Licencia Sindical, Cuota Sindical, Plazo para el pago de lo Retenido por la Empresa. Regulados por Ley 17940 y Decreto 66/006


Siempre se habla poco y se escribe poco sobre estos derechos y obligaciones; hay poco en libros especializados del tema (sobre la Licencia Sindical, no le dedican más de una carilla o una hoja en todo un libro) y generalmente son temas que se soslayan. Quizás porque realmente no haya mucho más para decir, o porque son temas delicados. Si es por lo primero, creo que hay suficiente temática como para seguir escribiendo; llama la atención que en toda esta movida de la inclusión financiera, no se regule los pagos de las cuotas sindicales (deberían ser depositados en Cuentas Bancarias de los Gremios), que no se les otorgue más derechos a los trabajadores sobre el control de lo que aportan (es mucho dinero, qué se hace?), que así como se les pide a las empresas que cuando se den determinados parámetros deben informar a determinados organismos de control, los Sindicatos también deben de informar a sus afiliados, porque entre los directivos sindicales y los sindicalizados también existen relaciones de poder, y la ley debería buscar ese equilibrio en órganos que cada vez son más influyentes.

Si es porque es un tema delicado que se escribe poco y no se profundiza en temas como en el voto secreto para elegir a los representantes, que existan elecciones internas para elegir el representante de los trabajadores en el BPS, para elegir a los representantes en determinados lugares (con voto secreto), etc.; se debería poco a poco tratar de transparentar la temática ya que muchas veces, vemos que se reclaman participación en determinados proyectos de ley, o en hechos que nos involucra a toda una sociedad y que no fueron electos para tal fin (recepción de ex presos de Guantánamo). Como es importante el tema para todos, para trabajadores y empresarios, lo único que haré es tratar de facilitar la información que se ha ido generando.

Me anticipo a alguna posible opinión, aclaro que no tengo nada contra los Sindicatos, al contrario, tienen su importancia, comparto su existencia. Sólo que me gustaría que estuviesen más regulados, porque es muy difícil para cualquiera solicitar rendición de cuenta de ellos, o ver un balance. Tampoco estoy para hablar mal de nadie, ni me interesa denunciar nada ni a nadie, toda la información que manejaré es pública, ni tengo información privilegiada. Sólo busco una visión más profesional del tema, con los derechos laborales que correspondan, pero siempre que existen derechos, hay obligaciones. ¿Cómo?, Sí, por ejemplo, si una persona accede a la Licencia Sindical, y cobra por ella, es un beneficio que le otorga el resto de sus compañeros y que la empresa asume el costo de esas horas, ¿No debería existir un control de qué se hizo en ese tiempo?, tendría que hacerse una Asamblea, con actas, elevar una memoria, una vez por año presentar ante sus compañeros de trabajo un balance, los ingresos, los gastos, el saldo, y una proyección de actividades. Todo esto que nombro, en algunos casos se hará, la idea es que sea para todos los casos una constante, y la única forma es que sea por ley, de lo contrario quedará a criterio y de algunos pocos valientes que se animen a levantar la mano para solicitar una rendición de cuenta.

Es mi opinión, obviamente no es la verdad.

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Publicada D.O. 10 ene/006 – Nº 26913

Ley Nº 17.940

LIBERTAD SINDICAL

NORMAS PARA SU PROTECCIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


Artículo 1º.- (Nulidad de los actos discriminatorios).– Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.
B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescritas en la presente disposición, también alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2º. (Procedimiento).

1) (Proceso general). La pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado se tramitará por el proceso extraordinario (artículos 346 y 347 del Código General del Proceso). El tribunal dispondrá, si correspondiere, el cese inmediato de los actos discriminatorios cuando a juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.
2) (Proceso de tutela especial). La tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:
A) Los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel.
B) Los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos.
C) Los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva.
D) Los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical.
E) Los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo (artículos 4º a 10 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Artículo 3º. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

A) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de las garantías prescritas en el artículo 1º de la presente ley, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, generándose en consecuencia a favor de éste el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de reinstalación y hasta que ésta se efectivice.
B) En los procedimientos a que refiere el artículo 2º de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.
C) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.
D) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.
E) El tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3º y 5º del artículo 350 del Código General del Proceso
F) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.
G) La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 4º. (Licencia sindical).- Se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.

Artículo 5º. (Sanciones administrativas).- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 6º. (Retención de la cuota sindical).– Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El monto a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 7º. (Orden de retención).- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

«La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto».

Artículo 8º. (Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical).- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 9º. (Tripartismo).– Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 10. (Reglamentación).– Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Artículo 11. (Vigencia).– La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de diciembre de 2005.

NORA CASTRO,
Presidenta.
Marti Dalgalarrondo Añón,
Secretario.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Montevideo, 2 de enero de 2006.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ.
JORGE BRUNI.

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Decreto N° 66/006

Promulgación : 06/03/2006

Publicación: 10/03/2006

Reglamentario/a de: Ley Nº 17.940 de 02/01/2006.

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley No. 17.940 de 2 de enero de 2006.

CONSIDERANDO: I) Que la citada disposición legal prevé la reglamentación de las disposiciones contenidas en la Ley No. 17.940 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lo cual se establece un plazo de sesenta días a esos efectos. II) Que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores fueron consultadas sobre el proyecto de decreto reglamentario, y se recibieron comentarios y sugerencias de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, de la Cámara Mercantil de Productos del País y de la Cámara de Industrias.

ATENTO: A lo dispuesto por el Artículo 168 numeral 4º de la Constitución y a los fundamentos expuestos.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Artículo 1 – Las decisiones de los Consejos de Salarios reglamentando la licencia remunerada para el ejercicio de la actividad sindical, en el ámbito de su jurisdicción, serán publicadas en el «Diario Oficial» y en otros diarios o periódicos a juicio del Poder Ejecutivo.

Para el caso que la reglamentación de la licencia sindical se  realizara mediante convenio colectivo, las partes deberán adoptar las medidas adecuadas tendientes a su difusión.

Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluirá en su sitio web las decisiones y convenios mencionados.

Artículo 2 – El total de lo producido de las multas que se apliquen por infracciones a las disposiciones de la Ley No. 17.940 será destinado al cumplimiento de los fines fijados por el Artículo 5º de dicha norma, a cuyos efectos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General, dispondrá las medidas administrativas correspondientes.

Artículo 3 – Todo trabajador afiliado a un sindicato tendrá derecho, previa comunicación por escrito dando cuenta de su consentimiento, a que el empleador retenga de sus haberes la cuota por afiliación y lo vierta a la organización sindical que indique.

El monto a descontar será fijado por el sindicato y comunicado en  forma fehaciente a la empresa o institución empleadora, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio de cinco días hábiles, a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 4 – La organización sindical deberá comunicar al empleador en forma previa y por escrito, la o las personas autorizadas para el cobro de las cuotas a retenerse así como el monto de la cuota de afiliación. También podrá notificar al empleador un número de cuenta bancaria a efectos de que éste deposite las sumas objeto de retención. Dicha comunicación o notificación se tendrá por vigente y válida mientras no se comunique al empleador en forma fehaciente la revocación o modificación de la misma.

Artículo 5 (Orden de prioridad).- En las retenciones sobre retribuciones salariales  y pasividades, descontados de los tributos que correspondieren, tendrán  prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias.

Luego, por su orden, el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; la cuota sindical; por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay; por el Banco Hipotecario del Uruguay; las solicitadas por el Ministerio de Defensa Nacional con destino a vivienda, incluídos préstamos, para el personal del Inciso en actividad, retirados, pasivos y pensionistas; por el Banco de Seguros del Estado u otras compañías de seguros en cuanto a la contratación de seguros de vida colectivos; y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren.(*)

(*)Notas:
Redacción dada por: Decreto Nº 324/013 de 04/10/2013 artículo 1.
Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 66/006 de 06/03/2006 artículo 5.

Artículo 6 – Los Consejos Superior Tripartito y Tripartito Rural establecidos por los Decretos Nº 105/005 de 7/III/2005 y Nº 139/005 de 19/IV/2005, y la Mesa de negociación bipartita establecida por Decreto Nº 104/005 de 7/III/2005, actuarán en calidad de órganos de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la ley 17.940 de 2 de enero de 2006.

Artículo 7 – Derógase el Decreto Nº 302/005 de 13/IX/2005 declarándose en vigencia los Decretos No. 93/968 de 3/II/1968 (artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996) y No. 234/967 de 5/IV/1967.

Artículo 8 – Comuníquese, publíquese, etc.

TABARE VAZQUEZ – EDUARDO BONOMI

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