Burocracia en la Administración Estatal; habría que reformular todos los Procedimientos de Control como también las Instituciones específicas a ese fin. Seguro perdemos más dinero con este tipo de control.


Yo tuve un período de mi vida laboral, que trabajé para el Estado. Fue mi peor experiencia; deseaba irme y cuando me fui, sentí un gran alivio (gracias a Dios me fui con trabajo a la actividad privada otra vez). Por lo tanto lo que sigue, no hablo desde la tribuna, tampoco desde el olimpo; pero sí daré mi opinión como ciudadano, que vivió desde adentro y que escucha y lee, día por medio, dificultades de todo tipo. Uno se entera de procesamientos en la Armada por compras falsas, en el MDN de libros negros, en ASSE de duplicación de horas trabajadas, de que en el BROU de Castillo se falsificaban préstamos, que funcionarios que tienen empresas le venden al Estado como en el Ministerio de Defensa, ahora hay una denuncia en la Intendencia de Salto; y la lista es larga … de empresas que se crean porque si hicieran dentro del sistema estatal serían inviables, o como el maternal en el Ministerio de Economía que es por fuera, o las ONG que las contratan como si fuesen funcionarios públicos, o que en el Palacio Legislativo no aportaban por las partidas para diarios, etc, etc, o que hay observaciones de las Instituciones de Control y nadie les hace caso (ahora parece que el MIDES trancó un contrato con el SUNCA, la primera vez que escucho de que de algo sirvió la observación, y también el MVOTMA algo trancó …), entonces, me pregunto: ¿No será que hay algo que no funciona?. Sí, es claro desde mi punto de vista, el sistema de control es anacrónico; es antes, es después, es con Contadores Delegados, mil vueltas … hay que cambiarlo. ¿Quién se animará?.

Sí, alguno pensará que estoy delirando. En todo caso ya he delirado. Escribí algo parecido en este post:

https://abilleira.wordpress.com/2013/05/01/gerenciamiento-de-las-donaciones-quien-coordina-los-esfuerzos-de-la-sociedad-el-fnr-los-pedidos-en-la-television-el-recurrir-a-la-justicia-por-medicamentos-no-tendrian-que-existir-e/

Tampoco se trata de que proponga la «libertad» total; noooo, para nada. 

Esto no pretende ser un post político. Sólo que escuchando la radio Espectador, esta semana le hicieron un reportaje al Intendente de Cerro Largo; y las cosas que decía, eran muy parecidas a las que dijo el Intendente de Colonia. No estoy para apoyarlos o criticarlos; pero si uno usa el «sentido común», nos damos cuenta que en mucha cosa tienen razón (no importa el partido que sea a quién representan).

Uno entiende porqué se llegó a esta situación; es que se van detectando errores, y en lugar de limpiar la casa, quitando a quien hizo mal las cosas o se pensó que ese lugar era para regalar dinero para su provecho y obtener votos; se van logrando por medio de normas poner «candados»; más controles, más y más … pero llega un momento, que es natural que nada marche. Todo está sustentado en que todos son unos ladrones … del primero al último; cuando debería ser distinto. Debería estar pensado en que todos actuarán como corresponde, y después sí, si no lo hicieron, como se dice: arrancarles la cabeza (en sentido figurado); pero no antes. Confiar en los que se supone que saben, que estudiaron y que además aceptaron el cargo de buena fe.

Lo primero que habría que modificar, es que existan cargos Gerenciales que no dependan de los políticos de turno; ni que tampoco sean llenado con funcionarios porque tienen antiguedad; deberían rendir como cualquier otro Gerente en el ámbito privado (y ganar como en el ámbito privado). Entonces, no podría existir una declaración como hizo la Ministra de Salud, que por más control, la irregularidad no se hubiese detectado. Si existe un verdadero control, esa sobrefacturación de los servicios de limpieza, seguro que se hubiese detectado; existen estadísticas, y además rangos normales de horas posibles; quien administra le tiene que surgir la inquietud, quizás está bien pero podría estar mal.

Y lo otro es que debería cambiar la forma de gestionar le Presupuesto, una vez que se aprobó ese dinero en gastos es inversiones, hay que entregárselo al Administrador y luego hacerle los seguimientos correspondientes, en que se van explicando los desvíos; si no cumple con el presupuesto y no logra justificar el porqué no se llegó: no sólo debería perder su trabajo, sino que también podría caberle otras responsabilidades,  si por ejemplo se detecta como en estos casos comentados, dolo, mal uso, desidia, etc. Pero no tiene sentido estos controles actuales, en que se sustentan en una alta cantidad funcionarios, trámites engorrosos y tiempos que seguro son más caro que lo que se intenta controlar (en la inmensa cantidad de casos).

Igual, este post no cambiará nada. Sólo sirve para inform,arse y luego interpretar mejor la realidad. Veamos los casos:

Sergio Botana: Acusaciones a la Intendencia «les hacen un daño brutal a las instituciones y a los departamentos»

Publicado el martes 12 de agosto del 2014 a las 15:32 hs

En los últimos días trascendieron denuncias por irregularidades en la Intendencia de Cerro Largo. Uno de los principales implicados es el intendente Sergio Botana, quien hizo sus descargos en la Junta de Transparencia y Ética Pública. En diálogo con En Perspectiva, el jefe comunal dio su punto de vista de cada una de las acusaciones que se le hace y reflexionó: «la Jutep reafirma unos hechos que lamentablemente no son ciertos. Pero además hay algunos errores» y «mala intención».

ROMINA ANDRIOLI:
Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) conocido en los últimos días compromete la gestión del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. El documento ratifica las conclusiones de una comisión investigadora formada por la propia Junta Departamental. En los últimos días, este legislativo, con los votos de los ediles frenteamplistas y herreristas, decidió enviar las denuncias a la justicia penal.

Las irregularidades detectadas en la Intendencia de Cerro Largo que se mencionan en los distintos documentos e investigaciones son varias: el desvío de fondos de un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para la compra de luces para el Estadio de Melo; el incremento de salarios a los funcionarios municipales sin el aval presupuestal correspondiente; el contrato directo de ONG dirigidas por «conocidos» de autoridades de la Intendencia, y la compra de maquinarias en un remate en Estados Unidos a través de internet.

La investigación se inició a partir del planteo de un edil correligionario del propio jefe comunal, lo que evidencia el fuerte enfrentamiento político que sacude a la interna blanca en Cerro Largo.

Botana niega cualquier tipo de irregularidad, y en las últimas horas presentó sus descargos para que la Jutep los analice.

Estamos en contacto con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana.

SERGIO BOTANA:
Agradezco el haber recordado que estas cosas tienen dos partes. Es el medio que tiene ese equilibrio en la información, porque es bastante duro desde el punto de vista personal recibir este tipo de acusaciones, a las que uno no está acostumbrado y que son sumamente dolorosas. Nos mueven bastante, no ya desde el punto de vista de la justicia, etcétera, sino más bien desde el punto de vista del honor personal.

RA – Se lo iba a preguntar, ¿cómo está encarando esta catarata de denuncias que han efectuado contra una serie de acciones y resoluciones y que terminan en una denuncia penal?

SB – Al principio sin mucho problema, porque en definitiva uno con la política se va acostumbrando a este tipo de cosas, se va acostumbrando a que si alguien tiene algunos problemas va a tratar de buscar o inventar problemas en otros lados. Al final es el juego de algunos en la actividad política. Pero cuando vienen tus hijos y te empiezan a preguntar cómo es esto y sale un titular que dice «desvío»… ¿Desvío de qué? Desvío de nada. «Desvío» hace parecer que el intendente o alguien de la Intendencia se hubiera llevado algo de la Intendencia o que la Intendencia se hubiera quedado con algo que no era de ella, que era ajeno, que era del Mvotma. Y no, el tema es sencillamente que el giro se hizo desde otra de las cuentas de la Intendencia, entonces un brutal titular para nada. Lo otro, que se pagaron salarios a este, al otro…

RA – Para efectuar esa serie de denuncias los ediles conformaron una comisión investigadora…

SB – Algunos ediles.

RA – ¿Considera que el trabajo de esa comisión investigadora no tuvo un correcto funcionamiento?

SB – Según los informes que tenemos, esa comisión investigadora se ha conformado con una clara ilegitimidad por cuestiones formales, y está integrada solamente por ediles de la oposición política dentro de nuestro propio partido y por ediles del Frente Amplio (FA).

RA – Del FA y del herrerismo.

SB – Sí, así es.

RA – ¿Y por qué habla de ilegitimidad?

SB – Por el no cumplimiento de cuestiones formales que seguramente no entiendan ni la audiencia ni ninguno de nosotros, es cuestión de juristas. Pero le dieron una integración en la cual ni los ediles del Partido Colorado (PC) ni los ediles de nuestro sector político están presentes.

NICOLÁS BATALLA:
Pasemos a los detalles que se cuestionan. Uno de ellos es el supuesto desvío de fondos que habrían sido aportados por el Mvotma en el marco de un convenio para la construcción de 67 casas y que aparentemente fueron transferidos a la cuenta de un empresario que le vendió luminarias a la Comuna para el Estadio Ubilla de Cerro Largo. ¿Cómo fue el proceso según usted?

SB – Se da cuenta, hasta el lenguaje utilizado: «… fueron transferidos a la cuenta de un empresario que le vendió…».

RA – Dijimos al principio «supuesto desvío».

SB – [Se ríe.] Una patraña total. La Intendencia no pagó la luz del estadio con otro dinero que no fuera el propio y con la donación que le hizo UTE con ese fin. En esa fecha la UTE les donó a todas las intendencias del Uruguay, con motivo de sus 100 años, un dinero que algunas intendencias utilizaron para el techado de piscinas, otras para el ahorro de energía en las piscinas, otras iluminaron plazas y nosotros para la iluminación de nuestro estadio de fútbol, porque se venía en esos días la Copa Sudamericana.

RA – ¿En qué año fue eso exactamente?

SB – En el año 2011. Además, qué casualidad que ese tema surja ahora, en plena campaña electoral. Cuando Cerro Largo Fútbol Club jugó por la Copa Sudamericana, estábamos preparando nuestro estadio y destinamos los recursos de la UTE a eso. Se dice en el informe que pagamos con la plata del Mvotma. Es una acusación fea. Y se dice más adelante que se presume que no se hicieron las viviendas porque no estaba el dinero. El dinero nunca dejó de estar.

RA – El informe de la Jutep señala esa utilización de fondos para otros fines, y usted menciona, da a entender, que en algún momento no estuvieron esos fondos.

SB – Los fondos estuvieron todos los días. El único detalle que existe y que se utiliza malamente es que cuando la Intendencia hace el giro para pagar los fondos, el funcionario del Banco República (BROU) que hizo el giro, lo hizo de la cuenta que se había creado para que el Mvotma depositara el dinero que viene con el fin de hacer las viviendas. Pero el dinero nunca dejó de estar. Nunca, en ningún momento.

RA – Pero sí se utilizó esa cuenta bancaria.

SB – Se utilizó esa cuenta bancaria, pero tampoco la utilizó la Intendencia, la usó el propio banco, que dos días más tarde la volvió a utilizar para cobrarse sus intereses. Pero la Intendencia nunca estuvo sin dinero en sus otras cuentas. Solo en la caja de la Intendencia ese día –pedí el informe al contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República (TCR)– y todos los días subsiguientes durante muchos días había 10 veces la cantidad de dinero que se giró para las luminarias. O sea que mal se puede decir que la plata no estaba en la Intendencia.

RA – Usted dice que no fue por una necesidad financiera de la Intendencia, que no se recurrió a esos fondos por eso, sino que fue un tema del propio BROU que utilizó esa cuenta para hacer efectivo ese pago.

SB – Cuando se le ordenó al banco que hiciera el giro correspondiente, el banco lo hizo desde esa cuenta, porque tampoco es una cuenta encriptada. Tampoco realizó ninguna cuestión indebida el funcionario del banco.

NB – El informe de la Jutep dice que la Intendencia debía tener una cuenta bancaria exclusiva para la administración de estos fondos que derivaran del convenio. De ahí vienen las observaciones. ¿Usted dice que la decisión de de qué cuenta se extraía el dinero la tomaba el banco, no la Intendencia?

SB – Es así. Yo fui a hablar con el doctor Yarzábal, el doctor Montero y el doctor Carlos Soares de Lima y ellos me aclararon que el informe se hizo sobre la base de lo que les informó la Junta Departamental. Ellos no investigaron nada, porque no pueden, no pueden preguntarle a la otra parte, no pueden asesorarse. El asesor de ellos construye el informe sobre la base del supuesto de que sea realidad lo que le informan, todos sus informes son en ese sentido. O sea que si les informan las cosas mal, como en este caso, indudablemente las conclusiones van a ser muy malas y muy erradas, como lo han sido claramente en este caso. Acá la Jutep reafirma unos hechos que lamentablemente no son ciertos. Pero además hay algunos errores… Sinceramente el informe de Jutep me gustó poco, porque el técnico de Jutep acompaña algunos de los supuestos que hace la Junta Departamental con expresiones como «… las viviendas no se construyeron en ese tiempo presuntamente por falta…».

RA – Quizás sea bueno explicar en qué consistía exactamente el convenio que habían firmado con el Mvotma por 67 casas.

SB – El convenio consiste en que la Intendencia pone el terreno, paga oficiales, paga arquitectos, paga todos los asesores, el Mvotma aporta materiales y la propia gente aporta trabajo, las viviendas se van haciendo mediante autoconstrucción. Eso es lo que dice el convenio específicamente. Y dice que «la Intendencia creará una cuenta a los efectos de recibir los dineros del Mvotma». Entonces se utiliza el «creará una cuenta a los efectos de recibir los dineros» como si esa cuenta fuera una cuenta encriptada que en ningún momento puede tener otro tipo de utilización. Pero es una cuenta –como dicen todos los intendentes del país, que obviamente vieron este tema con alta preocupación– de la Intendencia, a la cual se le hace la conciliación bancaria correspondiente cada 10, 15 días y se le pone dinero si le falta y se le saca si está sobrando. Ahora no sé cuánto tiempo hace que tenemos esa cuenta con mucho dinero de más porque la Intendencia ha ido haciendo gastos de vivienda y no ha sacado de esa cuenta la plata correspondiente. Pero es una cuenta de la Intendencia.

RA – Usted dice que es una decisión que queda librada a la autoridad municipal, que el convenio no podía establecer una prohibición de este tipo.

SB – Si no los intendentes no podemos hacer ningún tipo de convenios como este, ninguno. Los intendentes no podemos hacernos responsables de cosas que después no podemos manejar, porque es imposible mantener una cuenta absolutamente encriptada. No es así que funciona esto.

Pero el informe de la Jutep tiene una cosa que cualquier oyente va a comprender. Se habla de que ese dinero de las luces después fue contabilizado como una pérdida. Cualquiera que tenga una mínima formación en contabilidad en partida doble sabe lo que significa desde el punto de vista contable una pérdida. [Se ríe.] El técnico de la Jutep informó en algún momento como si se hubiera perdido la plata, porque se hablaba de que ese dinero fue imputado a pérdida. Realmente ese informe deja bastante que desear.

La bancada de intendentes nacionalistas también cuestiona en su declaración, con el debido asesoramiento, el hecho de que la Jutep intervenga en estos casos. Porque el artículo 44 del decreto 30/03 prevé la intervención de la Jutep solamente para los casos de que un jerarca desee sancionar a algún funcionario suyo sujeto a la jerarquía. Y en este caso ni la Junta Departamental es jerarca del intendente ni el intendente de la Junta. Desde el punto de vista sustantivo para nosotros eso no es lo más importante, pero también es cuestionable desde el punto de vista legal la intervención de la Jutep en este caso.

NB – ¿Cuántas de esas 67 viviendas están efectivamente construidas?

SB – De las 67 viviendas, 11 están por terminarse y hay 24 en proceso de construcción.

RA – ¿En qué plazo se establecía la construcción?

SB – Existe un programa paralelo a ese que administra el propio Mvotma, que es idéntico a ese y que lleva una vivienda construida o dos viviendas en proceso de construcción, es todo lo que lleva, aquí mismo en el departamento de Cerro Largo. Porque el proceso fijado es absolutamente lento. ¿Sabés por qué no se han construido las viviendas? Porque la OSE, que coordina con el propio Mvotma, recién hace 40 días llevó el agua a los terrenos. No podíamos construir sin tener la red de agua en esos terrenos, esa es la razón de la demora, no ningún faltante de nada. Realmente todo constituye una acusación absolutamente indebida, lamentable…

RA – ¿Usted dice que eso de OSE tenía que hacerse antes de comenzar la construcción? Porque la oposición en Cerro Largo, en particular el Partido Socialista (PS), dice que no hay ninguna casa de estas que estaba previsto construir por el desvío de fondos. Por otra parte, el informe del propio Mvotma dice que solo hubo avance en el 10% de las viviendas. Y el informe de la propia Jutep dice que «existe la presunción de que el atraso en las obras es debido a la falta de fondos en esa cuenta».

SB – Todas presunciones. La única realidad es que el agua no estaba en los terrenos. Tú para construir necesitás agua, y si no está la red de agua tú no tienes habilitado el fraccionamiento desde el punto de vista legal. Es la información mínima que deberían tener el PS y la Jutep y que sí tiene en su poder el Mvotma.

El Mvotma en ningún momento cuestionó. El Mvotma, por medio de la directora de Vivienda, ha trabajado intensamente para que el agua llegara a las viviendas, ha trabajado intensamente para organizar estas cosas, pero no ha participado en la cuestión política de todo esto. La directora nacional de Vivienda le ha puesto muchísima voluntad al tema, realmente ha sido muy linda su actitud de no sumarse a toda estas cuestiones.
    
Por otra parte, en este período la Intendencia de Cerro Largo ha dado más de 800 soluciones habitacionales con sus propios recursos. Que no significan casas, en algunos lados significan casas, pequeñas casas, y en otros significan piezas, en otros significan baños, en otros significan techos. Más de 800, o sea que nadie nos va a poder acusar de no tener una vocación de servicio en el tema vivienda.

NB – ¿La Intendencia no se expone a eventuales demandas de los beneficiarios del programa ante estas irregularidades? Es algo que aparece esbozado en el informe de la Jutep.

RA – Por el atraso.

SB – De ninguna manera. Primero, porque eso no corresponde a un organismo que solo da y da en estos planes como es la Intendencia. Segundo, cómo puede la Intendencia construir o comenzar la construcción en terrenos que no están habilitados para construir porque ni siquiera son fraccionables. Apenas el agua llegó al terreno se rellenaron y las obras están dando comienzo en esas otras etapas.

RA – ¿Cuándo estima que estarán más encaminadas las obras? ¿En qué fecha está previsto que se terminen?

SB – Estos son procesos largos los de construir viviendas. Yo no sé si ustedes algún día han construido; si construyeron saben el tiempo que lleva. Y mucho más en temas de ayuda mutua.

RA – Algunos oyentes preguntan: «¿Cuánto terminan saliendo esas viviendas? Eso es lo más grave».

SB – Terminan costando una barbaridad. Eso es verdad. Y eso el país se lo debe cuestionar. Es más, la Intendencia de Cerro Largo no va a firmar nuevos convenios en este sentido, la Intendencia pone una barbaridad en este sentido. Es más, tenemos toda la disposición de devolver los fondos de la cuenta y encaminarnos a hacer viviendas por nosotros mismos, que serán seguramente un poco más humildes pero con menor costo que estas viviendas, que son muy caras.

NB – A propósito de los otros detalles que se observan en este punto, la compra de las luminarias también fue objetada por el TCR, ya que fue por compra directa, cuando por su monto (unos 90.000 dólares más IVA) debió recurrirse a una licitación. ¿Cómo fue el procedimiento?

SB – [Se ríe.] Debería revisar la prensa de esos días. Pero tengo testigos de lujo en este tema, en esos días quien vino a habilitar nuestra cancha fue nada menos que Sebastián Bauzá, el gran presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que llevó a la gloria a nuestro fútbol. Sebastián vino con Enrique Bellomo, quien falleció en esos días, lamentablemente, fueron ellos quienes vinieron a revisar el Estadio Municipal de Cerro Largo para habilitar la cancha para jugar la Copa Sudamericana. Y todos los días estaba la expectativa: ¿se consiguen las luces o no se consiguen?

Porque ese es un artículo que hoy no está y que en aquel momento ni en ningún momento ha estado disponible en el mercado en Uruguay, no había juegos de luces de esos. Fuimos a ver a San Pablo, mandamos al encargado de alumbrado y no había, en el continente entero no había, todos los juegos llegaban mucho más caros. Sebastián nos ofreció unas luces que creía tener en CAFO, pero cuando fuimos a ver CAFO no tenía juegos de luces. Le pedí al intendente de Rivera, y Marne Osorio me dijo «en último caso desarmamos las del Atilio Paiva, las ponemos en Cerro Largo y después vemos cómo las reponemos». Era la Copa Sudamericana en 15 días. Al final apareció este juego de luces en Buenos Aires.

RA – Usted argumenta de esa forma, por un tema de tiempos, esta compra directa que observa la Jutep.

SB – Fue urgentísimo. Además era de verdad la única posibilidad que conocimos de comprar las luces en esos días. El otro día lo escuchaba a Tinelli, cuando se le pusieron las luces al estadio de San Lorenzo escribió alguna cosa sobre el tema y era el mismo drama, les llevó mucho más tiempo que a nosotros. El drama es ese, no es un tipo de luminaria que esté disponible en el mercado tan rápidamente.

*** 

RA – Estamos conversando con el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, a propósito de denuncias de irregularidades varias de su administración, como por ejemplo aparente desvío de fondos, según los ediles de la oposición y el informe de la Jutep. Pero hay otros temas que se planten en el informe.

NB – La comisión investigadora de la Junta Departamental lo denuncia también por haber aumentado hasta 40% los salarios de una serie de empleados municipales sin haber presupuestado el aumento. ¿A qué funcionarios les correspondió este aumento y por qué motivo?

SB – Yo escuchaba recién la presentación de ustedes. Hasta los titulares duelen bastante. «Desvío», «irregularidades», etcétera.

Los funcionarios municipales de Cerro Largo, que eran los peor pagos del Uruguay, recibieron importantes incrementos salariales especialmente como premios por producción y también algunos incrementos por reajuste salarial. Todo eso en el marco del presupuesto que votó en el año 2011 la propia Junta Departamental, que levantó algunas observaciones que hizo el TCR y siempre tuvo en sus manos el reglamento.

Desde este punto de vista existe toda la documentación, hecha por la propia Junta Departamental, decidida por la propia Junta Departamental y en manos de la propia Junta Departamental. Nosotros entendemos que acá lo que hubo fue mucha mala intención en no informar esto.

RA – En el informe de la Jutep en este punto se citan varios informes del TCR…

SB – [Interrumpe.] Sí, pero del informe de la Jutep nadie puede hablar porque lo que hace es copiar y en algunos casos copiar mal. Porque si el abogado de la Jutep no entiende qué significa «pérdida» desde el punto de vista contable, si no me pregunta, si no le pregunta a la Junta Departamental si tiene los reglamentos, si simplemente se basa en un error del TCR que dijo que no había norma presupuestal habilitante…

RA – Eso es lo que plantea, que los aumentos salariales siempre deben ser tenidos en cuenta en las normas presupuestales y en este caso no lo estaban.

SB – Eso está todo en el presupuesto y en la reglamentación que tiene la propia Junta Departamental y que no envió –ahí sí atribuimos verdadera mala intención– a la Jutep.

NB – Usted sostiene que la propia Junta participó en esa decisión de aumento presupuestal.

SB – La Junta votó, y además votó por unanimidad ese presupuesto, y votó esos artículos. Es más, negoció sobre la base de esos artículos, y nosotros aceptamos algunos cambios y los incorporamos. Es cierto que nosotros hicimos unos ajustes por índice medio de salarios (IMS) que fueron muy superiores al índice de precios al consumo (IPC) para hacer recuperación salarial. Y es cierto que pusimos algunos sistemas de premios por producción, que están debidamente reglamentados; 1004/2011 es el número de la reglamentación, y esa resolución siempre estuvo en manos de la Junta Departamental. Hay bastante mal manejo de las cosas, verdadero mal manejo de las cosas. Y lamentablemente la Jutep simplemente avala, como no pregunta, como no investiga, como no llama, como no llama a la otra parte, como no busca información. Entonces lamentablemente sirve de poco, aporta poco.

NB – ¿A qué funcionarios abarcaron esos aumentos presupuestales?

SB – A los funcionarios de más abajo.

NB – El informe da cuenta de que también hubo aumentos a directores.

SB – Hay una compensación a los directores en la Intendencia de Cerro Largo por algunas tareas especiales o por el uso de su vehículo particular. Porque todos los directores de la Intendencia de Cerro Largo y el intendente, todo el mundo anda en su propio vehículo particular, entonces hay una compensación. El monto de las compensaciones a los directores asciende al 1,5 por mil del total; no al 1,5 por ciento, ¡al 1,5 por mil del total! Eso es lo que suman todas las compensaciones a los directores. [Se ríe.] O sea que también estamos hablando de una cuestión…

La Junta Departamental tiene un problema conmigo: yo no informo la remuneración de cada funcionario asociada a su cargo. Yo informo todos los integrantes de las distintas plantillas, todos los funcionarios y sus datos personales, pero por reserva personal del funcionario, informamos los datos disociados. Esto lo hacemos asesorados por la Unidad Reguladora de Datos Personales, que emitió un veredicto en este sentido, dice que tenemos que dar los datos disociados, por un lado los datos de remuneración y por otro lado las plantillas con los respectivos cargos y los datos de los funcionarios. A la Junta Departamental se le ha ocurrido desde el primer día que le demos lo que gana cada funcionario. Es un problema que tiene con todos los funcionarios municipales, no es con los de la más alta jerarquía.

En Cerro Largo –pueden venir a averiguarlo– ser municipal era una cuestión que denotaba de por sí, por el hecho de serlo, una situación de ingresos muy bajos, una situación laboral muy precaria. Ahora ser municipal es un orgullo para muchos y gracias a Dios para nosotros lo es más por haber mejorado la condición de vida de los que están en el día a día con la gente en las áreas de obra pública reparando una calle, una vereda, un pozo, haciendo un camino, o nada menos que llevando responsablemente los registros de todos los actos importantes de nuestras vidas, como el nacimiento, el casamiento, hasta la muerte. Todo el registro es hecho por municipales.

RA – La comisión investigadora de la Junta Departamental también objeta «la contratación de ONG por montos que superan los permitidos sin licitación y cuyos responsables eran conocidos o tenían un vínculo personal con las autoridades de la Intendencia». ¿Qué dice de estas acusaciones?

SB – Un pueblo en el que nos conocemos todos. Y no solo ONG de esas creadas por curros para servir a amigos, etcétera. Son instituciones de las iglesias, comisiones de barrio de toda la vida de este pueblo. Si los sordomudos hacen un enorme trabajo limpiando las plazas, los parques y los jardines de esta ciudad –que según el propio informe de El Espectador es la más limpia del país, y era de las peores–, ¿cómo vamos a cambiar de institución? Hicimos un acuerdo con la institución que los ampara. Ellos hacen el trabajo y a través de esa institución cobran una remuneración. Además la institución hace un trabajo de protección social y de enseñanza de la lengua de señas, etcétera. Ese tipo de cosas son las que suceden.

RA – ¿Y por qué no se llamó a licitación para contratar este tipo de servicios a estas ONG?

SB – Entonces hacíamos competir a los sordomudos en el mercado laboral. Porque queremos trabajar con las instituciones de siempre. Pero mirá que las remuneraciones de las personas no son altas, son bajas, las instituciones no llevan dineros adicionales, apenas alguna pequeñísimo partida para cubrir el gasto de corte administrativo. Acá no hay ningún empleado compensado ni ninguna cosa de ese tipo.

RA – Le preguntaba porque usted había planteado en algunas declaraciones que también lo había hecho por una cuestión de urgencia en brindar el servicio.

SB – También existió, sí, urgencia en la salida. Pero después lo que hay es esta realidad, esta es la más importante. Hubo urgencia porque hicimos el compromiso de limpiar la ciudad en 60 días. Y así lo hicimos, pasamos de un estado que en Montevideo han conocido en algunas épocas, de basurales por todos lados, pastizales, mugre en las canaletas, caños tapados, mugre por doquier, a tener limpieza por todos lados. Nos hemos acostumbrado de manera preciosa a vivir en un estado de limpieza de la ciudad muy lindo. Y es cierto, eso se hizo en los primeros 60 días de nuestro gobierno.

¿Y aquí qué se me plantea? ¿Que licite una ONG que trabaje con personas sordomudas y entonces salgan todas las ONG a buscar sordomudos para presentarse a una licitación? Fuimos a las organizaciones de los vocacionales que han trabajado protegiendo a la gente. También fuimos a una de mujeres solas, a comisiones barriales que siempre trabajaron en la mejora del propio barrio; con ellos hicimos el acuerdo de mejorar el barrio, de darles una oportunidad laboral a quienes no la tenían, con salarios que son mínimas compensaciones para gente que está fuera del mercado laboral, que tiene vulnerabilidades por todos lados. Pero trabajamos con sus propias organizaciones, no fuimos a inventar organizaciones ni a que ellas hicieran un nuevo contrato.

NB – Usted también fue acusado de incurrir en irregularidades en la compra de maquinarias en Estados Unidos. La denuncia en este caso fue presentada por los abogados Gustavo Salle y Fernando Torres, quienes pidieron indagarlo por haber comprado una máquina vial con fondos de la Comuna a nombre del empresario Eduardo Álvarez, director de la empresa Ramón C. Álvarez, durante un remate de maquinaria en Estados Unidos. ¿Qué pasó allí? Porque el TCR es claro en este sentido, establece que no se permiten compras directas mediante remates públicos, y por eso observó el procedimiento. ¿Cómo fue esa situación?

SB – Ahí hay dos temas. El primero es que nosotros hicimos una compra en Estados Unidos por un millón y medio de dólares de 35 máquinas que en el mercado nacional costaban cuatro millones de dólares. Consultamos al doctor Daniel Hugo Martins, quien nos dijo que cuando el Tocaf dice que no se puede comprar en remate público no dice dónde es el remate. Y después al propio TCR le preguntamos verbalmente, le preguntaron nuestros contadores a los contadores delegados del TCR en nuestra Intendencia, los que manda el TCR a controlarnos, si podíamos hacer esa compra. Hicieron la consulta al TCR, la asesora del TCR les dijo que sí, y las compras se hicieron en un remate público, en el de mayor transparencia en el mundo, porque es el más grande de todos, que es el de Iron Planet en Estados Unidos.

Compramos las máquinas, no hubo un peso de comisión para ninguna persona ni ningún sobreprecio ni nada. Y después el TCR tuvo otra interpretación. El tema está en discusión en la justicia. No hubo ningún tipo de mala intención en lo que se hizo, el propio TCR cuando fuimos a preguntarle dijo allí en la mesa que nadie dudada ni de la cristalinidad ni de la conveniencia ni de la oportunidad de la compra que habíamos realizado, pero que ellos tenían una interpretación jurídica acerca de si eso era viable o no.

RA – ¿Y a propósito de lo otro que se señalaba, que la maquinaria se compró a nombre de Eduardo Álvarez, director de la empresa Ramón C. Álvarez?

SB – De las 35 máquinas. Para empezar, el señor Eduardo Álvarez era el que conocía este tipo de remates, fue el que nos mostró cómo se hacía, y le debemos una importante ayuda en ese sentido. Uno tiene asignado un pin que le da derecho a mirar las máquinas y por supuesto a participar en los remates. Como Álvarez era cliente viejo de ese remate y nosotros nos habíamos hecho clientes en esos días, estábamos mirando desde el pin de Álvarez los detalles de las distintas máquinas (el estado del motor, cómo estaba cada una de las máquinas que conformaban la oferta), cuando sale una máquina divina, la mejor compra que efectuamos, una máquina única realmente, y para comprarla la picamos desde el lugar de Álvarez. Y cuando uno participa en un remate, cuando termina dice «la compra va a nombre de Fulano de Tal».

Cuando fuimos a hacerlo, no era posible en ese remate, el único que podía hacerlo era la empresa de Álvarez. Entonces se hizo un documento de transferencia no onerosa, gratuita, sin ningún costo de nada, de Álvarez a la Intendencia. La Intendencia pagó el precio del remate, se quedó con la máquina y el propio Ministerio de Economía reconoció el documento y que la máquina venía para la Intendencia, le hizo todas las exoneraciones que se les hacen a este tipo de máquinas. O sea que no hay nada extraño ni confuso ni raro en todo eso tampoco. Lo que sí hay es un frite y refrite de cosas con motivo de la campaña electoral.

RA – Justamente, ¿usted efectivamente se va a presentar a la reelección?

SB – Sí, pero esto no viene por la reelección, esto viene por los problemas nacionales.

NB – ¿A qué se refiere?

SB – No creo que sea un problema de Cerro Largo. Creo que esto es tratar de balancear algunas otras dificultades que está teniendo el gobierno en este sentido, algunas cuestiones que le han dado dolores de cabeza. El tema de Pluna, de ASSE, ese tipo de cosas.

NB – De todos modos es significativo que parte de estas denuncias fueran promovidas por ediles del propio Partido nacional (PN) y que la bancada herrerista diera sus votos para pasarlo a usted a la justicia. ¿Cómo ve esa parte de la cuestión?

SB – Justamente, la disputa en Cerro Largo es entre sectores del PN. Entonces obviamente, cuando el FA movió estos temas algunos participantes de la política departamental, inconscientes del daño que se genera para el departamento y para el propio partido a nivel nacional, se sumaron a esta campaña a ver si podían sacar alguna ventajita de esta situación en el departamento. No les fue tan bien, desde el punto de vista electoral obtuvimos dos tercios de los votos, así que es una mayoría bastante contundente.

A mí todo este tipo de acusaciones, todo este tipo de cosas acá no me preocupan, porque acá la gente me conoce y conoce de qué vivo, cuánto trabajo, cuánto no trabajo, qué hago, qué no hago, qué tengo, qué no tengo. Acá la gente sabe absolutamente todo, todos sabemos lo de todos, porque estamos en una comunidad chica y conocemos la historia de cada uno, la trayectoria de cada uno y cómo es cada uno de nosotros.

El drama y el dolor lo tenemos cuando se ensucia el nombre del departamento y nuestra administración. ¿Qué persona va a querer venir a invertir en Cerro Largo, en un departamento donde hay irregularidades, desvíos? ¿Qué organismo público se va a ver tentado a desarrollar sus programas como socio de quien le va a desviar los fondos o va a cometer algún tipo de ilícito? Ese tipo de cosas le hacen un daño enorme al departamento.

Cuando yo los escuchaba a ustedes leer los titulares me retorcía de dolor. Cuando miré la página de El Espectador y estaban colgadas esas cosas desde hace un tiempo… Yo ahora les voy a mandar un informe sobre estos temas y les voy a pedir que también lo cuelguen. Realmente estas cosas hacen un daño que después no se repara, porque como uno dio la información que dio otro y el que da la noticia no tiene responsabilidad… Estas cosas les duelen a las personas y además les hacen un daño brutal a las instituciones, a los departamentos. No es fácil estar en el cuero de uno en estas cosas.

Les agradezco la preocupación por el tema. Y me gustaría hacer una invitación a los políticos a no utilizar malamente, aviesamente y con mala intención las herramientas de contralor, las buenas herramientas que la institucionalidad en Uruguay nos da. Y a no jugar con las personas de esta manera. Yo nunca hice este tipo de cosas y no las voy a hacer por más que esté atravesando por esta situación. Creo que no está bien presuponer mal sobre los demás y no está bien jugar malintencionadamente con la información para tratar de perjudicar el honor, el prestigio y la vida de los otros.

Podemos marcar las discrepancias respetuosamente, siempre tratando de ser constructores de una sociedad y no cayendo en este tipo de cosas que son duras. Lo puedo decir porque desde el punto de vista de mi interés político, que es volver a ser intendente de Cerro Largo, me afecta muy poco, pero seguramente esto daña a muchos muchísimo desde el punto de vista de sus intereses personales.

Les agradezco enormemente esta posibilidad de dejar en claro lo que son este tipo de maniobras. Sé que se vienen para otros intendentes en estos días otro tipo de ataques de carácter político, que casualmente surgen ahora, en plena campaña electoral.

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Transcripción: María Lila Ltaif

http://www.espectador.com/politica/297769/sergio-botana-acusaciones-a-la-intendencia-les-hacen-un-dano-brutal-a-las-instituciones-y-a-los-departamentos

WALTER ZIMMER: «ERA MUY DIFÍCIL ENCOLUMNAR A TODA ALIANZA DETRÁS DE ALGUNA FIGURA QUE NO FUERA LARRAÑAGA»

Publicado el miércoles 9 de julio del 2014 a las 15:00 hs

El intendente de Colonia Walter Zimmer logró la excarcelación luego de pasar 70 días recluido por un delito de abusos de funciones. Este hecho quedó en el medio de la campaña electoral, incluso teniendo en cuenta que él mismo fue el principal impulsor de la idea que Jorge Larrañaga acompañara a Luis Lacalle Pou en la fórmula nacionalista de cara a octubre. Con estos dos temas sobre la mesa, En Perspectiva dialogó con el jerarca. Sobre el tema de la campaña, Zimmer aseguró que «la fórmula Lacalle Pou y Larrañaga es la que unificaría a Alianza». Sobre su procesamiento, el intendente reiteró que no sabe por qué estuvo procesado porque o caía en una figura de omisión o de abuso, «no había un camino legal en el medio» destacó.

EMILIANO COTELO:
En los últimos días de marzo el intendente de Colonia, Walter Zimmer, ingresaba a la cárcel de Piedra de los Indios. Lo hacía por un delito de «abuso de funciones», y se convertía así en el primer jefe comunal en la historia del país procesado por acciones relacionadas con el ejercicio de su cargo.

Su caso generó conmoción en el sistema político nacional, que en su mayor parte le dio su respaldo y, sobre todo, consideró un exceso que el procesamiento fuera con prisión. Sus abogados consiguieron la excarcelación a los 70 días, Zimmer reasumió de inmediato el cargo y también se puso a trabajar por su partido.

Ayer estuvo en el Complejo Municipal de Palmar, en Soriano, donde la fórmula presidencial nacionalista realizó su primera actividad oficia,l en un encuentro con los jefes comunales blancos.

Para hablar de lo que se viene de cara a octubre, de su futuro político personal y de la experiencia que le tocó vivir, vamos a charlar con el intendente de Colonia, Walter Zimmer.

Ayer usted y sus colegas se reunieron con la fórmula presidencial Lacalle Pou-Larrañaga. Fue la primera actividad oficial desde que se logró el acuerdo en torno a esos dos nombres. ¿Qué objetivos tenía la reunión, qué temas se discutieron?

WALTER ZIMMER:
Antes había tenido una reunión con la parte de legisladores, el día anterior, para hablar del mismo tema. Lo que se hizo en Palmar fue la reunión de los intendentes del Partido Nacional (PN) con la fórmula completa. Se tocó el tema, fue una reunión muy coloquial y muy amena, cada uno de nosotros expresó el sentir de lo sucedido en las elecciones internas.

Creo que todos coincidimos en que hay que empezar a estudiar las dos propuestas de Gobierno que presentaron Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga para tratar de integrarlas, amalgamarlas, sin perder algunos conceptos fundamentales que cada uno de nosotros tiene con respecto a algunos puntos. Eso significa que no hay nada excluyente, no hay nada que se contraponga, simplemente que en algunos casos hay planteos diferentes. Por ejemplo en la baja de la edad de imputabilidad, nosotros estamos en la teoría de no bajar la edad de imputabilidad, sino aplicar el Código del Menor correctamente, y en Vamos plantean la baja de la edad de imputabilidad.

EC – Ese es uno de los puntos más señalados en cuanto a diferencias de posición entre los dos sectores del partido que implican un desafío a la hora de trabajar juntos rumbo a octubre.

WZ – Exactamente. Ayer no se resolvió absolutamente nada ni se puso el tema arriba de la mesa a los efectos de empezar a discutirlo. Creo que discutirlo en cabildo abierto, como digo yo, es muy difícil. La fórmula debe ajustar algunos puntos y después de llevarlos a la discusión entre ellos, bajarlos al plenario de intendentes. Que para facilitar nos den líneas de trabajo en las que previamente la fórmula se haya puesto de acuerdo, porque más allá de que nosotros busquemos un punto medio, si la fórmula no está de acuerdo no es un tema que se pueda entregar en bandeja para decirle qué es lo que tiene que hacer.

EC – Se ha formado un grupo de trabajo con representantes de las dos corrientes para estudiar los dos programas y unificarlos. Todo indica que el trabajo va a ser un poco más lento de lo que en principio se esperaba. Por lo que trascendió, recién el mes que viene, recién en agosto, estaría terminado. ¿Esos son los plazos que se están manejando?

WZ – No se habló bien de eso. Sí se habló de que a ese grupo que va a hacer el estudio del programa se van a incorporar dos personas del interior y dos de Montevideo.

EC – ¿Usted dijo recién que después que se logre un acuerdo en torno al programa ese texto bajará al plenario de intendentes?

WZ – No, no…

EC – ¿El plenario de intendentes es como un órgano aparte que va a ir considerando todas esas cuestiones?

WZ – Eso fueron los temas que yo planteé. Evidentemente, en el PN funcionan y ha funcionado por un lado el grupo de legisladores y por otro la bancada de intendentes del Congreso de Intendentes. Y a veces ha habido contraposición de intereses. No es lo mismo el manejo en el Congreso de Intendentes, donde se resuelven en general las cosas por consenso entre los tres partidos políticos, por intereses que son de los departamentos del interior, y por otro lado la bancada de legisladores, que a veces tiene otros intereses.

EC – ¿Entonces se acordó ahora esa mecánica de trabajo, por un lado se consulta a la bancada de parlamentarios y por otro, al mismo tiempo, a los intendentes?

WZ – Creemos necesario que haya una coparticipación más activa de legisladores e intendentes a los efectos de que no suceda lo que ha pasado por ejemplo en el tema patentes, por lo cual me ha tocado pagar un peaje muy alto. Que no se den situaciones en las cuales los legisladores del mismo partido se contraponen a la postura de los intendentes, que son los que realmente manejan el tema de los Gobiernos departamentales.

EC – Descentralización, importancia de Gobiernos locales, esa fue una de las prioridades programáticas de Jorge Larrañaga en la campaña previa al 1.º de junio. No apareció tan claramente o como un punto importante en la propuesta de Lacalle Pou. ¿Cómo vio ayer al candidato a presidente desde ese punto de vista?

WZ – Justamente, Luis Lacalle planteó que ese era un tema muy caro para Alianza Nacional (AN), que lo respetaba, y tras escuchar la opinión de la mayoría de los intendentes, que pertenecen a Alianza, nos dio el okay para la parte de descentralización. Estamos hablando no solo de la descentralización del Gobierno nacional hacia las intendencias, sino también de las intendencias hacia los Gobiernos comunales. Esas son cosas de importancia.

Y aclaramos bien la definición de descentralización, porque hasta ahora hemos sufrido desconcentraciones pero no hemos tenido descentralización. Es decir, hemos asumido la responsabilidad de muchas tareas, a veces porque lo hemos acordado y otras veces porque hay tareas en los Gobiernos departamentales que corresponden al Gobierno nacional que no las asume. Ahí es que la Intendencia, por ser el Gobierno local y tener un contacto de primera mano con la gente, tiene que tomar decisiones con recursos que quita a actividades que corresponden al Gobierno departamental. Entonces decimos que la descentralización, si no va acompañada de recursos suficientes, no es descentralización sino simplemente desconcentración de responsabilidades. No queremos caer en esa situación.

……

*** 

EC – Continuamos en entrevista con el doctor Walter Zimmer, intendente Colonia desde el año 2005, que reasumió su cargo el 6 de junio, cuando fue liberado. Zimmer había pasado 70 días en la cárcel de Piedra de los Indios, en Colonia, a partir del procesamiento con prisión que la justicia había resuelto por un delito de abuso continuado de funciones.

***

EC – Ha pasado un mes desde su excarcelación. ¿Cómo fue el regreso a la intendencia y a la política?

WZ – Fue un regreso esperado. Como he dicho y lo mantengo, no sé por qué estuve. Por más que me lo expliquen, no sé por qué estuve preso, no sé por qué estuve procesado, porque esto es un tema que viene de hace más de 40 años. En Gobiernos anteriores había perdido prácticamente un 40% del parque automotor y lo que hice fue plantear en el Congreso de Intendentes durante dos años, del 2005 al 2007, la situación anormal que se estaba viviendo y que nos quitaba los recursos con los cuales Colonia contaba, así como varios departamentos.

Tenía que hacer frente a un montón de tareas que corresponden a la caminería rural y los autos estaban empadronados en dos o tres departamentos, Flores, San José, Maldonado, etcétera. Esa fue la inquietud que trasmití en el Congreso de Intendentes, en el cual no hubo voluntad política en ese momento. Entonces el 11 de junio de 2007 avisé –todos lo sabían– que iba a hacer una baja de patentes y la hice. La hice, tuve el apoyo de la Junta Departamental y dije que no iba a volver a hacer ningún acuerdo hasta tanto no se acordara una patente única.

EC – Pero no fue ese el motivo del procesamiento. Lo que la jueza observó en particular fue el hecho de que se empadronara una cantidad de vehículos en enero de 2008 haciendo figurar esos empadronamientos con fecha 31 de diciembre de 2007. La diferencia era relevante porque había un acuerdo del Congreso de Intendentes –que después se convirtió en ley– que establecía que a partir del 1.º de enero de 2008 los autos solo podían empadronarse o reempadronarse en los departamentos donde sus titulares tuvieran sus domicilios debidamente probados.

Ese fue el punto principal que mencionó la jueza. Pero mencionó otros, por ejemplo la falta de controles de la Intendencia en la entrega de matrículas y permisos a gestores que tuvieron esas chapas por demasiado tiempo sin sanción. Chapas que fueron devueltas incluso con perforaciones, como si hubieran sido utilizadas ilegalmente, cuando hay una resolución de la Intendencia que limita las chapas a 40 por gestor y durante 60 días. Y también mencionó la existencia de empresas arrendadoras que accedían al empadronamiento sin estar asentadas en Colonia sino en Montevideo.

A propósito de todas esas situaciones que precipitaron el procesamiento, hoy, a la distancia, ¿cuál es su respuesta?

WZ – Lo inicial fue un tema administrativo, dado que el Congreso de Intendentes en una reunión en Salto aprobó que los autos empadronados en Colonia después del 2007 se reconocieran como empadronados en Colonia. Hay una resolución del Congreso de Intendentes que nadie manejó.

Por otro lado, volviendo al punto clave, que fue el 31 de diciembre de 2007, las ventanillas se cerraron a las 10 de la mañana, con medio horario. En ese momento había más de 1000 autos distribuidos en los 14 puestos de cobranza que existían en Colonia hasta que empezó el Sucive. Teníamos dos opciones. Una, atendíamos a esa gente en los días subsiguientes, porque estaba presente el 31 de diciembre. Como en cualquier oficina pública, cuando la persona está presente en el horario que corresponde y se cierra la ventanilla, hay que darle atención en los días subsiguientes (eso pasa en BPS, DGI, en cualquier oficina pública). La otra opción era lo que me estaba pasando. Llegaban llamadas de todas las juntas locales y el contador me dijo: «Nos están presionando, están labrando actas en todos lados de que no los queremos atender y ahí vienen las demandas».

Tenía que optar entre que nos demandaran por incumplimiento de los deberes de una oficina pública, que era atender a todos los que estaban en horario, o darles la posibilidad de que fueran empadronados en los días subsiguientes. Muchos de esos autos eran empadronamientos y otros eran reempadronamientos. Con la fecha de empadronamiento no había problema ninguno, cada cual empadrona cuando quiere, en la fecha que quiere. El tema era el reempadronamiento. Ahí fue que se tomó la decisión: o caíamos en una figura de omisión o caíamos en una figura de abuso, según la jueza.

EC – ¿Volvería a hacer lo que hizo?

WZ – Claro, porque no tenemos un término medio. Si usted me dice cuál es el camino del medio que tengo que seguir para no caer en omisión o en abuso de funciones –según la jueza–, yo lo sigo. Pero lo analizamos y no teníamos ningún otro camino. O nos metíamos en demandas multimillonarias, perjudicando el patrimonio de la Intendencia, o dábamos fechas para los próximos días para que vinieran a empadronar. Eso fue lo que el contador nos asesoró que sería lo mejor, estuvimos de acuerdo y fue lo que se hizo. El contador puso 31 de diciembre porque fue la fecha en que la persona estuvo.

EC – Por eso motivo el contador Ahunchaín tuvo un procesamiento más amplio que el suyo…

WZ – Exactamente.

EC – … No solo se le tipificó abuso de funciones, sino además falsificación ideológica por parte de un funcionario público.

WZ – Exactamente. El tema ha sido conversado con el doctor Ottati, se puso la fecha en que la persona estuvo en la ventanilla. En el certificado que se da, que es la libreta de propiedad, figura la fecha en que realmente se entregó. Habría sido más fácil para el contador poner todo en una misma fecha y ahí sí que hubiera estado faltando, porque no fue el 31 de diciembre, fue el 4 de enero que puso la fecha, ahí sí usted está violando un acuerdo.

Porque la ley fue instrumentada posteriormente, no se instrumentó ahí. A mí y al contador se nos está mirando con una ley que fue sustituida por una nueva ley de fecha 2012, que era la fecha tope para reconocimiento de patentes. A partir del 31 de diciembre de 2012 se tiene que empezar el contralor de patentes de departamentos. Así que lo que se nos tipificó ha sido abolido por otra ley. Administrativamente el Congreso de Intendentes no hizo ningún reclamo y apoyó que esas patentes que se entregaron en Colonia en enero de 2008 fueran válidas dada la situación que se había presentado.

EC – Usted ha declarado que no fue el único intendente que procedió de aquella forma en aquel momento. Dijo que simplemente tuvo la mala suerte de que lo denunciaron –casualmente lo denunció además su suplente y ex hombre de confianza suyo en la Intendencia–. Con una declaración como esa, ¿no estaba poniendo en riesgo a otros colegas suyos? ¿Ninguno de ellos fue afectado por esos dichos suyos?

WZ – No, ninguno. Simplemente dijimos que la forma como actuamos la consideramos correcta, porque no había solución. Caíamos en una figura o en otra, no había un camino legal en el medio que fuera el correcto.

EC – ¿Efectivamente hubo otros intendentes que hicieron lo mismo?

WZ – Muchas intendencias tuvieron que empadronar en enero autos que habían estado presentes en diciembre y se habían tenido que ir porque bajaron las ventanillas. Hubo otras intendencias, varias. Recuerde que estábamos en la «guerra de patentes»; si nos salimos del contexto de la guerra de patentes evidentemente que se puede tener una visión muy jurídica del tema. Pero estábamos en la guerra de patentes, tratábamos de dar una solución después de 40 años. Es decir que había que consolidarla y hubo situaciones como la que se nos planteó a nosotros, que en ningún momento se nos ocurrió que podía suceder, pero que sucedió, y sucedió en muchísimos departamentos.

EC – Usted decía recién «si alguien me propone una alternativa yo la acepto con mucho gusto, pero no tenía otra, por un motivo o por el otro iba a terminar en problemas». Y dicen algunos oyentes: ¿por qué no se dictó una resolución aclarando que las personas que el 31 de diciembre de mañana estaban para hacer el trámite quedaban abarcadas por las condiciones previstas por la normativa?

WZ – La División Jurídica de la Intendencia tendría que habernos aconsejado. Con el diario del lunes nos damos cuenta de que Jurídica no nos apoyó en esa situación.

EC – Entonces pudo haber existido y Jurídica de la Intendencia no la advirtió.

WZ – Para justificar. Hemos conversado con otros colegas en el marco de esta situación y ninguno de los que tuvimos que caer en la figura de empadronar en enero los vehículos que habían llegado en diciembre y no pudimos empadronar tomó eso en cuenta, se hizo y punto. Y el tema de continuado es porque fueron varios vehículos, se habla de algo continuado, pero es el hecho único de varios autos que estaban en diciembre que fueron empadronados en enero.

EC – Ese hecho de que no fue un único abuso de funciones sino que se repitió con varios vehículos fue uno de los motivos que llevaron a la jueza a dictar su procesamiento con prisión. Usted sin embargo cuando fue excarcelado el 6 de junio destacó como algo sugestivo que recién se le concediera esa medida después de las elecciones internas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que la jueza había actuado guiada por criterios políticos cuando dictó el procesamiento con prisión y cuando lo mantuvo en prisión tantos días?

WZ – No voy a emitir juicio, simplemente voy a reiterar lo que dije sin hacer ningún análisis de ello. Porque todavía estoy en la situación de debido proceso, todavía estoy con la causa abierta y no quiero ahondar en conceptos sobre este tema.

Me llamó la atención que este tema se alargara, mi expediente se alargó demasiado en el Juzgado de Colonia. Se utilizó hasta el último minuto de los plazos para ser elevado al Tribunal de Apelaciones. Según mis abogados, esto podía haber sido resuelto mucho tiempo antes. Según mis abogados, el doctor Chávez y el doctor Bordes, incluso Ottati, se utilizó hasta el último minuto del último plazo. Después usted ya conoce los pasos, cuatro días después de las elecciones internas sucede lo que sucedió, mi liberación.

Entonces no voy a emitir juicio de valor porque estoy todavía bajo la resolución definitiva del Tribunal de Apelaciones, pero evidentemente para mí es sugestivo –y para muchos– que haya sucedido una situación de estas. Me llama profundamente la atención que en una época democrática como la que estamos viviendo haya pasado una situación de estas.

EC – ¿Cómo condiciona su gestión como intendente el haber sido procesado por este motivo y el hecho de que el procesamiento todavía se mantenga? Por ejemplo, ¿le está implicando cambios en su forma de actuar?

WZ – No…

EC – Se lo pregunto porque usted ha dicho que los hechos por los cuales fue procesado son algo frecuente en la actividad de los funcionarios que desarrollan tareas ejecutivas a todo nivel.

WZ – Eso está dentro del término de abuso de funciones, tal como se ha dicho y analizado a raíz de mi situación personal. Lo hemos hablado desde el presidente de la República para abajo. Lo hemos hablado en el Congreso de Intendentes, lo hemos hablado con nuestros compañeros más íntimos entre los intendentes de Alianza y la conclusión es muy sencilla: si las intendencias, que son el primer órgano de ataque o de protección de la población, se tienen que guiar por las reglas administrativas vigentes, que son tremendamente lentas, si uno se deja guiar por el Tocaf únicamente y no toma decisiones como las que tiene que tomar para actuar rápidamente, las intendencias se paralizan.

Yo he tomado medidas que muchas veces están fuera de la órbita de la Intendencia. He pagado y sigo pagando medicamentos oncológicos a pacientes que requieren tratamiento oncológico que no están en el Fondo Nacional de Recursos ni en el vademécum del Fonasa y las intendencias. La Intendencia paga hasta pasajes a personas para ser atendidas en otros países.

EC – ¿Y eso lo sigue haciendo incluso ahora, después del procesamiento?

WZ – Claro, porque si no lo hacemos el paciente sufre las consecuencias de la omisión de asistencia que requiere, porque ha sido atendido por los médicos. Hemos comprado piernas ortopédicas a personas que han sufrido una amputación y se tienen que reintegrar a la sociedad y no se reintegran. Estamos pagando transporte colectivo a personas que viven en el campo y tienen que concurrir a sus centros de estudio.

Eso es todo abuso de funciones, todo lo que usted saque de esa órbita de cumplimiento de los pasos debidos, que son lentos y cuando llega ya no sirve, ya se terminó el tiempo útil. Ahí usted se da cuenta de que, si cumple y queda con la tranquilidad de conciencia de que cumplió con la norma, queda con la angustia de que no pudo cumplir con la necesidad de la gente.

EC – Me impresiona un poco que usted lo confiese. Puede ser procesado por el mismo delito en cualquier momento otra vez. ¿Cómo es esto?

WZ – En la función del intendente –y lo hemos hablado con el presidente de la República y de ahí para abajo con todos– hay temas en que usted debe actuar urgentemente. Y evidentemente ahí no tiene la espera que tiene que tener de acuerdo a las normas legales vigentes. Actúa, con conciencia, por supuesto, y justifica lo que está haciendo, que no lo hace porque se le antoja.

EC – ¿Pero no hay solución por la vía legal? Porque seguir actuando de esta forma y quedar a lo que Dios quiera parece un poco raro.

WZ – No es que quede a lo que Dios quiera, usted justifica el motivo. De pronto no está comprendido dentro de las normas y usted sale de la norma, pero lo está justificando. Es una de las cosas que las intendencias y los intendentes hemos conversado. Debemos buscar alguna salida legal para que las intendencias puedan atacar ese tipo de situaciones en las cuales hay una dicotomía entre los plazos y las cuestiones desde el punto de vista legal, y la necesidad de la población.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Documento: Resolución del poder judicial referente al caso Zimmer-Poder judicial (marzo de 2014)

http://www.espectador.com/politica/295245/walter-zimmer-era-muy-dificil-encolumnar-a-toda-alianza-detras-de-alguna-figura-que-no-fuera-larranaga

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COSTO PAÍS INCALCULABLE

José Mujica: “Combatir la burocracia no es redituable, porque se ganan enemigos poderosos”

El Presidente de la República insistió en calificar a la burocracia como «una enfermedad» que paga el pueblo uruguayo y que «no existen vacunas para combatirla». El mandatario afirmó: “No se puede esconder la cabeza como el avestruz porque la mejor forma de favorecerla es no querer verla”.

15 de junio de 2012

En su audición semanal por M24, José Mujica reiteró los daños que provoca la burocracia al Estado. Sostuvo que “las consecuencias sociales que tiene esta enfermedad en el costo país son incalculables”. “Por un conjunto de razones en nuestra sociedad nos cuesta ver las consecuencias del burocratismo y su deformación a la cual todos estamos expuestos porque el hombre busca la línea del menor esfuerzo”, expresó

Para el jefe de Estado, “combatir la burocracia no es redituable sino que se ganan enemigos poderosos por su ubicación y nadie quiere tener la responsabilidad directa aunque estas cosas son evidentes. Pero el peor ciego es el que no quiere ver”.

La permanencia en los lugares de decisión favorecen este hecho de no querer ver. El no querer ver en quienes deciden es evadir la culpabilidad parcial que podemos tener en la instauración de estos fenómenos. Para evadirnos de esa responsabilidad en quienes podemos decidir, lo mejor es no ver, y mucho mejor enojarnos con quienes quieren hacernos ver. Esta es una actitud humana y comprensible”, recordó el Presidente.

Para Mujica es obvio que “no por señalarlo” se va a corregir el flagelo. “No existen vacunas pero no podemos esconder la cabeza como el avestruz y no ver que esto está entre nosotros y la mejor forma de favorecerlo es no querer verlo”.

El mandatario contó que en una ocasión recibió a trabajadores que realizaban el trazado de la segunda vía en la Ruta 1 en San José, que reconocieron que estaban haciendo “una chanchada”. “Los trabajadores eran concientes que trabajaban con una gran empresa de caminería que licitó a favor ese trabajo público y reconocían que estaban haciendo un trabajo malo”, aseguró.

“Lo importante es que el suelo sobre el cual se va a construir la carretera quede bien afirmado”, explicó el jefe de Estado, quien agregó que “si ese trabajo no se hace como se debe hacer lo que se hace encima durará poco. Para que este trabajo quede bien, el Estado debe custodiar a fondo esa etapa fundamental en el trazado de una carretera nueva”, expresó. La consecuencia de esa falla en los controles del Estado en la obra realizada en la Ruta 1 fue, según el Presidente, “una carretera nueva con ondas y pozos incluidos” por la que “durante muchos años el pueblo estará pagando impuestos para remendar el trabajo que se hizo mal desde el principio, que tuvo un origen burocrático”.

Mansedumbre y chatura

Mujica aseguró que “esto aconteció en muchos lugares y en el fondo se procesaron mecanismos de estafa al Estado en materia de calidad porque las normas elementales no se respetaron. Este tipo de cosas pasa porque al parecer la riqueza pública no encuentra quien con presteza la defienda”.

Sin embargo, expresó el mandatario, en el Estado existen funcionarios de “cualquier color político” con lealtad a los intereses públicos pero muy frecuentemente “la mansedumbre y la chatura burocrática” provocan las condiciones necesarias para que la gente trabaje con rutinarismo, y estas son las consecuencias que paga el pueblo uruguayo. “No es el único caso, hay cosas que son inexplicables”, dijo.

En referencia a la tendencia de las personas a empeladas del Estado, Mujica recordó que “los uruguayos no son tontos ni perezosos” y que como “cualquier hijo de vecino” buscan la seguridad hacia el futuro en un empleo en el Estado. Agregó: “Saben que pase lo que pase el empleo público tiende a ofrecerle esa seguridad y estabilidad que no suele ofrecerle la actividad privada”.

En ese sentido, exhortó a los funcionarios públicos a “poner todo y defender los intereses del Estado” como contrapartida a su estabilidad laboral.  (PRESIDENCIA)

http://www.lr21.com.uy/politica/1043085-mujica-%E2%80%9Ccombatir-la-burocracia-no-es-redituable-porque-se-ganan-enemigos-poderosos

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Mujica: “Costos de la burocracia son incalculables, ¿Cómo puede ser que una empresa pública tenga 700 gerentes?”

JUNIO 14, 2012

El presidente José Mujica arremetió una vez más contra la burocracia. El mandatario, en su audición de M24, dijo que “las consecuencias sociales que tiene esta enfermedad en el costo país son incalculables. Estamos expuestos a eso”, afirmó.

En ese sentido recordó la visita de trabajadores de la ruta 1 en San José, quienes reconocieron que hacían mal su trabajo porque no había quién controlara que las tareas se desarrollaran en forma eficiente.

“Precisamente fue por desidia burocrática, la enfermedad que se ve reflejada en un montón de lugares. No hay que culpar a los trabajadores. Esto es responsabilidad de los cuadros medios técnicos que debían controlar”, apuntó.

“El hombre parece que cuando puede, busca la línea del menor esfuerzo” y “la mayoría tiende a adoptar una actitud de este tipo. Las consecuencias sociales que tiene esta enfermedad en el costo país son incalculables y todos estamos expuestos a eso”, aseguró el mandatario.

Como ejemplo Mujica dijo que cuando se trazaba la la segunda vía de la Ruta 1, un grupo de trabajadores que hacía esa tarea le transmitió que estaban haciendo “una chanchada”, porque eran conscientes de que la labor se estaba haciendo mal desde un primer momento. Eso derivó en que hoy se tengan que remendar diferentes tramos a cada momento.

Eso pasó porque el Estado que tenía que controlar, controló burocráticamente y las consecuencias se pagan hoy. Pero esto aconteció en muchísimos lugares”, dijo Mujica.

Sobre este punto remarcó que “no hay que echarle la culpa a los trabajadores” sino que “esto es responsabilidad de los técnicos medios que tenían la función de controlar”.

Para el presidente este tipo de cosas ocurre con frecuencia porque “la riqueza pública no encuentra quién con presteza la defienda. La mansedumbre y la chatura burocrática abren las condiciones, no para que la gente trabaje con mala fe, sino con rutinarismo. Haga como que cumple”.

Mujica se preguntó “cómo se puede explicar que una empresa pública tan eficiente tenga 700 gerentes” y también se cuestionó sobre el “mecanismo que disparó semejante riqueza gerencial”.

Para finalizar concluyó que “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y comentó ese “no querer ver es de quienes deciden” pues de ese modo “evaden la culpabilidad” .

http://www.causaabierta.com.uy/mujica-costos-de-la-burocracia-en-uruguay-son-incalculables/

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Mujica criticó la burocracia, pero no anunció más cambios de autoridades

“Hay que tener un sentido de rotación sin que eso signifique jugar a la ruleta”, dijo el presidente en su audición para explicar los relevos realizados hasta el momento

+ El Observador – 07.06.2012

«No existe vacuna conocida» contra la burocracia, dijo el presidente José Mujica este jueves al comenzar su audición en M24. De esta manera, introdujo la tan ansiada “explicación” sobre los cambios en el gabinete que esperaba el astorismo, pero no hizo nuevos anuncios como estaba previsto.

“Para nosotros el burocratismo es una pesadilla, la más peligrosa de todas las pesadillas que a la larga puede saquear cualquier proyecto político”, dijo Mujica en la emisora M24. Su alocución comenzó con su recuerdo de un viaje a la URSS, tras la muerte de Stalin, en el que notó que la “burocracia flechaba prácticamente todo”.

“Si fue capaz de apolillar al enorme socialismo real o las democracias populares, para nosotros significa una lección para que la humanidad aprenda lo que no debe hacer”, dijo.

«La burocracia necesita algunas condiciones de medio ambiente (…) como la rutina y un poco de cambio», añadió el presidente, quien comparó al gobierno con una empresa privada, donde se hacen cambios en sus gerencias.

“Por ello nosotros entendemos de que hay que cambiar gente”. En ese sentido, el mandatario agregó que “hay que tener un sentido de rotación sin que eso signifique jugar a la ruleta», sostuvo.

Mujica también habló de los equipos y señaló que “el triunfo” de los mismos se “muestra perfectamente cuando hay que sustituir a uno y se lo sustituye con ventaja”. “Un equipo significa no solo un cerco electivo, sino algo que se prolonga en el tiempo”, comentó.

Cambios

El mandatario no anunció ningún nuevo movimiento de jerarcas, como se había manejado que iba a hacer durante su audición. Si destacó que “nunca me sería fácil” cambiar al presidente del Banco de Previsión Social (BPS) Ernesto Murro, uno de los nombres que mencionó durante la oratoria. “El sistema de dirección de BPS es muy difícil”, comentó.

El otro nombre que mencionó fue el del ex ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, de quien señaló que ha formado un “equipo notable”, que va a seguir trabajando.

Mujica también recordó que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, él y otros ministros que formaban un “puñado de viejos” fueron removidos de sus puestos y su antecesor “lo hizo bien”. Agregó que “nada más y nada menos” que el Ministerio de Economía tuvo un cambio, cuando se fue Danilo Astori e ingresó Álvaro García, “y no pasó absolutamente nada, seguimos andando”.

“Nos planteamos que no deben existir oficinas o ministerios con colores nítidamente sectoriales, que el programa es el programa de Frente Amplio, el que nos trajo al gobierno y el compromiso es con toda la nación”, señaló.

“Somos antireeleccionistas”, agregó Mujica. “Desaparecen de la vida hombres fundamentales, los grandes creadores que cambian la historia de la humanidad, y el mundo sigue dando vueltas”, indicó.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/225577/mujica-critico-la-burocracia-pero-no-anuncio-mas-cambios-de-autoridades-/

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José Mujica admite que la burocracia en Uruguay dificulta las tareas de su gobierno

«Tienen razón (los que dicen que se anuncia mucho y se hace poco), pero el problema es que en este país no te dejan hacer nada. Cualquier cosa que vas a hacer es como un parto», sostuvo el presidente uruguayo, quien agregó que trabaja en una reforma para superar las burocracias.

Jue, 11/11/2010

Montevideo. El presidente de Uruguay, José Mujica, se quejó de las dificultades para llevar a la realidad los anuncios del gobierno debido a la burocracia, y dijo que para superarlas impulsa una reforma del Estado.

«Tienen razón (los que dicen que se anuncia mucho y se hace poco), pero el problema es que en este país no te dejan hacer nada. Cualquier cosa que vas a hacer es como un parto», dijo Mujica al semanario Búsqueda en una entrevista publicada el jueves.

José Mujica

«No se puede trasladar el Estado de Nueva Zelanda de un día para el otro al Uruguay. Firmé un decreto para que los funcionarios públicos trabajen un mínimo de seis horas (por día) y hasta eso generó lío», dijo Mujica.

El país sudamericano, de 3,3 millones de habitantes, tiene un extendido aparato estatal en el que las gestiones pueden resultar largas e intrincadas.

Es por eso que el mandatario, un ex guerrillero izquierdista de 75 años, promueve cambios en busca de agilidad y eficiencia inspirado en naciones como Nueva Zelanda, según ha dicho varias veces en el pasado.

Mujica puso como ejemplo la decisión de vender una residencia de descanso que la presidencia tiene en el exclusivo balneario Punta del Este, un traspaso dentro del propio sector oficial que demoró ocho meses en concretarse.

«Es fácil mandar un proyecto de ley pero andá a saber cuándo se aplica. Ahora mandamos, por ejemplo, el de la asociación de (el sector) público con privados. Vamos a ver cuándo se puede aplicar efectivamente«, comentó el mandatario.

«No se puede trasladar el Estado de Nueva Zelanda de un día para el otro al Uruguay. Firmé un decreto para que los funcionarios públicos trabajen un mínimo de seis horas (por día) y hasta eso generó lío», dijo Mujica.

Salud. El anciano mandatario, que asumió en marzo por un período de cinco años, deslizó al final de la entrevista una alusión a su salud, algunos meses después de modificar su dieta y rutina por recomendación médica.

«Seguro que en la reelección no estoy pensando. Ni siquiera se si llego», dijo Mujica, quien se caracteriza por una forma de hablar informal y directa.

En mayo, el presidente debió suspender un viaje a Europa y reducir la intensa actividad que desarrollaba.

Mujica, que en el 2005 estuvo hospitalizado por una insuficiencia renal, pasó más de una década encarcelado, por momentos en condiciones infrahumanas, por su actividad guerrillera entre fines de la década de 1960 y 1970.

El mandatario cuenta actualmente con una aprobación a su gestión del 57% de la población.

http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/jose-mujica-admite-que-la-burocracia-en-uruguay-dificulta-las-tareas-de-s

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Mujica, molesto con la burocracia

Escribe Nelson Fernández – La Nación 4/07/2010

El presidente uruguayo José Mujica tiene alergia a la burocracia y no duda en expresarlo públicamente. A veces, su intención de solucionar problemas del país no sólo choca con trabas burocráticas, sino con la dificultad para dar cauce legal a las buenas intenciones.

Es lo que le pasa con su Plan «Juntos», orientado a asistir socialmente a familias marginales. Mujica quiere financiarlo con donaciones (deposita el 70 por ciento de su sueldo en una cuenta bancaria para ese destino) y ejecutar el plan de viviendas con mano de obra de voluntarios.

Días atrás fue él mismo a comprar un camión para la carga de materiales de construcción para las viviendas y salió contento de la empresa porque los ejecutivos decidieron donar el camión. Pero la alegría duró poco.

Esta semana, el presidente se reunió con el líder político de la oposición Jorge Larrañaga y le contó su bronca «con la burocracia» del Estado. Le dijo que no encuentran la fórmula legal para matricular el auto, ya que no encuentran la figura legal de propiedad del vehículo.

Algo parecido le ha ocurrido con otras acciones. Mujica anunció la venta de la residencia presidencial de Punta del Este al estatal Banco República, pero eso no pudo concretarse.

Más allá de la voluntad política, el banco precisa una tasación y otros trámites para dar curso a esa decisión presidencial. «Hasta para dar trabajos voluntarios hay que tener acuerdos con el Banco de Previsión Social y así sucesivamente … ni qué decir de cuestiones de propiedad», se quejó Mujica, molesto por lo que considera trabas burocráticas. 

http://www.lanacion.com.ar/1281378-mujica-molesto-con-la-burocracia

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Y ahora veamos un poco, los artículos que respaldan lo arriba mencionado y también para darnos cuenta que a pesar de tener una estructura de control pensada, la misma no logra su cometido y por lo tanto es preferible cambiar su modalidad, tener una estructura más chica, más ágil, aprovechando los medios electrónicos actuales y así no sólo reducir el costo del Estado, lograr una mayor eficiencia y apuntar a que se cumplan los objetivos, y no que queden por el camino por una traba «burocrática» (es así cuando no cumple su función, de lo contrario es un control a favor de toda la sociedad; pero el control no puede estar por encima de los objetivos y del interés general).:

«Doble contabilidad» en la Armada y contradicciones entre los mandos

Policía. Hubo «maniobra de fraude»

DANIEL ISGLEAS / PABLO MELÉNDREZ – El País 5/8/2010

La Policía probó la existencia de un sistema de «doble contabilidad» en la Armada hasta 2008. La Justicia determinó que hubo «compras ficticias» para reingresar rubros. Hay grandes contradicciones entre los mandos superiores de la época.

La investigación judicial respecto a «compras fantasmas» en la Armada a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, reveló la existencia de graves irregularidades en el manejo contable de la fuerza naval.

En ese sentido, un informe realizado por la dependencia policial que investiga el caso y que forma parte del expediente judicial, señala que en la Armada «entre los diferentes manejos financieros se llevaba una doble contabilidad».

Por ahora, la indagatoria apunta a esclarecer la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000 a dos empresas extranjeras que no existen.

Según admitieron ante la Justicia varios oficiales navales, de esa forma se lograban «fondos frescos» que eran reingresados irregularmente a la contabilidad de la fuerza y destinados a financiar otros rubros, como viáticos y compras urgentes, entre otras erogaciones.

El informe policial entregado a la jueza -elaborado por el director de Interpol Milton Rodríguez y el comisario Gustavo Mariossa- señala que se trata de «una verdadera maniobra de fraude», dice el documento al que accedió El País.

Al respecto, los policías subrayan que el actual comandante de la Armada, informó a la jueza Gatti que los implementos supuestamente comprados no ingresaron a ninguna dependencia de la fuerza naval.

«ORDEN VERBAL». El capitán de navío GF, quien hasta septiembre de 2009 se desempeñó como jefe de la División Logística (N4) del Estado Mayor naval y uno de los principales indagados en el caso, aseguró ante la Justicia que el manejo irregular de los fondos se concretó por «orden verbal» del ex comandante JFM o del ex jefe del Estado Mayor y actual comandante de la Flota Naval, MB.

F, quien el mes pasado fue separado de su cargo junto a otros tres altos oficiales por orden del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, admitió al declarar ante la jueza Gatti y la fiscal Ferrero que «había una contabilidad formal y una informal«. El manejo de la segunda, según dijo, estaba a cargo de un suboficial de la Tesorería.

F, que ahora estaba como agregado naval en Brasil, fue quien en 2008 elaboró el formulario solicitando la compra de la grúa hidráulica. El documento fue firmado por otro oficial quien dijo que suscribió la petición porque «F le ordenó que lo hiciera», según el informe policial.

En tanto, la solicitud para adquirir el banco de prueba para motores fue presentada por uno de los oficiales más cercanos al ex comandante FM, quien estaba a cargo de la oficina de Presupuesto del Comando.

Este mismo oficial dio una versión contraria a la de F sobre el monto del dinero que reingresó a la Armada y se destinó a las oficinas que dependían directamente de FM.

Según se desprende la investigación, el dinero por la compra de ambos implementos fue cobrado en el Comando de la Armada, y luego por distintas vías entregado a F. El ex responsable de Presupuesto naval recién admitió esa situación en la tercera ocasión en la que declaró ante la Policía.

Consultado por la jueza Gatti respecto a si hay registros que avalen el uso del dinero reingresado a la Armada, F contestó: «Era un hábito que cada relevo de jerarca los registros de su administración no quedaban, sino que se los llevaran, era un hábito normal…».

CONTRAPUNTO. Las «compras ficticias» de la Armada -como le llama la jueza Gatti- enfrentaron el sábado 31 de julio ante la magistrada los testimonios de los dos marinos indagados con mayor jerarquía: FM, y de su ex jefe de Estado Mayor, B. Estos oficiales eran, en 2008, el uno y el dos de la Armada.

B admitió que en ocasiones se dice que se compra una cosa y en realidad se compra otra. «Compras simuladas, no. Sí comprar tornillos y adquirir tuercas, (eso es) algo que se hace con el proveedor», dijo.

FM se deslindó de afirmaciones de sus subalternos diciendo que «no es cierto» que la decisión de hacer compras ficticias haya sido suya. Apuntó entonces a su ex mano derecha y a F. «La Armada tiene una organización vertical, en este caso el jefe de Estado Mayor contralmirante B y el jefe de N-4 capitán F», declaró en el juzgado.

«Los rubros surgieron de un acuerdo con el Banco Hipotecario», dijo, en relación una solicitud que realizó para postergar un pago por un complejo de viviendas en la calle Asunción y Avenida del Libertador. «El dinero fue al Estado Mayor para ver en qué lo usaban. La responsabilidad es del Estado Mayor», insistió.

B acotó luego que en el caso de la postergación del pago de US$ 300.000 al BHU, él, como jefe del Estado Mayor, no fue consultado.

Ambos declararon, en cambio, que desconocían que se dieron órdenes para comprar una grúa y un banco de pruebas para motores. FM sostuvo que se enteró de la compra de la grúa el 3 de junio. «Fue cuando me hicieron la despedida. De la compra del banco de pruebas me enteré el 13 de junio. No sabía nada», insistió el ex comandante.

SIN CÉDULA. Un capitán de navío que en 2008 era jefe del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (Secon) y actual responsable de Logística, relató en el juzgado que para pagar «no hay una normativa que indique qué documentación se debe exigir, y se deja a la buena voluntad o buen saber de la persona que paga».

Según la investigación, los pagos por los insumos aparentemente comprados se realizaron sin control de la identidad de quienes dijeron representar a las empresa proveedoras e, incluso, dos oficiales integrantes de la Comisión de Asesora de Compras recibieron parte del dinero (ver recuadro).

«La persona (que fue al Comando naval a cobrar) trajo un recibo con el nombre de la empresa y el importe a pagar; yo no lo vi, me lo dijo el oficial que me consultó porque no trajo la cédula. Le dije que pagara igual ya que había sido alertado que iban a ir a cobrar», dijo el ex jefe del Secon.

Usaron la cédula de una mujer de 71 años para poder cobrar

Uno de los informes policiales elevados a la jueza Graciela Gatti, indica que una mujer que se presentó ante la Armada para cobrar por la venta del banco de prueba para motores, brindó un número de Cédula de Identidad que no corresponde al nombre declarado. «No existe persona alguna que posea ese número de cédula», se señala.

El informe, basado en datos proporcionados por la Dirección Nacional de Identificación Civil, agrega que ese documento pertenece a una mujer de 71 años de edad de nacionalidad brasileña naturalizada uruguaya.

Esa mujer, al ser interrogada por la Policía, dijo que «no cobró ningún dinero en representación de ninguna empresa ni uruguaya ni extranjera en la Armada y tampoco tiene conocidos o familiares ni tiene persona alguna que tenga familiares o conocidos en la Armada».

Por otro lado, en cuanto al hombre que cobró el cheque por concepto de pago de la grúa hidráulica, no hay elementos que permitan identificarlo.

Sin embargo, según los registros de la Dirección Nacional de Identificación Civil, hay un marino retirado que actualmente se desempeña en la actividad privada que tiene el mismo nombre.

Esa persona, al ser interrogada, explicó que se jubiló en el año 2008 y negó cualquier vinculación con los hechos indagados.

Declaraciones

«Lo que se hacía no obedecía a una metodología específica. Puede haber licitaciones o compra directa pero, por ejemplo, se hacen licitaciones de escritorios; ganara quien ganara, se le decía al proveedor que compramos 100 escritorios, que entreguen 80 y 20 computadoras, u 80 escritorios y la diferencia en dinero«

Capitán de Navío GF

«Me enteré de la compra de la grúa el 3 de junio, durante la comida de despedida que me hicieron, después de haber pasado a retiro. De la compra del banco para motores me enteré el 13 de junio. No sabía nada de las compras».

Almriante FM

«Compras simuladas, no había. Sí se podía hablar de comprar tornillos y adquirir tuercas, es algo que se hace con el proveedor».

Contralmirante MB

«No sospecho de nada ni tengo elementos para acusar a nadie de lo que pasó».

Almirante FM

«No es razonable lo que se hizo porque el que debe comprar una grúa es el Dique de la Armada, que es quien la va a usar».

Contralmirante MB

«Si se llevó a cabo la compra es porque la Comisión Asesora lo autorizó, pero por qué lo hicieron no lo sé…»

Capitán de Navío GF.

«No puedo confirmar si dos de los capitanes pudieron haber interpretado que por la situación presupuestal que se venía les estaba pidiendo que quedaran fondos líquidos».

Almirante FM

http://historico.elpais.com.uy/100805/pnacio-506314/nacional/-doble-contabilidad-en-la-armada-y-contradicciones-entre-los-mandos/

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Defensa: «Si hay irregularidades la funcionaria no será más asesora»

Fernández Huidobro dijo que, de comprobarse irregularidades en la licitación por compras de insumos para las Misiones de Paz, no seguirá contando con la funcionaria como asesora quien podría volver a Educación.

mié feb 19 2014 11:27

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó en Pisando Fuerte, Metrópolis FM en la mañana de hoy que esta semana resolverá la situación de la funcionaria de confianza, la contadora C.D. involucrada en una compra directa efectuada por el Ministerio de Defensa. 

Sin embargo, aclaró que aún no recibió la información del Tribunal de Cuentas sobre la observación impuesta a la licitación que favoreció a la empresa, cuya propietaria es D. 

El ministro destacó que de acuerdo a los abogados que lo asesoran, contadores que trabajen en dependencias del Estado pueden presentarse en licitaciones estatales pero no en las dependencias que trabajan. 

Fernández Huidobro agregó que, de comprobarse irregularidades, no continuará contando con la funcionaria como asesora de su cartera y esta podría volver al Ministerio de Educación desde donde revistió en pase a comisión.

C.D. es la titular de la empresa Ritelur S.A. a la que el Ejército le adjudicó la compra de equipos informáticos por US$ 11.858. D. se desempeña desde mayo de 2011 como adscripta de Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa.

La presencia de D. como titular de la empresa contratada por el Ejército fue detectada por el Tribunal de Cuentas de la República, que observó la compra por esa situación.

http://www.elpais.com.uy/informacion/defensa-irregularidades-funcionaria-asesora.html

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«Ñoquis» y «libro negro» en Defensa

HUIDOBRO ORDENÓ CIERRE DE POLICLÍNICA; REVENDÍA FÁRMACOS

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ordenó el cierre de una policlínica tras detectar que sus médicos, odontólogos y enfermeros cobraban por servicios particulares, no volcaban el dinero percibido a las finanzas y daban recibos con logo del Ministerio.

27 may 2014 EDUARDO BARRENECHE

Además, se constató que los funcionarios de la Policlínica no iban a trabajar y además revendían medicamentos que adquirían en Cantinas Militares, afirmaron a El País fuentes de dicha Secretaría de Estado.

Una investigación realizada por funcionarios del Ministerio de Defensa detectó la existencia de un «libro negro» donde se llevaba la contabilidad de las atenciones a pacientes y las ventas de los medicamentos.

En este momento, técnicos de la cartera, a pedido de Fernández Huidobro, investigan los «libros negros» para determinar el volumen de las irregularidades cometidas por los especialistas que trabajaban en la policlínica.

Luego de que en varias oportunidades se solicitó la presencia de médicos u odontólogos y estos no se encontraban en la policlínica, el ministro Fernández Huidobro resolvió el traslado de dicha repartición bajo la jurisdicción de Sanidad Militar. «Ahora esa policlínica va a funcionar con algún tipo de control que antes no tenía», dijo a El País una fuente de dicha cartera.

Los funcionarios de la policlínica percibían buenos ingresos, ya que recibían compensaciones de unos $ 7.000 por cumplir horarios de ocho horas, según las fuentes.

En un comunicado de prensa emitido ayer, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) anunció que realizará a las 10 horas de hoy una conferencia de prensa. En la misma, se darán a conocer «algunas situaciones irregulares» que se vienen generando en el Ministerio de Defensa, señala el comunicado de COFE.

http://www.elpais.com.uy/informacion/noquis-libro-negro-defensa-huidobro.html

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Justicia dejó al descubierto red de corrupción sindical en ASSE

La Justicia procesó al director de ASSE, AS, y a otras nueve personas por maniobras de corrupción en ese organismo. El dictamen del fiscal Rodríguez señala vinculación de las maniobras con responsables del ámbito sindical.

PABLO MELENDREZ sáb jul 19 2014

Anoche, y luego de dos días de tomar declaraciones, el juez especializado en crimen organizado Néstor Valetti procesó sin prisión al director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores, AS, por su participación en un entramado de corrupción que evidenció la sobrefacturación de horas de limpieza en el hospital Maciel, presiones para la firma de contratos y pago de coimas.

Además de S -que fue imputado por el delito de conjunción del interés personal y público- fueron procesados sin prisión cuatro responsables de la asociación civil Buena Estrella por la sobrefacturación de 24.874 horas de limpieza en el hospital Maciel y otras cuatro personas por el pago de coimas para lograr contratos de servicios en centros de salud y evitar conflictos gremiales. …

La asociación civil Buena Estrella, creada en 2010 para dar trabajo a los empleados de la firma Clanider -en relación a la que también se detectaron maniobras de sobrefacturación de horas de limpieza en el hospital Maciel- contó con el respaldo de la FFSP.

Buena Estrella hizo figurar como horas trabajadas períodos de tiempo que su personal se encontraba en cursos de capacitación. De ese modo la asociación civil facturó $ 1.694.461 de más y por esa razón fueron procesados sin prisión sus cuatro responsables.

En relación a S, el dictamen del representante del Ministerio Público indica que «se interesó en su condición de funcionario público y actuando a veces conjuntamente y en otras, a través de T, en las gestiones comprendidas por la asociación que él mismo y T ayudaron a conformar». Ambos, dice el fiscal, buscaron «un provecho indebido» para la asociación civil como su contratación por parte de otros hospitales dependientes de ASSE, como los centros de salud de Rivera, Pando y el Instituto Nacional del Cáncer.

Según Rodríguez, tanto S como T le aportaron a Buena Estrella «información de interés» para que «licitara con buenos precios realizando ofertas que resultaban inmejorables y así ser contratada, en ocasiones incluso mediante licitación directa».

Además, y según el testimonio de un funcionario de ASSE, S dio «directivas» para «hacer conexiones» en favor de Buena Estrella «dejando en claro el ánimo de beneficiar» a la asociación civil. Por otro lado, el dictamen del fiscal sostiene que T «asesoró» a los integrantes de la comisión directiva de Buena Estrella.

El fiscal agrega que «muchos» de los empleados de la asociación civil «refieren haber recibido presiones de S» para trabajar allí, lo que deja en evidencia el poder que tenía el director de ASSE en relación a la operativa de Buena Estrella.

De hecho, la denuncia que dio lugar a los procesamientos dictados anoche por el juez Valetti, fue presentada por LS, una ex funcionaria de Buena Estrella que alegó haber recibido presiones directas de parte de S.

Así, en relación al director de ASSE en representación de la FFSP, el fiscal Rodríguez concluye que su accionar «no condice con la competencia o atribuciones propias de un director de ASSE».

Si no puede ver la infografía haga click aquí

Coimas.

Por otra parte, el fiscal describe la situación de pago de coimas por parte de los responsables de otras pequeñas empresas que prestaban diferentes servicios para hospitales de ASSE. Por esa situación, tipificada jurídicamente como cohecho, fue imputado T, cuyo apodo es «Toshiba».

T «aprovechándose de su condición de representante de los funcionarios de salud Pública» recibió giros de al menos cuatro empresas contratadas «en retribución a la intervención que lograba», señala el dictamen del fiscal.

El dirigente gremial presionaba a sus propietarios para no generar conflictos sindicales con su respectivo personal. Al respecto, el dictamen de Rodríguez señala que son «contundentes» los testimonios dados por dos de los empresarios que, a su vez, fueron imputados sin prisión por el delito de cohecho, que es una figura bilateral.

«(T) se interesó en asuntos vinculados a la contratación de empresas, realizando actos fuera de su gestión, con abuso de su cargo, a cambio de la obtención de un provecho económico logrando el pago adelantado o incluso la contratación de la asociación conformada por la federación representada por él mismo (Buena Estrella)», dice el fiscal.

En relación a T, el representante del Ministerio Público sostiene que del «tenor» de las escuchas telefónicas que prueban las coimas que implican al dirigente gremial y a los empresarios privados, «no se desprende ningún tipo de compelimiento o presión» del funcionario a los particulares.

http://www.elpais.com.uy/informacion/justicia-dejo-descubierto-red-corrupcion.html

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Tribunal de Cuentas pide a entes entregar balances

El Tribunal de Cuentas enviará un oficio a las empresas públicas pidiéndole que le remitan los balances de 2013. Tampoco ayer Ancap aprobó sus cuentas y el Partido Nacional evalúa interpelar al ministro de Industria Roberto Kreimerman.

JUAN PABLO CORREA vie jul 25 2014

Una ordenanza del año 2004 del Tribunal de Cuentas establece que los balances de las empresas públicas correspondientes a los cierres de cada año deben estar a su disposición a más tardar tres meses después del final del ejercicio, es decir el 31 de marzo. Por este motivo, enviará un oficio la semana próxima a los entes y servicios descentralizados que todavía no hayan cumplido con esa obligación.

Tribunal espera por Ancap, que tampoco ayer aprobó su balance. Los dos directores de la oposición, Juan Máspoli (colorado) y Elena Baldoira (nacionalista), plantearon la necesidad de que se acelere la aprobación de las cuentas.

Máspoli dijo a El País que «nos preocupa especialmente» el retraso y contó que los representantes oficialistas plantearon que los servicios técnicos de Ancap debían cotejar algunas proyecciones con el Ministerio de Economía. Ayer el presidente de Ancap, José Coya, y el vicepresidente Germán Riet, estuvieron reunidos con el ministro de Industria, Roberto Kreimerman. Los directores no respondieron las llamadas de El País.

Máspoli señaló que seguramente la pérdida rondará los US$ 145 millones y la consideró de las más «abultadas en la historia de Ancap». A su juicio, alrededor de US$ 70 millones de esa pérdida se explicarán por el alza del dólar que incide sobre los préstamos contraídos por la empresa pública en esa moneda. También consideró que está influyendo el peso de las inversiones realizadas en la planta desulfurizadora de La Teja (que no se trasladó a tarifas), en la remodelación de las dos plantas de cemento (en Paysandú y Lavalleja) y en la de biodiesel también ubicada en Paysandú.

Los representantes oficialistas le dijeron que seguramente las cuentas queden aprobadas antes de fin de mes. Máspoli consideró que la aprobación también es fundamental para que Ancap pueda embarcarse en una operación de reperfilamiento de deuda, por la que cambiará obligaciones contraídas de corto plazo por otras de vencimiento posterior. Máspoli respalda esa operación en la medida en que no supone incrementar el monto total del endeudamiento.

Baldoira, por su parte, dijo que quiere esperar los números finales de Ancap y reconoció que se han realizado inversiones importantes que requieren tiempo para madurar. De todas formas, consideró que el balance «se debe terminar lo más pronto posible».

Por su lado, el diputado nacionalista Pablo Abdala advirtió que «hay un nuevo escenario que puede terminar en una interpelación al ministro de Industria ( Kreimerman) porque los plazos razonables se agotaron». Es que el 18 de junio el presidente de Ancap, José Coya, se había comprometido ante la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes a presentar en dos semanas el balance aprobado. De todas formas, en esa oportunidad Coya dijo que en sus más de treinta años de funcionario de Ancap había visto balances aún más atrasados que el de 2013.

Según Kreimerman, las pérdidas de Ancap se deben «a la diferencia de tipo de cambio y el resto del endeudamiento se debe a la operativa de la empresa de cemento». «Ancap está fuerte y está dedicada al cambio de la matriz energética, dirigida al biocombustible y energías renovables. Hay que tener en cuenta que se hicieron inversiones para cambiar la matriz energética», dijo cuando compareció en la comisión.

Esto no convence a Abdala para quien «hay un cuadro muy complejo en cuanto a la transparencia de Ancap que está jugando a la mosqueta». El legislador, que fue director de Ancap durante el último gobierno colorado, dijo que el pasivo total de la empresa subió en 2013 en US$ 688 millones hasta llegar a US$ 2.343 millones. En su opinión, «el tipo de cambio incide porque la deuda de Ancap es grande, por lo que es un problema de gestión; es el endeudamiento más grande en su historia».

En el ejercicio 2012 las pérdidas de Ancap habían sido de solamente US$ 14 millones. Pero un borrador del balance 2013 señala que las pérdidas podrían ser de casi US$ 200 millones. Según Abdala, Ancap se está debilitando y descapitalizando. Sus cálculos indican que la deuda financiera se multiplicó por cuatro en los dos últimos años y llegó en 2013 casi a US$ 1.500 millones.

Las inversiones que explicarían parte del rojo de la empresa se originaron durante la presidencia del hoy candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, Raúl Sendic. Durante su gestión impulsó el proceso de inversiones e incluso tuvo algún roce con el Ministerio de Economía por esto. En junio, Sendic criticó a Abdala por sus cuestionamientos. «Creo que el diputado Abdala está más preocupado ahora por Ancap que cuando era director», dijo.

Por otra parte, Alcoholes del Uruguay (ALUR), una empresa de derecho privado propiedad de Ancap, pidió recientemente una asistencia de U$40 millones al ente, según supo El País. Se le concedieron solamente US$ 15 millones aunque recientemente pidió otros US$ 5 millones para cumplir con pagos a sus proveedores. En el emprendimiento de ALUR, Ancap es socia de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Antel obtuvo ganancias en 2013 muy similares al año anterior

El balance de Antel fue entregado al Tribunal de Cuentas. La Gerencia de Prensa y Relaciones Pública de Antel informó a El País que «el balance de Antel se aprobó por el Directorio y se envió al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas antes del 31 de marzo de 2014, tal como legalmente corresponde».

Todavía no se ha difundido porque resta que el organismo de contralor lo apruebe. De todas formas, en Antel se informó que la empresa de telecomunicaciones obtuvo ganancias en 2013 que fueron muy similares a las de 2012.

En la empresa se informó también que no está previsto recurrir a formas de financiación diferentes a los préstamos bancarios tradicionales.

Al cierre de 2012 se calcula que tenía alrededor de US$ 600 millones en liquidez y desde entonces se embarcó en proyectos de inversión importantes como la expansión de su red de fibra óptica y la construcción del Antel Arena que se ubicará donde estaba el Cilindro Municipal.

Antel vierte parte de sus utilidades a Rentas Generales y compite con el sector privado en varias áreas de negocios, como la telefonía móvil.

http://www.elpais.com.uy/informacion/tribunal-cuentas-pide-entes-balances.html

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Gerenta del BROU a prisión por estafa

La jueza penal Silvia Urioste procesó con prisión a la gerenta de la sucursal del Banco República de Castillos, Rocha, por una maniobra con vales de créditos por más de US$ 100 mil. 

jue ago 7 2014 04:00

También se probó que la jerarca falsificó documentación de clientes y concedió préstamos a personas inexistentes.

Otra funcionaria del banco y un policía que estaban siendo indagados quedaron en libertad.

El policía es la pareja de la gerenta procesada con prisión y fue defendido por el abogado Mario Anza, edil del Frente Amplio en Rocha.

La gerenta de la sucursal Castillo del Banco República, «utilizaba créditos de algunas personas para volcarlo en otras que no lo tenían», dijo Anza a El País. «Los volcaba como beneficiarios de gente que no tenían posibilidades de obtener dinero a través del crédito», agregó.

La gerenta se hizo responsable de todo lo que pasó, quedando en libertad su secretaria, informó el abogado

Laguna garzón. La última etapa sobre el método constructivo del puente sobre la laguna de Garzón fue aprobado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), informó el Intendente de Rocha, Artigas Barrios, por lo que en estas horas estaba comunicando la noticia a la empresa Las Garzas Blancas, a los efectos de conocer qué medidas se tomarán para iniciar la obra cuanto antes. «Desde hace siete años estamos tratando que se concrete esta obra», afirmó Barrios. «Es importante que se logre antes que se termine el gobierno».

La empresa presentó el plan de trabajo para la realización de ese puente con los correspondientes impactos ambientales y el mismo fue aprobado, informó Barrios, quien a última hora de la tarde de ayer aún no había tomado contacto con el empresario argentino, Eduardo Costantini, promotor de la obra. 

http://www.elpais.com.uy/informacion/gerenta-brou-castillos-prision-estafa.html

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Muñiz:»No podemos controlar aspectos delictivos de ASSE»

La ministra de Salud Pública sostiene que nada pudo hacer la cartera para parar los delitos de corrupción en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). «Es una situación bastante anterior a que yo llegara», dijo en entrevista con El País.

UNA ENTREVISTA DE CARLOS TAPIA, dom ago 10 2014

Sin embargo, reconoce que conocía «el estilo» del exdirector AS, las denuncias de la oposición y el informe de la Junta Anticorrupción que daba cuenta de las irregularidades, pero que de «las coimas» no le llegaron noticias. En tanto, advirtió que no hay que apurar la designación del sucesor de S.

-¿Se «comió un garrón», como usted ha dicho, con lo de la sobrefacturación en ASSE?

-Sí, porque es una situación bastante anterior a que yo llegara al Ministerio. Buena Estrella desapreció en mayo de 2012 y yo entré en febrero de 2013. Es más, en marzo de 2012 ASSE ya había hecho actuaciones, había retenido el dinero y este tema fue tomado por el juzgado del Crimen Organizado después.

-¿Usted no cree tener una responsabilidad política por todo lo que pasó?

-No, por eso digo que me comí un garrón. No tengo responsabilidad en esto. El Ministerio de Salud Pública controla a 43 prestadores, no solo a ASSE.

-Pero el Ministerio es el nexo entre ASSE y el Poder Ejecutivo…

-Es cierto, es el prestador más grande además. Y el Ministerio tiene muchas funciones en el control de ASSE. Es verdad que se controlan los aspectos administrativos, pero los aspectos delictivos no los podemos controlar. No tenemos la capacidad.

-¿Se le tendría que haber pedido antes la renuncia a AS?

-Pero la Justicia todavía no dice que S estaba involucrado. La Justicia dice que él mantenía reuniones con empresarios de Buena Estrella. Está bien, pero los directores se reúnen habitualmente con los empresarios de distintas empresas y eso no tiene nada malo.

-Días atrás el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, sostuvo que sabía «de oídas» lo que sucedía en ASSE. Sin embargo, el 13 de abril de 2012 la Junta de Transparencia y Ética Pública, que depende del Ejecutivo, presentó al Parlamento un informe de 30 páginas en las que dio cuenta de las irregularidades; incluso se nombra a AS. Es decir, el gobierno tenía pistas de que esto estaba sucediendo. ¿Por qué no se hizo nada?

-Claro que se hizo. En realidad si la Justicia se enteró de la sobrefacturación fue justamente a través de ASSE. En el tema del estilo particular de S todos sabíamos que era así, que ha molestado a mucha gente, y yo claro que no lo comparto y pienso que no corresponde. Sobre el informe de la Junta yo no tenía por qué enterarme y de hecho no me enteré, y con esto me refiero a la situación de cohecho, a la situación delictiva, a lo que hacía T.

-Pero si había un informe y la oposición venía alertando desde 2011, ¿nunca se pensó en hacer una investigación a fondo?

-Es que se hizo. Se demostraron algunas cosas. Se tomaron medidas. Pero no se supo de las cosas que aparecieron ahora.

-O sea que usted no tenía idea, aunque sea «de oídas», de lo que sucedía en ASSE…

-¿Sobre las coimas? No.

-Pero la oposición lo alertaba, ¿por qué no se escuchó más lo que denunciaban?

-La oposición se escuchaba, y muy buena parte de los procedimientos que la oposición pidió se hicieron. Hubo investigaciones administrativas. De hecho, (la presidenta de ASSE), BS, mostró en el Parlamento cómo se fueron incorporando nuevos elementos de gestión y se fue ordenando la cancha. Claro que ASSE tiene debilidades institucionales a corregir, pero se está haciendo. Desde las instituciones es muy difícil dar con elementos delictivos.

-¿Por qué?

-Porque los elementos delictivos en estas investigaciones por lo general no aparecen. La delincuencia tiene la habilidad de sortear los elementos de control.

-El 18 de agosto de 2010, cuando usted era directora del segundo nivel de atención en 22 centros del Interior, AS le envió una carta en la cual planteó que «con la finalidad de evitar un conflicto entre los trabajadores y la dirección del hospital de Mercedes» se debía «remover de su cargo a Nibia Revetria». Usted no accedió y de hecho ella sigue al frente del hospital. Así que a usted le constaba que S presionaba a los directores…

-Para que se ejerzan presiones tiene que haber alguien que presiona y alguien que sea presionable. Cuando yo vi esa carta pensé que no justificaba para nada remover a una administradora, por lo tanto no le di bolilla. Así fue y así me mantuve. Si otros directores sintieron más o menos presiones, no lo sé. Hay que tener claro que los miembros del directorio de ASSE de a uno solo no tienen el poder de sacar y poner directores.

-¿Esta experiencia no le permitió suponer que AS ante un director más o menos «presionable» podría condicionarlo a hacer tal o cual cosa?

-Es que cuando yo llegué al Ministerio en 2013 S no era el que era antes. Hubo cosas que se hablaron en el directorio de ASSE que le hicieron cambiar su actitud.

-¿Qué era distinto en S cuando usted asumió?

-Su capacidad de presión no era la misma que antes. Se le dijo que no podía hacer eso. Se establecieron criterios de que el directorio debía funcionar todo junto.

-¿Esa fue la única vez que S intentó presionarla?

-Discusiones con él tuve unas cuantas. No las recuerdo y ni tiene sentido nombrarlas. También tuve discusiones con otros miembros del directorio.

-¿Otros directores quisieron presionarla?

-Sí.

-¿Quién?

-Por ejemplo yo me acuerdo del escribano Alejandro Draper (representante del Partido Nacional en ASSE hasta septiembre de 2012). Lo hablé con él, le dije que no correspondía lo que me solicitaba y se terminó.

-¿Qué le pedía?

-La designación de un discapacitado en el Hospital de Rosario. Además, hacía visitas a los hospitales dando órdenes que no corresponden.

-¿Hizo una denuncia de ello?

-No, porque siempre se entendió que correspondía que esas cosas se aclararan en el directorio de ASSE. Todo quedaba allí.

-Después hay otra carta, de junio de 2011, en la que usted le dice a la dirección del Hospital de Rivera que se reunió con el sindicato y que este solicitó que se contrate a Buena Estrella, señala que le encantaría «que ya pudiéramos hacer la licitación para sacarnos el costo de la compra directa y se dejen de joder en la prensa». Y que «echaron a una funcionaria» de Buena Estrella y que habría que «investigar!!!». ¿Es normal reunirse con el sindicato y que este aconseje qué empresa contratar para hacer tal o cual servicio?

-Es normal reunirse con el sindicato, punto. Es normal que se discutan muchas cosas. En el mail yo no emito opinión sobre lo que dice el sindicato.

-¿Pero no le parece inadecuado que el sindicato aconseje qué empresa contratar?

-También el sindicato aconseja hacer determinado llamado o no hacerlo. Cada uno da su postura, eso no quiere decir que se acepte todo lo que digan.

Nuevo director en ASSE: «No hay urgencia»

-Primero el caso del exministro Jorge Venegas, que tuvo que renunciar porque no estaba habilitado a ocupar el cargo por ser extranjero; ahora el escándalo de ASSE. ¿Cómo cree que queda la imagen del Ministerio con todo esto?

-Por supuesto que se afecta la imagen. Se están mejorando muchísimo los indicadores de salud y estas cosas lo que hacen es enmascarar el trabajo de fondo.

-La oposición propone quitarle la representación a los trabajadores o, al menos, que no tengan poder de voto en ASSE…

-No estoy de acuerdo. Nosotros nos regimos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que apoya la representación social. Si sacamos al representante estaríamos violando los acuerdos con la OMS. No se puede decir que toda representación social sea mala por un hecho concreto.

-¿Qué cree que debería hacerse ahora con ASSE?

-Hay que entender que no tenemos urgencia en nombrar a un nuevo miembro en el directorio que represente a los trabajadores. Lo que corresponde es pensar. Yo presenté al presidente José Mujica tres proyectos.

-¿Qué proponen esos proyectos?

-Uno pide que el Pit-Cnt presente a un trabajador que no sea necesariamente de ASSE; otro que lo presenten los trabajadores de ASSE, pero no necesariamente el sindicato; y otro que se haga el proceso a través de una elección. No creo que con una ley se arregle todo, no creo que no haya más hechos delictivos porque se cree una ley. El tema es que el representante dé garantías a los representados.

-¿Usted se atiende en ASSE?

-Sí, soy usuaria. Es más, la semana pasada me hice el papanicolau en el Pereira Rossell.

«Aún falta mucho dinero para mejorar hospitales»

Hay hospitales públicos que están a la altura de las mutualistas privadas», sostuvo la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, en la entrevista con El País. Y advirtió que hay ejemplos «excepcionales», como ser el block quirúrgico del Hospital Maciel, que sostuvo que es «el más moderno de América Latina». También dijo que es «muy bueno» el nivel del Hospital de Mercedes, donde se instalará «seguramente en el próximo período» un instituto de medicina altamente especializada. De todos modos, la ministra reconoció que «todavía queda mucho por hacer», porque hay «hospitales que tienen 100 años o más, que tienen una vieja estructura de pabellones que es muy difícil convertir en una estructura moderna». Además, consideró que si bien ASSE triplicó su presupuesto desde que se inició la reforma de la salud, «aún falta mucho dinero». Sobre los reclamos que ha hecho el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para que se efectúen cambios en el Fondo Nacional de Recursos (FNR), Muñiz sostuvo que «no es el momento» para llevar adelante una reestructura. La propuesta de los médicos nace de la ola de juicios a los que se enfrenta el FNR y a lo que la gremial considera un «conflicto de intereses», dado que el Fondo además de evaluar qué práctica o medicamento es eficaz para un paciente, al mismo tiempo es quien administra el dinero.

http://www.elpais.com.uy/informacion/entrevista-ministra-salud-susana-muniz.html

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Grietas en el control del Estado

UNAS 70 EMPRESAS ADMINISTRAN FONDOS PÚBLICOS QUE ESCAPAN AL CONTROL DEL TCR 

El Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna, la Junta Anticorrupción y la ley de Acceso a Información Pública son las bases del control estatal. Sin embargo, la administración de cientos de millones de fondos públicos escapa a sus ojos.

GONZALO TERRA dom ago 10 2014

El irregular proceso anterior y posterior al cierre de Pluna, el procesamiento del representante de los trabajadores en el directorio de ASSE por hechos de corrupción y el discutido criterio para aprobar el balance de Ancap con pérdidas millonarias, se instalaron en la campaña electoral y tienen un denominador común: debatir la eficiencia en el control de la gestión pública.

El Estado está dotado de herramientas de control pero no resultan del todo eficientes por aspectos que van desde lo presupuestal hasta el rango jerárquico, la ausencia de mecanismos sancionatorios o disposiciones, muchas de ellas adoptadas con consenso político, que permiten evadir auditorías, licitaciones o la obligación de informar.

La Junta Anticorrupción carece del personal y los recursos necesarios para ejercer su labor a cabalidad, el Tribunal de Cuentas es sistemáticamente ignorado, el acceso a la información pública sigue siendo deficiente e incluso burlado, pese a la ley y un proyecto de la Auditoría Interna de la Nación para reforzar controles que espera en un cajón desde hace tres años.

Rendir cuentas.

Esta semana el Tribunal de Cuentas abstuvo su opinión, por segundo año consecutivo, sobre el balance 2012 de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). En ese año la CND tuvo en cartera 148 fondos que implicaron una administración de 161.648.389 dólares. Los servicios técnicos del Tribunal sostienen que la documentación presentada por la CND no es lo suficientemente clara o completa para abrir opinión favorable o desfavorable. Lo mismo ocurrió en 2011.

Situación similar se dio con los estados contables de la textil Agolan, administrada por la CND y que ha sufrido millonarias pérdidas en los últimos años. En marzo, el Tribunal llamó la atención a la CND por lo que consideró «obstrucción» al acceso de información de los estados contables de la textil y hasta el momento no ha podido pronunciarse sobre su balance.

La CND administra decenas de millones de dólares que, en muchos casos, forman parte del presupuesto de organismos del Estado. De esa forma, esos recursos también quedan sometidos a controles más laxos dado que, a diferencia de lo que ocurre en la Administración Central, el Tribunal de Cuentas interviene en la CND cuando el procedimiento ya fue ejecutado. La única denuncia penal que el Tribunal de Cuentas presentó en su historia fue contra la Corporación y por el manejo de los fondos de la empresa Metzen y Sena por unos 4,5 millones de dólares.

Invisible.

El Tribunal de Cuentas advirtió oportunamente sobre los balances de Pluna y los contratos de tercerizados en ASSE, sin embargo, la mayoría de las veces sus dictámenes son inocuos dado que los ejecutores del gasto no los toman en cuenta y la Asamblea General los guarda en un cajón.

Varias fuentes del organismo consultadas por El País admitieron que el Tribunal va perdiendo incidencia en el control de la gestión pública: «Parecemos invisibles».

Un caso testigo fue el proyecto Antel Arena. El Tribunal lo observó y el ente siguió adelante. Pero es en la denominada «reiteración del gasto» donde queda en evidencia que la opinión del Tribunal carece de relevancia. Las fuentes consideraron que en los últimos años se produjo un «abuso» de la herramienta que la ley permite para casos excepcionales.

El balance del Tribunal correspondiente a 2012 (el ejercicio 2013 no está terminado) señala que fueron observados en ese período gastos por más de US$ 200 millones. En la mayoría de los casos el gasto se reitera y las argumentaciones fueron insuficientes. Son aislados los ejemplos en los que se demostró al Tribunal que estaba equivocado o se probaron razones de urgencia.

El 90% de los gastos de la Intendencia de Maldonado en este período terminó siendo observado, mientras que cada procedimiento del Ministerio de Desarrollo Social es motivo de discusión porque sistemáticamente se evaden las licitaciones y se opta por la compra directa por montos millonarios apelando a excepciones que el legislador introdujo en la ley y que el Tribunal no comparte.

Por otra parte, el propio presidente José Mujica y legisladores como el senador Sergio Abreu, han advertido sobre la proliferación de sociedades anónimas de derecho privado con participación del Estado en diferentes proporciones de su paquete accionario. A modo de ejemplo, Ancap participa en 21 sociedades de este tipo que carecen de control externo. Si bien no hay disponible un inventario sobre las mismas, se estima que son entre 60 y 70 las sociedades en todo el Estado que al año manejan cientos de millones de dólares provenientes de fondos públicos.

Otras formas de «huir» de los controles institucionales pasa por los sistemas de contratación. Por ejemplo, ASSE y otras dependencias utilizan para sus licitaciones la valoración de elementos subjetivos. Bajo el paraguas de «proyectos socio- educativos» que ofrecen capacitación para sus empleados, extremo que luego no se controla, se han adjudicado en el área de servicios en hospitales decenas de contratos a empresas que, sin embargo, si hubieran sido juzgadas por elementos objetivos como el precio, habrían sido descalificadas.

Otro sistema de contratación extendido y que también es sistemáticamente observado se denomina «donación modal», muy utilizado a nivel de las intendencias con cooperativas para tercerizar o privatizar tareas como la recolección de residuos, obras de pavimentación o el cuidado de parques.

Para el Tribunal, la donación modal no puede existir cuando lo que realmente hay es una transacción comercial con dinero a cambio de un servicio.

Las fuentes del Tribunal consideran que, lejos de mejorarse los controles, se han instalado mecanismos de gestión que los omiten.

Plan que lleva tres años en un cajón

En 2011 la Auditoría Interna de la Nación presentó un proyecto para instalar unidades en todos los ministerios con el objetivo de tener controles «más efectivos y periódicos».

El auditor interno de la Nación, Hugo Pose, dijo a El País que el proyecto tuvo un largo recorrido, pero desde hace algunas semanas se encuentra en la Oficina de Servicio Civil, donde cree que se convertirá en decreto en este período de gobierno. No obstante, recién podrá ponerse en práctica en el próximo dado que implica crear una nueva estructura en cada ministerio.

Según el proyecto, el objetivo de las Auditorías en cada ministerio es «ejercer la función de auditoría interna, con la finalidad de velar, promover y agregar valor a la gestión eficaz, eficiente, transparente y ajustada a las normas jurídicas, por parte del Inciso y del Estado en general».

Corrupción: sin recursos para mejorar prevención

El presidente de la Junta Anticorrupción, Luis Yarzábal, dijo a El País que la dependencia, creada en 1998 con el cometido de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, prepara una propuesta para que el organismo pueda recibir denuncias por parte de funcionarios públicos que son testigos de actos de corrupción. Indicó que se ha constatado, y está mal, que los casos primero son judicializados y la Administración recién actúa cuando la Justicia se pronuncia y procesa.

«La Junta Anticorrupción va a proponer ser receptora de denuncias que hoy solo reciben los juzgados. Es conveniente que exista un órgano para recibir todo aquello que no necesariamente es penal y que garantice confidencialidad y reserva al denunciante», indicó.

Yarzábal dijo que el organismo está concentrado en realizar capacitación de funcionarios para lograr instalar un mecanismo de prevención de la corrupción.

«Da resultados pero lamentablemente, por un problema presupuestal, no podemos generalizarlo. Es común que ni los propios funcionarios conozcan la normativa y los límites a los que están sometidos, y así se cometen muchos errores sin intención», consideró.

El 25 de marzo del año próximo la Junta organizará una evaluación de todo proceso preventivo de la corrupción. «Vamos a invitar al gobierno que esté instalándose para que tenga en cuenta la tarea y nos apoye para profundizarla», dijo.

http://www.elpais.com.uy/informacion/grietas-control-fondos-publicos-tcr.html

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Manejos turbios en cooperativas sin control oficial por falta de recursos

La Auditoría Interna de la Nación, encargada de estudiar las cuentas de cooperativas de consumo y de ahorro y crédito, alega que no tiene recursos para controlar

El Observador – Nicolás Delgado – 16.08.2014

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) no tiene recursos para controlar las cuentas y los balances de las cooperativas de consumo, que brindan servicios a sus afiliados, ni las de ahorro y crédito, que otorgan préstamo de dinero en efectivo, a pesar de que la ley le encarga esa tarea. 

Esta semana El Observador informó, en base a documentos a los que accedió, que los directores de la Cooperativa de Previsión Social (CPS) Jorge Roballo e Ismael Blanco aumentaron sus salarios $ 95 mil cada uno en 2013, a pesar de que la cooperativa tuvo un déficit anual de US$ 2 millones, como revela el balance presentado en la AIN.

Roballo y Blanco asesoraron a Jorge Alvariño, quien fuera interventor de la CPS entre 2009 y 2011. Concluida la intervención los tres resultaron electos para integrar la comisión directiva de la cooperativa. El año pasado la directiva le aprobó a Roballo y Blanco sueldos de $ 256 mil por mes. 

Roballo y Blanco integran, además, el consejo directivo de Cooprobien y trabajan en Cooperativa Bancaria, donde tienen fuero sindical. Roballo también es gerente de la Cooperativa Club Ancap, y Blanco, abogado de la Junta Departamental de Montevideo. Alvariño no recibe salario por cobrar la pensión reparatoria como víctima de la dictadura.

El auditor interno de la Nación, Hugo Pose, explicó a El Observador que el organismo no tiene potestad para determinar los sueldos de los directores de las cooperativas.

Tampoco tiene potestad para investigar el origen de sus fondos. Existe preocupación en el gobierno por el déficit que generan casi todas las cooperativas de consumo, el vínculo de algunas –como es el caso de CPS– con el mercado informal de préstamos de dinero, y su posible relación con el lavado de activos. 

“No tenemos la potestad para investigar el origen de los fondos ni el vínculo que puede existir entre los acreedores y los directores de la cooperativas”, agregó Pose.

La AIN cuenta desde 2011 con un equipo de control y prevención de lavado de activos integrado por cinco profesionales. Este equipo es el encargado de advertir al Banco Central sobre posibles maniobras de blanqueo. Pose advirtió que este equipo debe revisar los balances contables de 700 cooperativas y de las sociedades anónimas en actividad en el país. El auditor explicó que hay pocas manos y ojos para tanto trabajo. 

La revisión de la AIN se limita a constatar que la cooperativa no esté en situación de liquidación y que cumpla con los principios corporativos que establece la ley de cooperativas aprobada en 2008.

A la falta de recursos humanos se agrega un vacío legal. Aún no está establecida la sanción económica que deben recibir las cooperativas en caso de no presentar sus ejercicios anuales. Están obligadas a rendir cuentas, pero si no lo hacen, no hay multa.

Intervenciones
La AIN tiene la potestad de pedirle a la Justicia la intervención de una cooperativa en caso de detectar irregularidades.

Sucedió en 2004 y 2008 con la CPS y en 2013 con la Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (Cossac), dirigida por Julio César Talamás, el peluquero excandidato a diputado del Partido Colorado que confiaba en “la fuerza del adulto mayor”. 

En julio de 2004, la Auditoría solicitó intervenir la CPS para auditar los estados contables frente a un déficit de US$ 10 millones. Una de las irregularidades constatadas fue que la cooperativa prestaba dinero a través de Cooprobien, aunque la ley se lo prohibía.

Hoy la cooperativa sigue prestando dinero por convenio con Cossac. A su vez, Cooprobien presta dinero en el mismo local que la CPS.

El auditor interno dijo que cuando la CPS presente en los próximos meses el balance anual 2014,  analizará “qué es lo que pasa con los créditos cruzados” entre ambas cooperativas, una de consumo y otra de ahorro y crédito. 

Hoy, además de compartir domicilio, CPS y Cooprobien comparten parte del consejo directivo.

En 2008, la Auditoría solicitó otra intervención de la CPS porque “a lo largo de un período prolongado habría tomado préstamos del mercado informal” y mantenía “una fuerte dependencia financiera” con allegados a Sergio Hermida, contratista deportivo y prestamista, procesado en junio de este año por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

A su vez, se intervino Cossac tras constatar que “la actuación de los integrantes del consejo directivo y la comisión fiscal ha vulnerado una serie de normas legales y estatutarias así como principios cooperativos que denotarían un actuar muy poco diligente en la administración de los negocios de la entidad cooperativa que dirigen”, advirtió la AIN.

Laura Remersaro, exauditora de la nación, explicó a Brecha en agosto del año pasado que “Talamás surgía como dueño. Él vivía de la cooperativa, lo que va en contra de los principios cooperativos, porque entonces sería un funcionario. Básicamente lo que se veía era que comandaba a la cooperativa como si fuera su negocio particular”.

Pose advirtió que “a excepción de una, todas las cooperativas de consumo dan déficit”. La Federación de Cooperativas de Consumo, integrada por directores de las cooperativas, trabaja para encontrar una solución, agregó.

Nuevo organismo fiscalizador
El Banco Central y la Secretaría Antilavado de Activos, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, están elaborando un diagnóstico de la situación general del sistema, que incluye una evaluación de la AIN. El informe será presentado en diciembre.

Ante las limitaciones de la AIN, los evaluadores estudian la posibilidad de crear un nuevo organismo que tenga a su cargo la fiscalización de las cooperativas, informaron fuentes del gobierno a El Observador. Es que el escaso control ejercido por la AIN no cumple con las nuevas exigencias planteadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos.

La próxima evaluación del GAFI será en 2016 y una mala nota provocaría desprestigio financiero y repercutiría en la captación de inversiones. 

Por eso, el grupo evaluador pretende que las modificaciones propuestas en el sistema sean aplicadas por el próximo gobierno que asumirá en marzo de 2015.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/285665/manejos-turbios-en-cooperativas-sin-control-oficial-por-falta-de-recursos-/

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1 comentario en “Burocracia en la Administración Estatal; habría que reformular todos los Procedimientos de Control como también las Instituciones específicas a ese fin. Seguro perdemos más dinero con este tipo de control.

  1. Viviana

    los trabajadores de cooperativas estamos cansados de que la ley de las cooperativas carezca de las minimas exigencias para que no pase lo de Cossac, a niveles menos groseros sigue pasando en la mayorìa este tipo de situaciones, sueldos exhorbitantes de los directivos, que a su vez son demasiados y su ineficacia para hacer funcionar las mismas redunda en la posible perdida de los puestos de trabajo.
    Viàticos exagerados, pagos a comisiones, comida, nafta, y otros gastos que son metidos en los rubros que no se definen claramente, obviamente la auditorìa no puede y carece de potestades para controlar y fiscalizar lo que hace que sea un nicho de abuso de unos pocos en desmedro del verdadero cooperativismo, en fin los que trabajan y los socios se ven perjudicados, de a poco gracias a las denuncias hechas por trabajadores se van conociendo los casos y han llegado a la justicia, con las consecuencias que ya vimos, seguimos trabajando para que la sociedad este al tanto de esta realidad y que se termine de una vez por todas este problema instalado en varias cooperativas.

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