¿Qué condiciones debe cumplir una persona para acceder al derecho de tener un Defensor de Oficio? Exoneración de Timbres Judiciales y Profesionales para Población carenciada.


En una nota de hace pocos días, se dijo que para tener el derecho no hay que tener ingresos superiores a $ 18.000 pesos; si vamos a la información que presenta el MIDES, dice que no puede tener ingresos superiores a 3 BPC y si es casada no más de 5 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones). Veamos si puedo explicar de dónde surgen esos valores.

Nota en el diario El País:

¿Qué ingresos tiene que tener una persona para ser atendida por un defensor de oficio?

Las personas que son atendidas por defensores no tienen recursos. Sus ingresos no puede superar los $ 18.000 Deben completar una declaración jurada que toma en cuenta ingresos, alquiler y si tienen personas mayores o niños a cargo. En penal, violencia doméstica y menores infractores, la asistencia se le brinda siempre en primera instancia.

http://www.elpais.com.uy/informacion/mayoria-defensores-oficio-mas-que.html

Información del MIDES:

Defensorías de Oficio según MIDES 09 2013

Condiciones para acceder a la Defensoría de Oficio

En resumen, una persona soltera; podría acceder a este beneficio si tiene ingresos menores a $ 7.794 por mes ( y entiendo que son ingresos nominales ); si es casado, no tiene bienes y con familiares a cargo; acceden al derecho si tienen ingresos menores a $ 12.990 por mes; y además paga un alquiler, no cualquiera, sino uno superior a 10 UR, ese monto puede llegar a $ 18.186; y si tiene hijos a cargo, podría llegar a tener ingresos por $ 20.784 para llegar a tener el derecho a la Defensoría de Oficio.

Saludos, Cr. Darío Abilleira

sigue material de interés

AUXILIATORIA de POBREZA

El Código General del Proceso:

ARTÍCULO 89. (Notificación por edictos).– En los casos en que, correspondiendo notificar a domicilio, se tratare de persona indeterminada o incierta o cuyo domicilio no se conociere, la notificación se cumplirá por edictos publicados en el Diario Oficial y otro periódico de la localidad, durante diez días hábiles y continuos. La publicación en ese otro periódico podrá sustituirse por la inclusión en la red informática del Poder Judicial, en la forma que determine la reglamentación.

Si el interesado gozara de auxiliatoria de pobreza o fuera patrocinado por la Defensoría de Oficio del Poder Judicial o por los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho de las universidades o institutos universitarios reconocidos, el tribunal podrá disponer que la publicación se efectúe solamente en el Diario Oficial si no se obtuviere la publicación gratuita en el otro periódico o en la red informática del Poder Judicial, circunstancia que se acreditará con la declaración jurada del interesado.

La publicación se justificará por constancia de la Oficina Actuaria que la extenderá previa exhibición de los ejemplares de la primera y de la última publicación.

Podrá ordenarse, también, la propalación radial o televisiva o la publicación en otros periódicos conforme con la reglamentación que al efecto se dicte.

La notificación se entenderá cumplida el día de la última publicación o propalación.

Ley 16134 – Impuestos Judiciales

Artículo 93.- Estarán eximidos de los tributos establecidos:

1) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial.
2) Las personas físicas o jurídicas que disfruten de auxiliatoria de pobreza.
3) Los que gestionen la auxiliatoria de pobreza y los que interpongan el recurso de «habeas corpus» sin perjuicio de la resolución definitiva, podrán actuar en el juicio principal sin pagar los tributos que establece la presente Ley, siempre que sea indispensable, en opinión del Juez, para la conservación de su derecho. En los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria la auxiliatoria de pobreza será otorgada en todos los casos en que el interesado pruebe que sus recursos son inferiores a dos salarios mínimos nacionales. En los demás casos el Juez apreciará los recursos del solicitante en relación al tributo que corresponda.
4) Los que promuevan acción por alimentos, «litis expensas» o acción de amparo, sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan.
5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen exista reciprocidad para con la República respecto a la liberación de tributos judiciales y los que se cursen en materia penal.

En los asuntos de competencia de los Juzgados de Menores y de Familia, los Tribunales y Jueces podrán conceder exenciones sin perjuicio de las condenaciones y reintegros que se dispongan.

Estas exenciones son revocables de oficio.

La concesión o revocación de este beneficio solamente admite recurso de reposición.

La voluntad del Legislador es clara y manifiesta al establecer la exoneración del  precio que se paga por la publicación de edictos en el Diario Oficial, a los habitantes cuyos trámites son gestionados por los  Consultorios referidos en la Ley Nº 18078. No aplicar la mencionada disposición es trastocar la efectiva aplicación de un  derecho reconocido por el legislador.

La Ley no se ha aplicado por falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo; no obstante, según lo establecido en los arts. 7, 72 y especialmente el 332 de la Constitución,  preceptúa que la misma no debe dejar de aplicarse por falta de reglamentación.

Dicha Ley, que presume la situación de pobreza de quienes se asisten en los Consultorios Jurídicos en forma gratuita y siendo que este trámite está patrocinado por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, cumpliendo con el requisito de la declaración jurada que se adjunta, debería obtener por imperativo legal todas las exoneraciones referidas.

Decreto N° 674/979

Promulgación : 20/11/1979                         Publicación : 14/12/1979

Visto: la necesidad de reglamentar la asistencia que en materia jurídica estan las distintas Defensorías de Oficio.

Considerando: I) Que en la actualidad no existe un criterio que determine el derecho de asistencia a las personas que concurren a las Defensorías de Oficio, causa por la cual pueden verse beneficiadas por dicho servicio personas que por su condición económica se encuentra capacitadas para contratar los servicios profesionales de un defensor particular y cuya concurrencia a las Defensorías recarga las tareas por ellas cumplidas en desmedro de la asistencia de aquellos que careciendo de medios económicos para contratar asistencia jurídica, deberían ser los únicos beneficiarios del servicio;

II) Que con el presente acto administrativo se ha querido establecer un criterio económico flexible que permita seleccionar a los beneficiarios del servicio utilizando a tales efectos el salario mínimo nacional y la Unidad Reajustable, con el objeto que la adecuación entre la capacidad económica del beneficiario y la prestación del servicio, se realice en el futuro en forma automática sin necesidad de nuevas correcciones;

III) Que se ha recurrido a un criterio uniforme para la selección de los beneficiarios de la asistencia de las distintas Defensorías con exclusión de los casos en que razones de índole social o moral aconsejan la inmediata intervención de alguna de ellas; o cuando normas legales vigentes así lo determinan. A los efectos de no retardar las prestación del servicio por parte de las Defensorías, se ha previsto que la persona que solicita la asistencia de las mismas realice una declaración jurada de sus recursos económicos en el momento de requerir el servicio, dando lugar a la falsa declaración a las acciones penales correspondientes;

IV) Que por último es del caso señalar que para la estructuración del presente acto administrativo se requirió, previo a su elaboración, la opinión de las distintas Defensorías y redactando el mismo, se sometió a consideración del Director General de Defensorías de Oficio y del Defensor en lo Contencioso Administrativo.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispones el artículo 181, inciso 6 de la Constitución de la República,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1 Las Defensorías de Oficio en lo Civil, Criminal, Laboral, Menores y en lo Contencioso Administrativo, asistirán a todas las personas que requieran sus servicios, que siendo de estado civil solteras, carezcan de bienes de fortuna, no tengan familiares a su cargo y cuyos ingresos mensuales no superen dos salarios mínimos nacionales.

Artículo 2 Si el requirente es de estado civil casado o tiene obligaciones familiares a su cargo y siempre que carezca de bienes de fortuna será atendido si sus ingresos mensuales no superan los tres salarios mínimos nacionales, este tope podrá ser aumentado en medio salario mínimo nacional cuando el requirente abone un arrendamiento superior al valor de 10 Unidades Reajustables o en su núcleo familiar figuren más de dos hijos menores de edad, pudiéndose llegar hasta un salario mínimo más en casos excepcionales.

Artículo 3 No podrán ser tramitados por las Defensorías de Oficio en lo Civil las sucesiones o disoluciones de sociedad conyugal, cuando existan en el patrimonio bienes – sean estos muebles o inmuebles – cuyo valor real supere las 200 Unidades Reajustables o que los interesados tengan un ingreso mayor que el establecido en los artículos 1 y 2.

Artículo 4 La presente reglamentación se aplicará sin perjuicio de lo establecido en los artículos 308 del Código de Procedimiento Civil; 156, inciso 2 del Código de Instrucción Criminal y normas análogas.

Artículo 5 En el momento de solicitar la asistencia de las Defensorías de Oficio los interesados deberán efectuar una declaración jurada de sus recursos económicos.

La falsa declaración dará lugar a las acciones penales correspondientes.

Artículo 6 La presente reglamentación no será aplicable en los casos en que razones de índole social o moral aconsejen la intervención inmediata de alguna de las Defensorías. La resolución respondiendo o negando la asistencia corresponderá al Director General de Defensorías de Oficio, a excepción de la Defensoría de Oficio en lo Contencioso Administrativo en que la resolución corresponderá al Defensor.

Artículo 7 Publíquese, etc.

MENDEZ – FERNANDO BAYARDO BENGOA

Acordada Suprema Corte de Justicia N° 7414

Fecha de Publicación: 12/03/2001

Determínanse los criterios económicos que permiten seleccionar a las  personas que pueden verse beneficiadas por los servicios que prestan las  Defensorías de Oficio que se determinan, de modo de asegurar el acceso a la justicia de los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

Montevideo, a cinco de marzo de dos mil uno, estando en audiencia la  Suprema Corte de Justicia integrada por los Señores Ministros doctores don Milton H. Cairoli Martínez -Presidente-, don Raúl Alonso De Marco, don Juan Mariño Chiarlone, don Gervasio Guillot Martínez y don Roberto José Parga Lista, con la asistencia de su Secretaria Letrada, doctora  Martha B. Chao de Inchausti.

DIJO:                                  

Advertida la Corporación de la necesidad de modificar lo dispuesto por el  Decreto 674/79, homologado por Acordada Nº 6850 de fecha 2 de abril de  1986, comunicada por Circular Nº 13, en lo que refiere a los criterios  económicos que permiten seleccionar a las personas que pueden verse  beneficiadas por los servicios que prestan las Defensorías de Oficio en  lo Civil, Criminal, Laboral, Familia, Menores y en lo Contencioso  Administrativo, de modo de asegurar el acceso a la justicia de los  sectores más carenciados de nuestra sociedad;

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA                      

RESUELVE:  Modifícase la Acordada Nº 6850 de fecha 2 de abril de 1986 en lo referente a la asistencia en materia jurídica en las Defensorías de Oficio (Decreto 674/79), la que quedará redactada de la siguiente forma:

Artículo 1.- Las Defensorías de Oficio en lo Civil, Penal, Laboral, Familia, Menores y en lo Contencioso Administrativo, asistirán a todas las personas que requieran sus servicios, que siendo de estado civil  solteras, carezcan de bienes de fortuna, no tengan familiares a su cargo, y cuyos ingresos mensuales no superen tres salarios mínimos nacionales.

Artículo 2.- Si el requirente es de estado civil casado o tiene obligaciones familiares a su cargo y siempre que carezca de bienes de fortuna será atendido si sus ingresos mensuales no superan los cinco salarios mínimos nacionales. Este tope podrá ser aumentado en dos salarios mínimos nacionales cuando el requirente abone un arrendamiento superior al valor de 10 Unidades Reajustables o en su núcleo familiar figuren más de dos hijos menores de edad, pudiéndose llegar hasta un salario mínimo más en casos excepcionales.

Artículo 3.- No podrán ser tramitadas por las Defensorías de Oficio las sucesiones o disoluciones de sociedad conyugal cuando existan en el patrimonio bienes -sean éstos muebles o inmuebles- cuyo valor real en conjunto supere las 200 Unidades Reajustables o los interesados tengan un ingreso mayor que el establecido en los artículos precedentes. A dichos efectos se tendrá en cuenta el valor de la cuota ava parte de los bienes que le corresponde al requirente de los servicios de la Defensoría. Se exceptúan de la presente prohibición las sucesiones cuyo único patrimonio consista en un bien inmueble que constituya la única vivienda del requirente, en las condiciones de los artículos anteriores, y cuyo valor real no supere las 300 Unidades Reajustables.

Artículo 4.- La presente reglamentación se aplicará sin perjuicio de lo establecido en los artículos 127 del Código General del Proceso y 78 y 126 del Código del Proceso Penal y normas análogas.

Artículo 5.- En el momento de solicitar la asistencia de las Defensorías de Oficio los interesados deberán efectuar una declaración jurada de sus recursos económicos. La falsa declaración dará lugar a las sanciones penales pertinentes.

Artículo 6.- La presente reglamentación no será aplicable en los casos en que razones de índole social o moral aconsejen la intervención inmediata de alguna de las Defensorías. La resolución disponiendo o negando la asistencia corresponderá a los Directores de las Defensorías de Oficio, quienes deberán dar cuenta a los jerarcas respectivos.

Comuníquese, circúlese y publíquese.

DR. MILTON H. CAIROLI MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; DR. RAUL ALONSO DE MARCO, MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; DR. JUAN M. MARIÑO CHIARLONE, MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; DR. GERVASIO E. GUILLOT MARTINEZ, MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; DR. ROBERTO PARGA LISTA, MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; DRA. MARTHA B. CHAO DE INCHAUSTI, SECRETARIA LETRADA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

…///

Publicada D.O. 29 dic/006 – Nº 27150

Ley Nº 18.078

CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS

EXONÉRASE DE TIMBRES JUDICIALES Y PROFESIONALES, DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES A LOS EDICTOS QUE DEBAN PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


Artículo 1º. Exoneraciones.- Exonérase de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

Asimismo, exonérase de las tasas correspondientes a los edictos judiciales que obligatoriamente deban ser publicados en el Diario Oficial, así como de las correspondientes a las inscripciones que deban efectuarse en el Registro de Actos Personales, derivados de los juicios a que refiere el inciso anterior.

Artículo 2º. Requisitos.- El Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deberán cumplirse para acceder a las exoneraciones dispuestas en el artículo precedente.

Artículo 3º. Incumplimento.- Dichas exoneraciones quedarán supeditadas al cumplimiento de las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Las mismas podrán ser revocadas en cualquier momento, cuando se constate el incumplimento de alguno de los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación o cualquier otro apartamiento a las disposiciones vigentes.

Artículo 4º. Sanciones.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 95 (contravención) y 96 (defraudación) del Código Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 5º. Vigencia.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de la publicación de su reglamentación.

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de diciembre de 2006.

JULIO CARDOZO FERREIRA,
Presidente.
Marti Dalgalarrondo Añón,
Secretario.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Montevideo, 19 de diciembre de 2006.

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 1346 de 2006
Repartido Nº 806
Octubre de 2006

JUICIOS TRAMITADOS POR CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS

Se exonera de tributos a aquéllos que atiendan poblaciones carenciadas y se gestionen
a través de determinadas instituciones sin fines de lucro


PODER EJECUTIVO
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 6 de febrero de 2006.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir el adjunto proyecto de ley por el que la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, solicita la exoneración de tributos en los juicios que se atienden en los Consultorios Jurídicos de la Comuna Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

——

La Intendencia Municipal de Montevideo ha expresado que desde el año 1996 su Secretaría de la Mujer desarrolla el Programa Comuna Mujer en las Zonas números 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 y 18 de Montevideo.

En el marco de ese Programa, se brinda atención psicosocial y asistencia jurídica gratuitas a mujeres en los temas de familia (divorcio, tenencia de menores, pérdida de patria potestad, pensión alimenticia), violencia doméstica, desalojos, lanzamientos, etcétera.

Se trata de mujeres que concurren a estos consultorios jurídicos barriales ubicados en Carrasco Norte, Piedras Blancas, Cerrito de la Victoria, Colón, Cerro y Paso de la Arena, cuya condición económica es muy humilde, lo que hace inviable que puedan concurrir a las Defensorías del Poder Judicial debido a la imposibilidad de pagar el transporte hasta la zona Centro o Ciudad Vieja, en otros casos, cuando trabajan, la pérdida de jornales que les acarrea dicho desplazamiento que obviamente deben realizar varias veces mientras se tramitan los procesos judiciales.

Estas usuarias tienen gran dificultad para abonar los timbres judiciales y profesionales, las tasas de los edictos judiciales y las de inscripción de documentos en el Registro de Actos Personales de la Dirección General de Registros Públicos.

Para una mejor ilustración, se expresa que un escrito de divorcio requiere una suma aproximada de $ 900,00 (pesos uruguayos novecientos) para timbres, que las publicaciones de edictos significan una suma del orden de $ 3.000,00 (pesos uruguayos tres mil) y que la tasa del Registro de Actos Personales es actualmente de $ 774,00 (pesos uruguayos setecientos setenta y cuatro).

Consideramos que es de justicia la exoneración solicitada por la Intendencia Municipal de Montevideo, y que la misma debe también alcanzar los asuntos tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, siempre que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro, mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

En el proyecto de ley que se remite se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará lo relativo a los requisitos para acceder a la exoneración, así como las sanciones para el caso de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
DANILO ASTORI

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. Exoneraciones.- Exonérase de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

Asimismo, exonérase de las tasas correspondientes a los edictos judiciales que obligatoriamente deban ser publicados en el Diario Oficial, así como de las correspondientes a las inscripciones que deban efectuarse en el Registro de Actos Personales, derivados de los juicios a que refiere el inciso anterior.

Artículo 2º. Requisitos.- El Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deberán cumplirse para acceder a las exoneraciones dispuestas en el artículo precedente.

Artículo 3º. Incumplimento.- Dichas exoneraciones quedarán supeditadas al cumplimiento de las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Los organismos recaudadores podrán revocar dicha exoneración en cualquier momento, cuando se constante el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación o cualquier otro apartamiento a las disposiciones vigentes.

Artículo 4º. Sanciones.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 95 (contravención) y 96 (defraudación) del Código Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 5º. Vigencia.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de la publicación de su reglamentación.

Montevideo, 6 de febrero de 2006.

DANILO ASTORI

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. Exoneraciones.- Exonérase de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

Asimismo, exonérase de las tasas correspondientes a los edictos judiciales que obligatoriamente deban ser publicados en el Diario Oficial, así como de las correspondientes a las inscripciones que deban efectuarse en el Registro de Actos Personales, derivados de los juicios a que refiere el inciso anterior.

Artículo 2º. Requisitos.- El Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deberán cumplirse para acceder a las exoneraciones dispuestas en el artículo precedente.

Artículo 3º. Incumplimento.- Dichas exoneraciones quedarán supeditadas al cumplimiento de las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Las mismas podrán ser revocadas en cualquier momento, cuando se constate el incumplimento de alguno de los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación o cualquier otro apartamiento a las disposiciones vigentes.

Artículo 4º. Sanciones.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 95 (contravención) y 96 (defraudación) del Código Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 5º. Vigencia.- La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de la publicación de su reglamentación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de octubre de 2006.

Hugo Rodríguez Filippini
Secretario
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
Presidente

1 comentario en “¿Qué condiciones debe cumplir una persona para acceder al derecho de tener un Defensor de Oficio? Exoneración de Timbres Judiciales y Profesionales para Población carenciada.

  1. Alejandro Fernandez

    Estimado Cr. muy claro y amplio el artículo, me aportó información útil.
    Ahora bien tengo una consulta, una persona con el beneficio de Auxiliatoria de Pobreza puede eximirse de presentar contracautela ante una solicitud de medida cautelar ?
    quedo muy agradecido por todo, saludos !

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