Proyecto de Ley: Transparencia Fiscal Internacional y de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo


Este Proyecto de Ley; ya se puede decir que va a marcar un «antes y un después»; algunos han dicho que si el Frente Amplio había prometido mover las raíces de los árboles, con esta norma no sólo lo lograrán, sino que será la verdadera Revolución sin derramamiento de sangre. Es una norma que se pide que entre en vigencia el 1/01/2017 y hay un período ventana para adecuarse, hasta el 30/06/2017.

2017-01-03_pie-de-post_miradas

PODER EJECUTIVO

——

Montevideo, 11 de julio de 2016

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la Asamblea General el siguiente proyecto de ley por el cual se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

——

  1. Antecedentes

El gobierno nacional entiende que el compromiso con la transparencia fiscal y la cooperación internacional son pilares esenciales de su inserción internacional, la que, a su vez, es un componente clave de la estrategia de desarrollo económico y social.

La diversificación productiva requiere tanto del acceso a los mercados internacionales como del acceso al financiamiento y a las corrientes de inversión lo que, a su vez, supone la participación activa, siguiendo las prioridades definidas en el ejercicio de la soberanía nacional, en los espacios de cooperación internacional en materia de transparencia fiscal, intercambio de información tributaria y acciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La calidad institucional, un valioso factor de diferenciación que constituye una fortaleza de la economía nacional, requiere, también, de la activa participación en los ámbitos de cooperación de la comunidad internacional.

En definitiva, dar la espalda o quedar al margen de las tendencias internacionales en materia de transparencia y cooperación fiscal implicaría, además de transgredir principios y conceptos políticos con los cuales el gobierno nacional está comprometido, quedar al margen de aquellas corrientes comerciales, financieras y de inversión imprescindibles en la estrategia de desarrollo.

La opacidad en materia fiscal, como en tantos otros aspectos de la vida económica y financiera, no es una opción.

En función de los conceptos que, como se dijo, guían la estrategia de inserción internacional en la materia, Uruguay, en función del interés nacional y en ejercicio de su soberanía, decidió incorporar a su normativa un conjunto de disposiciones emanadas de los estándares internacionales en materia de lavado de activos y combate al terrorismo así como de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales. Ello cumple un doble propósito: por un lado mejorar la normativa interna, con todas las garantías que corresponden, con miras a la obtención y accesibilidad de información con fines tributarios y, por otro lado, cumplir con las ineludibles normas de cooperación internacional en la materia.

Estas modificaciones fueron materializadas, entre otras iniciativas, con la instrumentación de un sistema de control y prevención de lavado de activos (Ley N° 17.835 y sus modificativas); con el otorgamiento al Director General de Rentas de la Dirección General Impositiva (en adelante «DGI») de la facultad de solicitar el levantamiento del secreto bancario bajo determinadas circunstancias (Ley N° 18.718); con la implementación de procedimientos para identificar a los titulares de participaciones patrimoniales emitidas al portador (Ley N° 18.930) y con la disposición que permitió la disolución de pleno derecho de las entidades que no hubieran cumplido con identificar a los titulares de las referidas participaciones (Ley N° 19.288).

En otro orden y con relación a la tributación de osl residentes que por medio de entidades no residentes pudieran beneficiarse de una tasa reducida de Impuesto a la Renta, la Ley N° 18.718 extendió el criterio de la fuente en sede del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (en adelante «IRPF») para los rendimientos del capital mobiliario, originados en depósitos, préstamos y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, en tanto tales rendimientos provengan de entidades no residentes.

Cabe señalar que, como resultado de la estrategia de cooperación desplegada, Uruguay es miembro pleno y fundador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFlLAT) y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (en adelante «Foro Global») y, desde setiembre del año 2015, es miembro «participante» del Comité de Asuntos Fiscales el cual se encuentra respaldado por el Centro de Política y Administración Fiscal (CTPA por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Asimismo nuestro país ha manifestado su adhesión a la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales, a la cual ya han suscripto 98 jurisdicciones, entre ellas las principales economías del mundo.

2. Contenido del proyecto de ley

El presente proyecto de ley contiene cuatro partes bien definidas.

Un primer capítulo por el que regula la remisión de información a la Administración Tributaria en forma automática, correspondiente a l os saldos y rentas de origen financiero que sus titulares tengan en entidades financieras con el objetivo de que la DGI pueda dar cumplimiento a sus cometidos, así como proceder al intercambio de información con autoridades competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales ratificados por la República y sus respectivos protocolos de entendimiento, que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

Un segundo capítulo con normas que procuran la identificación del beneficiario final de las entidades residentes en la República, así co mo de las entidades no residentes que tengan un nexo suficiente con el país, creándose un registro centralizado en el ámbito del Banco Central del Uruguay (en adelante «BCU») y cometiéndose a la Auditoría Interna de la Nación (en adelante «AIN») las tareas de fiscalización impuestas por las presentes disposiciones. Finalmente se establece la obligación de comunicar al registro centralizado que llevará el BCU la información de los titulares legales de las acciones y participaciones nominativas en determinadas entidades.

Un tercer capítulo con normas tributarias dirigidas a desestimular la utilización de entidades residentes domiciliadas, constituidas o ubicadas en los países de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.

Un cuarto capítulo con normas que establecen nuevas obligaciones respecto a la información y documentación de operaciones comprendidas en el régimen de precios de transferencia del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (en adelante «IRAE»), así como la ampliación del régimen de acuerdos anticipados de precios, posibilitando la suscripción de los mismos con otras Administraciones Tributarias, en determinadas condiciones.

Capítulo I – Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la Administración Tributaria.

a) Antecedentes y propósito

El presente capítulo se enmarca en dos niveles diversos. En primer lugar, dar cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país con relación a los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información y, en segundo lugar, dotar a la Administración Tributaria de información que permita a la misma gestionar de manera eficaz el sistema tributario nacional.

La adhesión de Uruguay a la Norma Común de Intercambio automático de información financiera con fines fiscales (en adelante «CRS» por sus siglas en inglés), implica una nueva etapa en lo que respecta a la cooperación en materia de transparencia e intercambio de información tributaria. Este instrumento provee a la Administración Tributaria de una importante herramienta ya que permite acceder en forma automática a la información tributaria de los países adheridos.

Los apoyos de la comunidad internacional al intercambio automático de información financiera y su desarrollo se han dado vertiginosamente: en la actualidad 101 jurisdicciones se han comprometido públicamente a s u aplicación, de las cuales 55 se comprometieron a realizar los primeros intercambios a fines de 2017 y las restantes 46 a fines del año 2018, entre las cuales se encuentra nuestro país.

El compromiso internacional con la adopción del CRS se hace en la consideración de la ventaja que supone la estandarización de los procesos, generando una mayor efectividad y menores costos para todas las partes interesadas. La proliferación de diferentes e inconsistentes modelos potencialmente podría imponer costos significativos para los gobiernos y los sujetos obligados a reportar.

Cabe señalar que Uruguay tiene vigentes 10 Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (en adelante «AlIT»), donde sólo está prevista la modalidad previo requerimiento, pero tiene suscritos más de 13 Conve nios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal (en adelante «CDI»), los cuales incluyen una cláusula de intercambio de información la cual abarca todas sus modalidades (automático, espontáneo o previo requerimiento).

En cuanto al marco internacional, existen distintas bases jurídicas para articular el intercambio automático de información. Si bien los convenios bilaterales como los suscritos con arreglo al artículo 26 del Modelo de CDI de la OCDE pueden habilitar dicho intercambio, se considera más eficaz entablar relac iones de intercambio automático sobre la base de un instrumento multilateral.

En tal sentido, la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales (en adelante «Convención»), conforme a las enmiendas introducidas en 2011, constituye un instrumento multilateral de intercambio que prevé todas las formas de cooperación administrativa, contemplando normas estrictas de confidencialidad y de uso adecuado de la información. Una de sus principales ventajas radica en su alcance global. Con arreglo a la Convención, el intercambio automático exige un acuerdo específico entre las autoridades competentes de las partes, que puede ser suscrito por dos o más partes, permitiendo así, que se concluya un acuerdo individual con dos o más partes (en cuyo marco el intercambio automático propiamente dicho s iempre se lleva a cabo de forma bilateral).

Dicho acuerdo entre autoridades competentes activa y ejecuta, pues, el intercambio automático entre los participantes.

Nuestro país formuló su adhesión a la Convención el pasado 1° de junio. El Poder Ejecutivo remitirá en los próximos días dicho instrumento al Parlamento para su ratificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República.

En otro orden, los ajustes normativos que se proponen, no sólo permitirán a Uruguay dar cumplimiento a los compromisos asumidos internacionalmente para llevar adelante el CRS, sino que fortalecerán y amplificarán considera blemente la posibilidad de nuestro país de tutelar la defensa de las bases imponibles, en particular en lo relativo a la imposición sobre la renta. Ello será así, especialmente, en el ámbito del IRAE, respecto del cual la Administración Tributaria podrá avanzar en el contralor del gasto efectivamente realizado en el exterior, ampliando las posibilidades de una efectiva aplicación de la normativa vigente en materia de precios de transferencia, y también, en lo atinente al IRPF, facilitando la fiscalización de las extensiones de fuentes consagradas.

Respecto de estas últimas, la recepción de información financiera por parte de jurisdicciones que se identifiquen relevantes así como la reciente adhesión a la Convención, facilitará a la DGI el efectivo control del cumplimiento de sus deberes, por parte de los contribuyentes obligados a declarar sus rentas pasivas obtenidas en el exterior.

A tales efectos, el presente proyecto de ley consagra una situación de equivalencia entre la información que se pondrá a disposición de fiscos extranjeros y la disponibilidad de la misma información por la Administración Tributaria nacional.

b) Contenido

El Capítulo I del presente proyecto, que regula el reporte automático de saldos y rentas de origen financiero a la Administración Tributaria, establece la obligación a las entidades financieras residentes en la República y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes, de suministrar anualmente a la DGI toda la información relativa a saldos y rentas de las cuentas debidamente identificadas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, en los plazos, formas y condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo.

La misma obligación tendrán las entidades financieras, respecto de las cuentas que sean mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades residentes en la República.

Es importante precisar, que dicha obligación comprende sólo la información relativa a saldos y rentas de las cuentas, manteniéndose la necesidad de autorización judicial para la obtención de la información de los movimientos de las cuentas determinadas en los términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 18.083, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley N° 18.718.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a excluir de la obligación de informar a determinadas entidades financieras en atención a su objeto y bajo riesgo fiscal, así como a establecer diferentes plazos de cumplimiento en atención a su naturaleza.

Asimismo, cuando la titularidad de las cuentas a ser informadas recaiga sobre sujetos que conforme a los criterios que establezca el Poder Ejecutivo, sean entidades consideradas de alto riesgo en materia de evasión fiscal, se deberá informar también el beneficiario final de las mismas.

Un aspecto de interés es que las entidades financieras obligadas a informar deberán identificar la residencia a efectos fiscales de las personas físicas, jurídicas u otras entidades que mantengan cuentas en ellas. La misma obligación se aplicará respecto del beneficiario final en los casos en que corresponda. A estos efectos, se dispone que el Poder Ejecutivo establecerá los procedimientos de d ebida diligencia adecuados para su cumplimiento y los de conservación de los documentos correspondientes, pudiendo establecer otros para cuentas o títulos según sus t itulares sean personas físicas, jurídicas u otras entidades, así como para las cuentas abiertas o títulos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley.

Cuando se trate de cuentas que hubieran sido abiertas o de títulos adquiridos, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley (1° de enero de 2017), el Poder Ejecutivo podrá autorizar a las entidades financier as a solicitar a sus titulares una declaración informando su residencia fiscal.

Con posterioridad al 1° de enero de 2017, no podrá n abrirse nuevas cuentas ni emitir títulos de deuda o participación sin cumplir, entre otros, con el requisito de declarar a la entidad financiera la residencia fiscal de las personas físicas, personas jurídicas u otras entidades y del beneficiario final en los casos que corresponda.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a excluir de la obligación de ser informadas cuentas que resulten de bajo riesgo fiscal en atención a su naturaleza y monto, así como a establecer plazos de cumplimiento en atención a la residencia de sus titulares y a la cuantía del saldo.

Se establecen las normas sancionatorias aplicables a las entidades financieras obligadas y se comete a la DGI la fiscalización de las obligaciones impuestas por el presente proyecto de ley, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, autorizándose la suscripción de convenios de cooperación con el BCU.

En cuanto al uso de la información suministrada por las entidades financieras, la misma podrá ser utilizada por la DGI para el cumpli miento de sus cometidos y para el intercambio de información con autoridades competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales ratificados por la República y sus respectivos protocolos de entendimiento, que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

El proyecto establece que la información será secreta y que el incumplimiento de esta disposición será sancionado con la pena establecida en el último inciso del artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322.

Finalmente, se establece la inoponibilidad a la DGI del secreto profesional previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, así como otros secretos y reservas.

Capítulo II– Identificación del beneficiario final y de lo titulares de participaciones nominativas.

a) Antecedentes y propósito

Tal como se ha señalado ut supra, es propósito delPoder Ejecutivo profundizar los avances normativos realizados en materia de convergencia técnica con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo como de transparencia fiscal internacional.

En tal sentido, el proyecto de ley que se presenta, en el capítulo correspondiente a la identificación del beneficiario final, recoge las recomendaciones realizadas por GAFI (Recomendaciones 24 y 25 de febrero de 2012), así como por el Foro Global (Términos de Referencia 2016 adoptados en la reunión plenaria celebrada los días 26 y 27 de octubre de 2014 en la ciudad de Berlín, Alemania).

El proyecto tiene por objetivo lograr la disponibilidad de la información relativa a la identificación de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas, así como la identificación de los titulares de participaciones o títulos nominativos de las sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales, las sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada para emitir tales participaciones o títulos nominativos.

En ambos casos, se prevé que la información se encuentre disponible en el registro centralizado que funciona en el ámbito del BCU crea do por la Ley N° 18.930, con los mismos cometidos, pero con relación a la información de referencia.

b) Contenido

A efectos de cumplir con el objetivo de identificación de los beneficiarios finales, en primer lugar se define quienes son los sujetos que revisten tal calidad y el elenco de sujetos obligados a reportar, que son las entidades residentes y determinadas entidades no residentes.

Asimismo, se establece una obligación adicional para determinadas entidades residentes que emitan o tengan sus participaciones patrimoniales representadas en títulos nominativos, las que deberán informar los datos ide ntificatorios de sus titulares así como el porcentaje de su participación en el capital social correspondiente. Esta disposición está alineada con la obligación de identificación establecida en la Ley N° 18.930, para las entidades emisoras de participaciones patrimoniales al portador.

En relación a la información que poseen los sujeto obligados, se dispone que la misma deberá ser conservada en iguales condiciones que las establecidas para los libros sociales.

Por su parte, el reporte de dicha información al BCU se deberá realizar mediante una declaración jurada, la cual deberá incluir la identificación de los beneficiarios finales y su porcentaje de participación en el capital social, así como cualquier cambio que ocurriera en relación a la información registrada. Cabe señalar que dicha declaración no llevará timbres profesionales.

Se excluye de la obligación de identificación de us beneficiarios finales a determinadas sociedades residentes cuyos titulares de participaciones patrimoniales sean personas físicas y a otras entidades que se consideran de bajo riesgo.

Al igual que en el régimen de identificación establecido en la Ley N° 18.930, la AIN será el organismo encargado de controlar el cumplim iento, determinar las sanciones y recaudar las mismas.

A efectos de asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, se establece un régimen sancionatorio aplicable a los sujetos obligados.

En este sentido, las entidades que, a través de la utilización de formas jurídicas inadecuadas, impidan conocer a su beneficiario final serán pasibles de una multa de hasta 100 veces el valor máximo dispuesto en el artículo 95 del Código Tributario.

A su vez, se proyecta la misma disposición que la contemplada para el régimen previsto en la Ley N° 18.930, respecto a la prohibi ción de, inscribir actos o negocios jurídicos en los Registros dependientes de la Dirección General de Registros si no se acredita el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Capítulo II del presente proyecto.

En otro orden, se establece que los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas deberán requerir a sus clientes, cuando corresponda, el cumplimiento de la obligación de identificación que dispone el presente proyecto.

En lo que respecta a la confidencialidad y reserva de la información comprendida en el presente régimen de identificación, se establece en forma taxativa los sujetos que podrán acceder a la misma.

Por último, se faculta al Poder Ejecutivo a establ ecer la forma y condiciones en que se deberá dar cumplimiento a las obligaciones dispu estas en el presente proyecto, considerando los plazos que se estipulan.

Capítulo III – Normas aplicables a entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial o bajo nula tributación

a) Antecedentes v propósito

El recurso generalizado a sociedades constituidas en jurisdicciones de baja tributación ha generado una gran preocupación en lacomunidad internacional respecto a la opacidad de dichas sociedades y de las jurisdicciones que las albergan. Por este motivo, el Foro Global ha exhortado a abordar esta problemática que trae aparejada pérdida en la recaudación de las Administraciones Tributarias, contribuyendo asimismo al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Es evidente que Uruguay no se encuentra ajeno a la realidad antes descrita, por lo que se impone la modificación de algunos aspectos normativos contenidos en nuestro sistema tributario, respecto a la utilización de este tipo de sociedades.

El presente capítulo tiene como objetivo ajustar el sistema tributario de forma de desestimular la utilización de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, para disminuir la carga tributaria.

b) Análisis del sistema tributario vigente respecto a estas entidades

En la legislación doméstica las entidades no residentes que no constituyen un establecimiento permanente (en adelante «EP») en la República, tributan el Impuesto a la Renta de los No Residentes (en adelante «IRNR») por las rentas de fuente uruguaya.

A estos efectos, el IRNR define cuatro categorías de rentas, las cuales se clasifican en:

  1. Rentas empresariales
  2. Rendimientos del trabajo
  3. Rendimientos de capital
  4. Incrementos patrimoniales

Por su parte, en el artículo 2° del Título 8 del T exto Ordenado 1996 (texto legal del IRNR), además de establecerse cuales son las rentas comprendidas en el citado tributo, se definen las mismas realizando una remisión al lRAE en el caso de las rentas del literal A) y al lRPF para las de los literales B), C) y D), sin perjuicio de las disposiciones específicas que se establezcan en las normas del IRNR.

Cabe señalar que a efectos del IRNR, se aplican en general los mismos montos imponibles y las mismas tasas que para los rendimientos de capital e incrementos patrimoniales del IRPF. En cambio, para las rentas empresariales y de trabajo se aplica una alícuota del 12% (doce por ciento), calculada sobre los ingresos devengados.

Es en sede del IRNR que se canalizan las rentas percibidas en la República por las entidades residentes en jurisdicciones de baja o nula tributación, que no constituyan EP en la República, y es por esta razón, que se considera necesario ajustar la referida normativa a efectos de combatir las prácticas u ope raciones nocivas que se realizan mediante estos instrumentos.

Este ajuste normativo comprende, asimismo, modificaciones en determinadas disposiciones del IRAE, IRPF, en el Impuesto al Patrimonio (IP), en el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP) y en el Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas (ICOSA).

c) Contenido

En primer lugar se modifica la normativa del IRAE, IRPF e IRNR a efectos de incluir dentro del concepto de «fuente uruguaya», a las rentas derivadas de las ventas indirectas de activos de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, que estén localizados en el país. A estos efectos, quedarán alcanzadas aquellas entidades en las que más del 50 % (cincuenta por ciento) de su activo se integre, directamente o indirectamente, a través de una cadena de titularidad, por bienes situados en la República.

Luego se introduce una modificación en las disposiciones del régimen de precios de transferencia del IRAE, la cual tiene como objetivo eliminar la referencia a que las jurisdicciones de baja o nula tributación se determinarán en forma taxativa de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Esto obedece a que los estándares internacionales promueven la incorporación de jurisdicciones «cooperantes» y «no cooperantes» en relación a la transparencia fiscal, de acuerdo a determinadas condiciones o características.

En este sentido, se agrega una disposición en eI IRAE, IRPF, IRNR e IP, la cual establece que el Poder Ejecutivo será quien reglame nte las condiciones que deberán verificar estas jurisdicciones o regímenes para ser considerados de baja o nula tributación. No obstante, el Poder Ejecutivo también podrá confe ccionar una nómina de los países, jurisdicciones y regímenes especiales que preceptivamente sean considerados de baja o nula tributación.

Por otra parte, se modifica la disposición vigente de transparencia fiscal, respecto a las rentas obtenidas por contribuyentes del IRPF a través de entidades no residentes, cuando se verifiquen determinadas circunstancias. La modificación consiste en asignar la totalidad de los rendimientos de capital e incrementos patrimoniales obtenidos por la entidad no residente como dividendos o utilidades al contribuyente del IRPF.

En ese sentido, se alinea la disposición antes mencionada a otras hipótesis similares.

Adicionalmente, se introducen disposiciones específicas respecto a rentas obtenidas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, cuando las mismas deriven de operaciones con contribuyentes del IRAE, las cuales quedarían gravadas por IRNR. La aplicación de las mismas estará condicionada a que se trate de entidades vinculadas.

Asimismo se establecen otras disposiciones complementarias respecto a las rentas obtenidas por estas entidades.

En relación a las rentas obtenidas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, que quedan comprendidas en el IRNR, se fija una tasa incrementada del 25% (veinticinco por ciento).

Como forma de estimular la disolución de estas entidades sin que ello implique un costo tributario, se exonera del IRNR y del ITP a aquellas transmisiones que cumplan determinados requisitos.

Por último se incluye dentro del hecho generador d el ICOSA a las entidades no residentes que adopten el tipo de sociedad anónima regulada por la Ley N° 16.060 y sus modificativas.

Capítulo IV – Ajustes al régimen de Precios de Transferencia del IRAE

a) Antecedentes v propósito

La OCDE presentó en julio de 2013 el Plan de Lucha contra la Erosión de la Base lmponible y el Traslado de Beneficios (en adelante «BEPS» por su siglas en inglés), en el cual se incluyeron quince medidas, denominadas «Acciones», cuyo desarrollo permitiría combatir el problema de la evasión fiscal de las empresas multinacionales. En la actualidad más de 100 países y jurisdicciones se ha n comprometido en la implementación de las medidas propuestas para BEPS, a través del denominado «Marco Inclusivo».

En el ámbito del referido proyecto se sugiere la r evisión de los estándares internacionales de documentación en materia de precios de transferencia, adoptando un enfoque en tres niveles, a través de la inclusión de tres tipos de informes: «informe local», «informe maestro» e «informe país por país». La legislación nacional ya contempla disposiciones específicas en relación al informe local, incorporándose en el presente proyecto de ley únicamente los dos últimos informes referidos.

En primer lugar, se propone incluir el informe país por país siguiendo para ello el modelo estándar que los grupos multinacionales de g randes dimensiones económicas deberán presentar en el país de residencia de su so ciedad matriz. Dicho informe podrá ser objeto de intercambio automático entre los país es que adhieran a la Convención y con los que exista un Acuerdo de Autoridades Competentes que permita intercambiar dicho informe en forma automática, sin perjuicio de otros mecanismos que pudieran preverse.

El informe país por país contiene información de todas las entidades que integran el grupo multinacional, agregada por jurisdicción fiscal, respecto a los ingresos brutos, los impuestos devengados y pagados, así como ciertos indicadores de las actividades económicas realizadas en cada jurisdicción en las que opera dicho grupo, entre otros datos.

En la medida que el referido informe será preparad o por el grupo multinacional y presentado por una de sus entidades ante la Administración Tributaria de su jurisdicción para el intercambio automático con otras jurisdicci ones en las que opera dicho grupo, contribuye a la transparencia fiscal en materia de intercambio de información y a la colaboración entre las Administraciones Tributarias de los diferentes países. Esto constituye una fuente muy importante de información para las referidas administraciones a los efectos de dar cumplimiento de sus cometidos de control tributario.

Siguiendo con lo propuesto en el marco del Plan BEPS, el proyecto de ley prevé la presentación de un informe maestro que contenga información del grupo multinacional, relativa a la estructura organizacional, las actividades realizadas, las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por cada una de las entidades integrantes del grupo multinacional, los intangibles, la forma de financiamiento, y la situación financiera y fiscal de dicho grupo.

En la medida que ambos informes serán requeridos i nternacionalmente y referirán al grupo multinacional en su conjunto, al adaptarse el estándar internacional en esta materia no se producirán mayores costos de cumplimiento a l os sujetos residentes.

En otro orden, se incluye la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga la aplicación del régimen de acuerdos anticipados de precios en forma bilateral con otras Administraciones Tributarias, en el marco de los CDI ratificados por la República que se encuentren vigentes.

b) Contenido

El capítulo IV contiene nuevas obligaciones para los contribuyentes de IRAE que operen con empresas vinculadas, así como la disposición citada anteriormente respecto al régimen de acuerdos anticipados de precios.

A tales efectos, se establece que la vinculación quedará configurada cuando las partes estén sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de las partes.

Asimismo, se autoriza el intercambio automático de la información entre Administraciones Tributarias en el marco de acuerdos internacionales celebrados por nuestro país.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

  1. TABARÉVÁZQUEZ
  2. DANILO ASTORI
  3. EDUARDO BONOMI
  4. RODOLFO NIN NOVOA
  5. ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
  6. MARÍA JULIA MUÑOZ
  7. VÍCTORROSSI
  8. CAROLINA COSSE
  9. ERNESTO MURRO
  10. JORGE BASSO
  11. TABARÉAGUERRE
  12. LILIAM KECHICHIAN
  13. ENEIDA DE LEÓN
  14. MARINA ARISMENDI

—————

PROYECTO DE LEY

——

CAPÍTULO I

INFORME AUTOMÁTICO DE SALDOS Y RENTAS DE ORIGEN FIN ANCIERO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 1° . (Obligación de informar de entidades financieras. Residentes fiscales en el exterior).- Las entidades financieras residentes en la República y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes, deberán suministrar anualmente a la Dirección General lmpositiva toda la información relativa a saldos y rentas al cierre del año civil, de las cuentas debidamente identificadas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción, en los plazos, formas y condiciones establecidos por el Poder Ejecutivo.

A los efectos de la presente ley también se consideran cuentas financieras los títulos de deuda o participación en el capital de fideicomisos, fondos de inversión y otras entidades comprendidas en el literal b) del presente artículo, así como los saldos correspondientes a cualquier beneficiario.

Se excluye de la obligación dispuesta la información relativa a cuentas mantenidas en sucursales de entidades financieras residentes situadas en el exterior.

Se entenderá por entidades financieras obligadas a informar:

  1. las que realicen actividad de intermediación financiera.
  2. todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Dichas entidades estarán oblig adas aun en el caso que sean administradas por otra entidad financiera obligada a informar.
  3. las entidades de seguro, en relación a los contratos de seguro, cuando los mismos establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia.

Artículo 2° . (Obligación de informar de entidades financieras. Residentes fiscales).-La misma obligación establecida en el artículo anterior tendrán las entidades financieras obligadas a informar, respecto de las cuentas que sean mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades residentes en la República.

Artículo 3° . (Entidades financieras excluidas y plazos de cumplimiento).- El Poder Ejecutivo podrá excluir de la obligación de informar a determinadas entidades financieras en atención a su objeto y bajo riesgo fiscal, así como a establecer diferentes plazos de cumplimiento en atención a su naturaleza.

Artículo 4° . (Identificación de beneficiario final).- En el caso de que se trate de cuentas cuyos titulares, conforme a los criterios que establezca el Poder Ejecutivo, sean entidades consideradas de alto riesgo en materia de evasión fiscal, se deberá informar asimismo el beneficiario final de las mismas.

Artículo 5º. (Definición de residencia).- A los efectos de la residencia de las entidades financieras obligadas a informar, se estará a lo dispuesto en el articulo 13 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

La misma disposición, así como lo previsto en el artículo 6° del Titulo 7 del Texto Ordenado 1996, regulará lo atinente a la residencia de personas físicas, jurídicas u otras entidades residentes en la República a que refiere el artículo 2° de la presente ley.

Artículo 6° . (Debida diligencia).- Las entidades financieras obligadas a informar por la presente ley deberán identificar la residencia a efectos fiscales de las personas físicas, jurídicas u otras entidades que mantengan cuentas en ellas. La misma obligación se aplicará respecto del beneficiario final en los casos en que corresponda.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo establecerá los procedimientos de debida diligencia adecuados para su cumplimiento, así como los procedimientos de conservación de los documentos correspondientes, pudiendo establecer procedimientos distintos para cuentas o títulos según sus titulares sean personas físicas, jurídicas u otras entidades, así como para las cuentas abiertas o títulos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley.

Asimismo, podrá autorizar a las entidades financie ras obligadas a informar que soliciten a los titulares de las cuentas abiertas o títulos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley la declaración de su residencia, la que podrá ser formulada a través de cualquier medio hábil de comunicación.

Artículo 7° . (Nuevas cuentas. Declaración de residencia fiscal).- A partir de la vigencia de la presente ley no podrán abrirse nuevas cuentas ni emitir títulos de deuda o participación sin cumplir, entre otros, con el requisito de declarar a la entidad financiera la residencia fiscal de las personas físicas, personas jurídicas u otras entidades y del beneficiario final en los casos que corresponda.

El Poder Ejecutivo establecerá la oportunidad en que deberá identificarse la residencia fiscal del adquirente de los títulos de deuda y participación transferidos con posterioridad al 1° de enero de 2017.

Artículo 8° . (Cuentas excluidas y plazos de cumplimiento).- El Poder Ejecutivo podrá excluir de la obligación de ser informadas cuentas que resulten de bajo riesgo fiscal en atención a su naturaleza y monto, así como establecer plazos de cumplimiento en atención a la residencia de sus titulares y a la cuantía del saldo.

Artículo 9° . (Omisión de informar).- La omisión de remitir la información por las entidades financieras obligadas, hará pasible a la entidad financiera de una multa de quinientas hasta mil veces el valor máximo de la mu lta por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

Artículo 10. (Informaciones incompletas o inexactas).- La remisión incompleta o inexacta de dicha información o su remisión fuera de los plazos y condiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación, hará pasible a la entidad financiera, según su gravedad, de las siguientes sanciones:

  1. Observación;
  2. Apercibimiento;
  3. Multa de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

Artículo 11. (Incumplimiento de los procedimientos de debida diligencia).- La omisión por las entidades financieras obligadas en el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia dispuestos en los artículos 6° y 7° de la presente ley y su reglamentación, será sancionado, según su gravedad:

  1. Observación;
  2. Apercibimiento;
  3. Multa de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

Artículo 12. (Graduación de las sanciones).- A los efectos de la graduación de las sanciones previstas en los artículos precedentes, el Poder Ejecutivo podrá determinar criterios selectivos basados en aspectos tales como la inadecuación total o parcial de los procedimientos de debida diligencia, la dimensión económica de la entidad financiera obligada a reportar y la reiteración, continuidad y reincidencia de las conductas de incumplimiento (artículo 100 Código Tributario).

Artículo 13. (Fiscalización).- Cométese a la Dirección General Impositiva la fiscalización de las obligaciones impuestas por la presente ley, así como la aplicación de las sanciones correspondientes.

A los efectos de la fiscalización cometida, la Dirección General Impositiva podrá suscribir convenios de cooperación con el Banco Central del Uruguay.

Artículo 14. (Título ejecutivo).- Las resoluciones firmes que dicte la Dirección General Impositiva aplicando las sanciones previstas en los artículos 9°, 10 y 11 de la presente ley tendrán el carácter de título ejecutivo de acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

Artículo 15. (Deber de reserva y uso de la información suministrada).- La información suministrada por las entidades financieras en cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente ley, podrá ser utilizada por la Dirección General Impositiva para el cumplimiento de sus cometidos y para el intercambio de información con autoridades competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales ratificados por la República y sus respectivos prot ocolos de entendimiento, que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

La información será secreta y el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será sancionado con la pena establecida en el último inciso del artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 16. (Secreto bancario).- El secreto profesional previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, no será oponible a la Dirección General Impositiva para el ejercicio de las atribuciones consagradas en la presente ley.

Artículo 17. (Otras disposiciones relativas al secreto, reserva o confidencialidad).- El secreto previsto en los artículos 28 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, 19 literal c) de la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003, 19 de la Ley N° 18.243, de 27 de diciembre de 2007 y 54, 55, 61 y 111 de la Ley N° 1 8.627, de 2 de diciembre de 2009, así como cualquier otra disposición que consagre un deber de secreto, reserva o confidencialidad no será oponible a la Dirección General lmpositiva.

Artículo 18. (Datos personales).- A los efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley no regirán las limitaciones dispuestas en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008.

Artículo 19. (Vigencia).- Lo dispuesto en los artículos precedentes regirá a partir del 1° de enero de 2017.

Artículo 20.- Sustitúyese el inciso octavo del artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenando 1996, por el siguiente:

«En el caso de las empresas bancarias serán considerados activos gravados a los efectos del pasivo computable:

  1. El monto equivalente a la cuota parte de la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima correspondiente a la inversión en sucursales y en subsidiarias en el exterior, deducida la suma de obligaciones subordinadas que integra la referida Responsabilidad.
  2. Los títulos de deuda pública nacional, con un máximo del 60% (sesenta por ciento) del incremento real acumulado de la Responsabilidad Patrimonial Neta.

A los efectos de la determinación del incremento real acumulado de la Responsabilidad Patrimonial Neta se considerará la diferencia entre:

  1. el monto de la Responsabilidad Patrimonial Neta a cierre de ejercicio y;
  2. el monto de la Responsabilidad Patrimonial Neta al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, siempre que dicho monto no supere la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima a esa fecha incrementada en un 25% (veinticinco por ciento), en cuyo caso se considerará a los efectos de la deducción esta última cifra. El monto así determinado se actualizará por el incremento del índice de Precios al Consumo entre el 1° de enero de 2016 y l a fecha de cierre de ejercicio.

En el caso de inicio de actividades el referido incremento real se computará a partir del quinto ejercicio y la base inicial de comparación estará constituida por el monto de la Responsabilidad Patrimonial Neta con el límite referido precedentemente al cierre del cuarto ejercicio, actualizada de conformidad a lo establecido en el presente apartado.

Lo dispuesto en este apartado regirá para los ejercicios cuya declaración jurada no haya vencido a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley».

CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y DE LOS TITU LARES DE PARTICIPACIONES NOMINATIVAS

Artículo 21. (Beneficiario final).- A los efectos de la presente ley, se entenderá por beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.

Se entenderá como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos deberá identificarse a la o las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas en los incisos precedentes en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

Artículo 22. (Obligación de identificar. Entidades residentes).- A partir del 1° de enero de 2017, las entidades residentes deberán identificar inequívocamente a sus beneficiarios finales, contando con la documentación que lo acredite fehacientemente.

A los efectos de la presente ley, se consideran residentes las entidades comprendidas en el artículo 13 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 23. (Obligación de identificar. Entidades no residentes).- Igual obligación a la establecida en el artículo anterior tendrán las entidades no residentes, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

  1. Actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente, de acuerdo a la definición establecida en el artículo 10 del Título 4 del Texto Ordenado 1996; o
  2. Radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva, para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior. Se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio nacional cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades. Asimismo, a efectos de la definición de las actividades empresariales comprendidas en el presente literal, será de aplicación la definición establecida en el numeral 1) del literal B) del artículo 3° del Título referido precedentemente.

Quedan comprendidos en el presente artículo los beneficiarios finales de fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en el territorio nacional.

Artículo 24. (Obligación adicional para entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas).- Las sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales, las sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada para emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar, además de la información relativa al beneficiario final, los datos identificatorios de sus titulares así como el porcentaje de su participación en el capital social correspondiente.

Las modificaciones posteriores a la primera comunicación, deberán ser informadas dentro del plazo de treinta días a partir de su verificación.

Dicho plazo será de 90 (noventa) días en caso de q ue los titulares de las participaciones o títulos nominativos sean no residentes.

Artículo 25. (Disponibilidad de la información).- Las entidades obligadas deberán conservar la documentación respaldante de la información requerida, en las mismas condiciones que las establecidas para los libros sociales obligatorios de las sociedades comerciales.

Queda incluida en lo dispuesto en el inciso anterior, la información relativa a la cadena de titularidad en los casos en que el beneficiario final lo sea indirectamente o que por otros medios ejerza el control final.

Las entidades deberán adoptar medidas para mantene r la información actualizada en las condiciones establecidas por la presente ley.

Artículo 26. (Cometidos del Banco Central del Uruguay).- El registro creado en el ámbito del Banco Central del Uruguay por el artículo 3° de la Ley N° 18.930, de 17 de julio de 2012, comprenderá la custodia y la administración de la información correspondiente a los beneficiarios finales (artículo 21) y a las entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas (artículo 24), conforme a los cometidos específicos atribuidos.

A tales efectos, también se considerará cometido específico del Banco Central del Uruguay, la confección de estadísticas sobre el número y la naturaleza de las entidades a que refieren los artículos 22, 23, 24 y 28 de la presente ley.

Artículo 27. (Cometidos de la Audítoría Interna de la Nación).- La Auditoría Interna de la Nación tendrá los siguientes cometidos específicos:

  1. El control del cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 32 de la presente ley.
  2. La comunicación de los incumplimientos a los organismos competentes.
  3. La imposición de sanciones y la recaudación de las mismas, en caso de que tengan carácter pecuniario.
  4. Recibir las denuncias que se realicen con relación al incumplimiento de las obligaciones referidas. La Dirección General Impositiva, la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco de Previsión Social y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo deberán comunicar los incumplimientos detectados en el ejercicio de sus funciones.

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, podrá recabar del Banco Central del Uruguay y de las entidades obligadas por la presente ley, la información pertinente.

Autorízase a la Dirección General de Registros, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva a brindar a la Auditoría Interna de la Nación la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 28. (Procedimiento. Obligación de informar de las entidades).- Las entidades obligadas deberán informar al registro a que refiere el artículo 26, los beneficiarios finales identificados indicando los porcentajes de participación de los que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 21, los que no las cumplen y los que desconoce, así como de quienes ejercen su control final, si correspondiere.

Queda incluida en lo dispuesto en el inciso anterior, la información relativa a la cadena de titularidad en los casos en que el beneficiario final lo sea indirectamente o por otros medios ejerza el control final, así como los titulares a que refiere el artículo 24.

Dicha comunicación tendrá carácter de declaración jurada.

Artículo 29. (Modificaciones).- Los obligados deberán comunica r cualquier cambio que ocurriera con relación a la información registrada, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a su verificación, mediante la presentación de una nueva declaración jurada en los términos previstos en el artículo anterior.

Dicho plazo será de 90 (noventa) días en el caso d e que los beneficiarios finales sean no residentes.

Artículo 30. (Excepciones a la obligación de informar).- No estarán obligadas a presentar la declaración jurada a que refiere el artículo 28:

  1. las sociedades personales o sociedades agrarias en que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean éstas sus beneficiarios finales;
  2. las sociedades de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean éstas sus beneficiarios finales.

Artículo 31. (Régimen sancionatorio aplicable a las entidades y sus representantes).-Las entidades obligadas estarán sometidas al siguie nte régimen sancionatorio, sin perjuicio de las demás que correspondan:

  1. El incumplimiento de la obligación de identificar a los beneficiarios finales o titulares en los términos previstos en los artículos 21 a 24 de la presente ley, será castigado con una multa cuyo monto será de has ta cien veces el valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.
  2. El incumplimiento en la obligación de conservar la información y la documentación exigida en el artículo 25, así como la omisión de presentar la declaración jurada a que refieren los artículos 28 y 29, será castigado con una multa cuyo monto será de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

Sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la entidad obligada, sus representantes legales y voluntarios estarán someti dos al régimen sancionatorio dispuesto en el presente artículo por su responsabilidad personal en el incumplimiento.

Artículo 32. (Prohibición de distribuir utilidades).- Las entidades no podrán pagar utilidades ni dividendos, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad, así como cualquier partida de similar naturaleza, realizada a los titulares o beneficiarios respecto de los cuales no se haya cumplido con la obligación de identificar a los beneficiarios finales, por la cuota parte correspondiente.

Igual prohibición se aplicará en los casos de remisión de utilidades realizadas por las entidades no residentes a que refiere el artículo 23 de la presente ley.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será castigado con una multa cuyo máximo será equivalente al monto distribuido indebidamente.

Artículo 33. (Suspensión de certificado único).- La falta de presentación de las declaraciones juradas configurará el incumplimiento de pleno derecho, determinando la suspensión del certificado único a que refiere el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996.

El Banco Central del Uruguay y la Auditoría Interna de la Nación informarán a la Dirección General Impositiva los incumplimientos correspondientes a las declaraciones juradas a que refiere la presente ley.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo a publicar la nómina de las entidades que hubiesen incurrido en incumplimiento.

Artículo 34. (Formas sociales inadecuadas).- El que impida conocer a su beneficiario final o induzca a error sobre Ia obligación de identificación establecida en el artículo 21 de la presente ley, declarando o haciendo valer formas jurídicas inadecuadas será castigado con una multa cuyo monto será de hasta mil veces el valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

Artículo 35. (Organismo recaudador).- La Auditoría Interna de la Nación será el organismo recaudador de las multas a que refieren los artículos anteriores, teniendo carácter de título ejecutivo la resolución firme que las imponga de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas Generales.

El monto de la multa se graduará en función del plazo del incumplimiento, la dimensión económica de la entidad y la participación relativa que en el patrimonio de la misma tengan él o los beneficiarios no identificados.

Artículo 36. (Contralor).- Las entidades obligadas no podrán inscribir actos y negocios jurídicos en los Registros dependientes de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, sin la acreditación de haber dado cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 37. (Obligados a reportar operaciones sospechosas).- Sin perjuicio de las obligaciones ya establecidas, los obligados por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, deberán requerir a sus clientes, cuando corresponda, como parte de sus procedimientos de debida diligencia, la información resultante del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 38. (Acceso).- La información a que refieren los artículos 22, 23, 25, 28 y 29 de la presente ley será de carácter confidencial de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008.

El acceso a la misma estará restringido a los siguientes organismos:

La Dirección General Impositiva, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados, o para el cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se encuentren vigentes.

  1. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, en el marco del cumplimiento de sus cometidos, de acuerdo con las facultades asignadas por el artículo 5° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y el artículo 49 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013.
  • Por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.
  • La Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación vinculada al ámbito de su competencia.

En los casos no previstos precedentemente, la reserva solo podrá ser levantada con autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos están consignados en el registro.

Artículo 39. (Exclusión de entidades).- Quedan exceptuadas de la obligación dispuesta en los artículos 22 y 23 de la presente ley:

  1. las entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de las bolsas de valores nacionales, de bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempr e que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Cuando dichas entidades hayan emitido títulos que no cumplan con las condiciones establecidas en el inciso anterior, deberán aplicarse las obligaciones a que refiere la presente ley con relación a los mismos;
  2. los fondos de inversión debidamente constituidos y supervisados por el país de su residencia, de acuerdo a los criterios que establezca la reglamentación;
  3. los condominios, las sociedades conyugales y las sociedades de bienes reguladas en la Ley N° 18.246, de 27 de diciembre d e 2007.

El Poder Ejecutivo podrá exceptuar a otras entidad es que en función de su naturaleza y composición de capital sean de bajo riesgo en materia de lavado de activos y evasión tributaria.

Artículo 40. (Exoneración).- Exceptúase de lo dispuesto en el inciso G) del artículo 71 de la Ley N° 17.738, de 7 de enero de 2004, la presentación de declaraciones juradas dispuestas por la presente ley.

Artículo 41. (Plazos y condiciones para el registro de la información).- Sin perjuicio de la vigencia para las obligaciones dispuestas por los artículos 22 y 23, el Poder Ejecutivo establecerá los plazos, formas y condicio nes en los que las entidades a que refiere la presente ley deberán dar cumplimiento a sus obligaciones respectivas. A tales efectos, podrá establecer un cronograma de incorpor ación de la información al registro, incluida la referida en el artículo 24, según la na turaleza de las entidades y que no podrá exceder los siguientes plazos:

Entidades obligadas a informar por la Ley N° 18.930, de 17 de julio de 2012: 30 de setiembre de 2017.

Entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades: 30 de junio de 2018.

CAPÍTULO III

NORMAS APLICABLES A ENTIDADES RESIDENTES EN PAÍSESO JURISDICCIONES DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN O QUE SE BENEFICIEN DE U N RÉGIMEN ESPECIAL DE BAJA O NULA TRIBUTACIÓN

Artículo 42.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 40 d el Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 40.- Países, jurisdicciones y regímenes de baja o nula tributación.-Las operaciones que los sujetos pasivos realicen con entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, se presumirán, sin admitir prueba en contrario, rea lizadas entre partes vinculadas y no serán consideradas ajustadas a las prácticas o a los valores normales de mercado entre partes independientes; en tal caso deberá aplicarse lo dispuesto por el artículo siguiente».

Artículo 43.- Agrégase al artículo 7° del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«Se considerarán íntegramente de fuente uruguaya, l as rentas correspondientes a la trasmisión de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, así como la constitución y cesión delusufructo relativo a las mismas, en las que más del 50% (cincuenta por ciento) de su activo valuado según normas del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, se integre, directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad, por bienes situados en la República».

Artículo 44.- Agrégase al Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 17 bis.- A efectos de determinar la rentaoriginada en trasmisiones patrimoniales, cuya adquisición se haya exonerado por el literal T) del artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el costo fiscal estará constituido por el valor de adquisición de las entidades referidas en dicho literal, ajustado de acuerdo a las normas de este impuesto y sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de este Título».

Artículo 45.- Agrégase al Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 95 bis.- El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones para que los países, jurisdicciones o regímenes especiales, sean considerados de baja o nula tributación. Asimismo podrá confeccionar una nómina de los países, jurisdicciones y regímenes especiales, que preceptivamente sean considerados de baja o nula tributación».

Artículo 46.- Agrégase al segundo inciso del artículo 3° del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente apartado:

«IV) Las rentas correspondientes a la trasmisión de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, así como la constitución y cesión del usufructo relativo a las mismas, en las que más del 50% (cincuenta por ciento) de su activo valuado según normas del Impue sto a las Rentas de las Actividades Económicas, se integre, directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad, por bienes situados en la República».

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 7° bis del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«ARTÍCULO 7° bis. (Asignación de rentas de entidades no residentes).- En el caso en que personas físicas residentes participen en el capital de entidades no residentes, las rentas obtenidas por dichas entidades serán determinadas y asignadas como dividendos o utilidades distribuidos a las referidas personas físicas en la proporción que tenga su participaciónen el patrimonio de aquellas.

Las rentas objeto de asignación comprenderán exclusivamente a los rendimientos de capital e incrementos patrimoniales, en tanto sean obtenidos por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. A tales efectos, para la determinación de las referidas rentas, se aplicarán las disposiciones co ntenidas en el Capítulo II del presente Título, quedando facultado el Poder Ejecutivo a establecer otros mecanismos de determinación de la renta a asignar, cuando las mismas no resulten aplicables.

Las rentas a computar por el contribuyente se presumirán devengadas en el momento en que sean percibidas por la entidad no residente».

Artículo 48.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 7° ter.- El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones para que los países, jurisdicciones o regímenes especiales, sean considerados de baja o nula tributación. Asimismo podrá confeccionar una nómina de los países, jurisdicciones y regímenes especiales, que preceptivamente sean considerados de baja o nula tributación».

Artículo 49.- Agrégase al Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 22 bis.- A efectos de determinar la rentaoriginada en trasmisiones patrimoniales, cuya adquisición se haya exonerado por el literal T) del artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el costo fiscal, cuando corresponda su determinación, estará constituido por el valor de adquisición de las entidades referidas en dicho literal, debidamente actualizado de acuerdo a la normativa de este impuesto».

Artículo 50.- Sustitúyese el inciso tercero del literal C) de l artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«Cuando un contribuyente del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas participe en el patrimonio de una entidad no residente, y ésta verifique la hipótesis de baja tributación a que refiere el artículo 7° bis de este Título, los rendimientos de capital e incrementos patrimoniales obtenidos por la entidad no residente, se asignarán como dividendos o utilidades a dicho contribuyente al solo efecto de determinar los dividendos o utilidades gravados por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas. A tales efectos, para la determinación de las referidas rentas, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Capítulo II del presente Título, quedando facultado el Poder Ejecutivo a establecer otros mecanismos de determinación de la renta a asignar, cuando las mismas no resulten aplicables. De igual modo, cuando una persona física residente participe en el patrimonio de una entidad no residente, y ésta reciba los dividendos y utilidades distribuidos por un contribuyente del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, dichas utilidades y dividendos se asignarán a las personas físicas, siempre que la entidad no residente verifique la hipótesis de baja tributación establecida en el artículo 7° bis de este Título».

Artículo 51.- Agrégase el artículo 3° del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«Se considerarán íntegramente de fuente uruguaya, l as rentas correspondientes a la trasmisión de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, así como la constitución y cesión delusufructo relativo a las mismas, en las que más del 50% (cincuenta por ciento) de su activo valuado según normas del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, se integre, directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad, por bienes situados en la República».

Artículo 52.- Agrégase al Título 8 del Texto Ordenado 1996 el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 3° bis. (Países, jurisdicciones y regímenes de baja o nula tributación.-Operaciones con partes vinculadas).- Las rentas obtenidas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, originadas en operaciones realizadas con contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas que verifiquen la hipótesis de vinculación a que refiere el presente artículo, quedarán sometidas a las siguientes disposiciones:

  1. Serán consideradas de fuente uruguaya las provenientes de importación de bienes. Se presumirá salvo prueba en contrario, la que deberá ser acreditada por el contribuyente de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, que la renta obtenida en el exterior es del 50% (cincuenta por ciento) del precio correspondiente. En ningún caso el valor a considerar podrá ser inferior al valor en aduana correspondiente.
  2. Serán consideradas de fuente uruguaya las provenientes de operaciones de venta de bienes en el exterior, que hayan sido previamente exportados por contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas. Se presumirá salvo prueba en contrario, la que deberá ser acreditada por el contribuyente de dicho impuesto, que la renta obtenida en el exterior es del 50% (cincuenta por ciento) del precio correspondiente. En ningún caso el valor a consider ar podrá ser inferior al precio de venta mayorista en el lugar de destino.

En tal caso, el referido contribuyente será responsable solidario por el pago del impuesto correspondiente a las mencionadas entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.

A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo la vinculación quedará configurada cuando las partes estén sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o estas, sea por su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de los mencionados sujetos pasivos.

Las operaciones realizadas con las entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación se considerarán realizadas con partes vinculadas, salvo que se declare la no configuración de las condiciones dispuestas en el inciso anterior a través de la presentación de una declaración jurada por parte del contribuyente del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas».

Artículo 53.- Agrégase al Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 3° ter. (Países, jurisdicciones y regímenes de baja o nula tributación).- Las rentas provenientes de operaciones realizadas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación exista o no vinculación en los términos dispuestos por el artículo anterior, quedarán sometidas a las siguientes disposiciones:

  1. Se considerará de fuente uruguaya el ingreso o btenido por la enajenación de bienes intangibles adquiridos por contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, cuyo destino sea la utilización económica en territorio nacional. A efectos de determinar el monto imponible de esta renta, será aplicable lo dispuest o en el literal A) del artículo 12 del presente Título. En ningún caso el valor a considerar podrá ser inferior al valor de mercado de los referidos bienes.
  2. Las rentas provenientes de bienes inmuebles situados en territorio nacional estarán gravadas por la tasa general más u na tasa complementaria del 5,25% (cinco con veinticinco por ciento).
  3. Las rentas correspondientes a incrementos patrimoniales obtenidas por la enajenación o promesa de enajenación de bienes inmuebles situados en territorio nacional, se determinarán sobre base rea l de conformidad con lo dispuesto por los incisos primero a cuarto del artículo 20 del Título 7 del Texto Ordenado 1996. En caso que no pueda revaluarse el costo de adquisición por inexistencia del Índice de Preciosal Consumo se podrá ejercer la opción dispuesta en dicho artículo. Lo dispuesto en el presente literal regirá a partir del 1° de enero de 2018.
  4. Para rentas originadas en otras trasmisiones patrimoniales de bienes situados en territorio nacional, el porcentaje a que refiere el inciso segundo del artículo 22 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, será del 30% (treinta por ciento)».

Artículo 54.- Agrégase al artículo 14 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«Rentas obtenidas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, excepto dividendos o utilidades pagados o acreditados por contribuyentes del lRAE 25%».

Artículo 55.- Agrégase al artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«T) Las trasmisiones patrimoniales realizadas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes co ndiciones:

  • Se realicen hasta el 30 de junio de 2017.
  • El adquirente no sea una de las entidades referidas.
  • En caso de estar inscriptas, las mencionadas entidades hayan solicitado la clausura ante la Dirección General Impositiva, así como en los organismos de seguridad social correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la referida fecha.

A efectos de determinar la renta originada en trasmisiones patrimoniales cuya adquisición se haya exonerado por el presente literal, el costo fiscal, cuando corresponda su determinación, estará constituido por el valor de adquisición de las entidades referidas en el primer inciso».

Artículo 56.- Agrégase al Título 8 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 17.- El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones para que los países, jurisdicciones o regímenes especiales, sean considerados de baja o nula tributación. Asimismo podrá confeccionar una nómina de los países, jurisdicciones y regímenes especiales, que preceptivamente sean considerados de baja o nula tributación».

Artículo 57.- Agrégase al artículo 45 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«E) Las entidades, excluidas las personas físicas, residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en los países o jurisdicciones de baja o nula tributación, o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, que no actúen en el país mediante establecimiento permanen te – 3%».

Artículo 58.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 56.- El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones para que los países, jurisdicciones o regímenes especiales, sean considerados de baja o nula tributación. Asimismo podrá confeccionar una nómina de los países, jurisdicciones y regímenes especiales, que preceptivamente sean considerados de baja o nula tributación».

Artículo 59.- Agrégase al artículo 1° del Título 16 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«Se encuentran comprendidas en lo dispuesto en el inciso anterior las sociedades constituidas en el extranjero que modifiquen su contrato, adoptando el tipo sociedad anónima regulado por la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989. A tales efectos, se considerará como constitución el momento en que culminen los trámites formales que dispongan las normas legales y reglamentarias vigentes.»

Artículo 60.- Agrégase al artículo 7° del Título 19 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

«H) Las enajenaciones realizadas por entidades residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

  • Se realicen hasta el 30 de junio de 2017.
  • El adquirente no sea una de las entidades referidas.
  • En caso de estar inscriptas, las mencionadas entidades hayan solicitado la clausura ante la Dirección General Impositiva, así como en los organismos de seguridad social correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la referida fecha».

Artículo 61.- El presente Capítulo regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial.

CAPÍTULO IV

AJUSTES AL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DELIMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 62.- Agrégase al artículo 41 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«A los mismos efectos dispuestos en el inciso anterior, la reglamentación determinará la información y documentación que deberá suministrar el contribuyente relativa a las entidades no residentes vinculadas, correspondiente al informe maestro previsto en el artículo 46 del Título 4 del Texto Ordenado 1996».

Artículo 63.- Agrégase al artículo 44 bis del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«El Poder Ejecutivo también podrá disponer la aplic ación del referido régimen en acuerdo con administraciones tributarias de otras jurisdicciones, en el marco de convenios internacionales para evitar la doble imposición ratificados por la República que se encuentren vigentes».

Artículo 64.- Agrégase al artículo 46 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

«Adicionalmente, en los casos que se configuren las hipótesis de vinculación establecidas en el segundo inciso del artículo 46 ter, la Dirección General Impositiva podrá requerir la presentación de declaraciones juradas especiales que contengan los datos relativos al informe país por país, de conformidad con lo previsto en dicho artículo así como la información y documentación relativa al informe maestro del grupo multinacional que integra la entidad.

Se entenderá por informe maestro aquel que conteng a información del grupo multinacional, relativa a la estructura organizacional, las actividades realizadas, las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por cada una de las entidades integrantes del grupo multinacional, los intangibles, la forma de financiamiento, y la situación financiera y fiscal de dicho grupo.

Un grupo multinacional comprende a un conjunto de dos o más entidades vinculadas en virtud de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 43 ter., residentes en diferentes jurisdicciones; así como también a la casa matriz y sus establecimientos permanentes».

Artículo 65.- Agrégase al Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

«ARTÍCULO 46 ter.- Informe país por país.- Los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas que integren un grupo multinacional de gran dimensión económica, cuando se configuren los supuestos de vinculación establecidos en el inciso siguiente, quedarán sujet os a las disposiciones relativas al informe país por país que regula el presente artículo. Quedan asimismo sujetos a esta disposición, cuando integren un grupo multinacional de gran dimensión económica, las casas matrices con sus establecimientos permanentes, cuando alguno de ellos sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas; y otras entidades residentes que integren un grupo multinacional con sus filiales extranjeras, sucursales, establecimientos permanentes u otro tipo de entidades no residentes vinculados a ellos.

La vinculación quedará configurada cuando las partes estén sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de las partes.

Dicho informe podrá ser utilizado por la Dirección General Impositiva para el cumplimiento de sus cometidos y para el intercambio de información con autoridades competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales ratificados por la Repúbl ica y sus respectivos protocolos de entendimiento, que aseguren reciprocidad y confidencialidad.

Los grupos multinacionales de gran dimensión económica a que refiere el primer inciso serán aquellos cuyos ingresos consoli dados superen el límite que a tales efectos fije el Poder Ejecutivo.

Los sujetos comprendidos en el primer inciso del presente artículo, deberán presentar anualmente el informe país por país en la forma, condiciones y plazos que determine la Dirección General Impositiva, excepto cuando el mismo deba ser presentado por una entidad integrante del grupo multinacional obligada a informar ante una administración tributaria de una jurisdicción con la que nuestro país tenga vigente un acuerdo de intercambio de información con autoridades competentes de Estados extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales, y dicho informe pueda ser efectivamente intercambiado con la Dirección General lmpositiva.

Se entiende por entidad obligada a informar a aquella que deba presentar el informe país por país ante la Dirección General Impositiva o, en su defecto, ante la administración tributaria extranjera en nombre del grupo multinacional al cual pertenece. A estos efectos, la entidad obligada a informar podrá ser una entidad comprendida en el primer inciso del presente artículo, la entidad controlante final del grupo multinacional o una entidad designada por dicho grupo a tales efectos. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones en q ue opere dicha presentación.

Los sujetos comprendidos en el primer inciso de este artículo deberán informar a la Dirección General Impositiva, cuál es la entidad del grupo multinacional obligada a informar y su residencia fiscal, en la forma, condiciones y plazos que ésta establezca.

Dicho informe deberá contener información del grupo multinacional, país por país, relativa a:

  1. Identificación de cada una de las entidades que integran el grupo multinacional, su país de residencia fiscal, o el país de constitución cuando difiera de su país de residencia, y las actividades que éstas desarrollan.
  2. Ingresos brutos consolidados, distinguiendo entre los obtenidos con entidades vinculadas e independientes, resultado del ejercicio antes del impuesto sobre las rentas, impuesto sobre las rentas pagado en el ejercicio, impuesto sobre las rentas devengado en el ejercicio, capital social, resultados acumulados, número de empleados y activos tangibles .

Lo dispuesto en el presente artículo regirá para ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2017″.

Montevideo, 11 de julio de 2016

  1. DANILO ASTORI
  2. EDUARDO BONOMI
  3. RODOLFO NIN NOVOA
  4. ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
  5. MARÍA JULIA MUÑOZ
  6. VÍCTOR ROSSI
  7. CAROLINA COSSE
  8. ERNESTO MURRO
  9. JORGE BASSO
  10. TABARÉAGUERRE
  11. LILIAM KECHICHIAN
  12. ENEIDA DE LEÓN
  13. MARINA ARISMENDI

…///

Anuncio publicitario