Afrodescendientes. Acciones Afirmativas: son medidas que otorgan un tratamiento preferencial a personas de un colectivo que por diferentes razones fueron discriminados


Mides calificó de «histórico» proyecto sobre empleo para afrodescendientes

NORMATIVA ESTABLECE EL 8% DE LAS VACANTES DE LOS LLAMADOS ESTATALES

Por unanimidad se votó en Cámara de Diputados el proyecto que trata sobre el empleo de personas afrodescendientes sobre todo en puestos públicos. Jerarca del Mides, destacó también el reconocimiento histórico de la trata esclavista hacia las personas de descendencia afro.

El País – jue ago 8 2013 18:26

“Dispóngase el 8% las vacantes laborales del Estado para las personas afrodescendientes”, así lo establece el artículo 4° de la Ley de Acciones Afirmativas, uno de los principales puntos que trata la normativa, que fue votada por unanimidad hoy en la Cámara de Diputados.

El director de la Asesoría Macro en Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, calificó la votación de este jueves como algo “histórico porque se legitima las acciones afirmativas como un instrumento de política pública y también de políticas sociales en este país”. También destacó el hecho que haya salido por unanimidad el proyecto.

Según subrayó Scagliola, el proyecto tiene una parte declarativa donde asume que la trata esclavista del siglo XIX fue un crimen de lesa humanidad en concordancia con los distintos instrumentos internacionales de los derechos humanos. A partir de ahí, “se desarrolla una serie de propuestas de acciones afirmativas que son acciones que se toman con un plazo de 15 años y que se van a ir evaluando cada cinco años”.

Estas tienen que ver con una cuota mínima de ingreso al estado de 8% de los llamados que se realicen, cuota para promover participación de afrodescendientes en cursos de formación, modifica ley de inversiones para introducir un incentivo mayor para los empresarios que en ellas contraten trabajadores afrodescendientes y finalmente establece que los distintos sistemas de becas tanto de secundaria como educación terciaria deberán incorporar cuotas para la población afro.

Scagliola dividió el proyecto en tres puntos fundamentales: la legitimación de las acciones afirmativas, reconocimiento histórico de la trata esclavista y el conjunto de acciones “que tendremos que poner en marcha ahora desde la conducción que integran el Mides, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y Cultura”.

La Ley de Acciones Afirmativas establece mínimos y no topes: “Si no existiera discriminación en Uruguay y en el Estado se reflejara las proporciones de la población en general. Debería haber un 8% de afrodescendientes. Sin embargo, es notorio que en algunos espacios del estado esto no es así. Mucho menos, en los lugares de responsabilidad”.

El jerarca del Mides reflexionó que hoy no hay ningún tipo de medida similar. “Lo que uno registra es que a nivel del Estado, se puede encontrar personas afrodescendientes en los cargos de servicios o en más bajos reproduciendo esa pauta que también se da en el mercado privado, que se insertan básicamente en el servicio domestico y en las tareas manuales tipo construcción y mal remuneradas”.

Las políticas sociales “han impactado en la población afrodescendiente porque es la que más sufre tanto la pobreza como la indigencia. Esta ley introduce una nueva perspectiva que es las acciones afirmativas para nosotros va a ser sin lugar a dudas en este año y medio de gestión será el centro de acción y trabajo”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/votacion-acciones-afirmativas-considerada-historica.html

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AFRODESCENDIENTES

Normas para favorecer su participación en las áreas
educativa y laboral


PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Objeto de la ley).- La presente ley se funda en la necesidad del reconocimiento que la población afrodescendiente de nuestro país ha sido históricamente -desde los tiempos de la trata esclavista- víctima de discriminación racial y de estigmatización social; por lo que se entiende pertinente disponer acciones afirmativas que contribuyan a garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos de todos los habitantes de la República.

Artículo 2º. (Definición de acciones afirmativas).- Se entiende por acciones afirmativas a aquellas medidas que otorgan un tratamiento preferencial a las personas pertenecientes a un colectivo o grupo social que por diferentes razones ha sido discriminado; dichas medidas se dirigen a contribuir a la eliminación de los efectos de tales prácticas discriminatorias, propendiendo a lograr una sociedad más justa y equitativa.

Artículo 3º.- Dispóngase el 10% (diez por ciento) de las vacantes laborales del Estado para personas afrodescendientes con demostrada idoneidad, para lo cual se atenderán adecuadamente los procesos de formación y capacitación destinados a la población objetivo de la presente ley.

Artículo 4º.- Agrégase al tercer inciso del artículo 11 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, el siguiente literal:

«g)

Incorporen en la plantilla de la empresa personal afrodescendiente.
  Los proyectos de inversión declarados promovidos, computarán el incremento de dicho personal por una vez y media a los efectos de los beneficios a otorgar a la promoción del empleo».

Artículo 5º.- Impúlsese desde el Estado, un sistema de cuotificación de las becas de ayuda económica en las diferentes etapas del ciclo educativo formal (educación inicial y primaria, educación media y terciaria), con atención preferencial hacia jóvenes afrodescendientes.

Artículo 6º.- Incorpórese a la currícula de Educación Primaria y Educación Secundaria nacional, la historia de los afrodescendientes en el Uruguay y su participación en los procesos más destacados de nuestra Nación.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, solicitando opinión a los actores vinculados a la colectividad afrodescendiente.

Montevideo, 6 de diciembre de 2011.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Año Internacional de los Afrodescendientes, declarado por la ONU, se renovó un fuerte compromiso entre los países de América Latina para impulsar políticas públicas a favor de personas de origen afro.

Hay países que se hallan a la vanguardia en materia de legislación a favor de los afrodescendientes, como lo demuestra la publicación «Compendio normativo regional afrodescendiente de América Latina». En un cuadro comparativo en base a legislaciones favorables a la población afrodescendiente y políticas antidiscriminatorias, este trabajo coloca a Brasil, Colombia y Ecuador en los tres primeros lugares, en tanto que Uruguay se ubica en los últimos puestos, ya que solo cuenta con legislación antidiscriminatoria pero no tiene una ley que atienda la situación de vulnerabilidad de las personas afrodescendientes. Nuestro país solo se encuentra más adelante que Chile y El Salvador, quienes cierran el ranking como países sin leyes antidiscriminatorias ni normativa a favor de las personas afrodescendientes.

Atento a la sensibilidad que genera este tema y en el marco de la conmemoración internacional, durante este año se han celebrado diferentes instancias para abordar la temática. A nivel de la ONU y de la OEA, a principios de año se celebraron sendos encuentros temáticos, con el fin de analizar la coyuntura internacional.

En relación a Uruguay se reconocen avances hacia la igualdad de oportunidades, pero se advierte por la lentitud del cambio y la ausencia de políticas públicas focalizadas a este colectivo.

Los afrodescendientes representan aproximadamente el 10% de la población uruguaya, según las estadísticas oficiales más recientes.

A pesar de la existencia de la Ley Nº 17.817 de lucha contra el racismo y la xenofobia, la población afro es discriminada y se cuenta con cifras que muestran claramente esta realidad.

Basta con decir que la mitad de los niños pobres uruguayos vive en hogares de afrodescendientes y que la proporción de pobres en la población afrodescendiente duplica al resto, tendencia que se agrava al considerar la indigencia. Recientemente el Ministerio de Trabajo divulgó otras estadísticas preocupantes: los afrodescendientes sufren un rechazo del 70% en el mercado de empleo y la mayoría de las mujeres que trabajan como domésticas en nuestro país pertenecen a este colectivo (causa directa de procesos educativos fallidos).

Es un problema social que debe ser atendido sin más aplazamientos, promoviendo desde el Estado acciones inclusivas para incorporar definitivamente a este colectivo a nuestra vida en sociedad. Este planteo, en definitiva, recoge insistentes demandas de organizaciones afrodescendientes.

Contamos con suficientes diagnósticos y es momento de plasmar en los hechos una serie de políticas de Estado para revertir esta situación.

Consideramos oportuno que desde el Parlamento se apruebe una ley en el marco de lo que se denomina acciones afirmativas, con un conjunto de normas que favorezcan la participación de los afrodescendientes, principalmente en las áreas educativa y laboral.

Los criterios de equidad suponen tratar diferente a quienes necesitan cosas diferentes. Está demostrado que el sistema por sí solo no corrige algunas inequidades y es entonces que se requiere la intervención del Estado, para ayudar a los sectores más vulnerables que no pueden salir de la pobreza estructural sin asistencia directa.

Las estadísticas dicen que el cuello de botella para este colectivo es el tercer año liceal; muy pocos pasan a cuarto año, la mayoría queda afuera del bachillerato y constituyen una ínfima minoría los estudiantes de origen afro que acceden a la Universidad.

En lo laboral, ocupan los empleos menos calificados, percibiendo los sueldos más sumergidos.

Pensamos que así como se aprobaron otras leyes en salvaguarda de intereses de sectores vulnerables, justo sería aprobar un conjunto de normas para el caso de los afrodescendientes, por la realidad antedicha.

En definitiva, creemos que con este proyecto estamos contribuyendo decididamente a un cambio positivo, tendiente a la equidad racial y a la justicia social.

A su vez, en cierta forma constituye una reivindicación histórica que Uruguay asume en el marco de sus 200 años.

Legislar en este sentido también es, en última instancia, una aceptación del Estado uruguayo por su responsabilidad en la construcción histórica de la discriminación racial, cuyos alcances aún perduran.

Montevideo, 6 de diciembre de 2011.

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 (Ocupa la Presidencia ad‑hoc el señor Senador Lorier.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 20 minutos.)

En primer lugar, en nombre de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión saludamos a la delegación hoy aquí presente, que es muy numerosa, marcando un récord en este sentido, pero bienvenida sea esa participación.

El motivo de su concurrencia es tratar el proyecto de ley sobre afrodescendientes, en el cual se establecen normas que favorecen su participación en las áreas educativa y laboral.

Previamente, queremos aclararles que estamos iniciando la sesión con un Presidente ad‑hoc, que es quien habla, porque el de esta Comisión, el señor Senador Da Rosa, viene en camino; una vez que llegue, será quien asuma esta tarea. Hacemos esta aclaración porque disponemos de una determinada cantidad de tiempo para sesionar e, incluso, hay otra delegación también agendada para el día de hoy. Al respecto, no queremos marcar un tiempo porque no es una cosa simpática hacerlo, pero con el fin de que la reunión sea más productiva les vamos a solicitar -dado que no sabemos cuánto es lo que van a exponer- que ustedes mismos regulen la posibilidad de que esto tenga un desarrollo todo lo extenso que deba ser, de acuerdo con la profundidad del tema, pero que a la vez sea lo más sintético posible.

Les cedemos la palabra a los representantes de la delegación de la Casa de la Cultura Afrouruguaya.

SEÑOR ORTUÑO.- Muchas gracias, señor Presidente y demás señores Senadores integrantes de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Para nosotros es un gusto poder participar en este ámbito tan importante y por un proyecto de ley que consideramos de tanta significación. El agradecimiento es en nombre de la Casa de la Cultura Afrouruguaya y de las organizaciones y referentes del colectivo afrodescendiente que están aquí presentes.

Como ustedes saben, la Casa de la Cultura Afrouruguaya tiene como objetivo la valoración y difusión de la cultura afrouruguaya en sus distintas manifestaciones, pero también el fomento de la equidad racial y la promoción de valores superadores de cualquier forma de discriminación, en particular del racismo, y está concebida como un espacio de encuentro de la comunidad y, por tanto, con participación de las distintas organizaciones y referentes.

A partir de la invitación que nos cursó el señor Presidente de la Comisión y en la medida en que se planteaba en forma particular, nos pareció oportuno extender esta invitación a las distintas organizaciones que han participado en el ámbito de la Casa de la Cultura Afrouruguaya e, incluso, con mayor amplitud a organizaciones y referentes que han participado del proceso de coordinación para la promoción de la implementación de políticas de equidad racial. Ha sido un proceso amplio y participativo que se cristalizó, de alguna manera, en la presentación de un proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes que esta delegación, quizás un poco plural, numerosa, trata de mostrar. Así que también vaya el reconocimiento al señor Diputado Felipe Carballo, impulsor y promotor de este proyecto de ley.

En primer lugar, sobre el proyecto queremos decir, con mucha claridad, que creemos que es oportuno y conveniente; estamos convencidos de que para lograr una sociedad justa, con igualdad de oportunidades y de ejercicio de derechos, un país tiene que desplegar políticas de desarrollo que generen mejores oportunidades de vida para la población, empleo e ingresos.

Al mismo tiempo, se necesita la implementación de políticas sociales universales en áreas como educación, salud y protección social, sobre todo en un país como el nuestro que tiene un Banco de Previsión Social tan importante, que ha dado atención particular a ciertos sectores que se encuentran en situación de pobreza por medio de los planes de equidad o el Panes. Por nuestra parte, consideramos oportuno y necesario el desarrollo de políticas públicas focalizadas, que atiendan a algunos sectores de la población que enfrentan situaciones específicas de postergación y de desigualdad adicionales al conjunto de la población y que no se superan con la sola aplicación de políticas genéricas y universales, sino que requieren de acciones particulares porque responden a causas sociales, económicas y culturales históricas, particulares y determinadas. Quizás esa es la primera virtud que queremos destacar del proyecto de ley, puesto que enfrenta una realidad social específica como es la desigualdad étnico-racial, la que debe superarse con políticas de acciones afirmativas y de promoción de la equidad racial en la sociedad uruguaya.

                Las desigualdades y la vulneración de derechos que afectan a los afrodescendientes tienen, por tanto, características propias, ya que son producto de la sumatoria de condiciones históricas, sociales, económicas y culturales, consecuencia de la discriminación y el racismo. Como ejemplo de esta particularidad que queremos destacar, nos gustaría mencionar que, a nivel general, la pobreza en nuestro país se ubica en el 13,7% pero entre los afrodescendientes este porcentaje se duplica, ubicándose en el 28%.  Esto sucede a pesar de que ha habido un descenso importantísimo de la pobreza en el Uruguay, a nivel general en los últimos años, lo que afortunadamente permitió bajar los guarismos de un 40% a ese 13% ó 14%. No obstante ello y a pesar de estos procesos de descenso de los niveles de pobreza y, en particular de la indigencia, la población afrodescendiente continúa enfrentando situaciones de desigualdad realmente manifiesta y muy superiores al conjunto de la población. Esto queda claro al analizar los porcentajes porque en el caso de la pobreza se duplican y en el de la indigencia, se triplican.

                Como decíamos al inicio de nuestra exposición, esto responde a una realidad particular que nos permite afirmar que estamos ante una desigualdad específica, es decir, la étnico-racial. Creemos que esto tiene como causa distintas razones que están entrelazadas, entre las que nos interesa mencionar sin lugar a duda la herencia de la esclavitud que reservó las tareas más duras y descalificadas para la población negra africana y afrodescendiente. Esto supuso la explotación y la anulación de los derechos de un conjunto importante de la población y, otra de las razones por las cuales se crea la desigualdad fue el racismo que se desarrolló como ideología de justificación e instaló una valoración desigual de las personas por el color de su piel. Otra consecuencia del racismo fue la subvaloración e invisibilidad de la presencia y el aporte de los afrodescendientes como fenómeno cultural estructural en el país y, fundamentalmente, lo que podríamos llamar integración desde abajo en las sociedades independientes de esta población manteniendo, a pesar de la abolición de la esclavitud, es decir, de la modificación de su situación jurídica, la misma posición social y económica que cuando eran esclavos. Además, en tiempos de patria libre, se continuó reproduciendo lo que llamamos la división racial del trabajo, es decir, la concentración de esta población en las tareas menos calificadas, menos remuneradas y menos valoradas socialmente. Estas serían las razones que llevaron a la reproducción de la pobreza, lo que explica los guarismos y los datos que reseñábamos al principio.

                (Ocupa la Presidencia el señor Senador Da Rosa)

Esta situación  se mantiene al día de hoy -a doscientos años de vida independiente del país- y se expresa, no solo en esas realidades generales a las que hacíamos referencia, sino en aspectos específicos que queremos señalar muy breve y rápidamente porque tienen que ver con la esencia del contenido del proyecto de ley, porque se expresa a nivel general -como desigualdad- y a nivel particular, en el área de la educación, del empleo y del trabajo, que son dos centros a los que apunta con acciones específicas el proyecto de ley.

En el trabajo “Población Afrodescendiente y Desigualdades Étnico           – Raciales en el Uruguay”, producto de un trabajo mancomunado de especialistas de la Universidad de la República en el marco de un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la página 118 se señala por parte de los investigadores destacados que participaron, lo siguiente: “Todos estos estudios consignan que, a pesar de que las sucesivas generaciones de uruguayos logran acumular más años de estudio, las brechas entre blancos y negros permanecen estables o experimentan mejoras de muy escasa magnitud.” Más adelante expresa: “Obsérvese que cerca del 50% de los jóvenes blancos entre 18 y 20 años asisten al sistema educativo, y que esta proporción se reduce a 30% en los jóvenes negros de ese mismo grupo etario”. Esto es lo que señala, entre los tantos indicadores y elementos relevados científicamente en esta publicación.

                En la página 132, que refiere al empleo, se dice: “Las diferencias más notorias por raza existen en términos de las ocupaciones ejercidas.” Más adelante se expresa: “Tanto entre los hombres como entre las mujeres, hay porcentajes significativamente mayores de gerentes, profesionales, técnicos y oficinistas en la población blanca. A la inversa, en la población masculina, los afrodescendientes cuentan con proporciones claramente superiores de trabajadores de la construcción, soldados y trabajadores no calificados del sector servicios. En forma similar, en las mujeres se destaca que un 35% de las trabajadoras afrodescendientes son empleadas domésticas, frente a un 19% de sus pares blancas, y existe también una sobrerepresentación de las mujeres afrodescendientes en otras ocupaciones no calificadas del sector servicios.”

                Estos datos, señor Presidente, entre muchos otros que relevan, en este caso, la demógrafa Wanda Cabella y la economista Marisa Bucheli, entre muchos,  fundamenta la persistencia de estas situaciones de desigualdad y las particularidades que justifican, entonces, la aplicación y el desarrollo de medidas -que llamamos acciones afirmativas- a través de la implementación de políticas públicas de equidad racial.

                En suma -para terminar y dar paso a mis compañeros- queremos reafirmar que el contenido del presente proyecto de ley responde y da respuesta, a tres aspectos fundamentales de las desigualdades que queremos superar con acciones afirmativas: el área de la educación, el área del empleo y los problemas de reconocimiento y subvaloración por la supervivencia de racismo y, en particular, el problema de la escasa presencia y valoración de la diversidad de nuestra sociedad y del aporte de los afrouruguayos en el proceso de construcción nacional y en particular cómo esto es recogido en el sistema educativo.

                En segundo lugar, instrumenta acciones afirmativas de acuerdo a los mandatos que diversas leyes y, en particular, la Ley Nº 18.059 establecen al Estado. Queremos destacar, entonces, el artículo 3º de esta Ley donde, por unanimidad el Parlamento aprobó la consideración de interés nacional de la realización de actividades, acciones educativas, campañas de comunicación que promuevan el combate al racismo y la equidad racial entendida esta como el goce efectivo de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas con la consiguiente superación de las inequidades que afectan a los afrodescendientes. Con este proyecto de ley y, seguramente su reglamentación y distintas medidas que como sociedad iremos realizando, estaremos caminando hacia esa construcción de una sociedad más justa con igualdad de oportunidades para todos y para todas independientemente de su ascendencia étnico racial.

                A continuación, quisiéramos iniciar la ronda de intervenciones de las distintas organizaciones, por lo que cedo la palabra a Miguel Pereira.

 

SEÑOR PEREIRA.- Ante todo, agradezco a la Casa de la Cultura Afrouruguaya por abrir este espacio tan importante, con el propósito de seguir profundizando los aspectos del proyecto de ley de acciones afirmativas, que ya tiene media sanción, pues fue aprobada por la Cámara de Representantes. Realmente agradecemos esta instancia de apertura en la que las organizaciones de la sociedad civil, que también hemos contribuido a la generación de este tipo de iniciativas, podemos tener este intercambio.

                Me gustaría detenerme, específicamente, en los aspectos que hacen a la relación del proyecto de ley  de acciones afirmativas con algunos avances que, como país, hemos tenido a nivel internacional.

                Lo primero que quiero decir  es que el tema de la discriminación racial ha estado permanentemente sobre la mesa a nivel de la comunidad internacional. Cabe recordar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que entró en vigor en el año 1969 y, obviamente, fue ratificada por el Uruguay. En el artículo 1º de la Parte I del texto de la Convención, se establece claramente la definición de “discriminación racial”, señalándose que tal expresión “denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. De alguna manera, esto reafirma las preocupaciones que manifestaba Edgardo Ortuño en cuanto a las desigualdades étnico – raciales que la comunidad afrouruguaya ha padecido históricamente, desde la conformación del Estado nación y la sociedad uruguaya.

                Por otra parte, queremos señalar que a nivel de América Latina y el Caribe, y específicamente en el Uruguay, los afrodescendientes hemos avanzado en cuanto a la adopción de derechos específicos. Esto se recoge en la III Conferencia Mundial contra el Racismo -celebrada en Durban- donde por primera vez el Estado Uruguayo  y la sociedad civil llegamos con un informe común que, justamente, se puede visualizar en la Declaración y Programa de Acción de Durban. Efectivamente, allí se establece una serie de recomendaciones y propuestas en las que el Estado Uruguayo ha venido trabajando y avanzando a partir del año 2004. De alguna manera, la generación de iniciativas, como por ejemplo,  el proyecto de ley de acciones afirmativas, responde también a la intención de adoptar los resultados de esa III Conferencia Mundial.           

                En lo personal, me gustaría destacar un párrafo del Programa de Acción de Durban, por ser absolutamente esencial para nosotros. En concreto, se relaciona con el reconocimiento que los países, los Estados, hacen de la problemática de la discriminación racial y, específicamente, de la presencia de los afrodescendientes. En el punto 13 del citado Programa de Acción se expresa: “Reconocemos que “la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no solo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas, y reconocemos asimismo que la esclavitud  y la trata de esclavos, especialmente la trata transatlántica de esclavos, constituyen, y siempre deberían haber constituido  un crimen de lesa humanidad y son una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que los africanos y afrodescendientes, los asiáticos y las personas de origen asiático y los pueblos indígenas fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus consecuencias”.

                Cabe mencionar que a lo largo de la historia se han realizado tres Conferencias Mundiales contra el Racismo. Las dos primeras se celebraron en Ginebra. Una de ellas fue en 1978 y el tema central fue la incorporación de los países africanos al sistema de las Naciones Unidas. La comunidad internacional entendió, como aspecto relevante, la incorporación de los países africanos. La segunda, fue en 1983 y es allí donde se termina de laudar la finalización del Apartheid en Sudáfrica. Y la tercera se celebró en Durban, en 2001, ocasión en la que los afrodescendientes entramos como negros y salimos como afrodescendientes, lo que significó un gran logro político.

                Asimismo, me gustaría mencionar que en nuestro país se han hecho algunas recomendaciones con respecto al tema de las acciones afirmativas. Recordamos que en Montevideo, en 2003, se realizó el Taller Regional para la Adopción e Implementación de Políticas de Acción Afirmativa para Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, en el que se contó con documentos de recomendaciones no solo para los distintos gobiernos que participaron de América Latina y el Caribe, sino también para organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría hacer mención a la recomendación general 4. que establece: “Adoptar medidas de acción afirmativas como un mecanismo adecuado para superar las desigualdades derivadas de la desventaja histórica en que quedaron los afrodescendientes tras la trata transatlántica”. De alguna manera, ese es el objetivo central: resolver las desigualdades étnicas raciales que se generaron a través de la historia, desigualdades que tienen su raíz en lo que significó la trata trasatlántica de africanos y africanas que fueron esclavizados y que hasta el día de hoy los distintos gobiernos no han podido resolver o generar medidas para lograr la igualdad de oportunidades.

                Por otra parte, quiero mencionar -sé que algunos compañeros van a hablar de ello- algunas de las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha realizado y que, de alguna manera, son aspectos importantes y que deberían ser considerados. Por ejemplo, que en 1998 el Estado uruguayo fue observado, prácticamente con las mismas recomendaciones que se hicieron en 2010 y 2011 con algunas profundizaciones. Lo importante es que el Estado uruguayo hasta el día de hoy no ha cumplido con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

                Por último, menciono que el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación en el artículo 1., numeral a) establece: “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.” De alguna manera, aquí se reafirma lo que planteaba nuestro compañero Ortuño en cuanto a la falta de acceso en el mercado laboral o a la discriminación étnica-racial que se da a las personas que ocupan un mismo cargo. Si revisamos los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, una persona afrodescendiente con igual cargo que una no afrodescendiente, gana un 20% menos. Ese dato es considerado por dicho Convenio que en su artículo 3, numeral b) dice: “promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política; y el numeral c) del mismo artículo establece: “derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.”

                Finalizo aquí mi exposición y agradezco nuevamente el espacio que se nos ha brindado.

SEÑORA RAMÍREZ.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que pertenezco a Mizangas, un colectivo de mujeres jóvenes afrodescendientes, y me corresponde referirme a las recomendaciones del CERD y de Cedaw.

                Haciendo  honor a que estamos en el Palacio Legislativo, quiero comenzar haciendo referencia al marco normativo sobre discriminación racial, racismo y otras formas de discriminación. En ese sentido, debemos decir que, en términos generales, tenemos varias leyes que contemplan, amparan y, de alguna forma, defienden los derechos humanos y, específicamente, el de la no discriminación, pero -como ya describió Edgardo Ortuño y comentó Miguel Pereira en su momento- la situación de la población afrodescendiente no ha cambiado. Es por eso que se repiten las recomendaciones que hace el Alto Comité de Naciones Unidas en torno a la discriminación racial en Uruguay. Tal vez, de todas las leyes que tenemos -tanto a nivel internacional como nacional- vale la pena citar dos, que son bastante específicas. Por un lado, tenemos la Convención  Relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza -de 1960- que, en términos generales, reconoce que las discriminaciones en el ámbito de la enseñanza suponen violaciones de derechos humanos y, en base a eso, establece algunas medidas para fomentar su respeto en la esfera de la educación; y, por otro, el convenio 111 de la OIT, que refiere a la adopción de medidas específicas para eliminar la discriminación en torno al ámbito laboral.

                Si bien para los dos tipos de recomendaciones -del Cedaw y  del CERD- el Comité de Naciones Unidas reconoce que han habido avances en términos legislativos e institucionales, con los conocidos mecanismos de equidad racial, y que ha habido una impronta en lo que tiene que ver con el énfasis que se hace de la situación de pobreza en términos universales, señala que todavía eso no se ha traducido de manera efectiva para la población afrodescendiente. Por eso recomienda nuevamente, como se hace en el CERD, tomar medidas de acción afirmativa, políticas específicas, para eliminar ese tipo de discriminaciones.

                Quisiera dejar claro que las recomendaciones son mucho más amplias ya que el CERD también las hace en términos judiciales y Cedaw con respecto a la participación política, aunque yo me voy a acotar exclusivamente a lo que tiene que ver con educación y trabajo.

                Voy a leer algunas de las recomendaciones y, en caso de que sea necesario, haré alguna salvedad. Concretamente, el CERD dice: “El Comité recomienda al Estado parte que apruebe una ley específica contra la discriminación racial o que integre en su legislación en vigor disposiciones que prohíban de manera concreta y clara la discriminación racial y la prevengan, de conformidad con el artículo 2 de la Convención”. Esto, referido a la ley que tenemos, puede ser enmarcado en aquellas denuncias que se hacen sobre discriminación racial en el ámbito de la enseñanza y en el laboral que aún no han tenido efectividad.

                También recomienda que se incorpore efectivamente la perspectiva y la dimensión etnorracial en los planes y programas de Gobierno. Es más, creo que esta ley específica, como una acción afirmativa concreta, apunta a ello. Asimismo, recomienda que se “Aplique la Ley de Educación de 2008 y refuerce las medidas especiales con el fin, entre otras cosas, de reducir la tasa de abandono escolar de los niños afrodescendientes y de origen indígena, y de sensibilizar a los padres acerca de las ventajas de la educación”. Toma nota de las diferentes medidas adoptadas por el Estado parte pero pone énfasis en la situación de las mujeres afrodescendientes. También, de alguna forma, felicita la creación de la Secretaría de Mujeres Afrodescendientes en el seno del Instituto Nacional de las Mujeres. A la vez, recomienda hacer salvedad por cuestiones de género para el caso de las mujeres afrodescendientes, algo que Cedaw lo repite, ya que hace énfasis en las mujeres afro a nivel educativo y laboral.

En el inciso 19 se observa que se han adoptado medidas para promover la identidad cultural de los afrodescendientes y de las personas de origen indígena, pero preocupa la insuficiencia de dichas medidas, en particular, la persistencia de estereotipos contra los afrodescendientes y las personas de origen indígena. Al comité también le preocupa la falta de información sobre medidas adoptadas para promover la historia y la cultura de esas personas, tanto en los medios de comunicación como en los libros de texto. Esto también está directamente relacionado con un artículo de la ley en cuestión, por lo que el comité recomienda medidas adicionales y específicas para acabar con esos estereotipos. Si bien tenemos una ley que promueve el candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial, haciendo énfasis en campañas de sensibilización, en la promoción de la identidad cultural y en la incorporación de información en los programas de estudio escolar sobre la contribución que ha hecho nuestra comunidad a la identidad uruguaya, es necesario que  se asignen fondos para preservar su identidad y su cultura en los medios de comunicación, formadores de opinión y en muchos casos reproductores de esos estereotipos.

También recomienda que se amplíen los espacios de consulta y de diálogo con la sociedad civil, por lo que agradecemos que la Comisión nos haya recibido, su apertura y la amplia convocatoria que hizo la Casa de la Cultura Afrouruguaya en el entendido de que las personas afrodescendientes que estamos militando por la causa contra el racismo somos expertas en el tema y podemos colaborar, y eso es algo que el Comité reconoce. Queremos celebrar que nos consulten y que se amplíe el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a proteger los derechos humanos, en particular la lucha contra la discriminación racial en relación con los informes siguientes. Por lo menos en dos de sus artículos esta ley establece la importancia de crear un comité. A continuación le voy a ceder la palabra a la señora Ojeda, que va a hacer énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con el informe de Cedaw y del que Mizangas fue parte en su momento.

SEÑORA OJEDA.- Como decía la señora Ramírez, en el año 2008 Mizangas tuvo la oportunidad de hacer un informe sombra al informe de Cedaw, en el que se destacan tres puntos que creemos relevante destacar porque sabemos que fortalecen la ley en cuestión.

                En primer lugar, Cedaw destaca que hay que adoptar medidas especiales de carácter temporal, medidas de acciones afirmativas para garantizar que la población de jóvenes afrodescendientes tenga la oportunidad de cursar estudios secundarios, porque sabemos que hay un alto grado de desvinculación entre el primer y el cuarto año.

                En segundo término y tomando como marco lo que dijo el señor Ortuño, desde la época colonial  las mujeres afrodescendientes se han desempeñado en el servicio doméstico, que es un trabajo poco calificado y eso también es relevante porque va unido a la deserción o al alejamiento del sistema educativo formal. Según nuestros datos, casi el 40% de las mujeres negras trabajan en el servicio doméstico desde hace años y la idea es que el Estado promueva medidas específicas para revertir esta situación y lograr que las mujeres tengamos trabajos más calificados.              

                Una última recomendación que destaca la Cedaw es garantizar la participación política de los afrodescendientes. Sabemos que este punto escapa un poco a las pretensiones de la ley, pero nos parece muy importante por el hecho de que se conquisten derechos y representen a nuestra población. Esa  participación política debe ser consecuencia de una apertura desde los Partidos políticos y desde el Estado, para que cada uno de nosotros tome decisiones.

SEÑORA RAMÍREZ (Tania).- Nosotros veíamos que era importante esa recomendación específica de CEDAW porque establece la capacitación para la participación política. Creemos que cuando se habla de promover la enseñanza, la educación, etcétera, también hay que pensar en capacitar a mujeres políticas y, sobre todo, mujeres afrodescendientes, que nos desempeñamos sobre todo a nivel de base pero eso no se traduce a nivel de la representatividad política de los cargos superiores.

Si los señores Senadores lo desean, podemos entregarles un listado específico de las recomendaciones. En el caso del CERD estamos actualizados porque fue a raíz de un informe sombra por parte de algunos compañeros aquí presentes en el año 2011, y el de CEDAW fue en el año 2001. Y también tenemos algunos materiales para repartir, si es necesario.

 SEÑOR DÍAZ.- Buenas tardes a todas y a todos.

Mi nombre es Javier Díaz y pertenezco a la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN).

Ante todo quiero agradecer a los señores Senadores por esta oportunidad. Por suerte se están reiterando estas invitaciones a la sociedad civil afrodescendiente a participar en lo que nosotros definimos como ámbito de construcción de ciudadanía, un Parlamento de puertas abiertas. Entendemos que esta iniciativa parlamentaria también es una respuesta a lo que venían desarrollando los compañeros y compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que es una construcción que ya viene de la Preconferencia Regional y Continental de Santiago de Chile, realizada en diciembre de 2000, pasando por la III Conferencia Mundial contra el Racismo, de agosto y setiembre de 2001.

En mi caso voy a hacer énfasis en algunos puntos y voy a tratar de ser breve, para que puedan participar otros compañeros.

En primer lugar, me voy a referir a un estudio que mencionaba el profesor Edgardo Ortuño y que se presentó en esta misma Casa, el 3 de diciembre de 2008, sobre las vivencias de la discriminación racial y desigualdades étnico-raciales en el Uruguay. Allí, en la página 150, se incluye un capítulo referido específicamente a los ámbitos de discriminación, que es el tema sobre el que versa este proyecto de ley, porque refiere a la educación y al empleo. Creemos que un aspecto importante incluido en este proyecto es que se trate en todos los niveles educativos el tema del pasado esclavista del Uruguay y que se haga un reconocimiento de esto. Lo pongo sobre la mesa porque las personas que participaron a lo largo del país en un estudio de carácter cualitativo manifestaron que la discriminación, el racismo y el pasado esclavista es algo que está marcado a fuego en la comunidad afrodescendiente del Uruguay, y lamentablemente no se encuentran ámbitos en los cuales el sistema educativo pueda expresarlo. A su vez, tampoco los operadores inmediatos, los educadores o los distintos niveles tienen herramientas para replicar esta necesidad que manifiesta la comunidad organizada y de hacerla visible para los distintos grupos étnicos que conforman nuestro país.

Por otra parte, como manifestaban las compañeras, el sistema educativo hace que los afrodescendientes se desvinculen en forma temprana, por lo que su inserción laboral es de baja calidad. Si hacemos un corte específico por generación y por género, nos encontramos con que las mujeres afrodescendientes a los 16 años ya tuvieron su primera inserción laboral en un sector de baja calificación, que es el doméstico. Esto hace que se esté en un círculo vicioso que no se puede romper. Ese racismo estructural, que muchas veces niega la sociedad uruguaya, hace que el afrodescendiente no pueda acceder a las distintas estructuras que componen la sociedad.

Entendemos que el apoyo y la capacitación a través de becas, y principalmente por medio del Inefop, puede empezar a fortalecer las inserciones laborales que tengan los afrodescendientes, en el caso de los varones y en forma más específica para nuestras mujeres porque, obviamente, esto puede ser muy importante.

Hay estudios muy recientes, como el que realizó Graciela Sanromán para la Facultad de Ciencias Sociales junto con el Instituto Nacional de Estadística, en el que muestra que el 70% de los afrodescendientes que se presentan a entrevistas laborales son rechazados. Este es un dato importante a tener en cuenta en el Uruguay, porque ya estamos en el siglo XXI y no pueden pasar estas cosas teniendo en cuenta lo que mencioné antes: la construcción de ciudadanía. ¿Qué ciudadanía pueden tener personas que son jefes o jefas de familia que no pueden acceder a un empleo digno, de calidad o, ni siquiera, pasar una entrevista de trabajo?

Los compañeros se refirieron al sistema internacional y cómo el Uruguay se ha vinculado desde el año 1969 a la fecha, principalmente en lo que tiene que ver con el sistema de Naciones de Unidas con respecto al tema que estamos considerando.

Asimismo, quiero hacer alguna reflexión con relación a otros subsistemas en los que el Uruguay interacciona. También debo decir que nuestro país ha encabezado una línea de pensamiento para promover estas políticas de reparación -tal como figura en el articulado- así como de acción afirmativa para romper esta brecha. Como ejemplo de ello podemos tomar las cumbres iberoamericanas desde 2005 a la fecha, donde la temática indígena afrodescendiente siempre estuvo presente. Ello ha sido así bajo el influjo de una sociedad civil que empuja, propone, y a veces presiona para que estos temas estén sobre la mesa. Específicamente, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santa Cruz de la Sierra, en 2003, en la que se tomaron los temas de la niñez y de la adolescencia, se planteó lo que venían diciendo los compañeros, en el sentido de que se tienen que desarrollar políticas específicas para combatir la pobreza, fundamentalmente en lo que tiene que ver con su infantilización, apuntando a ser el sostén de los niños y de las niñas en el sistema educativo formal.

Más adelante en el tiempo, en 2011, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, se organizaron también cumbres iberoamericanas. La más reciente es la Cumbre que tuvo lugar en Salvador de Bahía, en la cual los Presidentes de la región, encabezados por José Mujica, de Uruguay y Dilma Rousseff, de Brasil, dieron una batería de posibles soluciones a este tema histórico que ha sido como una piedra en el zapato, que siempre se ha tirado hacia adelante y que no le hemos hincado el diente a la solución.

Posteriormente al Año Internacional de los Afrodescendientes, y luego de esos compromisos, el sistema de Naciones Unidas lanza otra provocación a los países que vienen encabezando esta iniciativa. Debemos tener en cuenta que en América Latina y en  el Caribe, después de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, se han promovido distintas instancias de promoción de equiparación de oportunidades para las poblaciones que históricamente han sido relegadas, como los afrodescendientes y los indígenas. Asimismo, el sistema de Naciones Unidas este año lanza el Decenio de los Afrodescendientes y una apuesta a que los países que ya han empleado mecanismos de promoción de equidad racial empiecen a concretar distintas acciones.

Entendemos que sería importante que este proyecto de ley se transformara en ley para iniciar un camino que se ha sembrado muchas veces de discursos y otras con mecanismos con falta de presupuesto, por lo que sería fundamental apoyarlo con leyes con estas características.

                La idea es, más que nada, empezar a disminuir esas brechas que mostraron los compañeros -que no son números inventados sino oficiales a partir de la Encuesta Continua de Hogares- y también la última  fotografía que ha tomado el Uruguay, a través del  Censo nacional, que ha mostrado  que la población afrodescendiente en el Uruguay, luego de finalizado el período de esclavitud o la trata de personas, ha tenido siempre ese trazado.

Como decíamos, los jóvenes afrodescendientes ven truncado el proyecto de vida porque dejan de estudiar y no pueden conformar esa ciudadanía plena. Entonces ¿qué tipo de ciudadanos tendremos en distintas generaciones, si al momento de tomar decisiones, como empoderarse de los distintos niveles de ciudadanía, votar en el Consejo Vecinal, elegir sus representantes o a un Presidente, no tienen las herramientas que deberían como para poder hacer una elección?

                Muchas gracias.

SEÑOR OLIVERA.- Soy representante de la Asociación Civil Africanía y me quiero referir a aspectos culturales del proyecto de ley, que figuran en el artículo 8º. Dice así: “Se considera de interés general que los programas educativos y de formación docente incorporen  el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, su participación y aportes en la conformación de la nación, incluyendo el pasado de esclavitud, trata y estigmatización de las mismas; promoviendo  además la investigación nacional respectiva”.

                Con respecto a este artículo, nuestra institución estima que se deben tener en cuenta algunos conceptos, informaciones y desinformaciones que son esenciales para la reflexión y el encare del mismo.

                En el año 1994, en la Universidad de Alcalá de Henares, con los auspicios de la Unesco, el Ministerio de Cultura de Madrid, la Agencia Española de Cooperación Internacional  y la Fundación “Mundo en Armonía”, se reunieron 40 especialistas de Iberoamérica, de África subsahariana, de los Estados Unidos, de Europa y Asia, y allí se abordó por primera vez en España la temática de la influencia negroafricana en la sociedad y la cultura de los países hispano lusohablantes de Latinoamérica.

                En dicho encuentro -donde además de otros capítulos se abarcaron temas generales de estudio sobre la africanía- plenamente conscientes de que los pueblos de África, conjuntamente con los indígenas y los europeos, han contribuido a configurar el destino común de América y a crear los cimientos de nuevas formas de solidaridad, portadores de esperanza y de libertad, los participantes del Coloquio afirmaron, en primer lugar, que la presencia africana en los pueblos de América, ha significado un aporte sustancial en todos los niveles de producción, tanto desde el punto de vista técnico como conceptual. En segundo término, que los pueblos africanos han contribuido a configurar la identidad y universalidad cultural americana en todos los órdenes, desde las artes culinarias a la indumentaria, desde la pintura a la escultura y arquitectura, desde la música a la poesía, de la medicina a la religión, de la relación armónica con la naturaleza a las relaciones humanas, del cimarronaje a la lucha por la liberación, constituyendo otros tantos símbolos que dan raíz y sentido profundo a cada nación de Iberoamerica y del Caribe. En tercer término, expresaron que la persistencia de los pueblos de origen africano y su lucha creativa por la libertad, contribuyen a la definición de los proyectos nacionales y de fortalecimiento de los sistemas democráticos, y que este proceso de democratización y combate contra toda forma de exclusión, muestra el camino de la tolerancia y abre nuevas vías a la construcción de una cultura de paz. En cuarto término, manifestaron que en este tipo de aceleración histórica de cambios globales, complejos, de tensiones raciales, religiosas y sociales, las características específicas de las culturas afroiberoamericanas, ofrecen innovadoras perspectivas hacia una unidad del género humano, respetuosa con las diversidades culturales de los pueblos que la integran.

                En 1996, la antropóloga cultural norteamericana Sheila Walker, organizó en la ciudad de Texas un encuentro sobre la diáspora africana y el mundo moderno.

Al presentarse,  manifestó: “Durante la migración más numerosa de la historia de la Humanidad, ocasionada por el comercio de negros africanos que fueron arrancados de sus familias y de su mundo, los negros fueron desparramados a través de todas las tierras de las Américas y el Caribe. De los millones de inmigrantes que llegaron a las Américas hasta principios del Siglo XIX, sólo el 25% eran europeos y el 75% eran africanos, de modo que en la formación de las Américas los africanos constituyeron la mayoría de la población.

Durante los primeros cuatrocientos años transcurridos desde el comienzo del Siglo XV, estos africanos sobrevivientes y sus descendientes suministraron múltiples generaciones de mano de obra gratuita a través de las Américas. Fueron los productos de esta labor sin paga los que crearon la base de la riqueza y del poder de Europa y en las Américas. Estos africanos y sus descendientes también sembraron y fertilizaron semillas de cultura africana que todavía siguen creciendo en las Américas y el pueblo africano y su cultura están esparcidos a través de la tierra en el rompecabezas que constituye la diáspora africana.

En todos los lugares de América existen pedazos esparcidos de África que han generado nueva vida, creando culturas nuevas que todavía recuerdan el pasado africano y, a la vez, están firmemente enraizadas en las Américas.”

Otro participante en dicho Congreso, el señor Dawson, corroboró lo antedicho y manifestó que lo más extraordinario del comercio negrero y su impacto en el desarrollo del hemisferio occidental es que los africanos representaron la mayoría de las personas que vinieron del Viejo al Nuevo Mundo. Dijo, además, que varios estudios demuestran que entre 1492 y 1776    -los primeros 300 años de la historia de las Américas- seis millones y medio de personas atravesaron el Océano Atlántico desde África y Europa y se establecieron en las Américas y el Caribe. De esos seis millones y medio, sólo un millón era europeo; los cinco millones y medio restantes eran africanos y eso fue la base sobre la cual fue construida América.

En realidad, la mayor parte de la historia está escrita desde el punto de vista de la minoría de la población, desde las perspectivas de sus historias institucionales, sin tener en cuenta ninguna de las consecuencias económicas, políticas o sociales de este simple hecho demográfico.

Para 1820 la relación entre africanos y europeos que vinieron del Viejo al Nuevo Mundo era de tres a uno. Por lo tanto, quienes estamos abocados al estudio de la diáspora africana nos encontramos frente a dos desafíos intelectuales. Uno, es contar la verdad sobre las experiencias de los africanos en el hemisferio occidental y, dos -e igualmente importante- es reescribir la historia de las Américas porque, si por lo menos, las dos terceras partes de la gente que construyó el hemisferio occidental no está incluida en la historia, entonces es que sabemos muy poco sobre esa historia.

El año anterior a este encuentro en Texas -o sea, en 1995- nuestro eminente profesor  Daniel Vidart realizó un ensayo sobre el hombre negro, en el que nos dice que sobre el tema de las culturas negras en el Uruguay se ha estudiado poco; se han dicho muchas cosas al respecto pero, esencialmente, se ha concientizado y es por ello que han podido prosperar ciertos errores.

En este asunto se pueden destacar tres puntos o aspectos fundamentales: uno, lo complejo del tema, por lo cual hay que extremar cuidadosamente su encare y su estudio; dos, el rol fundamental que jugó el negro quien, junto al indio y al inmigrante, configuraron la idiosincrasia y la personalidad del pueblo oriental y, tercero, la necesidad de que se instrumenten proyectos de estudios serios, sistemáticos, profundos y comprometidos con la búsqueda de la verdad sobre el negro en el Uruguay.

Cuando se consulta la escasa bibliografía dedicada al estudio de la población negra en nuestro país, cuesta poco comprobar que hasta hoy no se ha escrito la historia profunda de los negros y su influencia en los rasgos somáticos y las características culturales del  pueblo uruguayo, o sea, que en nuestro país no se enseña nada o casi nada acerca de la historia de los negros en ninguna de las ramas de la educación formal.

Existe un vacío discriminatorio y, a pesar de que la ley dice lo contrario, ese vacío lleva a que no se reconozcan las contribuciones del negro y, por lo tanto, a que se nieguen los mismos derechos que poseen los ciudadanos blancos. Luego de hacer varios reparos a lo complejo del tema, el señor Daniel Vidart continúa diciendo que sería sanamente conveniente que los historiadores, al margen del amor o el odio, decidan asomarse a la efectiva realidad histórica de nuestro país, reconociendo que los negros, llegado el momento de la lucha por la emancipación nacional o la defensa de la divisa de un caudillo, fieles y sufridos asistentes de sus jefes, supieron pelear y morir con heroísmo en las primeras líneas de combate. ¿Quiénes acompañaron hasta el final a Artigas en su destierro? Son muy pocas las investigaciones dedicadas a la vida y a las costumbres de los negros, aunque sus aportes a la identidad nacional hayan sido importantes. Nuestra Patria, que a todos por igual nos pertenece y compromete, ha sido edificada mano a mano con los descendientes de colonizadores e inmigrantes, con los indios sobrevivientes a su genocidio y con los negros. Sin embargo, existe una desestimación hacia los negros que se refleja en las actividades estudiosas. Tanto se ha repetido que los negros nada tuvieron que ver con el pueblo oriental primero y con la nación uruguaya después, que esta mentira, tan propalada por los blancos, ha sido al fin creída por la mayoría de los propios negros.

Y continúa hablando Vidart acerca del arraigo de conceptos que existen en negros viejos -y agregaría que también en no tan viejos- en cuanto a que debe ser humilde, discreto, servicial, para darse el lugar que le corresponde. Y agrega que esto es consecuencia de que el negro no ha logrado aún borrar de su alma la infame marca a fuego que otrora distinguiera su condición de esclavo, determinante a su vez de un desprecio social y una postración económica, causas condicionadas entre sí, vigencia inicial de una siniestra o desdichada servidumbre. El estereotipo o modelo fabricado sobre el negro, con las características de infantiles, torpes, lascivos, perezosos y haraganes por naturaleza, estigmas erróneamente admitidos como de la misma esencia de una raza inferior, habría impedido, desde tiempos prehistóricos, que los negros accedan a la dignidad propia de las virtudes más altas del espíritu.

Por todo lo expuesto, es necesario encarar el estudio de los rasgos somáticos del negro; el estudio de géneros, forma y estilos de vida y las concepciones del mundo y trasmundo; las modalidades del mestizaje; las escalas de valores familiares, tan intensos y ejemplares, y las escalas sociales, tan descuidadas o desconocidas; las expresiones de racismo, latente o manifiesto, que se manifiesta tanto en los blancos como en los negros de la misma esencia a toda comunidad humana que no haya racionalizado y destruido lo desagradable que son los prejuicios raciales y la desconfianza hacia el otro.

Por otra parte, estudios actuales han puesto de manifiesto -esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta- el brillo extraordinario de las grandes culturas africanas, que no deben desconocerse ni olvidarse y que tuvieron sus epicentros en el imperio de Ghana, en Zimbabwe, en Benín, en Malí, en los Reinos Ashanti, Zulúes y de Nubia, en los imperios Mandinga, de Etiopía y del Congo, en los caballeros Mossi. Generalmente, parece que la historia del negro arrancara de la trata de esclavos, o sea en el siglo XV, pero nadie habla del esplendor que había en África en el siglo XII o XIII, que era un ejemplo para el mundo entero. Y concluye Daniel Vidart diciendo que no basta la evocación de una pasada grandeza rescatada y racionalizada por un ejercicio académico que debe ser emprendido cuanto antes por jóvenes investigadores, sino que hay que ir más hondo, hasta el corazón de los prejuicios etnocéntricos. Es necesario demoler los muros de mentiras, deformaciones y equívocos milenarios que ocultan la cabal condición humana de los aporreados, estafados y denigrados negros y sus descendientes.

Los negros han sido condenados a vivir en un submundo marginal y, por ende, miserable, en los cantegriles, en tugurios inhumanos y solamente se diferencian del blanco por el color de su piel y por algunos rasgos más. Aunque esta desventaja sea capitalizada en las capas sociales más humildes, sin distinciones de colores, da la casualidad que en esos círculos inferiores del infierno en nuestro país se encuentra el mayor porcentaje de afrodescendientes, esperando tan solo una oportunidad de ascenso social por medio, quizás, de una posibilidad laboral. De esta forma, podrían alcanzar una mejor educación y formación cultural, herramientas fundamentales para poder vivir en un mundo mejor, más justo y ecuánime. Antropólogos, psicólogos y educadores, han demostrado que en igualdad de condiciones sociales y económicas,  los negros en su viaje sin retorno hacia América y sus afrodescendientes, que han sido considerados cosas y no personas, somos semejantes a los blancos.

SEÑORA RAMÍREZ (Isabel).- Estoy aquí como Directora del Grupo Cultural Afrogama, conjunto de mujeres que trabajamos en lo que tiene que ver con el género y la etnia a través de la música, a través del arte. A su vez, también formamos parte del grupo asesor de candombe que depende del Ministerio de Educación y Cultura.

En realidad, hoy venimos a plantear la necesidad de que los aspectos educativos sean revocados a través de este proyecto de ley porque nosotras, las mujeres afrodescendientes, venimos con una gran carga de hogares monoparentales, de bajo nivel educativo y con una autoestima bajísima, creada por el sistema social al que pertenecemos y que estructuralmente nos ha discriminado, por las razones que todos mis compañeros han planteado. Además, el hecho de que la mujer negra ocupe el escalón más bajo de la capa social es una realidad que ninguno de nosotros puede ignorar.

Entendemos que en la actualidad el sistema educativo tiene la posibilidad de darnos una herramienta más, a través de los planes semestrales, para poder estudiar de otra forma, ya que llegamos a la adultez, a la segunda y tercera edad, con un nivel educativo muy bajo. Lo cierto es que si bien hoy existen herramientas, ninguna de ellas tiene que ver con la identidad y eso para nosotras es muy importante como forma de trasmitir valores a nuestros hijos y nietos, para fortalecernos y para pedir reparaciones que consideramos nos corresponden. Más allá de la reparación económica que hemos pretendido todos los afrodescendientes a través de la historia, nos interesa que los temas de pobreza estructural, que tienen que ver con lo bio-psico-social, sean revertidos. Para nosotros la identidad es muy importante porque, si no tenemos pasado, tampoco vamos a tener futuro y creemos que este pasa por la educación y por un plan diferente en el que se nos incluya, para que la sociedad entienda cuál es el verdadero rol que tenemos y que hemos tenido a través de la historia. Por lo general, las mujeres afrodescendientes somos jefas de hogar -no voy a mencionar porcentajes porque es imposible- y por eso tenemos doble y triple tarea y, sobre todo, debemos trabajar con nosotras mismas para mejorar la falta de educación y poder fortalecernos. Por estas razones, necesitamos esta ley que se está analizando.

Todos mis compañeros han hablado de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo político, lo social, lo nacional y lo internacional y mi planteo está vinculado a las cárceles porque estas están llenas de mujeres negras y eso no es justo. La única forma de revertir esto es la educación porque eso nos permitirá trabajar mucho mejor la cuestión identitaria. Si la situación hubiera sido distinta, las cárceles no estarían llenas de mujeres negras que no pueden criar a sus hijos; nuestros antepasados no pudieron hacerlo porque amamantaban hijos ajenos y nosotras porque tenemos a muchas de nuestras mujeres presas.

Pensamos que este proyecto de ley, más allá de la sensibilización, es obligatorio. 

Es una concepción muy personal y tiene que ver con que tenemos la necesidad imperiosa de que la equidad se haga realidad en estos tiempos porque, si no, la sociedad va a vivir en una permanente lucha racial que no va a conducir absolutamente a nada. Soy muy breve, pero creo que lo suficientemente contundente.

SEÑOR SOLARI.- Quisiera explicar a la delegación que está presente que me tengo que retirar porque tenía una reunión pactada hace ya media hora y me acaban de llamar para tirarme un poco de las orejas, cosa que no me gusta. Me disculpo con ustedes, pero voy a leer la versión taquigráfica de las palabras que expresen de aquí en más, puesto que sobre lo anterior he tomado debida nota.

SEÑOR ORTIZ.-  Represento a los universitarios, técnicos e investigadores afrouruguayos.

                En relación con el proyecto de ley, quiero decir que los compañeros que trabajamos en los ámbitos público y privado, y en la educación formal e informal, destacamos algunos puntitos que faltarían o que se deberían resaltar aunque, por supuesto, que todas las leyes son mejorables.

                En el artículo 4º del proyecto de ley se dice: “Dispóngase el  8% (ocho por ciento) de las vacantes laborales del Estado (Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados y Gobiernos Departamentales) para las personas afrodescendientes.” Creo que, tal como están diciendo varios de mis compañeros, es importante resaltar y que quede explícito que acá tiene que estar incluida la perspectiva de género, más allá de que aparece en otros puntos como en el artículo 2º, que después lo vamos a ver. Insisto que en este caso tiene que quedar bien explícito. Por ejemplo, no es menor que en nuestras Cámaras, tanto la de Senadores como la de Representantes, las mujeres lleguen a un 13% o 14%, dependiendo de la Cámara de que se trate. Ocurre lo mismo en las Juntas Departamentales y así sucesivamente si nos remitimos a cargos a nivel del Estado o entes. Por eso -y también por lo que dijeron mis compañeros- sería bueno que quede explícito en el artículo la perspectiva de género.

                El artículo 9º dice: “Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo, una Comisión de tres miembros que estará integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y uno del Ministerio de Educación y Cultura”. Creemos que en este artículo faltarían las organizaciones de la sociedad civil, porque sería una forma de que las resoluciones sean valederas, por lo menos un representante que actúe como vocero u oyente; es fundamental la participación e involucramiento de la sociedad civil, más allá de que a veces no tenga voto, pero por lo menos que maneje los intereses y conozca lo que sucede en esas reuniones. Algunos de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil ya estamos trabajando con esta población, somos parte de ella, tenemos varios trabajos, hay varias organizaciones que han trabajado y tienen proyectos hechos desde hace varios años, lo que facilitaría mucho este trabajo.

SEÑOR MEDINA.- Pertenezco al  Espacio Afrouruguayo de la región y para la región. Reafirmo lo que dijeron los integrantes del Espacio Afrouruguayo: los afro están en todos los partidos políticos y hay quienes no son políticos ni defienden a ningún partido. Por lo tanto, quiero decir que reafirmo la ley.

SEÑOR RIVERO.- Ante todo, agradecemos a Edgardo Ortuño y a todos los compañeros porque, tal como se plantea, están casi todas las organizaciones unificadas. Ese ha sido uno de los criterios que hemos manejado y que ha hecho que hoy prácticamente todos estamos aquí. En determinado momento fue vox populi -y ello fue utilizado muy malamente por el poder político- que en la comunidad afrodescendiente las organizaciones estaban totalmente peleadas; entonces, esto es una muestra tajante -para hacerlo público y con un carácter específicamente político-de que, en realidad, hay cuestiones que para nosotros son prioritarias.

                En su momento pensamos que el tratamiento de este proyecto de ley iba a ser a carpeta cerrada, teniendo en cuenta que ya había un consenso político en el sentido de que sería aprobado. Creemos que, efectivamente, la iniciativa será  aprobada, con modificaciones o sin ellas; en todo caso, si hay modificaciones, volverá a la Cámara de Representantes para su aprobación final.

                Por mi parte, me toca hablar sobre cómo hacer que esto llegue al interior. Se trata de una de las cuestiones más complejas, pues tiene que ver con la descentralización. Muchos de los parlamentarios -Senadores y Diputados- son representantes departamentales, y entenderán que todo esto de alguna manera tiene que traducirse en las Juntas Departamentales. Teniendo en cuenta la reglamentación, deberían existir algunas cláusulas que pudieran generar una aplicación en los entes públicos y, específicamente, a nivel de los distintos departamentos. Se trata de una cuestión a rever, que debe ser analizada y, en ese sentido, creo que el Parlamento es el elemento central para que eso sea una realidad.

                Básicamente, el proyecto de ley es una curita que se pone en una situación de emergencia social. Cuando hacemos referencia a los datos socioeconómicos y socioculturales, y a la condición vital de la población afrodescendiente -sobre la que se ha estudiado poco, si bien en los últimos años eso ha ido cambiando- estamos hablando de una situación de emergencia.

 

                Si consideramos, por ejemplo, el promedio de muerte, vemos que en nuestra colectividad morimos mucho más jóvenes: entre quince y veinte años antes que la población en general. Por otro lado, se ha estudiado la propensión a una gran cantidad de enfermedades y se ha visto la diferencia salarial en casi un 80% de los rubros; promedialmente, en los contextos más críticos, esa diferencia se ubica entre un 20% y un 23%, y a nivel nacional puede decirse que se gana un 33% menos que la población en general. Aquí hablamos también de la situación de la mujer afrodescendiente y de la sobrerepresentación en determinada cantidad de espacios que tienen que ver con los servicios. Podemos mencionar, también, el bajo número de población afrodescendiente en el sistema educativo formal; sí estamos sobrerrepresentados específicamente en la educación no formal, y como ejemplo citamos los últimos eslabones en los Cecap y los nuevos elementos que existen a nivel educativo para poder contener a todos esos gurises y gurisas.

               

                En realidad, se está buscando una voluntad política para que esto sea, por lo menos, un paliativo y un camino en construcción.

 

                Cuando hablamos de una situación de emergencia social, es indudable que no existe otra forma de remediarla que no sea a través de políticas de Estado. Es el Estado el que debe intervenir. A su vez, el Parlamento es el corazón o el vértice que puede hacer que el Estado intervenga directamente. ¿Por qué? Por dos razones. Una de ellas  -que aprendí hace poco- es que los parlamentarios no tienen jefe -cuestión importante, teniendo en cuenta los juegos que a veces se hacen en la política- y pueden tomar decisiones políticamente sanas, buenas, correlativas y dialogadas con la sociedad civil o con personas expertas en estos temas.

                La otra razón es que los parlamentarios tienen un nivel de negociación que no tiene la sociedad civil.

 

                Como se ve, esta mesa es larga y numerosa. ¿A qué se debe? A que tenemos muy pocas posibilidades de hablar con ustedes. Por eso mismo, quizás para algunos esta instancia puede resultar tediosa, y para otros, repetitiva. En todo caso, hoy hablamos de la capacidad de una parte de la sociedad de poder dialogar con el corazón del país, que es el Parlamento, para que luego esto pueda pasar al Poder Ejecutivo y, fundamentalmente, al Poder Judicial. La idea es intentar trabajar desde acá hacia el Poder Judicial, porque sabemos lo que ha pasado y lo que sigue pasando y entendemos que, de alguna manera, el silencio es lo que apaga las cosas. Aquí estamos hablando de una situación trasgeneracional.

 

                Destacamos especialmente que, para nosotros, esta es una cuestión no solo de ciudadanía o de derechos, sino una cuestión política, por lo que el Parlamento debe tomar y proyectar esta iniciativa como un puntapié, pensado en una ejecución mediante una acción mediata. Se ha hablado de cinco años, por ejemplo. Hay sectores del Parlamento que plantean una discusión por el tema del porcentaje de la cuota o la cantidad de años, pero, en fin, consideramos que la iniciativa es fundamental y todos estos son paliativos.

 

                Por otro lado, hay un punto en particular que los parlamentarios deben tener en cuenta: este proyecto de ley está muy centralizado en Montevideo; tanto es así, que la representatividad en esta mesa es únicamente montevideana. Y uno de los ejes fundamentales de la descentralización, que tiene que ver con las políticas de gobierno, es la generación de capacidades a nivel de los departamentos, para que puedan elaborar políticas locales. En ese sentido, hoy tenemos un profundo agujero con respecto a la idiosincrasia y a la realidad de otras personas afrodescendientes del país.  No quería dejar esta Sala sin mencionar eso. Tampoco le voy a pedir disculpas a los parlamentarios porque nuestra participación en esta sesión ha sido extensa. Pienso que ellos nos ven tan poco que deberían estar más contentos que nosotros al tenernos hoy aquí. Considero que estos espacios necesitan una nueva mirada.

                Hace un ratito, antes de venir aquí, a través del twitter -a algunos sigo, a otros no- una persona escribió que en 1936 un representante de la comunidad negra planteaba esta misma cuestión. Es decir que ochenta o noventa años después estamos discutiendo el mismo tema. El letargo que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo, que el Estado uruguayo tiene con la comunidad afrodescendiente tiene que comenzar a disminuir. Este proyecto de ley existe en el Parlamento porque en nuestra historia existieron uno, dos o tres Diputados negros. La primera parlamentaria fue mujer: Alba Roballo; el segundo, fue nuestro compañero y gran hermano, Edgardo Ortuño, y el tercero, Felipe Carballo. Hace poco asumió en la Cámara de Representantes, Rubenson Silva, representante del departamento de Rivera.

                A nuestro juicio, el tema del empoderamiento y de la transformación de los principios de igualdad comienza con este proyecto de ley. Para nosotros el derecho se mide a partir de la sanción de este proyecto de ley; que eso también quede claro.

SEÑOR NÚÑEZ.- Mi nombre es Manuel Núñez y vengo del departamento de Canelones. Si bien hay muchas asociaciones trabajando en el interior del país, creo que soy el único representante de ellas aquí presente.

                Mi inquietud es plantear diferentes preguntas y propuestas. No veo aquí medios de comunicación; tal vez no los dejan entrar, desconozco cuál es el funcionamiento de esta Casa. Una de mis preguntas es acerca de cómo el hombre común, el hombre de nuestras comunidades que vive en el interior del país, se entera de lo que en esta Casa sucede o ha sucedido.

 La otra pregunta es respecto a la centralización montevideana. Si los Ministros pueden elegir un lugar del interior del país para reunirse en él, ¿por qué tenemos que venir aquí -hasta ahora es lo que siempre ha sucedido- para discutir sobre estos temas, para hablar sobre el proyecto de ley o para hacer propuestas? ¿Por qué siempre tengo que viajar yo? ¿Por qué  los Legisladores no pueden ir al interior a debatir sobre estos temas? Este país no es tan grande. En mi caso, he viajado menos de 50 kilómetros. Pienso que no estaría mal que el afrodescendiente del interior se enterara de lo que aquí sucede y que no seamos tan centralistas.

                Es cuanto quería expresar. Muchas gracias.

SEÑORA PACIELLO.- Soy activista como afrodescendiente independiente desde hace algunos años. He interactuado con diferentes organizaciones desde hace más de quince años, actividad que actualmente continúo llevando a cabo. Mi tarea es interactuar de forma operativa con diferentes compañeros y compañeras. Por lo tanto, parte de mi tarea es la difusión del proyecto de ley de acciones afirmativas hacia la población afrodescendiente. Estoy muy comprometida con esa tarea como lo he estado anteriormente. De alguna forma, en este ámbito también cuento con el compromiso de los señores Senadores para  completar la formalización de este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción.

Simplemente quería decirles eso. Así como ustedes nos recibieron hoy y en muchas ocasiones cuentan con nuestros apoyos técnicos, también nosotros vamos a replicar el apoyo de ustedes cuando se vote la ley para poder acercársela a los diferentes componentes de la población.

SEÑORA MOREIRA.- En primer lugar, pido disculpas por haber llegado tarde. En realidad, tengo algunos pedidos y algunas consideraciones para hacer.

                Tenemos algunas informaciones como la de Unfpa, de Naciones Unidas, o el estudio de Graciela Sanromán pero, si ustedes tuvieran alguna otra, les pediría que la hagan llegar a la Comisión para ser repartida. Personalmente, he solicitado que me entregaran la referencia del estudio de Daniel Vidart. A su vez, se dio un dato sobre población carcelaria que no sé cuán ajustado está, pero todo los que nos puedan brindar nos será útil más allá de esta ley, ya que en otras Comisiones podemos trabajar distintos aspectos de la  desigualdad racial -llamémosle así- que afecten poblaciones específicas, como la población carcelaria, la jefatura femenina sin cónyuge, madres, etcétera.  Como la información que estamos teniendo es relativamente reciente porque la pregunta fue incluida en los censos hace poco tiempo, quisiera hacer ese pedido.

                Por otro lado, quiero decir que, efectivamente, con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo trabajamos la inclusión de la perspectiva de género en el artículo 4, referente al 8%, y nos dijeron que nos iban a hacer llegar un texto al respecto. También me recordaba el señor Senador Lorier la participación de la sociedad civil en la Comisión, así como la inclusión del Mides en la Comisión Honoraria.

                Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo algunas observaciones críticas sobre el tema de la cuota, pero se refirió positivamente a la posibilidad de incluir artículos sobre la discriminación no sólo sobre el acceso -que es a lo que se refiere la cuota- sino también en la carrera funcional de los empleados y como causal de despido. Al respecto, también dijo que nos haría llegar redacciones para incluir alguna medida antidiscriminación que tenga que ver con el recorrido del tema del trabajo a nivel público. Ahora bien, tal vez debamos incluir las causales de discriminación a nivel de todo el mercado de trabajo, por lo menos en lo que afecte la carrera de las personas y su permanencia en el trabajo. En esta ley incluiremos lo que podamos y el resto lo haremos por ley separada.

SEÑOR LORIER.- Brevemente, siguiendo la línea de la señora Senadora Moreira, queremos decir que habíamos estado analizando el faltante de corte de género en el artículo 4º. Por las exposiciones que han hecho los distintos integrantes, es un aspecto muy importante al que hay que dar solución en esta ley. De todas maneras, hay que tener en cuenta el tema de la participación social en la Comisión que se ha establecido porque, de lo contrario, queda solo en la representación del Estado.

                Por otra parte, quiero referirme a algo que no está en la ley pero que me parece que debería  considerarse. En un artículo se habla de que es de interés general que los programas educativos y de formación docente incorporen el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, pero si nosotros no estimulamos con algún tipo de concurso o medidas especiales la realización de trabajos de esta naturaleza, tal vez nos quedemos cortos en el estímulo necesario.

No me puedo olvidar y en este momento no puedo dejar de decir que los últimos hombres que acompañaron a Artigas cuando dio ese paso fundamental de cruzar desde el territorio oriental al Paraguay, eran aproximadamente doscientos negros y libertos  -como así se les llamaba- con los cuales se formó un pueblo, Camba Cuá -cueva de negros en guaraní- y no había nadie más, excepto dos blancos: Gorgonio Aguiar y Campbell. A mi entender esto tiene un valor político, simbólico y cultural muy importante porque no hay ningún estudio en la historia uruguaya acerca de esos afrodescendientes; se perdieron y sin embargo fueron los que acompañaron al máximo héroe hasta su último momento, cuando cruzó la frontera, y también hubo otro que lo acompaño hasta sus últimos días. Por lo tanto, me parece que es de interés que también haya una especie de estímulo particular o concursos para la producción de material que refleje el aporte de los afrodescendientes en la vida uruguaya.

SEÑOR MONTIEL.- Brevemente quiero saludar a la delegación que nos visita y hacer una reflexión en este espacio que habitualmente ocupa el señor Senador Tajam.

                El Poder Ejecutivo y el Gobierno todo se encuentra frente al tremendo desafío que significa vencer la pobreza y derrotar la indigencia de todos los orientales, sin distinción de raza o religión. Creo que todos los que estamos en esta sala somos protagonistas y actores de ese desafío, y debemos estar comprometidos con ese proyecto de integración nacional. De nada nos sirve tener mucha integración regional o integración internacional si primero no somos capaces de hacerlo entre los orientales, sin distinción de ningún tipo. En ese marco es que estamos analizando la iniciativa de este proyecto de ley. Particularmente, quería decir que hemos escuchado números e indicadores muy consistentes y muy solventes basados en los estudios y las referencias que se han hecho que duelen y pegan muy fuerte. Esos indicadores y esos números representan a personas -hombres, mujeres y niños- y creo que más allá de cómo vaya a quedar definitivamente esta iniciativa, me parece que se puede enmarcar en el mejor homenaje que le podemos hacer al propio Artigas -constructor de la nacionalidad oriental- en este bicentenario. Ese marco y esa relación histórica no son ajenos porque tienen mucho que ver con este Siglo XXI y con esta iniciativa que ustedes nos plantean hoy, pero no les podemos dar garantías; este no es un acto final porque las leyes son negociaciones y acuerdos sobre los que hay intereses generales que hay que contemplar y antes de llegar a ella debemos sortear una serie de  eventos, pero quería ratificar de alguna manera cuál era el espíritu con el cual estábamos encarando esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión quiere agradecer a todos por su comparecencia y por los aportes muy interesantes que han vertido esta tarde.

Tal vez pocos temas en la vida del Parlamento generan tanto consenso como este, porque todos los partidos políticos estamos en una actitud proactiva y tendiente a buscar una ley que sea lo más justa y efectiva posible. Nosotros rescatamos muy especialmente de lo que ustedes han expresado el tema de la inclusión en los programas de la educación. En mi caso, que provengo del interior, he visto muchas veces que la diferenciación se produce no solo de parte del ser humano racialmente blanco, sino que muchas veces son los propios afrodescendientes los que se autodiscriminan o tienen una actitud despectiva hacia otros que son de su misma raza. Creo que esto demuestra claramente la importancia de los temas educativos y de la formación desde la niñez, desde la escuela, en estos aspectos, para que ayuden a considerarnos a todos más seres humanos, iguales en derechos y obligaciones, como lo establece la Constitución desde que se fundó el Estado uruguayo, en 1830.

De manera que les agradecemos mucho la comparecencia y naturalmente quedamos en contacto, porque en el proceso de desarrollo de este proyecto de ley puede surgir la necesidad de concretar alguna otra entrevista.

(Se retira de Sala la delegación del Consejo Asesor de la Casa de la Cultura Afrouruguaya.)

(Ingresan a Sala los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil.)

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene el gusto de recibir a los representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el escribano Julio Martínez, como Director, y el señor Gustavo Nisivoccia, como asesor de Dirección.

El tema que estamos tratando en la Comisión es el proyecto de ley sobre afrodescendientes, que establece normas que favorecen su participación en las áreas educativa y laboral. Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y está a consideración de esta Comisión a los efectos de su tratamiento en el Senado a la brevedad posible, tal como hemos acordado los Senadores de todos los partidos. Nuestro propósito era escuchar el punto de vista de la Oficina Nacional de Servicio Civil sobre algunos artículos que entendemos están referidos a aspectos que son de su competencia directa, como es el hecho de establecer un régimen de cuotas en las vacantes laborales del Estado, teniendo en cuenta a la Administración Central, a los entes autónomos y servicios descentralizados y a los Gobiernos Departamentales. Nos interesa analizar, fundamentalmente, la aplicabilidad de la norma, las experiencias anteriores, cómo han funcionado y los aspectos que ustedes, que son técnicos que están en la cuestión, consideren que pueden ser útiles para modificar o mejorar el proyecto de ley.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Buenas tardes.

                Tal como lo ha explicado el señor Presidente de la Comisión, nos interesa particularmente lo que dispone el artículo 4º del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Al respecto vamos a hacer algunas precisiones sobre su alcance y eventualmente estableceremos algunas dificultades que se podrían dar si la redacción quedara tal como fue votada. Aclaro que no hemos leído las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión en su totalidad, por lo que quizás algunos de estos planteos se hicieron oportunamente, o tal vez ya haya alguna respuesta en ese sentido. De todas formas, como representantes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, nuestra obligación es formular algunas puntualizaciones al respecto.

                El artículo 4º del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes expresa: “Dispóngase el 8% (ocho por ciento) de las vacantes laborales del Estado (Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados y Gobiernos Departamentales) para las personas afrodescendientes”. Aquí se habla de un 8% de vacantes laborales. Como ustedes bien saben, cuando en Derecho Administrativo se habla de vacantes en la Administración Pública, se asocia directamente a cargos presupuestales. Aquí se le agrega el término “laborales”, y supongo que ello se hace en el entendido de comprender a otros vínculos laborales. Si fuera así, quizás habría que explicitar efectivamente qué queremos decir con vacantes laborales. ¿Nos referimos a todos los ingresos a la Administración, independientemente si tomamos en cuenta el vínculo presupuestal? A vía de ejemplo, ¿también estamos incluyendo a los pasantes, becarios, arrendamientos de obra o arrendamientos de servicio? Me parece que podría quedar de alguna forma explicitado, sobre todo, qué significa el término “laborales”, para que después no haya interpretaciones que den lugar o de alguna forma desnaturalicen lo que los señores Legisladores quisieron plasmar en el artículo.

                Un segundo elemento al que quisiéramos referirnos dentro de este artículo -de acuerdo con lo que nos estuvo comentando nuestro asesor y la señora Subdirectora, la doctora Elena Tejera-  tiene relación con la necesidad de determinar a quiénes nos referimos cuando hablamos de personas afrodescendientes, por un tema práctico, tal como se puso de manifiesto cuando concurrimos a la Cámara de Representantes. Si mañana se hace un llamado en el Estado, en cualquier Ente Autónomo o Servicio Descentralizado dentro de la propia Administración Central, necesitaríamos que existiera un registro, una definición o alguna precisión respecto a afrodescendiente para saber quiénes tienen derecho a concursar y quiénes estarían dentro de este 8%. En este caso, de alguna forma hacemos un paralelismo con el régimen de los discapacitados, a través de lo que dice la Ley Nº 16.095.  Precisamente, el artículo 42 de dicha norma establece el 4% de las vacantes para los discapacitados. Por otra parte, el artículo 768 de la Ley Nº 16.736 es la que crea el Registro de Discapacitados en la órbita de la Comisión Nacional de Discapacitados.

                Si hoy en día hiciéramos un llamado de esa naturaleza, sabemos que existe un Registro y, por lo tanto, la persona seleccionada debería salir del mismo. Lo traemos a colación porque, aunque no sabemos si es exactamente lo que se pretende en este caso, entendemos que de alguna forma deberíamos tener alguna identificación de quién es afrodescendiente. Puede ser de esta forma o de otra, porque puede ocurrirnos que mañana cualquier llamado pueda ser impugnado por quien siente que quedó fuera o que quienes están compitiendo no tienen la calidad de afrodescendiente. En definitiva, es un tema que nos preocupa y lo queríamos dejar expresamente de manifiesto, sobre todo para evitar que haya acciones recursivas al momento de realizar llamados o que, en definitiva, terminen inhibiendo la realización de los llamados.

                Con respecto al artículo 4º, hay que establecer alguna temporalidad en el tema de las vacantes, donde también queremos traer a colación la experiencia de los discapacitados. ¿En qué sentido? Cuando se habla de un porcentaje del 8% en este caso y de un 4% para las personas con discapacidad, nunca decimos qué momento tomamos en cuenta para ese porcentaje. Esto se puede transformar en una situación móvil. Por lo tanto, si tengo diez vacantes de ingreso al día de hoy, obviamente con el 8% no llego a cubrir un puesto de trabajo, por lo que debo esperar a tener más cantidad, pero quizás puedo ir llenando esas vacantes con otras personas y en un momento tener solo cuatro vacantes, achicando así ese número. Entonces, habría que establecer en qué momento hacemos el corte. Podría tomarse como referencia un 1º de enero. Simplemente lo queremos dejar expresado como para pensarlo. En realidad, ese es un problema que hoy se da con las personas con discapacidad.  Al no establecer la norma cuándo se hace el corte y siendo permanente la movilidad de los llamados -porque, generalmente, esto no se junta sino que se va haciendo en distintas etapas a través del año- es muy difícil, a veces, llegar al número que permita el ingreso a un puesto de trabajo en las condiciones correspondientes, tanto por aquella ley como por la que se está promoviendo en esta oportunidad, que es objeto de análisis de la Comisión.

                Nos parece que esos son los principales puntos a resaltar; estamos a las órdenes para lo que dispongan los integrantes de esta Comisión.

SEÑOR LORIER.- Antes que nada quiero decir que es un gusto recibir a esta delegación.

Realmente, se trata de un tema en el que no habíamos pensado pero nos parece que es muy razonable, sobre todo, el primer punto planteado, es decir, el de la definición de quiénes son las personas que se incluirían en la categoría de afrodescendientes; desde ese ángulo, sin duda, va a ser motivo de análisis en esta Comisión. En este sentido, quisiera saber si nuestros visitantes tienen la posibilidad de asesorarnos acerca de qué elementos podríamos estar tomando en cuenta para llegar a este universo definido.

También nos parece muy interesante el tema de la temporalidad, es decir, del momento a tener en cuenta, porque vemos que permanentemente      -día a día- están surgiendo llamados que se hacen públicos de organismos        -todo el mundo los puede conocer- y, desde el ángulo de lo general, quisiéramos saber qué deberíamos hacer para que se contemplen los porcentajes establecidos en la ley de discapacitados o en este proyecto de ley. Este no es un tema menor y, en ese sentido, nos parece que sería oportuno que nuestros visitantes, que ya tienen una experiencia al respecto, nos ayudaran con alguna idea. Esto no quita que escuchemos la opinión o consejos de las autoridades de otros organismos, pero creemos que esta es una de las Oficinas más pertinentes para contribuir en este tema apuntando a establecer una solución en común. Claro está que esto no sustituye el trabajo legislativo sino que tiene que ver con una colaboración necesaria al respecto.

Quiero formular una última consulta que no tiene que ver con esto pero que me parece de interés porque hemos estado muy cerca de este tema            -también participamos en la elaboración de la iniciativa-; concretamente quería saber si la ley sobre discapacitados ya tiene reglamentación y si hay elementos de aplicación al respecto, sobre todo, en la parte laboral.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MONTIEL.- También quiero, por supuesto, dar la bienvenida a nuestros visitantes y formular una consulta. Los tres planteos que aquí se realizan parecen absolutamente razonables, pero este proyecto de ley ya obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes y quisiera saber si en esa instancia ya se comunicó este tipo de preocupación y si ha tenido algún tipo de consideración en la iniciativa.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Sí, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalmente, quisiera saber cuál ha sido la experiencia que registra la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre la aplicación de la ley que estableció cuotas para los discapacitados. Siendo Intendente me tocó vivir una experiencia, en un determinado momento, en que se me planteó una situación con una persona discapacitada y la verdad es que se me presentó una gran incertidumbre porque no había nada al respecto; es decir, existía la ley pero no otras disposiciones en base a las cuales aplicar la norma, por lo que, al final, en la resolución terminé invocando la ley y designando a esa persona discapacitada, pero no sé si estaba o no dentro de la cuota establecida porque no existía un registro, no había nada al respecto.

Entonces, por un lado, existe una norma que, obviamente, ampara el proceder de uno pero, por el otro lado, se encuentra sin elementos para hacer efectiva o correcta su aplicación. Por eso, ante esta iniciativa y cuando vi este artículo, en el cual se establece un sistema de cuotas, lo primero que quería saber era cuál fue la experiencia de dicha Oficina con la aplicación de la ley relacionada con los discapacitados.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Solicito que el asesor, señor Gustavo Nisivoccia, informe sobre algunos puntos que ustedes han planteado, y después quien habla complementará la información.

SEÑOR NISIVOCCIA.- Buenas tardes.

                Voy a hacer primero un resumen general.

                Con relación a todo este panorama de cuotas que se expresa en la norma, podemos decir que cuando la leemos percibimos la intención de que alguna cosa suceda al respecto; en los hechos, se termina viendo mucho voluntarismo y prácticamente una dificultad muy grande para poder lograr efectos concretos. Lo que se planteaba respecto de la experiencia de la Intendencia lo hemos observado en los números, cuando se hace el relevamiento. Las Intendencias, probablemente por la cercanía con ciertas realidades, son las que en general tienen algunos números de ingresos, así como también ciertos organismos, últimamente empresas.

                En lo particular, hice algunas entrevistas para empezar a ver cómo está funcionando esto y sacar aprendizajes. En resumen, existen dificultades por la variedad de realidades que se presentan, por la complejidad y porque la norma, si bien da un panorama, a la hora de aterrizar en las situaciones prácticas se requiere mucha cantidad de energía, con lo cual termina prevaleciendo un poco el abandono y el seguir por un camino más o menos rutinario. La experiencia indica que en los procesos de selección la situación no es clara. Se ha ido desglosando un poco el tema en cuanto a qué se refiere, si a plata, cargos o a qué situación de este universo, que además es móvil en lo que se refiere a los tiempos, o sea, de cuándo estamos hablando, como bien lo decía el escribano Martínez. Asimismo, las contrataciones se van haciendo en períodos de tiempo todo el año y es difícil definir cuándo y para qué perfil operamos y ponemos en práctica la norma.

                La experiencia indica que termina siendo resorte voluntario de algunas personas, que lo tienen como inquietud y, entonces, pelean contra una cantidad de obstáculos para lograr un resultado. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos haciendo contrato temporal a una persona con discapacidad, cumpliendo con todo lo que pide la ley, pero a los efectos de la norma no va a computar porque no estamos contratando a un funcionario público. Entonces, hicimos el esfuerzo, contratamos a alguien, pero a los efectos de cumplimiento‑incumplimiento es incumplimiento, o sea, sigue no computando. Hay que tener en cuenta lo que recién señalaba el escribano Martínez respecto a las modalidades contractuales y hay que tratar de poder expresarlo en otras, como por ejemplo en los becarios. El atarse a estos números hasta ahora ha sido algo muy complejo. No necesariamente hay siempre un número claro de vacantes. Nosotros estamos todos los años haciendo el relevamiento de la cantidad de personas que trabajan para el Estado y eso, según el organismo de que se trate, da una información más o menos clara y en tiempo, pero es una dificultad. Entonces, ahí tenemos un área de complejidad que no es menor a la hora de concretar ciertas acciones, que supongo que es lo que todos queremos.

                Otro punto tiene que ver con la Comisión Honoraria de Discapacidad que en la práctica funciona bien y que es una organización -quizás habría que convocarlos a ellos- que recoge una cantidad de actores de la sociedad civil. Si bien puede tener mayor o menor cantidad de problemas y complejidades, tiene la capacidad de discernir en cuanto a las discapacidades porque hay que tener en cuenta que algunas de ellas pueden ser imperceptibles. En este caso, estaríamos más o menos en lo mismo porque cómo alguien podría decir que una persona es afrodescendiente pero otra no. Este organismo que mencioné está compuesto por una variedad de actores y por eso nos da a todos la tranquilidad de que si alguien está inscripto y pasó por allí, el tema está laudado. Es cierto que hay gente que no se inscribe o que recién lo hace cuando aparece la oferta laboral, lo que nos habla de que no vamos a estar exentos de la misma problemática. Lo cierto es que las personas hacen su intento cuando aparece la oportunidad laboral y, a veces, cumplen con los requisitos pero muchas otras, no. Eso lo vemos todos los días en Uruguay Concursa porque un área de complejidad tiene que ver con el hecho de si se cumple o no con los requisitos. Muchas veces esos requisitos están claros porque se pide determinado título pero, de todos modos, quienes no lo tienen se presentan igual. Entonces, si eso no está articulado es previsible que se presente alguna dificultad y cierto grado de opinión respecto a si era o no y si merece o no, lo que creo no ayudará a nadie a los efectos de lo que se busca. Por lo tanto, sería bueno tener un mecanismo que permita afinar en ese sentido y dé tranquilidad. Desde la experiencia podemos recomendar que se instrumente algo similar a lo que se hizo con la Comisión Honoraria porque nos dio la tranquilidad de que en ella están involucradas una cantidad de asociaciones preexistentes de Montevideo y del interior como, por ejemplo, la Unión de Ciegos u Ompli. Esto, en sí mismo, es una garantía para todos.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Complementando lo que expresaba Nisivoccia y tomando en cuenta las consultas realizadas, quisiera manifestar que la propia temática hace difícil buscar una solución para la definición de afrodescendiente, a diferencia de lo que ocurre con la ley de discapacitados. A través del artículo 768 de  la Ley Nº 16.736, se dispone la creación de un registro de discapacitados y la Ley Nº 18.094 y el Decreto 205 de 11 de junio de 2007 que la reglamenta, disponen que aquellas personas que presentan discapacidad y quieren acogerse a los beneficios que establecen dichas normas, deben inscribirse en este registro. A su vez, para poder inscribirse en el registro, antes la discapacidad debía ser certificada por el Ministerio de Salud Pública y luego de la descentralización está a cargo de ASSE y de un tribunal integrado por un médico, un psicólogo y un asistente social. Este caso que se plantea con los afrodescendientes es diferente y lo cierto es que hoy  no tenemos una propuesta de solución. Simplemente, queremos recordar que en el censo, un 7,8% de la población se identificó como afrodescendiente pero fue una autodefinición o una autoidentificación. Eso es lo que a nosotros nos preocupa al momento de efectivizar un llamado, es decir, cuál es el elemento objetivo que se va a chequear para que efectivamente quien se presentó al mismo sea afrodescendiente. Esto puede traer una serie de disputas o de problemas al momento de confeccionar la base y el perfil que dificulte la aplicabilidad de la norma y, después, pasa lo que ha pasado en otros casos, incluso, teniendo reglas bastante más claras.

                A la vez, expreso que el tema de establecer un porcentaje sin ninguna otra aclaración al respecto fue presentado por la Oficina Nacional del Servicio Civil -en el momento en que comparecieron yo no estaba dentro de la Oficina en ese momento- pero sí fue planteado ese problema en la Comisión respectiva en la Cámara de Diputados y realmente desconozco lo que pasó al respecto.

                Lo último que quiero señalar es lo relativo a la temporalidad o la fecha de corte para hacerlo aplicable. Puede ser el primer día hábil de cada año o lo que entienda la Comisión, pero lo importante es que exista una fecha, no importa si es el 1º de enero o el 1º de abril, sino que exista una fecha en la que uno pueda contar a partir de ese momento y con esos elementos a la vista puedan verse qué cantidad de puestos de trabajo caen dentro del porcentaje que alude la norma.

                Una cosa que llama la atención -simplemente lo digo como un dato más a aportar- es que están fuera de lo dispuesto en el artículo 4º -quizás así lo previó el Legislador- el Poder Legislativo, el Judicial y los organismos de contralor. Simplemente hago este aporte como un dato porque, reitero, que quizás fue voluntad del Legislador que dichos organismos quedaran afuera. Según hablemos de una concepción amplia o restringida del Estado, podrían comprenderse estos organismos o no. En general, cuando se habla en estos términos se entiende la concepción restringida del Estado, podrían no estar comprendidos. Pero, quizás, insisto, fue la voluntad del Legislador. Simplemente queremos advertir esta situación.

SEÑOR LORIER.- Dada la experiencia que tienen en esta materia, se me ocurre que quizás podrían hacernos llegar por escrito algunos de los elementos que han señalado en esta reunión, a los efectos de  incluirlos en el artículo 4º.  Si pudieran hacerlo, se los agradeceríamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin duda, sería un aporte que permitiría perfilar mejor -o de la manera más correcta posible- el artículo,  sin “matar” -por decirlo así- la intención que evidentemente existe.

SEÑOR LORIER.- Pensemos también que en el artículo 9.º se establece la creación de una Comisión. Quizás esa podría ser la Comisión que tuviera a su cargo -por decirlo de algún modo-  el registro, una vez definidos los parámetros que se van a manejar. Digo esto porque no sabemos de otra que esté funcionando y que pueda hacerlo; en todo caso, evaluaremos esta cuestión porque, en definitiva, nuestros invitados realmente nos han estimulado a hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Desde ya, les agradecemos mucho su presencia, sus aportes y todos los elementos que puedan hacernos llegar por escrito para -reiteramos- ayudar a perfilar mejor el proyecto de ley.

Demás está decir que en cualquier momento podemos tener otra instancia de diálogo, en función de la evolución del tratamiento de la iniciativa.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 18 y 25 minutos.)

http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/AccesoDistribuidos.asp?Url=/distribuidos/contenido/senado/s20131977.htm

…///

(Ocupa la Presidencia ad hoc la señora Senadora Moreira.)

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos.)

-Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

-“Paysandú. Capital Nacional del Cooperativismo. Declaración. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Carp. Nº 1160/2013 – Rep. Nº 1990/2013)”.

Antes de recibir a la delegación representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, quisiera saber si los señores Senadores integrantes de la Comisión han recibido modificaciones o sugerencias sobre la definición de afrodescendiente, sobre la transversalización por género, sobre la responsabilidad social empresarial y, en particular, sobre la legislación garantista. De no ser así, solicitaríamos a la Secretaría que reitere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nuestra inquietud por el tema, así como a la Comisión Honoraria y a la Casa de la Cultura para que, antes de la próxima sesión, nos hagan llegar la definición de afrodescendiente e información sobre la transversalización por género, etcétera.

(Ingresan a Sala el señor Embajador Romero Jorge Rodríguez Durán y la socióloga Stella Vera.)

-La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene el gusto de recibir al señor Embajador Romero Jorge Rodríguez Durán, asesor de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y delegado alterno de la Cartera en la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y a la socióloga Stella Vera, representante de la Unidad Étnico Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la tarde de hoy tenemos el gusto de recibirlos en audiencia, a propósito del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, relativo al establecimiento de normas que favorecen la participación de los afrodescendientes en las áreas educativa y laboral.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Agradezco a la Comisión por habernos recibido y destaco que para nosotros es muy grato estar aquí con el objetivo de analizar y dar opiniones respecto al proyecto de ley que tienen a estudio. Esta iniciativa tiene mucho que ver con nuestro Ministerio, ya que allí contamos con una unidad étnica racial que apunta a esos temas, es decir, a todo lo relativo a la diáspora africana y a los afrodescendientes en su conjunto. Esta es una nueva política que se ha implementado en este Ministerio, bajo la gestión del doctor Almagro.

Cabe mencionar que las ideas generales que se expresan en este proyecto de ley que hoy se está analizando tienen más de dieciséis años. Seguramente, el señor Senador Chiruchi -en aquél momento Intendente de San José- y el señor Senador Solari -entonces Ministro de Salud Pública- recordarán que la primera Comisión parlamentaria que se hizo en este país estaba integrada por los cuatro partidos políticos y tenía como objetivo el análisis de un enfoque de Derecho para las poblaciones afrouruguayas. Recuerdo que esta Comisión también estuvo integrada por el señor Senador Tabaré Viera y la ex-Senadora Margarita Percovich y en ella se fue desarrollando lo que hoy se está discutiendo aquí. Por lo tanto, ya durante los gobiernos de los doctores Lacalle y Sanguinetti, se consiguió el primer consenso sobre el tema de los negros y negras uruguayas y creo que eso no es menor porque los tres partidos principales de la época se pusieron de acuerdo para observar estos asuntos. Recuerdo que tuve el honor y la satisfacción de haber participado en la elaboración del primer proyecto de ley sobre el tema, junto a otros compañeros y compañeras de la época.

Creo que aquí hay un elemento conceptual que no es menor y que representa la gran innovación de este proyecto de ley. En su artículo 1º se reconoce que la población afrodescendiente que ha habitado el territorio nacional ha sido históricamente víctima de la discriminación racial y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones estas últimas que constituyen crímenes contra la humanidad de acuerdo al Derecho Internacional.  Me parece que este artículo 1º es uno de los más importantes porque nos enfoca en el tema que queremos tratar y respecto al cual el Legislador quiere legislar. Esto por sí mismo ya justifica la ley y voy a explicar por qué.

                El primer asunto a destacar es el concepto de víctima, lo que no es normal porque actualmente, cuando hay algún problema racial en el Uruguay, inmediatamente se intenta estigmatizarlo o folclorizarlo, sin entender que esto es producto de una historia que los hombres y mujeres de nuestro país no hemos podido estudiar. Esa es la realidad del racismo estructural que actualmente existe en el Uruguay y que, hasta donde tengo entendido, ningún partido político ha negado. Entonces, el Legislador debe enfrentar el desafío de encontrar la forma de resolver este racismo estructural que tanto se ha insertado en nuestra sociedad que muchas veces se lo folcloriza. Incluso, la estructuración del racismo en reiteradas ocasiones se confunde con discriminación, sin entender que son cosas distintas. El punto es que el racismo es el cúmulo de un proceso histórico que los uruguayos no hemos resuelto. ¿Por qué digo esto? Porque los afrodescendientes de hoy, los negros y negras como yo y tantos otros, somos parte de una historia que, lamentablemente, el sistema educativo uruguayo no ha podido abordar. Se podría decir que es un tema de escuela que no hemos podido resolver. El único intento que se hizo fue en 1954 en la Facultad de Humanidades y Ciencias y si bien en la Universidad ha habido otros intentos muy serios, todavía falta mucho para que se tome conciencia y el sistema y la dirección educativa de Uruguay resuelva el tema.

                Estamos hablando de uno de los mayores genocidios; a mi entender, el creador del capitalismo fue la trata de esclavos. La estructura de la trata de esclavos se basa en cuatro elementos sobre los cuales los señores Senadores van a discutir para luego tomar una resolución en el Senado.

                El primer elemento fue global: la trata de esclavos comenzó en 1400 – 1500 y es la primera globalización económica generadora del capitalismo que existe en el mundo; la industria de los celulares es una globalización neoliberal. Fue global porque  no solamente involucró a Uruguay sino a todo el mundo. En aquella época todos estaban comprometidos con este negocio, la forma mercantil del capitalismo -eso de traer vidas humanas y llevar productos- y las ocho grandes potencias que todavía existen eran las que regulaban ese mercado.

                Esta globalización económica forma parte integral y estructural del fenómeno que los señores Senadores están analizando.

                El segundo elemento fue legal: nadie iba preso porque se entendía que nadie había cometido un delito por secuestrar gente en África. Era bendecido por las autoridades y la Iglesia de la época, por el Tratado de Sevilla y por todos los sistemas legales de aquel entonces.

                El tercer elemento fue racial: no se ubica en otra parte sino en África. Obviamente fue en África por un problema de comodidad económica porque ir allí significaba dos o tres meses de barco. Si observan atentamente en todos los puertos de la zona atlántica -ya sea de un lado o del otro- comienza a desarrollarse esta ingeniería mercantil y capitalista.  Insisto: es racial porque se ubica en el África subsahariana y no en otra parte.

                El cuarto elemento es la extensión en el tiempo, pues dura hasta 1900. Lamentablemente ningún partido pudo resolver su estructura. Se pudieron resolver libertades en el gobierno de Joaquín Suárez en 1842, pero en el de Manuel Oribe, en 1854, la libertad es absoluta. Recordemos que en el proyecto sobre la abolición se decía que la mujer quedaría de pupila en la casa de los amos y que el hombre iría al cuartel.

Este fue el proceso que vivimos los uruguayos. Luego vino todo aquel ciclo de naciones afirmativas, pues este mismo Parlamento votó en 1905 diez pesos para emigrantes de Europa, exceptuando a los armenios, judíos y negros. Justamente el señor Jorge Rodríguez, Secretario General de la Intendencia de Montevideo e integrante del Partido Demócrata Cristiano, hizo al respecto un estudio muy interesante. Es más, hasta hace poco, los gobiernos han ofrecido subvenciones y estructurado formas impositivas; en ese sentido, recuerdo la política adoptada durante el Gobierno del ex-Presidente Luis Alberto Lacalle hacia los japoneses y coreanos que se dedicaban al plantío de flores en el departamento de Soriano. Siempre hubo un país atento a legislar sobre estos aspectos. Esta es la primera ley que en carácter integral vamos a tener los uruguayos con respecto a los afrodescendientes, hecho que me parece fundamental. He trabajado en este proyecto de ley y, como me han pedido opinión, he escrito algunos comentarios. Esta instancia en el Senado es una de las más importantes porque tiene la responsabilidad de cambiar la historia del 8% de los uruguayos.

Quiero recordarles que el término “afrodescendencia” es uruguayo; lo sugerimos en la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo en el año 2000, en San José de Costa Rica, oportunidad en la que fui nombrado Secretario General. Una de las personas que impulsó mucho este tema en ese ámbito -además de otros- fue el doctor Mercader; eso lo recuerdo patentemente. Eran momentos en que la Conferencia Mundial contra el Racismo tenía sus problemas, sobre todo, con el tema de palestinos y judíos, y  en la que también hubo muchas presiones para que Uruguay se retirase -era la época del Gobierno del doctor Jorge Batlle-, pero tuvimos una firmeza interesante que hay que resaltar.

                Aclaro que esto no tiene un tinte partidario ni color político; en la historia del Uruguay, los diferentes partidos han expresado -algunas veces de una forma tenue y otras de manera más importante- acciones afirmativas. El tema de la afrodescendencia era estrictamente político y cuando lo planteamos en la conferencia era porque los grupos de Estados Unidos y los grupos brasileños tenían graves problemas de denominación en el sentido de cómo enfrentarse como actores políticos en la Conferencia Mundial contra el Racismo. Ahí se nos ocurrió -entre otros y otras- hablar del tema de la afrodescendencia  porque en definitiva  plantea el rescate de la identidad. Yo me siento muy uruguayo y mi condición de afro, es decir,  saber que mis antepasados vinieron de un lugar donde había distintas civilizaciones que constituyeron el planeta, me llena de orgullo.

                La afrodescendencia es la autoestima. A veces no estoy muy de acuerdo con decir “afrodescendiente”; en realidad soy “afrouruguayo”, donde hay dos condiciones que es necesario rescatar. Para las Naciones Unidas está bien el término “afrodescendiente” porque está hablando globalmente pero acá nos referimos a los “afrouruguayos”; tenemos que hacernos cargo de ese tema.

                El mundo ha avanzado en todo esto y si se vota este proyecto de ley Uruguay se estará poniendo a tono con el resto de América Latina. En América del Sur existen 14 organizaciones estatales, de Gobiernos, que han resuelto este tema así como se está haciendo en el Parlamento uruguayo. Puedo citar las acciones afirmativas de Brasil que han avanzado mucho en el tema de los cupos universitarios. En ese sentido, trabajé como técnico especialista durante el primer gobierno de Lula para ayudar a construir un Ministerio, que hoy se llama  Secretaría Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial. Esta es la única Secretaría con rango ministerial en Brasil que está encargada de estos temas, es decir, de la implementación de acciones afirmativas. Esto tiene un antecedente que data del año 1998, en la Universidad de San Pablo, donde formamos un grupo de acciones afirmativas -hablar en aquella época de este tema era una utopía- para América Latina.

                Por lo tanto, Brasil tiene la Seppir; Argentina tiene el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -Inadi-, que ha avanzado muchísimo; Perú tiene la Indepa; Ecuador tiene la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano -Codae-; Uruguay tiene tres mecanismos: uno en el Ministerio de Educación y Cultura, otro en el Mides y un tercero en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, Colombia tiene la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la que tiene mucho que ver con el mantenimiento de la paz porque en este caso están involucrados los territorios donde se acumulan las mayores cantidades de poblaciones negras de ese país. En Venezuela, el sistema que ha imperado es la Comisión Presidencial, que ha venido funcionando de una manera muy interesante; en Bolivia hay un vice Ministerio para la descolonización y la interculturalidad que refiere al núcleo de 20.000 o 25.000 afrobolivianos. Chile es el único país que no tiene un organismo dedicado a este tema, razón por la cual se puede observar las dificultades que está teniendo en el sur con las poblaciones indígenas. Paraguay es otro país en el que no se ha avanzado en este tema.

                Sin embargo, podemos afirmar que, América Latina en su conjunto ha avanzado en el desarrollo de las acciones afirmativas para la población afrodescendiente; el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han avanzado muchísimo en el tema. Existen más de veinticuatro organismos dedicados al tema afrodescendiente -ello figura en el material que trajimos que, por cierto, no leeré para no aburrir a los señores Senadores pero queda a su disposición-, entre los que encontramos desde los grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, hasta los diferentes organismos, tratados, convenciones, comités, grupos de trabajos intergubernamentales, grupos de trabajo sobre las personas de ascendencia africana y muchísimos otros más.

¿De qué estamos hablando, entonces, señores Senadores? Estamos hablando de que desde el año 2000 en adelante, precisamente desde la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia -realizada en Durban, Sudáfrica- aparece un nuevo sujeto político en la historia de la humanidad que son los negros y las negras o los afrodescendientes, a los que dicha conferencia le otorga derechos por considerarlos víctimas históricas en el proceso del desarrollo de los pueblos. Ese es el punto. Recordemos lo importante que han sido para la humanidad las tres conferencias mundiales contra el racismo. La I Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia dio legitimidad a la descolonización en África en 1962, es decir que admitió, en ese proceso, a los 54 países que hoy la integran. Por lo tanto, no es menor lo que han logrado las conferencias mundiales contra el racismo. La II Conferencia dio lugar al proceso de boicot a Sudáfrica, proceso que todos los uruguayos apoyamos bajo el corolario de la libertad de Mandela. Si no hubiese sido por esa conferencia que aunó el grito y el movimiento de los pueblos por la libertad de Mandela y el fin del Apartheid, quizás este hubiese durado un tiempo más a pesar de que ya estaba agonizando. Con la III Conferencia surge como novedad el otorgamiento de derechos a las víctimas de la trata de esclavos. Me voy a referir solamente a un índice que surge de dicha Conferencia -supongo que los señores Senadores lo habrán leído hasta el cansancio-: 39% de los afrodescendientes vive en hogares pobres, superando en más de veinte puntos la incidencia de la pobreza en el resto de la población. Hoy, en Uruguay, el 20% de los blancos gana más que los negros. Y ello no es culpa de ningún partido político ni de ningún gobierno sino que es producto de un proceso histórico que tiene -a mi modo de ver- cuatro elementos: el legal, el racial, el global y la extensión en el tiempo.

No podemos decir que Suárez sea racista por haber dicho lo que dijo; simplemente, discriminó a una persona como lo pudo haber hecho cualquiera de nosotros en un momento -disculpen la expresión- de calentura. Aquí se confunde mucho la discriminación con el racismo. El racismo tiene condiciones estructurales; en la medida en que no aprendamos en la escuela que hubo una trata negrera con ese significado, ese problema no se va a resolver. A mi juicio, es muy positivo que este proyecto de ley avance.

A efectos de ir finalizando, quiero mencionar que a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Unión de Naciones Suramericanas -Unasur- y del Servicio General de Identificación Personal          -Segip-, en un encuentro iberoamericano, estamos trabajando en un programa regional denominado “Afro XXI”, en el que todos los países estamos generando políticas de acciones afirmativas. Una de las pocas cosas que en Uruguay a veces se saben, otras no pero me permito comentárselas, es la importancia geoestratégica, es decir fuera del marco nacional, que tiene para Uruguay el proyecto de ley que se está considerando aquí. Tengo en mi poder un documento denominado “La Diáspora Africana y la Sexta Región”. Es de conocimiento de los señores Senadores que la Unión Africana se dividía en cinco regiones. Hoy se divide en seis; la sexta región somos nosotros: los afrodescendientes. O sea que yo puedo rastrear mi descendencia y obtener un pasaporte congolés, así como seguramente muchos de ustedes tendrán uno español o italiano. Para África negra, África subsahariana, este es el elemento geoestratégico más importante que hoy están implementando. Esto fue desarrollado a partir de las políticas de Nelson Mandela y luego lo tomó la Unión Africana en un todo. Uruguay participa como observador. Entre las responsabilidades que tengo en Cancillería, la más significativa y de prioridad uno, es África subsahariana, donde -recordemos- estábamos vendiendo por US$ 230:000.000 y este año estuvimos cerrando en US$ 320:000.000. Hoy estamos hablando de abrir una embajada en Angola. La mayoría de los negros uruguayos descendemos de ahí, del Reino de Matamba y de la Reina Nzinga. Estamos hablando de la gran civilización bantú. Muchos de ustedes y yo mencionamos a menudo palabras bantúes sin saberlo, tales como candombe, mondongo y tango; el tangó famoso de los kimbundos de Angola.

                Gracias a la sexta región hoy estamos participando activamente en el programa africano de movilidad académica. Esto significa que estamos generando convenios con la Udelar, con la Facultad de Humanidades, con las Universidades de Kinshasa, de Benín, de Pretoria, y ahora con la de Agostinho Neto de Angola. Todo el elemento diaspórico nos permite un encare que generalmente la diplomacia uruguaya no lo veía hasta ahora. Son formas nuevas de traducir la diplomacia o políticas de inserción o inclusión en algunos lugares del planeta. Actualmente, los uruguayos no podemos abrir 18 embajadas, como tiene Venezuela, o 22, como Brasil. Vamos a tener tres embajadas en África al terminar el período, pero estamos abriendo cinco centros culturales: Uruguay-Benín; Uruguay-Congo; Uruguay-Angola; Uruguay-Sudáfrica; Uruguay-Kenia, y ahora Uruguay-Mozambique. Estos centros están integrados por asociaciones de fútbol del lugar, por el avance que ha tenido nuestra selección y el impacto que ha ocasionado políticamente al obtener el cuarto puesto en el Campeonato Mundial. Por tal motivo, todo el mundo conoce a Uruguay. Eso quedó muy marcado en Ghana, más de lo que podemos pensar.

Por otra parte, se reconoce la solidaridad permanente de Uruguay con otras naciones, así como la apertura que tiene la Universidad uruguaya, que lamentablemente no la tienen otros pueblos; con esas Universidades que muchas veces se desechan en el campo académico universal. Asimismo, se considera la actitud proactiva de nuestros exportadores y empresarios al querer invertir y hacer negocios allá, así como las organizaciones afro, que también han colaborado con esta iniciativa.

Ahora bien, ¿en función de qué sucede todo esto? De un concepto diaspórico. Mucha gente me pregunta: “Embajador, cuando usted va allá, ¿con quién se presenta?” Y bueno, inmediatamente, lo primero, es con las etnias, porque como ustedes saben, se trata de países que no tienen cuarenta ni sesenta años de vida. Todavía son muy étnicos en su formación legislativa, legal. Las etnias -o los reyes de las etnias- tienen mucha incidencia en los procesos africanos, y esto lo permite una política diaspórica. Esa política diaspórica Uruguay la está llevando, los resultados se están viendo y esperamos que al final de la gestión de este Gobierno se presenten más resultados concretos. Esto ya se venía  haciendo en el Gobierno anterior y se está profundizando en este. Por lo tanto, el proyecto de ley que está discutiendo esta Comisión -como verán los señores Senadores-,  tiene varios significados que se ubican  en el plano interno, en el educativo, en el de la consagración de una política antirracista y en el plano estratégico internacional.

                Esta ley es para todos los uruguayos porque obligará a un segmento de la sociedad a conocer  quién es el negro y la negra, y cuál es su historia más allá del candombe, de la alegría o de la desgracia que nos pueda tocar. Esto no tendría sentido si los cuerpos docentes de este país no lo tomaran con fuerza, sobre todo en lo relativo a la trata de esclavos -me resisto cuando caemos en el folklorismo de las cosas-, tema sobre el que hay un excelente trabajo de la Unesco titulado “La Trata Transatlántica de Esclavos”, que consta de 23 tomos. Creo que en el Ministerio de Educación y Cultura hay un grupo que lo está trabajando, aunque todavía no conozco los avances. Creo -sin suponerlo- que en poco tiempo podríamos terminar con el racismo, por lo menos el estructural. Se trata de desestructurar el racismo y esta ley está llamada a eso. Además, se debe tener en cuenta que esto es temporal y medible, ya que dentro de 10, 11 o 12 años podremos decir “tarea cumplida”, profundizar o volver a otro tipo de políticas. Esta no es una ley que quedará para siempre.

                Por otra parte, es la primera vez que a los afrouruguayos se les reconoce como tal, cosa que no es menor. Muchas veces se los reconoce cuando se tiene alguna  honra como hombre o mujer importante, pero como comunidad, ¿cuándo se los ha reconocido? ¿Cuál fue el gesto comunitario de este país?  En la historia de este país hubo dos gestos: uno de parte de Joaquín Suárez en 1842 y otro de  Oribe, en 1854. Después hubo avances importantes, pero la comunidad afrouruguaya -la comunidad negra uruguaya- en materia legal no los obtuvo. Es más, en  1933 hubo algo muy interesante. Después del Gobierno de Terra este Parlamento votó acciones afirmativas para los negros uruguayos, a efectos de que el Ministerio del Interior permitiese ingresar a negros a las fuerzas policiales. Sin embargo, en 1949 se produce un escándalo en este mismo Parlamento, porque esa ley no se había cumplido. En la historia se ven las resistencias que este tema ha tenido y precisamente, escribí  un libro  que documenta los intentos que ha habido, bajo el concepto de que no hay que dividir la nación, tan traspasado de época.

 Hoy todos reconocemos que somos un país multiétnico y plural. El pluralismo uruguayo es de los más destacados y sobre eso la clase política se tendrá que enfrentar en el futuro, viendo la capacidad de multiplicarnos étnicamente, con las diferentes culturas que conviven en nuestro país, que es hermoso. Eso algún día el Legislador lo tendrá que representar y creo que este proyecto de ley hace un avance en ese aspecto, al igual que en el tema de la pluralidad.

                Sinceramente, exhorto a la señora Senadora y a los señores Senadores a llevar la posición favorable de este proyecto de ley. Esta sería la tercer ley aprobada sobre el tema, porque si observan la historia,  en 1842 hubo una ley para darnos la abolición, en cuyo primer artículo se decía: “te dejo libre pero vos vas al cuartel y vos vas pupila a la casa de tu ama”; y en 1852, otra ley que dio un margen muy importante de libertades, pero no lo desarrolló el conjunto de la sociedad. De otra manera, no se comprendería  que tengamos estos guarismos de pobreza integral en nuestra gente.

                Cuando me dicen que la causa es la política económica, les digo que no, que va más allá de la política económica, porque estos guarismos no se resolvieron en el Gobierno del Partido Nacional, ni en el del Partido Colorado     -digamos las cosas claras- y a este Gobierno le está costando mucho. El núcleo duro del que habla el señor Ministro Olesker, corresponde a negras y negros. Esa es la realidad. Si no, vayamos a las cárceles y miremos quiénes están ahí.

                Exhorto nuevamente a los señores Senadores, a quienes agradezco y pido disculpas un poco por la pasión, pero estoy inmerso en el tema desde hace treinta años y es imposible dejarla de lado.

                Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos al señor Embajador sus palabras, al tiempo que le pedimos que nos permita fotocopiar el material de que dispone, a fin de hacerlo llegar a todos los señores Senadores integrantes de la Comisión.

 

                Si la socióloga Vera no desea agregar algo más, pasamos a la instancia de preguntas a formular.

 

                Por mi parte, consulto acerca de algo que ha sido señalado por algunas delegaciones, así como por algunos señores Senadores: que en el proyecto, aparentemente, faltaría una definición precisa de cuál es la población afrodescendiente. Justamente, de esta definición se deduciría el alcance y el impacto de las medidas a tomar; me estoy refiriendo, específicamente, a la cuota del 8%.

 

                El Embajador ha señalado que el término “afrodescendiente” fue impuesto por el propio Uruguay, junto a Brasil y Argentina, en el ámbito de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Por lo tanto, pregunto cuál es la definición y cómo podríamos incorporarla al proyecto. A su vez, ¿cómo podríamos aventar las dudas que existen respecto de la amplitud del término “afrodescendiente”?  Esto último lo planteo porque se nos ha dicho que el hijo de un egipcio o el hijo de un tunecino, por ejemplo, podrían apelar a la cuota. Muchos se preguntan qué es ser afrodescendiente, porque es un término muy amplio, y si es autoidentificación, etcétera.

 

                La segunda interrogante que quiero formular se relaciona con el artículo 1º, que es al que más se ha referido el señor Embajador.

 

                En el reconocimiento de que la población afrodescendiente ha sido, históricamente, víctima de la discriminación racial y la estigmatización, ha surgido la pregunta -tanto en algunos Senadores y Senadoras, como también en alguna audiencia- de si el mencionado artículo 1º podría generar hoy, o en el futuro, algún deber de resarcimiento por parte del Uruguay hacia la colectividad afrodescendiente.

 

SEÑOR SOLARI.- Ante todo, quiero agradecer la presencia y la exposición de quienes hoy nos acompañan.

                Voy a formular dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con una aparente discrepancia que ha surgido, y digo “aparente” porque en realidad no sé cuál es la razón de fondo.

                Concretamente, en el último censo, que tuvo lugar en el año 2011, la población que se autodefine como “afro” o “negra” representa, en relación al total de la población, un 4,6%; en los hombres el porcentaje es un poquito más alto que en las mujeres. Entonces, pregunto a alguien que conoce mucho de este tema, cuál puede ser la razón de la discrepancia que ha surgido entre esta cifra censal y la que se maneja en el propio proyecto, es decir, un 8%, como meta de la acción afirmativa. 

                Por otro lado, siendo el racismo un tema de carácter estructural y teniendo la pobreza  una incidencia más alta entre la población afrouruguaya, ¿hasta qué punto es importante el tema laboral y hasta qué punto lo es el tema educativo cultural? Lo pregunto en el sentido de si no habría que dar preeminencia a la corrección de una percepción de diferencia que existe en la cultura.

                El ejemplo de Suárez es muy claro. Creo que en este caso si bien no hay intencionalidad, en el fondo es una afirmación racista. La ley toma como acción afirmativa un encare que tiene un componente educativo pero, fundamentalmente, laboral, lo que no va a corregir las diferencias estructurales por sí mismas, sino que se logrará a través de la cultura y de la educación que es en definitiva lo que cambia el estatus de un colectivo o de una comunidad.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Antes que nada, quiero agradecer el planteo realizado por el Embajador Rodríguez porque me pareció muy interesante. Además, ruego me disculpen si hago alguna pregunta que pueda ser de Perogrullo, pero acabo de tener contacto con el proyecto de ley.

                Los primeros artículos del proyecto de ley hacen una discriminación positiva buscando dar participación a la población afrouruguaya -por supuesto que comparto lo manifestado sobre los aspectos de discriminación y racismo-; pero a partir del artículo 8º en adelante hay cuestiones muy interesantes respecto a programas educativos y de formación docente en torno al tema. Si vamos a lo planteado por el señor Embajador, el tema fundamental -sin dejar de reconocer la discriminación-, es el racismo. A este respecto, pregunto: ¿cómo se medirían los informes periódicos en torno a las acciones afirmativas establecidas en los artículos anteriores -como dice el artículo 10-, no solamente en el marco de las competencias en el ámbito del empleo, sino en la educación, el deporte y la cultura? Pero, fundamentalmente, cómo poder educar en ese aspecto. Nosotros siempre decimos que no discriminamos, pero resulta que si vamos al fondo, sí discriminamos, y esto tiene que ver con un tema de racismo. A veces aprobamos cosas y decimos que está todo bien, pero esto tiene que ver con algo muy importante en lo que hace a los programas educativos desde Primaria hasta el último curso de Secundaria o de Enseñanza Terciaria.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Les agradezco por los seis elementos que se conjugaron.

Me gustaría hacer una aclaración para quedar tranquilo con mi conciencia, antes de ser un buen Embajador.

                Existe un porcentaje importante de que salga la propuesta que tenemos arriba de la mesa y, por lo tanto, cualquier activista en el tema del racismo o la discriminación sabe que cambiarle una letra significa volver atrás. Esto es así, y los tiempos juegan. Creo que esto es lo mejor que se ha conseguido en este proceso. Se podrá mejorar, pero esto abre a Uruguay a los temas multiétnicos y de racialidad del siglo XXI. Le estamos sacando el chucho a la expresión raza sí o raza no.  Nos guste o no nos guste, nos dé chucho o no -porque nos hace recordar a viejas épocas, como la segunda guerra mundial-, estamos legislando sobre un tema racial. ¿Hay una diferenciación biológica? No, hay una referencia y una discriminación social. Además de ser pobre por la clase, se es pobre por ser negro o negra. Y en el caso de las mujeres la discriminación es triple; seguramente es algo que habrán escuchado de todas las que concurrieron aquí. Esa es la realidad y es a lo que apunta este proyecto de ley. Posiblemente haya que mejorarlo, pero es importante que en la gestión que llevan adelante los señores Legisladores se coloque el tema de la racialidad encima de la mesa. Esto es lo histórico y a partir de ello se genera un gran problema: ¿cómo identificamos a estos señores?

                Más de una vez hemos escuchado preguntar: “¿Cómo los identificamos?” Sin embargo, un negro y una negra es lo más identificable que hay en este país. ¡Por favor! ¡He escuchado preguntar esto con tanto asombro! “¿Cómo los identificamos?” Primero, está el fenómeno de la autoidentificación y, segundo, el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística haya llegado a elementos estadísticos muy importantes. Cuando a cualquier negra o negro le preguntan: “¿Cómo los identificamos?” respondemos: “Nos identifican todos los días”. Yo voy a cumplir sesenta años y desde que tengo uso de razón siempre me han dicho “negro Romero”. ¡Aquí hay un gran etnocentrismo! Creo que la pregunta debería ser al revés: “¿Cómo identifican en Zimbabwe a los blancos donde hay un Apartheid hacia ellos?” Constitucionalmente, los blancos no pueden tener tierras, casas ni trabajos, es horrible y horrendo; entonces, ¿cómo los identifican?

                Cada vez que hemos escuchado hablar de estos temas quedamos impactados, sobre todo, en Brasil, cuando Caetano y los intelectuales se opusieron a las acciones afirmativas. Ante esto, pensábamos: “Pero Caetano ¿qué está diciendo?” ¿A nuestra inteligencia le cuesta tanto mirar dónde está la pobreza dura? ¿A nuestro sistema de estadística  le cuesta tanto determinarla?

                Creo que en el tema de la autoidentificación hemos avanzado, pero también sabemos que si el sistema funciona inmediatamente lo detecta porque la historia del racismo y su estructuración -y, por ende la discriminación- consiste en la identificación del otro. ¿Le costó mucho a Suárez identificar a Evra? ¿Le costó mucho a las muchachas -que eran negras, además- identificar a Tania Ramírez?

                Recuerdo que un día dimos una conferencia en Naciones Unidas y se dio un debate donde se tocó el tema de la central obrera. ¿Nos cuesta tanto ver que hay pocos negros, que el único que hubo fue el del Sunca, Galloso?

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Y Barrios.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- En la Universidad tuvimos una discusión con un amigo -de esos que uno siente ahora- cuando el profesor Guillot dijo que nunca hubo Jueces negros ni Juezas negras.

                O sea que el problema de la autoidentificación es para adentro de los sectores mayoritarios de la sociedad. Y ante la pregunta: ¿Cómo los miramos? Se debería responder: ¡Como los miraron siempre! ¡En esto no hay nada nuevo!

                El tema del resarcimiento es muy interesante. Seguramente el señor Senador Fernández, como lector de los movimientos sociales, sabe que el movimiento social busca las reparaciones y yo, como parte de un movimiento social durante cierta etapa de mi vida útil, en esta Comisión no lo voy a negar. Sí, se buscan las reparaciones.

                Ahora bien, con este proyecto de ley se busca el reconocimiento de una ley de acciones afirmativas. En ningún lugar de este documento se mencionan las reparaciones. ¡No sé qué pasará dentro de cinco, diez o quince años! Creo que habría que hacer un estudio académico -¡no queda otra!-, pero esta es una posición política sobre la que no tengo instrucciones para dar. Obviamente que no se trata de hablar acerca de lo que pienso, sino de lo que representa el Ministerio, pero todos tienen reivindicaciones en la vida.

                Efectivamente, los resarcimientos y reparaciones, son viejas reivindicaciones de la diáspora africana en sus siete escuelas o líneas. Como todos saben, no hay un único movimiento negro; en el Uruguay tampoco lo hay y a veces uno escucha que se dice que están todos peleados, pero lo cierto es que existen opiniones políticas totalmente diferenciadas. Por lo tanto, en este proyecto de ley no se dispone absolutamente nada en relación a las reparaciones -tranquilidad por ahora, decía Chávez- y, en mi opinión, sería un orgullo que el proyecto de ley se aprobara tal como está.

                ¿Cuáles serían las razones del desempeño en lo censal? Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo ser negro era algo malo y pongo como ejemplo que no haya habido bancarios negros y tampoco mozos, solamente uno, el de La Esmeralda. Lo cierto es que en nuestro país, ser negro significó estar fuera del sistema. Hay un libro de Euclides Da Cunha, llamado “Los Sertones”, que relata cómo antiguamente los negros se pintaban la cara y también Vargas Llosa, en su libro “La fiesta del Chivo”, sobre Trujillo, también cuenta que se maquillaba la cara con polvo blanco. ¡Cuántas negras habré visto, sobre todo viejas, que no querían ser negras porque quedaban fuera del sistema! Por lo tanto, no me llama la atención ese 4% del censo porque la negación existe. Cuando una persona queda históricamente desplazada del sistema por el color de su piel, no le queda otra opción que negarlo. Quizás esto los uruguayos no lo vemos mucho pero en Perú y en los países andinos es muy interesante el fenómeno de que en la televisión no aparezca ni una sola persona indígena sino solamente el prototipo europeo, es decir, la chica rubia de ojos verdes. Aquí el tema es reconocer al otro que ha sido tan golpeado históricamente, lo que produce esta autonegación. Por esta razón, destaco el significado de este fenómeno que se ha dado últimamente en el Uruguay en cuanto al reconocimiento étnico, lo que habla bien de nuestro país.

                Sobre el tema laboral y educativo, debo decir que considero que van de la mano y que sería bueno llamar a las autoridades de la Universidad de la República y del Codicen para profundizar en el tema educativo. Sin embargo, reitero que no creo que un tema vaya antes que el otro sino que van de la mano. Entiendo que, en esto, el Legislador no puede priorizar porque tiene que admitir el rezago histórico y compaginar las leyes de una forma transitoria. Considero que se debe poner énfasis en que lo laboral y lo educativo caminen en forma conjunta.

                En cuanto a la identificación positiva, me gustaría recordarles que en América del Norte hay un Presidente que es producto de las acciones afirmativas porque si a nuestro amigo Obama no le hubiesen dado becas para estudiar y recibirse de abogado, no hubiese llegado nunca a lo que llegó. El propio Jesse Jackson, en una alocución que dio en NTN 24, habló sobre esto y los avances que ha permitido.

Pero también recordemos un elemento que no es menor en estos casos ¿desde qué postura se habla? ¿Desde dónde? ¿Desde qué mundo? ¿Desde qué universo? Voy a contar una anécdota que me parece muy importante. Hace muchos años comencé trabajando en un grupo que se llamaba Rainbow Push, que dirigía el pastor Jesse Jackson, y recuerdo que hicimos una demanda muy grande a la empresa Shell Brasil en San Pablo. Fuimos con el pastor a una reunión integrada por un consejo como este, y se les hizo tres preguntas: ¿Cuántos funcionarios tiene la Shell? El Presidente respondió, por decir un número, doce mil. ¿Cuántas son mujeres? Respondió que no sabía. ¿Cuántos son negros? Tampoco sabía.  El pastor se refirió a la integración del Directorio y el Presidente le respondió que eran todos los que estaban reunidos.  Estaba integrado por catorce miembros: solo una mujer y ningún negro. Entonces Jesse Jackson dijo una frase muy interesante que me quedó grabada y que utilizo cuando doy clases: “La ausencia de una política es una política”. Entiendo que este proyecto de ley tapa todas las ausencias, por lo menos las consideradas hasta ahora. Volviendo al ejemplo, el pastor Jesse Jackson consideraba que si no había mujeres y tampoco negros, la empresa no tenía una política al respecto, pero se escudaban diciendo que no era posible, a lo cual él respondía que sí se podía. Las ausencias de políticas generan las discriminaciones más perversas que hemos visto a lo largo de los siglos XX y XXI. ¿Por eso la identificación positiva y las acciones afirmativas? Sí. Son transitorias, no son for ever, no son para siempre -con buenos niveles de medición y con el Parlamento involucrado-, sino para cortar un lapso histórico que duró algunos años. De ahí provienen los informes periódicos de los que nos hablaba el señor Senador Fernández. 

                Parecería que los informes periódicos son para quedar bien con el sistema de  Naciones Unidas y los uruguayos los miramos muy poco, pero son necesarios -para el Legislador y para nosotros mismos- para medir los avances que hemos tenido. ¿Cómo sabemos cómo está es la situación de los negros? Seguramente, a mis colegas de otros entes autónomos o de otros departamentos -a quienes no quiero complicarles la vida-  les preguntaremos cuál es la situación racial y de las mujeres en el INAU, porque uno se tiene que hacer cargo. Desde la Cancillería nos hacemos cargo de las poblaciones, de las relaciones exteriores, de la frontera, del país y de África negra y del Caribe. De eso damos cuenta como política exterior, pero también es necesario que los demás Ministerios se hagan cargo,  porque esos informes son importantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero aclarar que los que trabajamos en la Rendición de Cuentas recibimos de cada Ministerio un detalle sobre la aplicación de medidas de antidiscriminación para discapacitados y afrodescendientes. No recuerdo en qué están las empresas públicas, pero la información está.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Sé que generalmente llegan los informes periódicos de las Naciones Unidas, pero no sé cuál es el sistema del Poder Legislativo.

                Creo haber contestado las seis preguntas que me han formulado.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Así es, señor Rodríguez.

                Agradecemos a los invitados la información que nos han brindado y vamos a gestionar la manera de hacernos de los materiales referidos.

                Se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 9 minutos.)

 http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/AccesoDistribuidos.asp?Url=/distribuidos/contenido/senado/s20131994.htm

…///

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 13 minutos.)

                -Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

                -“Carpeta Nº 1252/2013. Cooperativas. Constitución y funcionamiento. Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008. Modificación. Distribuido                  Nº 2204/2013”.

                La Comisión continúa considerando el proyecto de ley “Afrodescendientes”, por el que se establecen normas que favorecen su participación en las áreas educativa y laboral, Carpeta Nº 1042/2013.

                Se me informa por Secretaría que en la última sesión se llegó a considerar hasta el artículo 8º inclusive, por lo que restan considerar los últimos tres, es decir, el 9º, 10 y 11, sin perjuicio de algún artículo aditivo que se proponga.

                Léase el artículo 9º.

(Se lee:)

                “Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo, una Comisión de tres miembros que estará integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y uno del Ministerio de Educación y Cultura, la que tendrá a su cargo la ejecución de los cometidos consagrados en los artículos anteriores.

                A tales efectos, la Comisión referida contará con las atribuciones establecidas en el ordenamiento jurídico para los Ministerios que la componen y deberá informar y responder por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley ante las dos Cámaras del Poder Legislativo”.

                -En consideración.

                Recuerdo que este artículo había recibido algunas sugerencias de modificación, una de ellas de la Comisión Honoraria y otra de la Oficina Nacional del Servicio Civil. La Comisión Honoraria plantea unas pequeñas correcciones, propone agregar al final del inciso primero una frase que diría: “Asimismo se creará un Consejo Consultivo para las personas afrodescendientes que estará integrado por dichos Ministerios y tres representantes  de organizaciones de la sociedad civil con probada competencia en la temática afrodescendiente.” y eliminar el inciso final que comienza diciendo: “A tales efectos…”  Por tanto, se propone un pequeño agregado al artículo 9º creando el Consejo Consultivo y se suprime el último inciso de la redacción original.

                Luego la Oficina Nacional del Servicio Civil propone introducir un agregado que diría: “Corresponderá a esta Comisión” -es decir a la Comisión prevista con tres miembros de los Ministerios- “la confección de los instrumentos y/o registros necesarios que posibiliten la realización de los procesos enunciados en el artículo 4º de la presente ley”, manteniendo el inciso final de la redacción original.

SEÑOR LORIER.- En algún momento analizamos la posibilidad de una integración social en la Comisión que aquí se establece con tres miembros, representantes de tres Ministerios. Entendemos que la redacción dada al artículo 9º por la Comisión Honoraria creando un Consejo Consultivo permite aproximarnos al objetivo de la participación social que siempre es importante. Es decir que, a través de este mecanismo, estaríamos logrando una solución de aproximación al objetivo más ambicioso de una integración plena; posibilita esa participación. Al mismo tiempo -vinculando lo que decíamos a la sugerencia realizada por la Oficina Nacional del Servicio Civil- nos parece que puede ser de recibo agregar la expresión “Corresponderá a esta Comisión la confección de los instrumentos y/o registros necesarios  que posibiliten la realización de los procesos enunciados en el Artículo 4º de la presente ley”. Cabe recordar que, en su momento, también discutimos  si se trataba de la autoidentificación, concepto que al final compartimos. De todas maneras, nos parece que  sin dejar de lado la autoidentificación, que ya está como elemento básico y esencial en esta iniciativa, no se debe descartar la posibilidad de llevar un registro que, de la teoría a la práctica, permita concretar los objetivos de la ley.

                Al respecto, en primer lugar nos parece adecuada la creación del Consejo Consultivo y, en segundo término, también estamos de acuerdo con el agregado sugerido por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Por último, me queda la duda de eliminar o no el segundo inciso, tal como se propone por la Comisión Honoraria. En este último caso  -siguiendo dicha propuesta- dejaría  el primer inciso tal como viene de la Cámara de Representantes, y agregaría un segundo inciso en el que se cree el Consejo consultivo -es decir,  en otro inciso- y un tercer inciso que diga “Corresponderá a esta Comisión la confección de los instrumentos  y/o registros  necesarios que posibiliten la realización de los procesos enunciados en el artículo 4º de la presente ley”. Me queda la duda de si debemos eliminar el que hasta ahora es el segundo inciso en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. En definitiva, propongo tres incisos, sin pronunciarme por la posibilidad de mantener lo que podría quedar como cuarto inciso.

SEÑOR TAJAM.- El señor Senador, ¿se refiere al artículo relativo al registro?

SEÑOR LORIER.- Me refiero a lo que actualmente figura en el segundo inciso.

                Si los señores Senadores están de acuerdo en la creación del Consejo consultivo, propongo que ello se establezca en un inciso aparte porque me parece más adecuado ya que refuerza el concepto y da un carácter de mayor importancia a su creación. Asimismo, sugiero un tercer inciso -repito- donde se establezca “Corresponderá a esta Comisión la confección de los instrumentos y/o registros  necesarios..” -esta es la novedad- etcétera, sin que colida con el principio que ya establecimos de la autoidentificación. Como mencioné, me queda la duda con respecto al último inciso que sería el segundo del actual artículo que viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR SOLARI.-  Prácticamente estoy en total acuerdo con lo que acaba de decir el señor Senador Lorier.

                La propuesta de la Comisión Honoraria de crear un Consejo consultivo que le dé un rol a la sociedad civil organizada, me parece correcto; es una buena propuesta. La sugerencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil, como recordarán los señores Senadores, enfatizaba mucho en que hubiera alguna instancia formal establecida por la propia ley, donde se registrara quién calificaba y quién no calificaba a los efectos de proteger, justamente, a la población que queremos proteger. Por lo tanto,  me parece bien.

La última consideración que quiero realizar es que el segundo inciso de la redacción aprobada por la Cámara de Representantes, me parece que no agrega nada desde el punto de vista jurídico. Dice lo obvio, es decir “la Comisión referida contará con las atribuciones establecidas en el ordenamiento jurídico para los Ministerios que la componen y deberá informar y responder…”. Todo eso me parece que es obvio e innecesario.  Ahora bien; afinando un poco más la redacción, surgen algunas dudas a las que creo que deberíamos prestar un poco de atención.

                Tal como está propuesto por la Comisión Honoraria, el Consejo Consultivo sería una especie de institución o de organización paralela a la Comisión y eso no me convence.

                Por un lado, en el inicio del artículo 9º se dice: “Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo una Comisión de tres miembros”, integrada por representantes de tres Ministerios” y, por otro lado se establece: “Asimismo se creará un Consejo Consultivo para las personas afrodescendientes que estará integrado por dichos Ministerios y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil”. Parecería que el Poder Ejecutivo tuviera paralelamente dos organismos de asesoramiento sobre este tema, lo que no me parece lo más conveniente.

                Por ende, propondría que consideráramos la posibilidad de que, por un lado, se establezca claramente que va a haber una Comisión integrada por un representante del Mides, otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un tercero del Ministerio de Educación y Cultura y que, a su vez, esa Comisión contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya selección se establecerá en la reglamentación. Me parece que esto deja más claramente establecido cuál es el orden institucional que es: el Poder Ejecutivo, su Comisión institucional conformada por tres Ministerios que tiene, a su vez, un Consejo Consultivo que le asesora.

                Con respecto a la propuesta de la Oficina Nacional de Servicio Civil hay una cosa que me choca mucho y es la confección de los registros. Me imagino como una especie de listado donde figuren cerca de 300.000 personas -con nombre, apellido, cédula de identidad y domicilio- que se registran como afrodescendientes. Me parece que eso no es realmente lo que queremos con este proyecto de ley. Lo que procuramos es la inclusión de los afrodescendientes en la sociedad, una acción afirmativa.

                Lo que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil es que quienes se beneficien de los cupos y demás, tienen que estar identificados como tales. Quiere decir que puede haber instrumentos que no sean precisamente un registro dado que quienes se presenten a determinado llamado por el cupo correspondiente a los afrodescendientes deberán acreditar previamente esa condición ante la Comisión o ante quien fuere. Por ende, quitaría lo relativo a los registros dejando lo pertinente a los instrumentos que me parece que da más flexibilidad.

                Por último, con respecto al tercer inciso, creo que no hay ningún inconveniente en removerlo porque no se quita absolutamente nada.

                De manera que, dicho todo lo anterior, el artículo podría redactarse de la siguiente manera: “Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo, una Comisión de tres miembros que estará integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, uno del Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y uno del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha Comisión tendrá a su cargo la ejecución de los cometidos consagrados en los artículos anteriores y contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil con probada competencia en la temática afrodescendiente”. Y, en el segundo inciso, se podría establecer: “Corresponderá a esta Comisión la confección de los instrumentos necesarios que posibiliten la realización de los procesos enunciados en el Artículo 4º de la presente ley”.

                Gracias, señor Presidente.

SEÑOR TAJAM.- Con respecto a este artículo, en primer lugar quiero señalar que estaría de acuerdo con la confección de los primeros incisos, como lo plantea el señor Senador Solari. Creo que queda mejor de esta forma.

                Me parece que tendríamos que decir que se crea una Comisión Honoraria.

(Dialogados.)

                -Si no es necesario, perfecto.

                Con relación a lo que planteó la Oficina Nacional del Servicio Civil, lo que menos me gustaba en principio eran los registros. Habíamos dispuesto otra manera para llevar adelante el principal objetivo de este proyecto de ley. En cuanto a los instrumentos, me provocan importantes dudas porque se sigue estableciendo: “que posibiliten la realización de los procesos enunciados en el Artículo 4º de la presente ley”.

                El artículo 4º es, sin duda, el principal de este proyecto de ley. En él se establece: “Dispóngase el 8% (ocho por ciento) de las vacantes laborales del Estado (Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados y Gobiernos Departamentales) para las personas afrodescendientes”. Quiere decir que aquí estamos estableciendo instrumentos que serían los que determinarían la puesta en práctica de ese 8%. Antes eran los registros, hecho que me parecía más grave.

                Verdaderamente, no estaría de acuerdo con agregar ese inciso. 

SEÑORA MOREIRA.- El primer inciso refiere a la creación de la Comisión, compuesta por tres miembros.

                Luego tendría que haber otro inciso en el que se estableciera cuál es el cometido de esta Comisión. No los digo por orden, pero tendría que haber un inciso que dijera que el cometido será ejecutar la ley. No creo que sea el artículo 4, porque la Comisión tendrá que encargarse de los artículos 4º, 5º y 6º. Son muchos. Digo esto porque el artículo 4º refiere a los cupos, pero también está el que refiere a la Beca Carlos Quijano y el del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Además, entiendo que la Comisión tendrá que velar por los cometidos.

                Por tanto, primero tenemos la creación de la Comisión. Después mantendría el cometido general, que es el de velar porque se ejecute. Luego viene el Consejo Consultivo y  estoy de acuerdo con lo que se propone, pero creo que habría que establecerle algún cometido, por ejemplo, que funcionará como órgano asesor de la Comisión.  Entonces, en el inciso donde aparece lo relativo al Consejo Consultivo, que se indique su cometido.

Me manejaría solo con esos incisos. Con respecto al inciso que establece: “A tales efectos, la Comisión referida contará con las atribuciones establecidas en el ordenamiento jurídico…”, quizás esté bien o quizá sea redundante. Pero lo que sí me parece es que tenemos que tener tres incisos: el primero establecería la creación de la Comisión, y el segundo sus cometidos. Desde ya considero que no corresponde establecer lo relativo a los registros; ya lo hablamos y se descartaron. Alguien habló en contra de ellos. Pienso que no está bien tener un registro de las personas afrodescendientes, es algo que rechina por muchos lados. Además, recuerdo que algunos de los que comparecieron, hablaron en contra de esto.

Reitero, dejaría la Comisión, los cometidos de la Comisión y el Consejo Consultivo con sus cometidos. No más que eso.

SEÑOR PRESIDENTE.- En principio estoy de acuerdo con la fórmula propuesta por el señor Senador Solari y con el planteo del señor Senador Tajam de que es  innecesario que el artículo diga que corresponde a la Comisión la confección de los instrumentos y los registros necesarios. El único agregado que haría es luego de la frase que dice “dicha Comisión tendrá a su cargo la ejecución del/los cometidos consagrados en los artículos anteriores”. Allí pondría una coma y, después diría: “conforme a la reglamentación que se dicte al respecto”. Haría este agregado porque, evidentemente, hay detalles en la implementación de esta norma que no podemos prever allí  y, además, corresponde que sean regulados por la reglamentación que dictamine el Poder Ejecutivo para que la Comisión cumpla con los cometidos asignados.

                Por su parte, coincido con que en la redacción relativa a la instalación del Consejo Consultivo -propuesta por el señor Senador Solari- no es necesario decir que estará integrado por los Ministerios sino que estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, con probada competencia en la temática afrodescendiente y con fines de asesoramiento.

                Entonces, si los señores Senadores están de acuerdo, la redacción sería la siguiente: “Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo, una Comisión de tres miembros que estará integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y uno del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha Comisión tendrá a su cargo la ejecución de los cometidos consagrados en los artículos anteriores, conforme a la reglamentación que se dicte al respecto”.

SEÑORA SECRETARIA.-   Respecto a lo que dijo el señor Senador Tajam sobre si la Comisión debe o no ser honoraria me genera dudas que el artículo se refiere a representantes en lugar de funcionarios y lo mismo con respecto al Consejo Consultivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que es la redacción de estilo. Se habla de representantes  porque,  evidentemente, no se puede pretender que concurra el Ministro a cada una de estas comisiones por lo que este nombra a un representante que suele ser el Subsecretario o un Director del Ministerio.

SEÑOR LORIER.- Quizás podemos aprobar el artículo pero hacer la consulta respectiva.

SEÑOR SOLARI.- En caso de que el Ministro quiera nombrar a otra persona en lugar de  designar a un funcionario, tendrá que pagarle.

SEÑOR PRESIDENTE.-  En mi caso integré la Comisión Sectorial en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que está compuesta por representantes del Consejo de Intendentes y de determinados Ministerios y era normal que en lugar de los Ministros  asistieran los Subsecretarios -que son representantes del Ministerio- porque eso forma parte de sus funciones.

SEÑOR LORIER.-  Pero podría ocurrir que quede la ventana abierta para que se designe de otra forma.

(Dialogados.)

SEÑOR SOLARI.- Creo que la redacción debe quedar como está. Es un representante del Ministerio  y es responsabilidad del Ministro designar a quien considere conveniente.

SEÑOR TAJAM.- No sabía si quedaba claro si eran o no honorarios, pero después de lo que han afirmado los restantes miembros de la Comisión, me parece que no es tan importante.

SEÑOR LORIER.- Creo que lo mejor es aprobarlo tal como está y luego hacer la consulta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto.

SEÑORA MOREIRA.- Tengo temor de que al llamarle honoraria estemos obligados a que haya un reglamento de Comisiones Honorarias dentro del cual entre esta Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que es exagerado entrar en el terreno de que sea o no sea honorario, porque si el Ministro no va designa a alguien que represente su investidura y la voluntad del órgano.

SEÑOR SOLARI.- Estábamos decidiendo cómo quedaría la redacción del artículo, pero no sé si lo habíamos leído en su totalidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Donde dice Ministerio de Educación y Cultura habría un punto y continuaría de la siguiente manera: “Dicha Comisión tendrá a su cargo la ejecución de los cometidos consagrados en los artículos anteriores, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.” No recuerdo cuál era la fórmula que proponía el señor Senador Solari en cuanto al Consejo Consultivo.

SEÑOR SOLARI.- Era muy sencilla, y decía: “Esta Comisión contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil con probada competencia en la temática afrodescendiente.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa redacción tiene la ventaja de que ya se define el cometido del Consejo Consultivo, porque al decir que prestará asesoramiento se está definiendo claramente cuál es la función que va a cumplir.

                Léase el inciso que refiere al Consejo Consultivo.

(Se lee:)

-“Esta Comisión contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil con probada competencia en la temática afrodescendiente.”  No sé cómo va a quedar el inciso final del proyecto original, pero concuerdo con el señor Senador Solari en que no agrega nada. Si los Ministerios son los que integran la Comisión, no es necesario decir que van a tener las atribuciones que el ordenamiento jurídico establece para los Ministerios.

                Léase el artículo 9º.

(Se lee:)

                “Artículo 9º.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo una Comisión de tres miembros que estará integrada por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y uno del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha Comisión tendrá a su cargo la ejecución de los cometidos consagrados en los artículos anteriores conforme a la reglamentación que se dicte al respecto.

                Esta Comisión contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil con probada competencia en la temática afrodescenidente.”

                Se va a votar el artículo 9º con la redacción elaborada por la Comisión.

(Se vota:)

                -5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Léase el artículo 10.

(Se lee:)

                “Artículo 10.- Todos los organismos públicos deberán realizar un informe periódico que explicite las acciones afirmativas establecidas en los artículos anteriores y llevadas adelante en el marco de sus competencias en el ámbito del empleo, la educación, el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología y el acceso a los mecanismos de protección; poniendo especial énfasis en los componentes de género, de la tercera edad, de niñez y adolescencia y territorial en su caso.

                Cométese al Ministerio de Educación y Cultura la producción de un informe anual a presentar ante la Asamblea General, que compile las acciones referidas en el inciso primero de este artículo”.

SEÑOR TAJAM.- Tengo una duda con respecto al último inciso, el que la Comisión Honoraria propone no incluir. En realidad, la Oficina Nacional del Servicio Civil ya hace un informe muy completo en cada Rendición de Cuentas. Por tanto, me parece que encomendar al Ministerio de Educación y Cultura para que haga algo similar, tal vez sería redundante, salvo que dicho informe de la Cartera tuviera alguna especificidad que lo diferenciara del de la Oficina Nacional del Servicio Civil. De lo contrario, yo estaría de acuerdo en no incluir ese inciso.

SEÑOR SOLARI.- Concuerdo con el Senador Tajam en que no me parece necesario incluir el último inciso, a pesar de que el informe que hace la Oficina Nacional del Servicio Civil es con respecto a las contrataciones por parte del Estado y esta ley establecería otras obligaciones en términos de becas, de prioridades de apoyos de estudio, del Inefop, etcétera, y eso no necesariamente recae en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ahora bien, en la misma línea de razonamiento, si uno lee el inicio del artículo 10, observamos que dice: “Todos los organismos públicos deberán realizar un informe periódico” y yo creo que debería especificarse ante quién se debe hacer dicho informe periódico. A mi juicio, debería hacerse ante la Comisión de los tres Ministerios creada por el artículo anterior, ya que la misma tiene a su cargo la ejecución de los cometidos consagrados en los artículos de esta ley. Entonces, si estamos hablando de un informe sobre el cumplimiento de la ley, parecería que lo lógico fuera que esos informes periódicos fueran elevados ante la Comisión integrada por los tres Ministerios que, además, le permitiría cumplir con su función. Pensando en voz alta cómo podría redactarse este texto, creo que podría decirse: “Todos los organismos públicos deberán elevar a la Comisión establecida por el artículo anterior un informe periódico que explicite las acciones afirmativas establecidas en los artículos anteriores y llevadas adelante en el marco de sus competencias en el ámbito del empleo, la educación, el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología y el acceso a los mecanismos de protección; poniendo especial énfasis en los componentes de género, de la tercera edad, de niñez y adolescencia y territorial en su caso”. Me parece que de esta manera no sería necesario el inciso segundo, quedaría aclarado quién concentra toda esa información y adquiriría más sentido el inciso primero de este artículo.

SEÑORA MOREIRA.- La Oficina Nacional del Servicio Civil no sé si eleva un informe a la Asamblea General pero, en definitiva, es la que hace de vínculo con el Estado, apareciendo el tema de los discapacitados, ahora este otro tema, etcétera. Por tanto, parecía lógico que no tuviera que crearse una nueva competencia en el Ministerio de Educación y Cultura para ello. Es cierto lo manifestado por el señor Senador Solari con respecto a que la competencia corresponde a los demás artículos y no solo para los que refieren al vínculo con el Estado porque, en ese caso, el cupo en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional no estaría dentro de las competencias de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

                Advierto que existe una doble competencia cuando discutimos este tema, ya que la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación ya tiene estos cometidos. En el primer proyecto de ley remitido a la Comisión, figura la Ley Nº 17.817, que establece como competencias de la Comisión Honoraria: analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia. Asimismo, monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia. Entre otras cosas, esta ley debería monitorear el cumplimiento del proyecto de ley que estamos analizando en el día de hoy.

                Por este motivo, considero que si la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación ya tiene competencia en el análisis de la legislación, quizá lo conveniente sería ampliar su competencia para que, repito, vigile esta ley que estamos analizando. Además, se habla de elaborar estándares que permitan presumir la discriminación, de recopilar y mantener actualizada la información y de recibir y centralizar información sobre conductas. En lo personal, seguiría ampliando las competencias de esta Comisión Honoraria, Comisión que ya existe, y que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura; de esta manera, no creamos más institucionalidad.

SEÑOR SOLARI.- Como siempre ocurre, la señora Senadora Moreira hace que cambie de opinión.

(Hilaridad.)

-Propongo que el artículo 10 establezca lo siguiente: “Artículo 10.- Todos los organismos públicos deberán elevar a la Comisión Honoraria Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, un informe periódico que explicite las acciones afirmativas establecidas en los artículos anteriores y llevadas adelante en el marco de sus competencias en el ámbito del empleo, la educación, el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología, y el acceso a los mecanismos de protección, poniendo especial énfasis en los componentes de género, de tercera edad, de niñez y adolescencia y territorial en su caso”.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Coincido con la redacción propuesta por el señor Senador Solari. A su vez, suprimiríamos el inciso final.

Se va a votar el artículo 10.

(Se vota:)

-5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 11.

(Se lee:)

 “Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley pudiendo solicitar la opinión de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y a los actores vinculados a la colectividad afrodescendiente.”

-En consideración.

SEÑOR SOLARI.- La Comisión Honoraria había sugerido modificar la parte final del artículo donde dice “los actores vinculados a la colectividad afrodescendiente”, sustituyéndolo por “organizaciones de la sociedad civil”. Por otra parte, en el artículo 9º, creamos una Comisión Interministerial que se asesorará con un Consejo Consultivo por lo que ya se dispone un cierto sistema de representatividad de la sociedad civil que podríamos aprovechar.

                El tercer elemento que me preocupa es que en el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes dice: “pudiendo solicitar” y es obvio que siempre puede hacerlo y no es necesario ponerlo expresamente en el texto. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Honoraria dice: “reglamentará esta ley en consulta con” y, por tanto, me parece que tenemos que intentar unir esos elementos. Con la redacción que ha enviado la Comisión Honoraria, la consulta es preceptiva, si bien puede no ser vinculante. Según la redacción que envió esta Comisión el texto diría: “El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en consulta con  la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, así como con la Comisión creada por el artículo 9º de la presente ley, debiendo en esa instancia, recogerse el asesoramiento del Consejo Consultivo creado por el mismo artículo.” Quiere decir que la forma de participación de la sociedad civil organizada estaría dada en ese Consejo Consultivo que ya creamos.  Esta es una forma de facilitar la elaboración de ese decreto reglamentario.

SEÑORA MOREIRA.- El proyecto de ley prevé que se cree ese Consejo Consultivo pero la ley va a tener que reglamentarse y dentro de la reglamentación también estará la creación de este Consejo, entonces, propongo que la misma se haga con instituciones que ya existen y no con las que estamos creando por medio de esta norma. Tengo miedo que la hagamos dependiente de un Consejo Consultivo que, en realidad, se va a crear después, como resultado de la ley. Me parece que la reglamentación de la ley no puede depender de instituciones que la misma ley crea. Aclaro que es mi punto de vista y aunque soy neófita en temas jurídicos, entiendo que tendría que estar reglamentada con la institución que ya existe, es decir, la Comisión Honoraria.

SEÑOR PRESIDENTE.- En principio, estoy de acuerdo con la redacción que sugiere la Comisión Honoraria porque expresa: “El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en consulta con la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación”, es decir, que es preceptiva,  puesto que utiliza la palabra “en consulta”. Esta redacción tiene una diferencia con el texto original que establece: “El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley pudiendo”, lo que implica que es optativo. Después sugiero mantener el texto del artículo original, pero en vez de expresar “y a los actores” establecer “así como a los actores vinculados a la colectividad afrodescendiente”. La expresión “y organizaciones de la sociedad civil” me causa cierto temor porque es demasiado amplia y general; hay cientos de organizaciones de la sociedad civil, pero quienes tienen palabra autorizada son quienes están en el tema de los afrodescendientes.  Entonces, me parece más acotada la fórmula establecida en la redacción original “así como a los actores vinculados a la colectividad afrodescendiente”. El artículo quedaría así: “El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en consulta con la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, así como con los actores vinculados a la colectividad afrodescendiente”.

SEÑOR TAJAM.- Estoy de acuerdo con el texto que leyó el señor Presidente, pero consulto si no sería conveniente establecer un plazo para la reglamentación, puesto que el Mides había propuesto 90 días.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, podríamos agregar un segundo inciso que estableciera: “La reglamentación deberá ser dictada en un plazo de 90 días desde la promulgación de la ley”.

SEÑOR SOLARI.- Me parece un plazo demasiado exiguo para los mecanismos que hay que establecer y las personas que hay que identificar.

SEÑOR LORIER.- En primer lugar, me parece que en torno a este tema ya debe haber un gran adelanto; seguramente, a nivel del Poder Ejecutivo debe haber algún elemento de reglamentación, porque hay mucho interés y expectativa.

                Por otro lado, no nos olvidemos que este proyecto primero tiene que pasar por nuestro plenario y después volver a la Cámara de Representantes porque tiene muchas modificaciones. Este tema ya está muy maduro, hace tiempo que se viene trabajando y, por lo tanto, el plazo de 90 días me parece adecuado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, agregaríamos otro inciso que estableciera: “La presente ley será reglamentada dentro de un término de 90 días a partir de su promulgación”.

SEÑORA MOREIRA.- Advierto que debemos votar la modificación sugerida por el Mides al artículo 6º de la Ley Nº 17.817, Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación. Precisamente, esa iniciativa crea la  Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, que está integrada por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de la ANEP y tres designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación. Concretamente, el Mides pide tener un representante.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primera instancia, vamos a votar el artículo 11 con las modificaciones acordadas.

(Se vota:)

                -5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                De acuerdo con el planteo de la señora Senadora Moreira a solicitud del Mides agregaríamos un artículo 12.

SEÑOR TAJAM.– El artículo 7º es un claro ejemplo de cómo se agrega un literal.

(Dialogados.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría el artículo.

(Se lee:)

“Agrégase al artículo 6º de la Ley Nº 17.817 de 6 de setiembre de 2004 el siguiente literal: F) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.”

-Si no hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA MOREIRA.- Me ofrezco, señor Presidente, para ser la señora Miembro Informante, si nadie más desea serlo.

SEÑORA SECRETARIA.- No sé si los señores Senadores se acuerdan de cuando vinieron representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ustedes estuvieron de acuerdo con analizar, al final de la consideración de esta iniciativa, la posibilidad de agregar otro artículo que estableciera que todo acto que viole el contenido de esta ley será declarado nulo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese artículo establece: “Es absolutamente nula toda discriminación en el empleo y la ocupación por razones étnicas, debiéndose en caso de contravención reinstalar o reimponer al trabajador discriminado.

La acción de reinstalación o reposición deberá dilucidarse según el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo, artículo 4º a 10 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección”.

SEÑOR SOLARI.- Cuando se consideró esto, fue en una sesión en la cual vino el señor Subsecretario.

SEÑORA SECRETARIA.- Él había quedado comprometido en remitir esto.

SEÑOR SOLARI.- Pero no recuerdo bien cuál era la fundamentación.

SEÑORA MOREIRA.- Está relacionado con el tema de las cuotas. Se pensó en aplicar  la legislación antidiscriminación para impedir discriminación en cualquier momento de la carrera, cuando entran, o que la discriminación no sea motivo de despido, etcétera. Por tanto, iríamos por la vía de las leyes que defienden los derechos de las personas y no por un sistema de cupos. Pero ya que aprobamos el sistema de cupos, poner lo otro también está bien.

SEÑOR LORIER.- Lo aprobamos y la complementamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En caso de que se agregue esta disposición, no sé si no sería mejor que se incorporara antes de los artículos que refieren a la creación de la Comisión y su competencia, o sea, que después del artículo 8º y antes del 9º haya uno nuevo, porque me parece que dentro del cuerpo general de la ley esta disposición queda mejor integrada ahí, en ese lugar, que si la ponemos al final de la ley. Es lo que sugiero.

SEÑOR SOLARI.- Simplemente quiero aclarar algo.

Por un lado, por el artículo 4º se establecen cupos de empleo con doble sistema de llamados y demás; y, por otro, se estaría aprobando un artículo que tendría una especie de efecto más amplio, más tipo paragua. Entonces, no estoy muy seguro de que no se planteen contradicciones entre ambas cosas. Me gustaría que se leyera nuevamente el artículo; de cualquier manera, tengo alguna duda con respecto a la compaginación entre ambas disposiciones. Le agradecería, señor Presidente, si lo puede leer.

SEÑOR PRESIDENTE.- La propuesta viene firmada por el doctor Loustaunau, Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. Paso a leerla: “Es absolutamente nula toda discriminación en el empleo y la ocupación por razones étnicas, debiéndose en caso de contravención reinstalar o reimponer al trabajador discriminado.

La acción de reinstalación o reposición deberá dilucidarse según el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo, artículo 4º a 10 de la Ley Nº 16.011 de 19 de diciembre de 1988, con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección”.

SEÑOR SOLARI.- Eso es lo que me temía. En el artículo 4º estamos estableciendo claramente un sistema de discriminación positiva y en otro artículo estamos diciendo que toda discriminación es nula. Entonces, estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. No estoy en condiciones de votar ese artículo porque me parece que es ilógico.

SEÑORA SECRETARIA.- Me permito recordar que cuando la Comisión recibió esta propuesta del Ministerio se planteó una discusión. En algún momento la Comisión había planteado incluir solamente -digo lo que recuerdo de esa instancia- un artículo que dijera “Todo acto que viole el contenido de esta ley será declarado nulo”, tomando la idea del Ministerio. Reitero que se planteó que solamente quedara esa frase.

SEÑOR SOLARI.- Quizás tendría de decir: “Todo acto violatorio de esta ley”.

SEÑORA MOREIRA.- Quiero recordar que en el artículo 2º de la Ley                 Nº 17.817, “Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación”, se incluye la definición de “discriminación” y, de acuerdo con ella, no está contemplada la discriminación positiva, pues dice: “A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. O sea, es una definición de “discriminación” que solo se ajusta a lo que nosotros llamamos “discriminación negativa”, pero no estaría contemplada la discriminación positiva.

SEÑOR SOLARI.- Ese artículo establece otra cosa; dice que todo acto de discriminación será nulo. Desde mi punto de vista, reitero, nos estaríamos contradiciendo.

SEÑORA MOREIRA.- Entonces, hay que referir la discriminación al artículo 2º.

SEÑOR SOLARI.- No, porque en realidad me parece mejor lo que sugiere Secretaría en el sentido de decir: “Todo acto violatorio de esta ley es nulo y pone en funcionamiento los mecanismos de reparación, restitución (…) con el procedimiento de amparo”, etcétera.  Me parece que esa es una solución mejor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que si en vez de esta discriminación tan amplia que incluye la que se practica en el empleo y la ocupación por razones étnicas, estableciéramos una norma que dijera: “Es absolutamente nulo todo acto en contravención a la presente ley”, estaríamos encasillando todo acto que fuera en contra de la ley.

SEÑORA MOREIRA.- Pero tendría que ser contra esta Ley Nº 17.817, “Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación”, ya que el proyecto que estamos votamos tiene que ver con una ley de cupos. Me parece que la discriminación en el empleo va por otro carril. Reitero, pues, que a mi juicio serían actos que contravengan la Ley de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, más que contra el proyecto de ley que estamos aprobando.

                Propongo que este proyecto de ley sea elevado al Plenario para que sea considerado la semana que viene, pero que previamente, el lunes próximo, la Comisión le dé la última “peinadita” efectuando las consultas del caso y haciendo lo propio con respecto a la Comisión Honoraria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sugiero que la Bancada oficialista consulte con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre esta propuesta y, en todo caso, en la sesión del lunes que viene lo conversamos, si consideran necesario realizar este agregado que me parece que no va a cambiar mayormente las cosas.

                Lo que se plantea es tratar el proyecto el martes o miércoles de la próxima semana en el Plenario, entonces, nos quedaría la sesión del lunes.

SEÑOR LORIER.- Insisto en que se consulte a la Comisión de asesoramiento que tenemos. Ya lo hemos propuesto muchas veces y nos ha dado buen resultado, por tanto, sigo insistiendo en ese camino. Entones, que se hagan todas las consultas, incluyendo lo de la Comisión Honoraria, porque así aprendemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, lo dejamos aprobado.

SEÑOR LORIER.- Como hay acuerdo, lo podríamos aprobar, se harían las consultas y de ser necesario, se introduciría el agregado en Sala.

SEÑORA MOREIRA.- Entonces, quedaría aprobado el proyecto de ley, pero tendríamos una instancia de consulta a Estudios Legislativos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Elevaríamos la carpeta y, de ser necesaria una modificación, como se dijo, se introduciría en Sala.

                Damos por aprobado  el proyecto de ley que seguirá el procedimiento normal. Si hay algún agregado, reitero, se puede proponer en Sala con la debida fundamentación.

(Apoyados.)

(Dialogados.)

                -Se va a votar a la señora Senadora Moreira como Miembro Informante.

(Se vota:)

                -4 en 5. Afirmativa.

                Se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 23 minutos.)

http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/AccesoDistribuidos.asp?Url=/distribuidos/contenido/senado/s20132213.htm

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2013 07 Comparativo de proyectos

2013 07 Proyecto Comisión Población

2013 07 Proyecto en el Senado y Normas Citadas

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