuevo impuesto que gravará el monto nominal mensual de los retiros y pensiones militares. Al aplicar este impuesto adicional, por el hecho de ser retirado o pensionista militar, se deberá pagar dos tributos de igual naturaleza; ¡dos tributos! Ambos impuestos se calculan sobre el nominal. Esto implica que se pague sobre una cantidad que está afectada para cubrir otro impuesto e, incluso, otras cargas obligatorias por ley, como el Hospital Militar, servicio fúnebre y la asistencia social, fundamentalmente en beneficio del personal subalterno –soldados, personal de tropa– por solidaridad intergeneracional.

                Seríamos, entonces, los únicos pasivos del Uruguay a quienes se aplica una doble imposición ante el mismo hecho o agente generador, lo que viola el principio de igualdad contemplado en la Constitución. Pero veamos la siguiente argumentación por el absurdo. Al pretender disminuir el llamado déficit que suponen los retiros y pensiones militares, se incurre en un absurdo similar al crear un impuesto a los funcionarios de Ancap para financiar el déficit de la empresa. Es el mismo absurdo que se daría si a los jubilados del Banco de Previsión Social, además del IASS, se les aplicara otro impuesto de naturaleza similar para disminuir el abultado déficit de dicho ente.

                El aporte de los militares correspondiente al impuesto de asistencia a la seguridad social va al Banco de Previsión Social, no al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. O sea que los militares retirados financiamos, en parte, al resto de los jubilados.

                El nuevo impuesto que se pretende aplicar tiene el mismo objeto de asistir a la seguridad social, en este caso, a quienes perciben haberes del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Pero hemos analizado el impacto del actual IASS y del nuevo impuesto y hemos visto que muchos pagarán casi el 50 % –¡50 %!–  de sus haberes de retiro o pensiones. Entendemos que esto es confiscatorio porque se hace sobre alícuotas absolutamente desmedidas y que no se aplican a ningún tipo de hecho generador, bienes, servicios o capital de nuestra sociedad.

                Observamos también que se viola la capacidad contributiva. El proyecto de ley no respeta franjas; se aplica plano al haber de retiro nominal y no es progresivo. Pero resulta también –según nuestra mirada– discriminatorio, ya que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas no es el único servicio de seguridad social que recibe asistencia financiera del Estado, pero es el único que da cobertura exclusivamente a funcionarios del Estado y sus pasividades se verán lógicamente afectadas por el nuevo impuesto.

                También ponemos nuestra mirada en que incidirá en aquellos que realizaron el mayor aporte personal y patronal durante su vida activa, incluso más allá de los 36 años obligatorios para abonar montepío. Son los que permanecieron más tiempo en las Fuerzas Armadas sujetos a un régimen jurídico que estructuró la formación, la capacitación, el sistema de ascensos y los tiempos de permanencia en las diferentes jerarquías. Somos quienes mantuvimos dedicación exclusiva al servicio de las Armas y asumimos las mayores responsabilidades. En este sentido, la propuesta puede generar un antecedente totalmente negativo para el personal superior y subalterno, los que están en actividad, respecto a sus expectativas profesionales, a su plan de carrera y, obviamente, a su economía doméstica o familiar.

                Entendemos que el impuesto que se pretende aplicar lesiona los derechos adquiridos de muchos retirados que, sujetos al estatuto militar y regímenes específicos, legislados en democracia, cumplieron con el proceso natural de su carrera: ingresar a las Fuerzas Armadas, estar en actividad y pasar a situación de retiro luego de más de 40 años de servicio.

                El retiro es una fase de la carrera a la que se ingresa en forma voluntaria u obligatoria. Esa situación de retiro no implica dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas. El militar sigue revistando en el retiro y sujeto al estatuto militar en cuando corresponda.

                Resulta injusto que a esta altura de nuestras vidas se cambien las reglas y que se aplique otro impuesto más, en una etapa muy especial en que, por edad, no se puede salir a trabajar.

                Muchos de los retirados y pensionistas tienen serios quebrantos de salud, han adquirido compromisos económicos, préstamos hipotecarios y bancarios, la mayoría con nula capacidad de ahorro. Son situaciones muy difíciles de paliar ante la reducción de sus ingresos.

                El artículo 7.º del proyecto de ley establece que tendrá carácter transitorio hasta que se establezcan las condiciones definitivas. Entendemos, de su lectura, que revistará carácter permanente.

                Podríamos expresar una larga lista de potenciales impactos en caso de que este tributo se aplique pero, básicamente, me permito reseñar lo siguiente. Entendemos que afectará negativamente la retención del personal en actividad, particularmente el técnico y especializado que llevó muchos años conformar, especializar, cuya pérdida constituye realmente un panorama más que complejo para las Fuerzas Armadas. Va de suyo que ello implicará la pérdida de la capacidad operacional de sus tres componentes: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Uruguaya.

                Me gustaría llamar la atención de los señores senadores en los efectos sobre la sanidad militar, ante el eventual retiro de un número importante de médicos, nurses, enfermeros y personal técnico; no olvidemos que es la reserva del sistema nacional de salud en caso de huelga o conflicto sindical. Esto provocará en los conciudadanos, al ver afectadas sus expectativas por el impuesto, una aceleración en la tendencia al retiro ya que sus magros ingresos no admitirían su permanencia, por cuanto podrían optar por el retiro en las actuales condiciones y volcar sus esfuerzos en otras fuentes laborales. Me permito recordar que sanidad militar atiende aproximadamente 150.000 usuarios que se encuentran fuera del sistema nacional de salud. El efecto de un retiro masivo, en este sistema de salud militar, afectará no solo a los usuarios del Hospital Militar, sino también a la comunidad, ya que el mismo brinda servicios que se extienden al resto de la población. Por ejemplo, el programa de trasplante hepático, el funcionamiento de diferentes Imaes           –cardiológico, marcapaso, traumatológico–, el banco de tumores. Incluso, se verá comprometido el funcionamiento de un angiógrafo  a ser instalado en poco tiempo y afectará las residencias de postgrado –urología, cardiología, ginecología, etcétera–, así como la práctica que diferentes escuelas de enfermería y auxiliares realizan en el Hospital Militar.

                También debemos tener en cuenta algo no menos importante: el 80 % del equipamiento que tienen estos servicios es propiedad de sanidad militar. Si no se cuenta con los profesionales capacitados y con la experiencia necesaria, estos servicios se verán seriamente afectados, con impacto en todo el territorio nacional.

                Para finalizar señalo que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es compatible con la profesión militar, con características específicas, no compartidas con otra categoría laboral, ya que el estatuto que nos rige es diferente. El retiro no constituye un privilegio, no supone un favor especial; es el que corresponde a los militares de acuerdo con la legislación vigente e implica mantener el estado militar, con derechos y obligaciones –algunos de ellos de por vida–, pudiendo llegar al extremo de perder gran parte de la pasividad.

                Entendemos que la defensa nacional, en tanto bien público y servicio esencial indelegable, es responsabilidad del Estado nación. Por lo tanto, la asistencia financiera al servicio de retiros y pensiones debería ser soportada por la sociedad en su conjunto, en el marco global de todo el sistema de previsión social.

                A los gobernantes, a los decisores de políticas públicas, pero particularmente a ustedes, distinguidos conciudadanos parlamentarios, les quiero citar una frase que hace tiempo escuché de un amigo: «No hay mejor sociedad humana que aquella determinada por la calidad de sus hombres». Es por esto que aspiro a conseguir de todos los actores la ponderación y la ecuanimidad necesarias para comprender situaciones como esta y encontrar el mejor camino que permita otorgar a los profesionales de las Armas y a sus familias, en el declinar de sus vidas, un futuro acorde a los servicios tan especiales que por su condición de soldados brindaron con amor, entrega y desinterés.

                Muchísimas gracias.

SEÑOR AGUIRRE.- Señora presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, señores senadores: voy a hacer uso de la palabra para referirme a los aspectos jurídicos de este proyecto de ley que, en mi opinión, adolece de un claro vicio de inconstitucionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque en las elecciones de 1989 –de muy grato recuerdo para el dicente–, cuando se plebiscitaron conjuntamente unos aditivos al artículo 67 de la Constitución promovidos por la recolección de firmas de las organizaciones de pasivos, se incorporaron dos incisos que rezan de la siguiente manera. El primero de ellos dice: «Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central».

                El segundo inciso establece: «Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de:

  1. A)            Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y
  2. B)            La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario». Este último literal es muy importante.

De estos dos aditivos al artículo 67 de la Constitución que fue incorporado en la reforma de 1934 resultan dos conclusiones muy claras. En primer lugar, ha sido voluntad del constituyente –esa es la ratio legis de estos agregados– que exista un procedimiento para mantener el poder adquisitivo de las pasividades, ya sean jubilaciones o pensiones. A tal efecto, el segundo inciso del actual artículo 67 establece el mecanismo del ajuste –entiéndase como aumento– de las pasividades en los mismos montos, porcentajes y oportunidades que se aumenten las retribuciones de los funcionarios de la Administración Central.

En segundo lugar y en cuanto a la financiación, se establece –como es de orden en todo sistema de pasividades, de seguridad social– el aporte de las contribuciones obreras y patronales, pero si esto no alcanzare se dispone que, al igual que ocurre en el Banco de Previsión Social, el déficit se cubrirá con la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado. Es decir que, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, el faltante lo tiene que proporcionar el Estado y no el beneficiario, el pasivo; no se concibe otra cosa, a pesar de que en el actual sistema de seguridad social hay un impuesto, el IASS –que también considero inconstitucional–, por el cual, en menor cuantía que el tributo que se va a crear por este proyecto de ley, los jubilados y pensionistas también contribuyen a paliar ese déficit. 

                En consecuencia, hay una inconciliabilidad absoluta entre el sistema instaurado en el artículo 67 de la Constitución de la República en los dos agregados de la reforma del año 1989 y lo que establece este proyecto de ley. El sistema constitucional actual en esta materia del artículo 67 es que si hay déficit se financia con contribuciones obreras y patronales, como es de orden, y el faltante lo tiene que poner el Estado, no el beneficiario del sistema. Eso no se concibe. De allí que yo considero que este proyecto de ley es burdamente inconstitucional.

Además, quiero decir que, aunque se le denomina «tributo» e indiscutidamente es un impuesto, en la práctica no funciona como un impuesto, sino como una rebaja de la pasividad. Paso a explicar. En un impuesto hay que hacer una liquidación y presentarse a pagar en la DGI o en Abitab, como se estila ahora. Si es un impuesto  relativamente complejo como, por ejemplo, en mi caso, debido al IRPF que pago por mi actividad profesional he contratado a un estudio contable que me hace la liquidación y yo después voy y pago. Pero aquí no; simplemente el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –como lo dice expresamente el proyecto de ley– retendrá el importe del tributo, es decir, que es una rebaja de la jubilación o de la pensión. De acuerdo al proyecto de ley, es un impuesto, pero en los hechos es una rebaja de la pasividad. Esto es inadmisible.

Otra cosa que quiero decir es que el proyecto, como resulta de la exhaustiva y excelente exposición del General Fígoli, incurre en superposición impositiva, la cual en materia de tributos departamentales está prohibida por el artículo 298 de la Constitución de la República. Tan así es que eso fue lo que motivó la declaración de inconstitucionalidad del impuesto llamado ICIR –que gravaba a los terratenientes, a la concentración de inmuebles rurales– fue declarado inconstitucional por la Corte porque incurría en superposición impositiva prohibida por el artículo 298 de la Constitución.

 Con respecto a los demás tributos –estas son prestaciones de la seguridad social–, no existe una disposición expresa de la Constitución que prohíba la superposición impositiva, pero indiscutiblemente, de acuerdo a las enseñanzas del ilustre maestro Ramón Valdés Costa, la superposición impositiva es de mala técnica legislativa y desmerece las virtudes que pueda tener un sistema tributario.

                No tengo nada más que agregar.

SEÑOR MOSCO (Nelson).- Señoras y señores senadores: a nuestro juicio este proyecto de ley está desnudando la crisis que está atravesando el sistema de seguridad social global del Uruguay y la necesidad de trabajar en forma urgente y eficaz para resolverlo, tanto en ingresos como en egresos por pasividades y por prestaciones de actividades. En este caso, la vía planteada por este proyecto de ley resulta un parche financiero que viene a confirmar que las pasividades establecidas por la ley quedan desvirtuadas por la realidad económica de un sistema que por diversas causas está en una crisis terminal. Si por la vía de superponer tributos seguimos reduciendo el haber de pasividad legalmente establecido, en definitiva, estamos haciendo un ajuste que lo va a convertir en una pensión a la vejez y en nada va a tener relación con el aporte que realizamos por Montepío; en nada va a tener relación con lo que agrega el aporte patronal y en nada va a tener relación con el tiempo de trabajo activo que cada persona realice. En definitiva, la única certeza que tendremos será que alguna cantidad variable vamos a percibir en caso de vejez, invalidez o muerte, pero no tendrá nada que ver con el haber de pasividad que nos fije la ley jubilatoria. Esto hace ilusoria la protección social y destruye el ahorro que durante la vida activa realizamos para cubrir la contingencia de la ancianidad.

En el caso de los retirados, además del aporte del impuesto a la seguridad social que vuelca al BPS, que en enero próximo sufrirá el ajuste al alza de su alícuota, situación que disminuirá una vez más lo que todos los pasivos recibirán como actualización de sus pasividades, sufrirán además afectaciones a las pasividades militares, en razón de su aporte, como se dijo, al Hospital Militar, al servicio de tutela, y a otras prestaciones obligatorias que se le descuentan de su haber de retiro. Si se aprueba el presente proyecto de ley esos descuentos serán sustanciales y, a nuestro juicio, confiscatorios de lo que gana un pasivo. En algunos casos se llega prácticamente, como se vio, al 50 % de disminución del haber de retiro, por lo cual el neto que tendrán para atender sus obligaciones económicas, personales y familiares va a ser la mitad de lo que la ley determinó que debían percibir.

 Esto no afectaría únicamente a quienes tienen una pasividad que algunos consideran importante, que son absoluta minoría entre los pasivos militares –sin medirla con la que reciben del Estado otros actores  públicos–, sino a más del 80 % de los retirados que, en su mayoría, no recibirán siquiera lo que se considera el equivalente a una canasta básica.

El alerta que debería despertar en el legislador esta situación es que no es nueva ni transitoria ni legítima. No es nueva por cuanto así surgió el IASS y sigue creciendo el descuento a los pasivos, civiles y militares. No sería transitoria ya que la revisión del sistema, tal como lo establecen los economistas más reputados, genera adecuaciones económicas no antes de los veinte años de su vigencia. Por lo tanto, en el mejor de los casos, persistirá la causa que se esgrime para incorporar este nuevo impuesto por no menos de ese tiempo. No sería legítimo ya que afectar derechos adquiridos de personas de esta edad sin posibilidades de generar otros ingresos con el argumento que se revisará el sistema para el futuro implica que la revisión del sistema será para otros, seguirá financiándose con parte de lo que legalmente les corresponde pero igual se les detrae.

                A todos los pasivos habría que advertirles que cada vez que exista déficit público, sea por causas internas o  externas, no los protege ya el blindaje votado por la ciudadanía que creó el sistema constitucionalmente previsto que únicamente permite tributos para el pago de las prestaciones, sino que estamos recorriendo el camino indeseable de que lo económico se impone a lo jurídico y el que paga es el pasivo. Víctima de tal condición que se debate entre la incertidumbre que va desde lo que le asignó la ley a lo que luego de todos los impuestos que pesan sobre él en realidad le queda.

                Señora presidenta: en esta comisión y en esta Cámara está asumir con responsabilidad la causa justa de evitar que las pasividades sigan pareciéndose a las que se les liquidó a los jubilados por disposición legal.

                La pregunta que cabe hacerse es por qué los retirados deben aportar al Banco de Previsión Social para financiar el supuesto déficit del sistema de seguridad social si no se considera ese aporte para consolidar el sistema. También cabría preguntarse por qué todos los pasivos y activos no contribuyen a financiar el déficit presupuestal del Estado y se intenta cargar únicamente con este colectivo. Si hay que contribuir a financiar el déficit presupuestal del Estado es buena cosa que lo hagamos ente todos y que cada uno pague en relación con su capacidad económica, no que sector por sector deba hacerse cargo, además, de la unidad ejecutora donde le tocó desempeñarse y jubilarse, sobre la que no puede influir ni para disminuir sus egresos ni para aumentar sus ingresos.

                Gracias.

SEÑOR DELGADO (Carlos).- Soy el coronel Carlos Delgado en situación de retiro y voy a hacer uso de la palabra en representación del Centro Militar.

                Compartimos los argumentos expuestos por quienes nos antecedieron en el uso de la palabra y aprovechamos la oportunidad para agregar los siguientes aspectos complementarios.

                La afectación que la aprobación de este impuesto produciría en los socios del Centro Militar determina una reducción en la posibilidad de pago de la cuota social. Esto producirá lógicamente una reducción de ingresos por ese concepto, lo que desembocará necesariamente en la reducción del personal, generándose la  pérdida de fuentes de trabajo. Se le estaría trasladando el problema al trabajador que no es militar.

                La afectación que produciría un nuevo gravamen sobre el ingreso único del retirado le limitaría la posibilidad de mantener su presupuesto y, por lo tanto, restringiría el cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación con este. Debe tenerse en cuenta que el retirado ve muy disminuidas las posibilidades de retomar una actividad laboral que incremente sus ingresos. Se lo forzaría a restringir, incluso, aquellos gastos esenciales. Se le condena, en consecuencia, a suprimir gastos elementales a pesar de los muchos años que aportó en actividad y a lo que por derecho ya le fue asignado como pasividad. Sumado esto a los descuentos obligatorios del IASS y a lo que debe aportar al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y al Servicio de Tutela Social, implica detraer una cantidad sustancial del haber de pasividad que recorta una existencia digna en esta etapa de la vida.

También afecta a los asociados que están alojados en hogares para la tercera edad, a los que cubren el costo de medicamentos de alto valor, y también a los que están a cargo o apoyan a familiares directos, porque va a incidir en sus posibilidades de mantener esa atención en una etapa de su vida en la que no pueden contar con otros recursos. Quiere decir que, de aplicarse la medida que se propone, habría un efecto multiplicador.

                Por otra parte, para fundamentar mejor lo que estamos expresando se realizó un pedido al Banco de Previsión Social, amparados en las posibilidades de acceso a la información pública, por el que se pretende recabar información sobre los niveles de las pasividades superiores que abona el BPS y lo que se recauda por concepto de aportes de IASS de los retirados militares.

                Para finalizar hago entrega de un escrito con los principales puntos que recién  expresamos. Agradezco la atención de la señora presidenta y de los integrantes de esta comisión parlamentaria.

SEÑOR ZORRILLA.- Muy buenos días a todos. Soy el capitán de navío Artigas Zorrilla, presidente del Club Naval. Señoras y señores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, en nombre del Club Naval les agradezco que nos hayan recibido para expresarles cuál es el sentir de nuestra masa social.

                En primer lugar, quiero decir que adhiero y reitero las palabras de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Voy a referirme a algunos puntos que, a mi criterio, no han sido tocados y a otros que ya se mencionaron pero sobre los cuales tenemos una perspectiva diferente.

En este caso, los militares retirados seríamos los únicos funcionarios que tributaríamos por dos sistemas previsionales diferentes, al IASS que es derivado al sistema previsional general, es decir, al Banco de Previsión Social y al que se nos pretende aplicar que iría a Rentas Generales para disminuir los aportes que hace el Estado al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que este servicio es un órgano dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y, por lo tanto, se financia a través de sus rubros.

No se respetan los derechos adquiridos por el sector de la tercera edad que ya tiene el derecho legítimo al amparo de la Constitución y de un marco legal específico, que evolucionó a partir de los conflictos armados de este país desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Son normas que no resultan de aspiraciones o presiones corporativas, sino que fueron dictadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Parlamento.

                Se dice que los militares tenemos el privilegio de retirarnos con veinte años de servicio y que, en ese caso, nos corresponden las veinte treintavas partes del haber de retiro, pero debemos aportar Montepío en forma continuada hasta los treinta y seis años de servicio. Tampoco se dice que, si comparamos la carga horaria, veinte años de trabajo como militar equivalen en horas trabajadas aproximadamente a treinta y seis años de trabajo de un funcionario público con cuarenta horas semanales. Nosotros, los militares realizamos un promedio de ochenta horas semanales, incluyendo sábados y domingos. Nuestras semanas son de siete días y no de cinco, sin derecho al cobro de beneficios generales tales como horas extras, nocturnidad y presentismo.

Se da una contradicción entre los objetivos para la financiación del sistema de retiro que plantea el gobierno. Por un lado, pretende extender la edad de retiro del personal en actividad y, por otro, aplicaría un impuesto a los oficiales y al personal subalterno que cumplieron la mayor cantidad de años de servicio establecidos por las leyes vigentes.

                Los señores senadores deben tener presente que este cambio a las reglas de juego en el sistema previsional militar afecta directamente la retención del personal calificado que integra actualmente las Fuerzas Armadas, que percibiendo las remuneraciones más bajas de la Administración Pública tenía hasta ahora la posibilidad de un retiro aceptable.

Este impuesto, además del daño económico que les va a producir a retirados y pensionistas, es una herramienta que provocará una fuerte corrida de militares en actividad, que ya tienen causales de retiro o sin ellas, porque preferirán irse de baja antes que enfrentar con sus familias un futuro incierto por continuar en la profesión que eligieron y en la que el Estado invirtió ingentes recursos para su formación. La decisión de aplicar este impuesto, más allá de aprobar un apagón en los servicios que diariamente prestan las Fuerzas Armadas –tanto en el país como en el exterior– profundizará desfavorablemente la relación activo–pasivo, incrementando el desbalance fiscal.

Mi reflexión es que la aprobación de este proyecto de ley va a afectar definitivamente el cumplimiento de aquellos fines que el Estado pone a cargo de las Fuerzas Armadas. La única pregunta que deberíamos plantearnos es si esto es realmente lo que se pretende hacer.

SEÑOR FALCO.- Soy presidente del Club Fuerza Aérea y, en tal condición, debo decir que compartimos totalmente las expresiones de quienes nos han precedido en el uso de la palabra, ya que en nuestra masa social, integrada por militares en actividad y en retiro, se advierte una profunda preocupación por la afectación que implicaría la aprobación de este proyecto de ley.

                Quiero agregar dos aspectos que nos han marcado por su significación.

Por un lado, esta iniciativa ha generado incertidumbre e inestabilidad en cuanto a la situación futura de aquellos efectivos de la Fuerza Aérea que están en actividad. Esto ha generado un desaliento profundo y gran angustia tanto en ellos como en sus familias, puesto que sienten que su profesión puede verse seriamente afectada ante la incertidumbre del futuro monto de sus ingresos. A su vez, tampoco tienen claro cómo protegerse de la mejor manera. Lo cierto es que deben decidir entre permanecer en la actividad que eligieron por vocación u optar por el retiro. Sienten que, si se modifican las condiciones actuales, ambas opciones implican un gran perjuicio.

                Por otro lado, los retirados de la Fuerza Aérea también viven una desazón fundamental ante la afectación adicional que supondría este nuevo impuesto que se suma al IASS y determinaría una significativa detracción económica a la hora de atender sus necesidades personales y familiares. En consecuencia, queremos trasmitir los sentimientos de nuestros camaradas ante esta situación porque cuando todavía están en actividad, su retribución es escasa y cuando pasan a retiro, se encuentran sujetos a la tributación general, por lo que sienten que con esta acción desde el Estado no se les brinda certeza alguna sobre su futuro. 

SEÑOR GOMEZ.- Señora Presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado: soy el teniente coronel Jorge Gómez, integro la Comisión Directiva del Centro Militar y, en este caso, expondré en representación de Caofa, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, como Jefe del Departamento de Recuperación de Activos.

Somos una institución de intermediación financiera y cumplimos con la obligación de reportar nuestros estados de situación, ante el Banco Central del Uruguay y ante la Auditoría General de la Nación en lo referente a la sociedad.

Esta cooperativa cuenta con más de 4.000 asociados y, actualmente, la institución ha prestado una cifra superior a los USD 8:000.000, en moneda nacional y en unidades indexadas. Desde que la ley de inclusión financiera entró en vigencia, la cooperativa ha adecuado las operaciones crediticias a las modificaciones anuales del 5% en los intangibles, de forma de asegurar el reintegro y no comprometer la liquidez de los usuarios. Sin embargo, de concretarse este impuesto –hasta el momento es un proyecto de ley–, las posibilidades de repago se verán afectadas de forma sustancial.

El funcionamiento de la cooperativa depende del cumplimiento de las operaciones de préstamo y la afectación de esta operativa afectará drásticamente a la institución Caofa como tal, pero también a los puestos de trabajo de sus funcionarios. También va a afectar a aquellos que indefectiblemente estarán imposibilitados de cumplir con sus obligaciones por una situación superviniente, no prevista y por la sola causal del hecho del príncipe.

SEÑOR VELASCO.- Buenos días, señoras y señores senadores. Soy el coronel Roberto Velasco y en mi condición de presidente del Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas y como representante designado del Círculo Militar General Artigas, debo expresar que estoy totalmente de acuerdo con lo que han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra.

La edad promedio de la mayoría de las señoras pensionistas y retirados militares que se verán afectados por el impuesto que hoy tratamos es mayor a 65 años. Esa es la edad límite del margen tomado por la Organización de Estados Americanos en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la segunda sesión plenaria del 15 de junio de 2015 y ratificada por ambas cámaras de nuestro país este año, en particular por la Cámara de Senadores el 19 de octubre.

                El Gobierno nacional exhorta a los países miembros a ratificar este instrumento, reconociendo además que las disposiciones de este documento son vinculantes conduciendo la legislación en esta dirección.

                Por lo tanto, es importante destacar algunas definiciones dispuestas en su artículo 2º: abandono: la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral; discriminación múltiple: cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación; discriminación por edad o vejez: cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objeto o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública o privada.

                Complementariamente a esto, en el capítulo III, artículo 4º, se determinan claramente los deberes generales de los Estados parte y en su capítulo IV, artículo 5º, se detallan prístinamente los derechos protegidos.

En este momento hago entrega a la señora presidenta de una copia de lo que acabo de expresar.

Muchas gracias.

SEÑOR DÍAZ.- Soy el coronel Julio Díaz de la Fuerza Aérea y represento al Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. Compartimos en su totalidad lo expresado por quienes nos han precedido en el uso de la palabra y, simplemente, queremos agregar una cuestión.

Nuestra preocupación tiene que ver con el perjuicio que le provocaría la aprobación de este proyecto de ley al personal militar retirado y a sus familiares que viven en el interior del país, que muchas veces deben concurrir por motivos de atención médica a los centros asistenciales departamentales y, la mayoría de las veces, a los centros asistenciales de la capital, circunstancia que normalmente ocasiona incrementos significativos en los costos que deben pagar.

                Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Damos la bienvenida al equipo de análisis de la seguridad social militar que coordina el general Hébert Fígoli, a los representantes del Círculo Militar General Artigas, del Club Naval, del Centro Militar, del Club Fuerza Aérea y del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, así como a los doctores Gonzalo Aguirre Ramírez y Nelson Mosco.

                Si se me permite, quiero establecer el altísimo honor que representa que acompañe a estas delegaciones el ex vicepresidente de la República y ex senador, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que fue un ilustre parlamentario que honró esta función como pocos.

                En el marco de lo que es norma en la comisión, queremos ceñirnos al régimen de trabajo habitual, es decir, limitarnos a plantear preguntas o eventualmente, hacer algunas manifestaciones que no lleven a un debate en este momento porque lo tendremos luego de haber escuchado con atención lo que esta calificada delegación ha volcado en un planteamiento muy serio, con análisis estadísticos y conceptuales muy trascendentes.

No obstante, queremos dejar clara nuestra posición en el sentido de que este es un tema muy importante y muy serio. Desde ya informamos que demandará algunas reuniones prolongadas y será necesario convocar a muchas partes, porque se han hecho consideraciones, tanto desde el punto de vista institucional como jurídico y constitucional que me han llamado poderosamente la atención.

Con su opinión tan calificada, el doctor Aguirre ha establecido con claridad que, a su juicio, hay un vicio de inconstitucionalidad notorio y advierte de esa situación a una comisión del Senado en base a las referencias a los artículos 67 y 298 de la Constitución de la República.

                El doctor Mosco habló de una situación terminal, por lo cual, estribando en esa definición, estamos hablando de un tema realmente complejo, no circunstancial ni meramente atendible por una coyuntura.

                En lo personal, esto me ha llevado a preguntarme si este es un problema nuevo que aparece hoy en el país; si es solo un tema concerniente a la situación de los pasivos militares o si es un problema que vive únicamente el Uruguay. Creo que no, que es un tema mundial y que en el país se refleja no solamente en el estamento militar porque tiene causas mucho más profundas, como el envejecimiento de la población del país, la baja natalidad, la disminución de la relación activo–pasivo –propiciada por la definición política propiamente dicha en el caso militar– y el fuerte gasto en materia de seguridad social, que nos ha destacado y del que nos enorgullecemos porque, quizá, en la media mundial de población nos ubique en los topes en este aspecto. A esto debemos sumar la emigración de gente joven por lo que ello implica en el sistema. Quería hacer esta breve reflexión no para marcar una posición política sino generacional de aquellos que nacimos en la década del setenta. La perspectiva con la que vemos esta situación es distinta por muchos aspectos que no viene al caso mencionar. Se pasó de 43.000 hombres en 1986 a 26.000 o 27.000 en la actualidad. En algunas lecturas que hicimos con referencia a este tema que nos interesa mucho, advertimos que se pasó de casi un 40 % del producto interno bruto a un 0,6 % de aporte. Pero, paradójicamente, hay 60.000 funcionarios públicos más.

                Creemos que este tema debe ser analizado en un contexto general o, por lo menos, pretendemos que no se haga meramente desde la perspectiva de que constituye una situación puntual de un grupo humano muy importante que es el que engloba a las pasividades militares. Todas las demás cajas, a excepción de la Caja Notarial, tienen asistencia del Estado y subsidio. Es más, el propio Banco de Previsión Social tuvo que aportar más de USD 1.000:000.000 por el déficit generado en 2014 y 2015 y, entre otras cosas, tiene los USD 30:000.000 del IASS de las pasividades militares.

                Reitero que este es un tema complejo e importante sobre el que deberá debatirse en el marco de consideraciones que nos abarcan con un sentido de mucha responsabilidad hacia el futuro. Digo esto porque he escuchado referencias en cuanto al gasto en esta materia y he advertido que el gasto público se ha incrementado en muchas oportunidades más en las que hemos estado de acuerdo. Por ejemplo, en el año 2000, el producto interno bruto en educación era poco más del 2 %; actualmente se ubica en casi un 5 % y se aspira a que llegue al 6 %. Lo mismo podemos decir con respecto a la salud.

Creemos que sobre este tema habrá que hacer una definición de fondo. En tal sentido, aspiramos a que esta comisión –como suele hacerlo– asuma su tratamiento considerando la trascendencia que tiene y la responsabilidad que tendremos quienes tomemos una decisión en este marco.

Finalmente un asunto no menor –y como siempre reivindico mi condición de hombre del interior, porque tenemos una perspectiva particular en todos los temas, sobre todo los que vivimos en los departamentos que tienen sede de dependencia militar– es el tema social y humano, que me preocupa, porque involucra a muchas familias y donde inclusive no separo la oficialidad de la tropa. Las estadísticas –pido perdón si la memoria me falla pero seguramente me corregirán– dicen que más del 50 % de la tropa vive por debajo de la línea de pobreza y el 20 % en la indigencia, pero también sé que de la oficialidad solo un tercio tiene casa propia.

En nuestro pueblo, las misiones de paz y el cobro de jubilaciones o de sueldos en las dependencias son situaciones socialmente muy importantes. Esto lo digo en el marco de una definición que queremos englobar muy primaria de la defensa de la institución Fuerzas Armadas totalmente despojada de otras consideraciones que puede haber pero que a mi generación no le alcanza.

Agradezco los documentos que nos ha dejado ésta calificada delegación, con representantes de quienes custodian las armas de nuestra patria.

SEÑORA MOREIRA.- Sin ánimo de entrar en polémica –que además ya mantuvimos con quien encabeza la delegación– quiero empezar diciendo que el tema, en general, de las pasividades militares y de la mal llamada «Caja Militar», el sistema de retiros y pensiones del Estado, está en el debate público desde el año 2006. Algunos han concurrido al diálogo sobre la defensa –que fue organizado con las Fuerzas Armadas, la Universidad de la República y Naciones Unidas– donde este tema estuvo sobre la mesa y se ha demorado  mucho en avanzar.

                Voy a empezar por la fundamentación de este proyecto que trae un par de preguntas para la delegación. Tuvimos una rendición de cuentas en la que hubo que hacer muchas  modificaciones para tratar de evitar un recorte en los gastos del Estado y un aumento de la capacidad recaudatoria del Estado y a ustedes no se les oculta que en esta comisión hay un proyecto de ley destinado a modificar los ajustes del IASS. Olvidemos las pasividades militares, hay otros proyectos destinados a esto.

                El doctor Gonzalo Aguirre dice: «El Estado tiene que cubrir el faltante de lo que aportan trabajadores y empleadores». No tengo el dato preciso –por lo que se los quiero pedir a ustedes– de qué parte de las erogaciones realiza el Estado por concepto de retiros de jubilaciones y pensiones y qué parte aporta el sistema. A mi juicio la relación debe ser 90 % – 10 % u 80 % – 20 %; no lo sé.  Digo esto porque en el año 1996 se aprobó una reforma de la seguridad social –con la que el Frente Amplio no estuvo de acuerdo– para rescatar el sistema de seguridad social y se hizo en el entendido de que los trabajadores y los empleadores se hicieran cargo de estas erogaciones y no fuera el Estado el que tuviera que resolver todo eso. Esa fue la idea del equilibrio de la reforma previsional de 1996, con la que, insisto, el Frente Amplio no estuvo de acuerdo porque creía en un sistema de solidaridad; pero esa es la reforma que hoy está vigente. Entonces, el concepto de que el Estado tenga que poner el déficit faltante está adecuado al sentido de «déficit faltante», es decir, a una parte, pero no a todo. En este momento, creo que todos ustedes saben que el déficit de la caja militar es muy grande; lo que el Estado está aportando para el sistema de pensiones y retiros militares es mucho y ya hemos tenido esta discusión con el general Fígoli en el sentido de que no es lo mismo pagar USD 500:000.000 por 600.000 jubilados que hacerlo por 50.000 jubilados. En líneas generales, esta es la relación que hay entre el déficit y la cantidad de pensiones y jubilaciones que se pagan.

                Por otro lado, tengo algunos datos pero me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto,  ya que hoy tenemos una delegación calificadísima e incluso con representantes de dos  instituciones especializadas en este tema. En la erogación de las jubilaciones, en el monto que se paga: ¿qué parte se destina a las jubilaciones del personal superior y qué parte se destina para las del personal subalterno? Hago esta pregunta porque este proyecto de ley estaría afectando a las jubilaciones de más de $ 50.000 nominales. Si yo, senadora, me jubilara en este momento –pertenezco a la desgraciada generación de los cincuentones– no obtendría más de $ 66.000, y hay topes jubilatorios mucho más restrictivos para otras profesiones.

                Entonces, mis dos preguntas son: qué parte pone el sistema y qué parte pone el Estado y qué parte del déficit se explica por las jubilaciones superiores porque, repito, este proyecto de ley afecta a las jubilaciones de más de $ 50.000 nominales.

                Mi tercera pregunta es para el doctor Gonzalo Aguirre. Él señaló que esto es una rebaja a la pasividad, es un ajuste, y que se ha aprobado una reforma constitucional en 1989 que impide que se hagan ajustes a las pasividades. Pero el razonamiento del doctor Gonzalo Aguirre también vale para el IASS, que fue declarado constitucional. Entonces, si el IASS fue declarado constitucional, siendo que el espíritu argumental es el mismo que para este proyecto, ¿qué le hace suponer que aquí sí prevalecería una inconstitucionalidad?

                En cuarto lugar, en casi todas las exposiciones hay una recurrencia al principio de igualdad pero lo cierto es que el sistema de pensiones y retiros militares es el que ha quedado en la excepcionalidad. Cuando se proyectó la reforma del 96, se pensó para todos los actores del sistema; en la última reforma entró la caja policial. Entonces, el principio de igualdad, justamente, no ha servido en este caso. Reitero: el sistema de pensiones y retiros militares es la excepción del sistema. La reforma del 96 fue pensada para que todos entraran en un sistema único, por supuesto, con las peculiaridades de cada profesión y de cada caso. He escuchado además que este déficit lo tenemos que enfrentar entre todos y que se carga contra este colectivo. No es así; lo mismo pasó con la policía y con los bancarios. Todo el sistema previsional se fue adecuando a una normativa homogénea, consistente con el espíritu de la reforma. En realidad, reitero, el sistema de pensiones y retiros militares es la excepción.

                Por último, quiero decir lo siguiente. Muchos de ustedes dan por supuesto que habría menos incentivos para entrar a las Fuerzas Armadas como resultado de la aprobación de esta ley; ni hablemos de la reforma del sistema de pensiones y retiros militares, que vendrá en algún momento. Tengo la impresión de que cuando la gente entra a una profesión no lo hace pensando en la jubilación que va a tener, sino porque tiene vocación o por desesperación. Se puede decir que en el interior la entrada a las Fuerzas Armadas es en condiciones de restricción de empleo –que funcionaba muy bien en los años sesenta–, pero hoy no es tan así. Justamente, este proyecto de ley no va a modificar el retiro del personal subalterno, lo que quiere decir que a toda esa gente que ingresa y que se jubila como soldado, no la va a afectar, sino a la oficialidad superior.

                Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes suponen que a partir de la aprobación de este proyecto de ley habrá una especie de corrida masiva para jubilarse con el régimen anterior? ¿Es este el miedo? ¿O el miedo es que haya menos incentivo para entrar a las Fuerzas Armadas porque las jubilaciones superiores van a tener una quita de un 2 % o un 4 %? Entiéndase: la quita de un 2 % o un 4 % debe ser equivalente a $ 300, $ 500, $ 1.500; no tengo los números ahora pero estoy segura que no es superior a esos montos. Más allá de que es lógico que cualquier institución que defienda los derechos de los jubilados y pensionistas de cualquier servicio del Estado o privado tenga que manifestarse y defender el valor de las jubilaciones, la hipótesis de que esto va a tener un impacto en la carrera militar, en la vocación de las Fuerzas Armadas y en la construcción de la institución no me queda clara y no encuentro mucho sustento para firmarla sin más.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Si les parece, los señores senadores terminarán con las preguntas y luego les cedemos el uso de la palabra para que respondan.

SEÑOR AGUIRRE.-  La señora senadora ha hecho una serie de observaciones, algunas de carácter fáctico –respecto al porcentaje de las jubilaciones que están gravadas y otras que no–, y otras de carácter jurídico. Me parece que lo que procede –salvo mejor opinión de la señora presidenta– es que ahora respondamos a la señora senadora.

(Apoyados).

SEÑOR FÍGOLI.-  Voy a ceder el uso de la palabra al coronel Rivera Elgue      –quien se desempeñó como director y subdirector del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas– para que responda la primera pregunta formulada por la señora senadora Moreira.

SEÑOR ELGUE.-  Buenos días.

                Voy a referirme a varios puntos. Cuando la señora senadora habla del porcentaje de aporte que hace el sistema al total del monto que se paga, el general Fígoli explicó que se basa en diferentes variables: una, los aportantes, que fue reducida; y, otra, el porcentaje de los salarios, que es el menor que paga el Estado: el 13 % por montepío y el 15 % por aporte patronal que comparándolo con la caja policial, tal como mencionó la señora senadora –que es el 15 % y el 19 %–, o con la caja bancaria –que es el 17.5 % y el 25,5 %– es sensiblemente inferior. Por lo tanto, no hay un concepto de igualdad entre los funcionarios del Estado y los que tenemos una misión específica.

                Por otra parte, la masa salarial es la más baja del Estado. La señora senadora lo compara con la caja policial donde el 50 % del ingreso de un policía es el sueldo de un soldado. Todas esas variables determinan un aporte limitado al sistema.

                El general Fígoli habló del descalce entre el aumento del sueldo de los activos y de los pasivos; este es otro determinante de la necesidad de asistencia financiera. Los activos tenemos aumento por IPC y los pasivos por índice medio de salarios, que en el transcurso de estos años ha sido superior. El conjunto de variables determina la asistencia financiera, no lo determinan solamente los sueldos o retiros del personal superior. El impuesto no solo afecta al personal superior, sino al subalterno. Se debe considerar, como expresa la redacción, a partir de los $ 50.000, pero se agrega la doceava parte del aguinaldo. Por lo tanto, comenzaría a aplicarse a partir de los $ 46.300.

                Quiere decir que esto no solo afecta al personal superior, sino también al subalterno, desde la jerarquía de sargento, que se haya acogido al retiro obligatorio. El general fue muy claro cuando dijo que este impuesto castiga a los que permanecieron mayor cantidad de tiempo en las Fuerzas Armadas, los que se fueron con retiro obligatorio, que son los que perciben pasividades mayores. No diferencia solamente al personal superior, sino también al subalterno a partir de la jerarquía de sargento.

                La señora senadora Moreira pregunta por qué se iría hoy un activo. Le contesto que lo hace porque ve seriamente comprometido su futuro. Ese activo, que normalmente tiene una capacidad o ha sido capacitado para insertarse laboralmente, al verse comprometido hoy, con esta especie de tope que en sí determina este impuesto y ante un magro salario en actividad, prefiere dedicar esas horas a otra actividad, a otra tarea e, incluso, tener la opción de jubilarse por otro sistema. Cuanto más joven se retire, más opciones tiene de aportar a otro sistema.

                Entonces, todas esas variables son las que visualizamos que afectan el futuro de las Fuerzas Armadas. Hoy, un sargento especialista mecánico tiene capacidad para insertarse laboralmente. Nadie entra desesperado pensando en el retiro pero, a medida que pasa el tiempo, cuando hace el cálculo, determina cuánto va a cobrar. Si ve que ese impuesto le va a generar un retroceso o que va a pagar para estar porque sabe que a partir de cierto monto no va a cobrar más, para qué va a permanecer en la fuerza. Eso no solo se ve en el personal superior, sino también en el personal subalterno. ¿Para qué se van a quedar los oficiales hasta la jerarquía de coronel? ¿Para qué van a asumir responsabilidades en el mando como oficiales generales? ¿Esa vocación va a determinar castigar a su familia? Ese es el punto que se tiene que visualizar también. Si bien es un tema económico, todo el mundo tiene derecho a una vida digna.

                La señora senadora Moreira tiene derecho a una jubilación y también a una AFAP. Incluso, tiene derecho a dos jubilaciones: por el BPS y por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Entonces, hay varias opciones que tienen los profesionales universitarios si son aportantes. Los militares que se dedican hasta el final de su carrera, tienen este servicio de seguridad social.

                La señora senadora hizo otra pregunta sobre los aportes. Para que tenga una idea, el aporte por el IASS es de USD 28:000.000. Si este impuesto recauda USD 40:000.000, son USD 68:000.000. Con este impuesto, se reducirían sensiblemente los haberes de retiro que la señora senadora llama del personal superior. Como expliqué, no es solamente del personal superior. Con esos USD 68:000.000, no se cubre la asistencia financiera que recibió el sistema por USD 347:000.000 –esa es la cifra real que recibió el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas– en el año 2015, sobre la base de cálculo del dólar cotizando a $ 27,01. Ese es el promedio.

                Entonces, con USD 68:000.000 le están faltando más de USD 200:000.000 para cubrir lo que falta y con una restricción sensible en los haberes de mayor jerarquía.

                Gracias.

SEÑOR MOSCO (Nelson).- Voy a contestar, en principio, a la señora senadora Moreira la significación que tiene en el monto líquido que queda a cada retirado, de acuerdo con algunas franjas. En realidad, la de $ 50.000 nominales corresponde, deducidos todos los descuentos, a $ 42.024. Ahí estamos hablando prácticamente de entre el 75 % y el 80 % de los retirados afectados por este impuesto. La afectación que tendrá esta franja de retribuciones, es de 16 %. Esta gente recibirá $ 2.328 menos. En la franja de los $ 75.000 nominales –que cobra el equivalente a una canasta básica $ 70.000 y pocos pesos– tendrá una afectación del 33 %, o sea que aparte de todos los descuentos, como IASS y demás, pagará $ 12.617.                 En la franja de $ 100.000, cerca de $ 85.000 nominales, pagará 41 % de este impuesto, que equivalen a $ 21.822.

                Podemos hacer llegar esta tabla para que la puedan manejar con solvencia.

                Con relación a la consulta de la señora senadora sobre la adecuación realizada en el año 1989–1990, quiero aclarar que no está repercutiendo en el costo financiero que tiene el servicio de retiros y pensiones militares. El tema central es que debemos pensar en que acá hubo disposiciones legales ajenas a los retirados, que fijaron determinadas normas por las cuales el Estado se comprometió a pagar ciertas prestaciones. Eso no fue modificado en esa reforma y las obligaciones siguieron. Ahora se superponen otras diferentes, por disposición legal, y marcan que el costo del servicio es absolutamente ajeno a los operados por quienes reciben prestaciones de servicio. Es el Estado el que ha fijado esas retribuciones y ha incentivado a retiros por distintas razones, el que ha adecuado situaciones de recomposición de carrera. En esa posición se ha generado esta situación fiscal que es absolutamente ajena a ello.

Por ello entendemos que la contribución a la financiación de esta –como tantas otras situaciones presupuestales, la tiene que hacer el colectivo y no un solo sector, de quienes en este caso son pacientes de la situación generada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tal como se había previsto, luego de la presentación de los  invitados los señores senadores podían hacer sus preguntas.

                Sé que el señor Aguirre quiere responder a la señora senadora Moreira y lo podrá hacer, solo que el señor senador Michelini se debe retirar y había solicitado la palabra.

                Por lo tanto, si hay acuerdo, la presidencia cede la palabra al señor senador Michelini y luego podrá hacer uso de la palabra el señor Gonzalo Aguirre.

SEÑOR MICHELINI.- Como debo retirarme, los señores senadores Delgado y Amorín me han cedido su lugar, por cuanto les agradezco.

                Obviamente a nadie le gustan los impuestos y es algo que está en la naturaleza humana.

                No voy polemizar con el exvicepresidente y exsenador Gonzalo Aguirre sobre el tema constitucional porque uno no es tonto, sería como subirse a palos podridos y lógicamente  perdería esa discusión constitucional.

                Obviamente todos sabemos que el impuesto es transitorio porque se debe reformar la caja y el Gobierno tiene estas necesidades, que son independientes al decreto o no de la constitucionalidad del tema.

                En cuanto a los dos aspectos que los invitados mencionaron con respecto al tema de la franja y al de la doble imposición –o sea que se pone sobre el mismo monto y no sobre el monto que queda después del IASS– de mi parte,  por lo menos, pondré especial énfasis y los estudiaré bien, para ver si le encontramos un giro. Por  lo menos me comprometo a estudiarlo.  

                Me gustaría hacer una pregunta, porque sé que la respuesta quedará en la versión taquigráfica, o tal vez la señora presidenta pueda permitir que se responda rápidamente. ¿Cuánto se recauda por concepto de Montepío? Según tengo entendido, son 30 años de aporte…

(Dialogados).

                –Es decir que son 36 años de aporte y se recauda algo más de dos mil millones de pesos.

                Muchas gracias.

SEÑOR AGUIRRE.- Lamento que la señora senadora Moreira se haya retirado transitoriamente de sala, pero como en varias oportunidades me citó por mi nombre y apellido y además hizo preguntas jurídicas le voy a contestar, y después ella tomará conocimiento a través de la versión taquigráfica.

                En primer lugar, la señora senadora Moreira preguntó por la asistencia financiera que deberá proporcional el Estado si fuera necesario y cuestionó que esto tuviera un determinado monto; dijo que si era excesivo no lo debería cubrir el Estado. Lo que ocurre es que esto no se hace por deseo de nadie en particular, ni del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas sino porque así lo dispone la Constitución. Precisamente, la Constitución establece que el recurso supletorio para financiar el pago de las pasividades militares, de todas las pasividades, es «La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario». En este caso es necesario hasta el monto del desnivel entre lo que entra y lo que debe pagarse.

                Por lo tanto, esto no es porque al doctor Aguirre le parezca sino porque así lo dispone la Constitución de la República y la debemos cumplir nos guste o no nos guste, nos parezca o no razonable lo que dispone. Esto surge del pensamiento de Artigas en su célebre oración inaugural del Congreso de Abril, cuando expresó: «Es muy veleidosa la probidad de los hombres; sólo el freno de la constitución puede afirmarla». ¡Aquí no es cuestión de que nos parezca bien o nos parezca mal! Si nos parece mal lo que dispone la Constitución lo que hay que hacer es reformarla, pero en tanto esté vigente, hay que cumplirla.

                En segundo término, la señora senadora Moreira dijo, con razón, que el hecho de que el impuesto signifique una rebaja en la pasividad es igual a lo que sucede con el  IASS, que supone una rebaja de las pasividades con carácter general. Ella afirma que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucional el IASS.

                Vamos a ir por partes. La Suprema Corte de Justicia, con una integración donde estaba en funciones la doctora Sara Bossio, determinó que el IRPF a las jubilaciones era inconstitucional. Al cambiar la integración e ingresar el doctor Larrié por la doctora Bossio, por tres contra dos –no por unanimidad– se declaró constitucional el IASS.

                Ahora bien, como todos sabemos, en nuestro país –a la inversa de lo que ocurre en los países anglosajones que se rigen por el sistema del common law– la jurisprudencia no es fuente de derecho. Esto no quiere decir que la jurisprudencia no tiene importancia, pero varía; hay jurisprudencias invariables en determinado punto como, por ejemplo, en el asunto de los derechos del concubino cuando el sistema legal era totalmente distinto al actual. Sin embargo, un día vino una sentencia del famoso ministro de la Suprema Corte de Justicia, Víctor Armand Ugón, y cambió el sistema, así que el hecho de que haya una jurisprudencia por tres contra dos en un sentido no asegura que no la vaya a haber en otro. Entre los retirados militares y las autoridades de los centros hay ambiente para volver a impugnar el IASS a las jubilaciones. ¿Por qué? Porque la integración de la Suprema Corte de Justicia está variando aceleradamente. Cuando la Corte declaró constitucional el IASS, la integración era la siguiente: los doctores Van Rompaey y Gutiérrez, más adelante ingresó el doctor Larrié, el doctor Chalar –que luego falleció, aunque creo que no lo había votado– y el doctor Ruibal, pero ahora es totalmente diferente. ¿Qué asegura que se va a mantener la misma jurisprudencia? Ahora está integrada por el doctor Hounie, la doctora Martínez, el doctor Chediak, el doctor Larrieux, que votó por la constitucionalidad y se retira, y el doctor Pérez Manrique, que nunca votó sobre este tributo. Aparte del hecho de que la jurisprudencia no es fuente de derecho, este argumento no es válido. Eso no asegura nada. Por el hecho de que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia declare constitucional o inconstitucional un tributo, no se asegura que realmente lo sea.

                Por último, la señora senadora hizo referencia al principio de igualdad. Como yo no aludí a este como fundamento de mi aseveración de que el impuesto que se proyecta va a ser inconstitucional, no tengo nada que decir al respecto. Entre otras cosas, quiero señalar que cuando patrocino clientes que promueven acciones de inconstitucionalidad, casi nunca invoco el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque aquí sí en forma invariable desde toda la vida la Suprema Corte nunca hace lugar, salvo alguna excepción rara, a la declaración de inconstitucionalidad basándose en el principio de igualdad.

                Esto era cuanto quería decir sobre las interrogantes que planteó la señora senadora Moreira.

SEÑOR DELGADO (Álvaro).- Quiero agradecer a la delegación que nos visita –hago mías las palabras del señor senador Camy–, no solo a los representantes de los diferentes clubes de oficiales retirados, sino además al general Fígoli –que es el que está manejando este tema– y a sus asesores, en especial, a los asesores jurídicos y con un afecto especial al doctor Gonzalo Aguirre.

                Este es un tema particular porque las Fuerzas Armadas como tal lo son. No estamos hablando del sistema general o común, ni siquiera de otras cajas, sino de un servicio que es muy particular. No voy a hacer consideraciones políticas porque me parece que ese es un debate que tenemos que dar nosotros, sino que simplemente voy a hacer una introducción para plantear algunas preguntas concretas. Además, no solo es muy particular por cómo funciona, por los derechos y las obligaciones que tienen –entre otras cosas, están sometidos a jerarquía–, sino también por una cantidad de beneficios que perciben otros funcionarios públicos y no los reciben las Fuerzas Armadas.

                Desde el año 1985 en adelante, fue cambiando mucho la relación pasivo – activo o viceversa, entre otras cosas, por decisiones de este Cuerpo legislativo. Los que nos antecedieron tomaron decisiones, con las mayorías correspondientes o por unanimidad, que podrán gustar más o menos pero notoriamente incidieron sobre esta relación hasta llegar casi al dos a uno.

Ante esta situación, lo que hoy les estamos diciendo es: «Bueno, en definitiva, aquellos sobre los que incidimos y generamos esta realidad, ahora háganse cargo de muchas de las consecuencias de las decisiones que tomó este Cuerpo legislativo desde 1985 a la fecha». Me parece que eso amerita un especial pronunciamiento y centra el tema. La decisión no solamente comprende a las Fuerzas Armadas, sino que nos involucra a todos.

                La segunda reflexión que quiero hacer refiere al segundo impuesto sobre el mismo hecho generador –tengo un matiz con lo que señaló el señor senador Michelini– porque no es en función de cómo se computa, es decir, si hay deducción o no del nominal o qué cifra se toma para imputar el nuevo impuesto, sino que es el mismo hecho generador que cobra dos veces el mismo impuesto.

                Creo, señora presidenta, que estamos ante un proyecto de ley que, además, se dice que es transitorio porque habla de una futura reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y hasta pone fechas cuando, en realidad, todos sabemos que muchas veces las fechas responden a realidades políticas y a coyunturas, y no hay nada más permanente que lo provisorio.

Quizás sería sano abordar la situación del sistema de retiro cuando se considere la totalidad del sistema que, entre otras cosas, involucra a las propias cartas orgánicas de las diferentes armas y no poner parches en función de la necesidad de conseguir plata cuando muchas de las situaciones de financiamiento o asistencia se están dando por decisiones políticas de este Parlamento.

                Nos gustaría plantearle dos o tres preguntas a la delegación sobre sus exposiciones, más allá de que seguramente después invitemos a otras delegaciones para hablar sobre esta iniciativa porque se ha hablado hasta de temas constitucionales y tributarios, además de lo conceptual.

Voy a hablar primero de un tema conceptual. Creo que debemos tomar en cuenta esto porque nos estamos acostumbrando a que haya demasiadas leyes cuya constitucionalidad termina sucumbiendo ante algunas acciones que toman aquellos que tienen la legitimación para hacerlo con el debido proceso, que cuenta con todas las garantías. Ante la duda, pienso que está bueno que, en la medida de lo posible, busquemos los asesoramientos correspondientes para no avanzar una vez más –más allá de posiciones ideológicas, que son respetables pero que no comparto– considerando esto únicamente desde el punto de vista ideológico.

                Nuestros invitados hicieron referencia a dos aspectos. El primero es que este impuesto podría afectar entre un 75% y un 80 % de los retirados y hablaron de oficiales y de personal subalterno, lo que significa que el espectro es mayor. Hay mucho nerviosismo en las familias de los oficiales retirados, así como también en las del personal retirado subalterno. Por esta razón, nos gustaría que profundizaran un poco sobre este tema. Quisiera saber la cantidad de personas eventualmente afectadas por este presunto proyecto de ley que fija un segundo impuesto sobre un mismo hecho generador y de ellos cuántos son oficiales retirados y cuánto personal subalterno. Lo pregunto porque en alguna de las intervenciones que se realizaron escuché esta afirmación que encendió una luz amarilla de alerta porque muestra que esto no es solamente para los oficiales, que algunos podrían presumir que tienen determinado nivel jubilatorio, más allá de que, según los cálculos y los datos que tenemos, alcanza al 50 % de los que se jubilan. Independientemente de que esté bien o mal, se jubilan y es legal. No es cuestión de catalogar ni ética ni moralmente si la jubilación es mucha o poca; es legal, se jubilan  en función de las leyes que hoy están vigentes y punto. Reiteramos que nos gustaría saber cuántos oficiales retirados y cuánto personal subalterno se verá afectado por este nuevo impuesto. Principalmente nos interesa saber la cantidad de personas eventualmente afectadas.

                En segundo término, queríamos preguntar sobre algo que mencionaron el general Fígoli y alguien más y que nos preocupa porque no afecta solamente a este colectivo sino que repercute en todo el sistema y en el servicio de sanidad. También escuchamos que sobre este tema hay un gran nerviosismo y nos gustaría saber cómo afecta porque el servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas atiende a alrededor de 180.000 personas, brindando cobertura sanitaria a los oficiales, al personal subalterno y a sus familias. Si esto contribuye a empeorar el sistema, habrá un rebote inmediato en el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque esto está fuera de él y, tengamos en cuenta que tiene grandes problemas.

Me gustaría pedirles que profundizaran en la respuesta a la primera pregunta y a esta última, que nos dijeran cómo entienden que esto afecta al servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR AMORÍN.- Antes que nada doy la bienvenida a todas las delegaciones. Voy a hacer referencia a temas conceptuales y después plantearé una pregunta. Creo que este es un tema importante que deberíamos tomar como una globalidad y no hablar solo de pasivos, sino de pasivos y activos.

Podemos analizar el déficit que tiene el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –llamémosle déficit, aunque el tema es discutible–, pero también tenemos que mirar qué está pasando con los activos porque estas son dos caras de una misma moneda. Lo que está pasando es que el Ministerio de Defensa Nacional o el Estado está gastando mucho menos en los activos porque son muchos menos y ganan mucho peor, y seguramente está gastando más en pasividades. En 1986 había 46.000 activos y alrededor de 20.000 pasivos, pero hoy hay 26.000 activos, es decir que el tema se dio vuelta. Se está gastando mucho menos en los activos y lógicamente se está gastando mucho más en los pasivos.

Además, ha pasado otra cosa que es muy interesante y es que, como ha dicho claramente el doctor Aguirre, de acuerdo a la Constitución lo que perciben los pasivos aumenta por el Índice Medio de Salarios y lo de los activos se incrementa por el Índice de Precios al Consumo; y en estos últimos doce o trece años ha aumentado más el Índice Medio de Salarios que el Índice de Precios al Consumo. Estas cosas debemos tenerlas en cuenta. Creo que no podemos mirar solo el servicio de retiros, sino que debemos considerar todo, la globalidad. Esto tiene que ser parte de una ley mucho más amplia que es la que seguramente vendrá el año que viene. Cuando el ministro Astori hizo los anuncios –que obviamente tienen que ver con el importante déficit fiscal que tiene el país y no con las Fuerzas Armadas–, dijo que había un déficit de cuatrocientos millones –que en realidad serán trescientos setenta millones, pero igual es un déficit importante– y que teníamos que atacar globalmente al sistema. Creo que eso es lo importante; tenemos que ver el asunto en la globalidad y no solo la parte que parece más fácil de atacar. Por supuesto, después discutiremos los detalles de este tema en la comisión.

Hay un punto de los que tocó el señor senador Delgado que sí me preocupa. ¿Qué van a hacer los activos con estos cambios? En cierta forma coincido con lo señalado por la señora senadora Moreira en cuanto a que es un tema de vocación. No tengo duda de que la gran mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas están ahí por un tema absolutamente vocacional y es probable que esa vocación siga existiendo con mucha fuerza aunque vean que su futuro puede ser un poco más complejo.

Ahora bien, en lo que respecta a sanidad militar, conozco gente que trabaja allí y que no se trata de vocación. Por ejemplo, las enfermas o las nurses están allí porque tienen un trabajo y, aunque ganan mucho menos que en otras instituciones, saben que al final del camino hay una recompensa, que es la jubilación. Lo mismo pasa con los médicos, que ganan mucho menos en sanidad militar que en otras instituciones públicas o privadas en las que tendrían oportunidad de trabajar. Me parece que este tema sí es central porque, en este caso, la vocación no es tan clara. A lo mejor me equivoco y por eso lo pregunto. Creo que una enfermera que trabaja en el Hospital Militar no tiene vocación de servicio militar. Tiene un trabajo en el que le pagan menos que en otro lado, pero va a tener una jubilación mejor. No hace mucho un militar me dijo: «Somos padres pobres y abuelos ricos. Ganamos mucho mejor cuando nos jubilamos. Durante toda la carrera pasamos peleando y nos jubilamos bastante mejor».

En el caso del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas, me parece que esto sí puede tener un resultado terrible y que puede llegar a desarmarlo. Concretamente, me gustaría saber si eso es así o si solo es la impresión de alguien que no conoce mucho del tema.

SEÑOR CORUJO.- Buenos días, agradezco la invitación. Mi nombre es Hugo Corujo y soy coronel retirado de la Fuerza Aérea. En particular quería contestar una pregunta de la señora senadora Moreira que quedó pendiente. Además, agradezco que el señor senador haya planteado su inquietud porque demuestra el interés que tiene en profundizar en el tema.

La señora senadora Moreira decía que no veía con claridad –le pido que me corrija si no es así– cómo el impuesto podía afectar la decisión de quienes estuvieran en actividad. En ese sentido y tomando lo que refiere a la ley de defensa, debo decir que en general aquí hay un tema de vocación.

                En lo personal, ingresé a la carrera militar en el año 1976, lo hice de forma totalmente vocacional y, si volviera a nacer, haría lo mismo. Además, estudié derecho, pero obviamente lo primero fue la carrera militar. Evidentemente, hay un sentimiento, la vocación se siente y eso hace una diferencia entre el civil y el militar; el hecho de usar uniforme y demás. Pero, ¿qué sucede? A lo largo de nuestra carrera, la vocación tiene que ir acompañada de un logro personal y profesional. Afortunadamente, quienes estamos aquí, mal o bien pudimos hacer nuestra carrera y obtener esos logros desde el punto de vista profesional. Cuando uno mira hacia adelante, no piensa tanto en lo que está ganando porque, si lo hiciera, quizás tomaría otras opciones. No olvidemos que, en mi caso, ingresé en el año 1976, pero los jóvenes de hoy son producto de la globalización y lo que no obtengan aquí lo van a buscar en otro lado. Lo veo con mis hijos, que no se atan a nada. Nosotros hicimos una carrera, con sueldos que ustedes conocen muy bien y para poder educar a nuestros hijos hemos tenido que administrarnos muy bien. Esa es la realidad y, en la actualidad, muchos de los retirados ayudan a sus nietos dentro de sus posibilidades. En consecuencia, los jóvenes, al no tener una cierta perspectiva, eligen otras opciones. Pero me parece que lo más grave de todo esto –y lo digo como ciudadano– es que todo lo que la sociedad ha invertido en nuestra formación se lo llevan otros países.

                La realidad de la Fuerza Aérea –que es la que más conozco– es que, con algo más de veinte años, los jóvenes que ya son pilotos y dominan todo lo relativo a la computación –hay que tener en cuenta que actualmente el piloto solo toca el avión al decolar y al aterrizar, porque en el resto del viaje maneja todo por computadora–, si tienen algunas horas de vuelo se van a trabajar a las líneas aéreas. ¿Cómo no los van a tomar si no les tienen que enseñar nada?  El Estado uruguayo fue el que invirtió en toda su preparación. Obviamente, ahí se responde la pregunta formulada en cuanto a cómo se puede explicar esto. Esa es la realidad. Es muy importante lo que se dijo sobre la ley de defensa y su demora. Evidentemente, el punto que se está tratando minimizaría el problema. ¿Por qué? En el año 2010 se expide la ley de defensa. Luego, por decreto, está la política de defensa y, con posterioridad, la política militar de defensa. Hasta ahora, lo único que se ha hecho ha sido una ley marco; no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, todo esto va de la mano.

Por lo tanto, parecería un principio básico de administración. Un gran profesor de administración de empresa en la Escuela de Administración, el señor Fernández Tuneu, decía que administrar era guiar los recursos humanos en unidades de organización dinámica para satisfacer a aquellos a quienes se sirve. En consecuencia, por un principio de administración, la pregunta que deberíamos plantearnos sería: ¿qué Fuerzas Armadas queremos tener? Si las queremos tener, ¿para qué las queremos?  ¿Qué preparación les vamos a dar? Creo que el proceso debería ser el inverso. ¿Qué oficial –por referirme a la carrera militar específicamente– queremos tener? ¿Qué tiene que saber ese oficial desde el punto de vista técnico y del derecho? El proceso es hacia atrás.

Por el estatuto militar que rige durante toda nuestra vida –en este momento, por ejemplo, incluso retirados–, estamos sujetos a los tribunales militares, donde las decisiones no se toman en función de la prueba, sino de la convicción de ese órgano. ¿Y qué es lo que supone? Las sanciones disciplinarias de un tribunal de honor pueden ir desde una situación de no disponibilidad por sesenta días hasta un año con el 50% del sueldo e, incluso, en el caso de quienes estamos retirados, podemos ser sancionados con el no cobro de un tercio de nuestro retiro. Es decir, simplemente quería mencionar un dato de que realmente es muy distinta la actividad militar a las otras.

Cuando se transcurre por esa carrera, obviamente, se piensa que al final todo aquel esfuerzo, en parte, va a ser gratificado. Hoy nos encontramos con esta situación que realmente afecta y mucho a quien está en actividad. Por una cuestión de respeto hacia los comandantes en jefe prefiero finalizar mis comentarios acá. Quizás los comandantes en jefe que están en actividad podrían dar muchos más datos acerca de lo que acabo de decir.

SEÑOR FÍGOLI.-  La dinámica de las diferentes intervenciones puede hacer que uno pierda el hilo conductor de esta suerte de intercambio de opiniones o de análisis muy primario, muy primigenio del tema. Quedó una pregunta flotando que fue expresada por la senadora Moreira y refería a qué podría afectar la probabilidad de futuros reclutamientos o ingresos a las escuelas de formación profesional militar.

Estamos hablando del ámbito castrense, caracterizado obviamente por su especificidad, pero también debemos considerar que estamos en el siglo xxi y la información de que disponen los jóvenes actualmente para acceder a los institutos militares es mucho más amplia y profusa que la que tuvimos hace cincuenta o sesenta años. De ahí que sea natural que el joven, en función de la actual preparación y la influencia de los medios de comunicación, esté plenamente informado sobre cuáles serán sus expectativas a la hora de ingresar a los institutos de formación militar y no  pasará desapercibida cuál será la situación que vivirá durante el período de actividad. Todos ingresamos a las escuelas sabiendo que de ninguna manera íbamos a llegar a ricos, pero sí íbamos a tener salarios que nos permitirían llevar una vida digna, tanto en actividad como en la pasividad o como jubilados, por decirlo en un término no tan militar.

                Si bien no tenemos aquí los datos de una encuesta de opinión ni de una investigación científica que permita comprobar lo que estamos expresando, creemos que se permeabiliza la sensación de que esto puede afectar expectativas de futuro en cuanto a que hoy el joven sabe muy bien cuál puede ser el transcurso de su vida.

                Con respecto a las preguntas del señor senador Delgado, debo decir que obviamente nosotros no disponemos de cifras con grado de detalle; estas son manejadas por los servicios especializados, como el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas e, inclusive, el propio Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR DELGADO (Álvaro).- Nos gustaría conocer cifras aproximadas.

SEÑOR FÍGOLI.- De todas maneras, pensamos que estaría afectando a un 20 % de los retiros y pensiones militares. De este porcentaje, grosso modo podríamos identificar que estaría afectando a aproximadamente un 80 % del personal superior y pensionistas de personal superior y un 20 % del personal subalterno y pensionistas de personal subalterno. Esas son cifras que podrían ser precisadas por los servicios técnicos.

                Consideramos muy importante la pregunta formulada por el señor senador sobre el impacto en el servicio de sanidad militar. Si bien sobre este aspecto ya mencioné algo en oportunidad de hacer la presentación, creo que sería bueno que el propio director de sanidad militar pudiera expresar las consecuencias que él presume se pueden dar.

                De todas maneras, nosotros estamos permanentemente interactuando   –en lo personal lamentablemente ya como sexagenario avanzado; el señor senador Camy es muy joven y le llevo muchísimos años– con los servicios del Hospital Militar y, obviamente, ante esta incertidumbre, se respira la posibilidad –en muchos casos ya concretada– de una suerte de fuga del sistema por parte de los técnicos, especialistas, doctores, etcétera.

                Dentro del despliegue territorial que tenemos, incluida la guarnición más alejada de Montevideo, nuestros profesionales médicos, enfermeros y personal de sanidad participan en los contingentes desplegados en operaciones de paz y en operaciones de ultramar. O sea que, más allá de lo que pueda significar la reducción de personal médico y especialistas y de lo que puede ser el funcionamiento de los diferentes IMAE –tema que nos preocupa muchísimo–, se podría ver afectada la atención a más de 150.000 usuarios con sus respectivas familias. Aclaro que aquí comprendemos a personal superior y personal subalterno, esposas, hijos, cónyuges, parejas, en fin, a todos los que por ley les corresponde la cobertura del sistema de salud militar, que también es vital para el funcionamiento del sistema de salud nacional.

SEÑOR VELASCO.- Voy a hacerle una aclaración al señor senador Amorín. Hace más de 20 años que me desempeño –no se asusten– como instructor de los médicos militares en la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Obviamente que como coronel de infantería y profesor de historia les enseño temas militares. Todos fueron mis alumnos, desde los coroneles de sanidad hasta los alféreces ingresados este año. Le puedo asegurar que su espíritu militar y de servicio ante la carencia de personal que tiene sanidad militar hace que funcione casi tan bien como un hospital del primer mundo. Tiene una metamorfosis en su evolución militar. Los veo en tres estadios de su carrera: alférez, curso de teniente primero, curso de mayores. Además, los ayudo a preparar el concurso para ascender a coronel. Es interesante verlos por su espíritu militar, entrega y dedicación a pesar –como bien dijo el señor senador– de que ganan menos que en una institución privada. Los coroneles, entre otras cosas, por ley, aportamos un 4 % de nuestro salario a sanidad militar por concepto de solidaridad con el resto de la masa de usuarios porque indudablemente el soldado que gana mucho menos aporta mucho menos que nosotros.

                Muchas gracias.

SEÑOR MOSCO.- Cuando hablamos de un 80 % nos referimos a los afectados en el marco de un entorno de $ 46.000 a $ 50.000 líquidos. Eso de alguna manera es menos que el tope que fija el Banco de Previsión Social para las retribuciones máximas de sus beneficiarios.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias por la valiosa información que nos han brindado.

SEÑOR FÍGOLI.- Agradecemos sinceramente a toda la Comisión de Hacienda y quedamos a vuestra disposición.

 (Se retiran de sala las delegaciones del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas; Centro Militar; Club Fuerza Aérea; Club Naval; Equipo de Análisis de la Seguridad Social Militar; Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas; Círculo Militar y Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión resuelve invitar para las próximas sesiones al ministro de Defensa Nacional, acompañado del director nacional de sanidad de las Fuerzas Armadas, al ministro de Economía y Finanzas, y a las cátedras de derecho constitucional y de derecho tributario.

                Se levanta la sesión.

(Son las 12:22).

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/132043/tramite

1er Artículo en el Blog

https://abilleira.wordpress.com/2016/07/04/la-caja-militar-su-reforma-y-el-impuesto-a-los-pasivos-y-pensionistas-militares-es-un-tema-que-afecta-a-ellos-nada-mas-o-a-toda-la-sociedad/

2do Artículo en el Blog

https://abilleira.wordpress.com/2016/07/10/la-caja-militar-srpffaa-y-las-transferencias-yo-asistencias-que-recibe-cuantos-activos-y-pasivos-militares-hay-un-enfoque-numerico/

3er Artículo en el Blog

https://abilleira.wordpress.com/2016/10/13/proyecto-de-ley-que-afectara-a-los-retirados-y-pensionistas-del-srpffaa-un-aviso-del-futuro-para-todos-para-los-civiles-tambien/

4to Artículo en el Blog

https://abilleira.wordpress.com/2016/10/16/proyecto-de-ley-crea-un-impuesto-a-los-pasivos-militares-llamado-prestacion-pecuniaria-coactiva-de-asistencia-al-s-r-p-ff-aa-la-opinion-publica-y-la-capacidad-de-crear-conceptos-nuevos/

…///

Quizás, para alguno que llegue a este post y nunca haya leído mis anteriores publicaciones sobre el tema (los links están más arriba) y puedan tener algunos pensamientos sobre mis motivaciones, me interesa aclarar lo siguiente:

a) No soy afectado por este proyecto, no soy afectado en mi bolsillo, sí me afecta ver el proceso que está teniendo esta futura norma y me preocupa como ciudadano;

b) No busco dinero ni clientes, no sólo porque no puedo representar a nadie por mi Profesión, sino que tampoco me mueve escribir buscando ese objetivo, es más, estoy francamente en contra del negocio que genera votar proyectos de ley, que son un festín para litigios judiciales interminables.

Quiero aclarar además, que me parece bien que se hagan reformas; hoy vivimos más, etc; pero se deben respetar reglas o no decir verdades a media, una regla es respetar el derecho adquirido, se debe reformar pero hacia adelante; y tampoco poner a un grupo de personas (en este caso militares pero también hemos vivido situaciones similares los profesionales, etc) como los malos o los abusadores, cuando estamos en un Estado de Derecho, y lo que cobran, es porque está en las leyes; eso es lo criticable (desde mi punto de vista que no respresento a nadie), no que se quiera reformar; sino el cómo.

Cr. Darío Abilleira

2 comentarios en “Dos Impuestos a los Jubilados Militares; uno (IASS) para contribuir a que el déficit del BPS no sea tan alto y otro para ayudar a bajar el déficit del Estado.

  1. Fabian Ventura

    Estimado Cr. Darío Aurelio Abilleira,
    Agradezco en primer lugar el detallado análisis que presenta y que resultó de gran utilidad en lo personal, para poder comprender como se viene desarrollando este proyecto en la «Comisión de Hacienda» del senado. Dejando de lado las interpretaciones de cualquier tipo, ya sean jurídicas o conceptuales, quisiera expresar sencillamente lo siguiente. Debemos exigir de alguna manera a nuestros gobernantes que cumplan con lo que expresaron a la ciudadanía con anterioridad de acceder al gobierno. El actual ministro de Economía, Sr. Danilo Astori decía: «Hemos dicho en reiteradas oportunidades con total claridad que los cambios que puedan haber irán en dirección a beneficiar al contribuyente. No vamos a aumentar las cargas tributarias, no va a haber más impuestos. Lo puedo asegurar con total precisión». Esto lo afirmó tras un foro en el Banco Central organizado por Fonplata, el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata.(noviembre, año 2014). Después se preguntan los motivos para el descreimiento de la ciudadanía en la actividad política. Esto es sencillamente una vergüenza. Quienes están en situación de pasividad, sean militares o no; rigen sus haberes en concordancia a las normas y leyes vigentes; habiendo ya adquiridos los derechos correspondientes. No es admisible que con 60, 65, 70 o más años; se le ponga la mano en el bolsillo y se le quite lo que le corresponde después de haber realizado los aportes correspondientes y cumplido con la normativa legal existente.
    Muchas gracias por la oportunidad de expresarme.-
    Lic. Fabián Ventura

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    1. Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez Autor

      Estimado Lic. Fabián Ventura.
      Gracias por su comentario, además del aporte.
      Es bueno saber que hay muchos que tienen los ojos abiertos pero somos pocos al lado de los que no piensan o de los hipnotizados. No es un problema solo de Uruguay; los valores han cambiado y lo que antes era honor, vergüenza, se ha transformado en la liviandad e instantaneidad de los pies de barro y la búsqueda del poder y la riqueza usando a los pobres, y a la mentira. Un gusto. Cr. Darío Abilleira

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