¿El libro diario hay que registrarlo ante la DGR en pesos?. Por Ley 18381, cualquier persona puede solicitar información, y tiene derecho a recibirla de forma: veraz, completa, adecuada y en tiempo.


Hice una consulta a la DGR, lo cual para hacerla no me fue fácil. Primero envié unos mails a una casilla que está claramente visible, y no recibía respuesta, llamo por teléfono y me dicen que las preguntas son por mail, me dan el mismo mail que se ve en el contacto de la página web, hasta que «buceando» en la página web, llego a otra dirección (que no estaba directamente visible), y allí sí me responden. La consulta era si una empresa que tiene moneda funcional en dólares, si tiene la obligación de generar su libro diario en pesos a los efectos de cumplir con la presentación ante esa Dirección General de Registros. La pregunta se origina en que no hay ninguna norma que diga claramente que así deba ser, de hecho el Código de Comercio no hace mención ninguna a la moneda en que debe ser llevado un libro contable. ¿Cuál fue la respuesta?, lo positivo es que respondieron; lo negativo es que no dan certezas, seguridad, deslindan responsabilidad y en realidad es una respuesta sin sustento normativo ninguno. Justamente el artículo que sigue habla del tema, y este ejemplo viene al caso. Les comparto la respuesta que me dieron, y por lo que responden, se podría registrar en dólares porque la Auditoria Interna de la Nación no me solicita que presente el Libro Diario (que también les consulté y nunca recibí respuesta).

RESPUESTA de la DGR:

EStimado:

Le sugiero realice su consulta en la Auditorìa Interna de la Nación. El Registro sólo interviene las fichas microfilmadas, no es competencia del Registro examinar el contenido de lo presentado en este caso.

Saluda a Ud atentamente (firma una escribana)

LAS RESPUESTAS SUELEN SER DE MALA CALIDAD, LLEGADA LENTA O NULAS

Acceso a la información: pocos en el Estado cumplen la normativa

La mayoría de los organismos estatales evidencian falta de capacidad para cumplir con la ley que los obliga a responder pedidos de información realizados por cualquier persona. Otros se niegan a brindarla, desde La ANEP hasta Antel.

Carlos Cipriani López – El País 25/05/2013

A casi un lustro de promulgada la Ley 18.381, que estableció el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas, uno de los grandes problemas es la mala calidad de los datos ofrecidos por las distintas dependencias estatales.

Otro inconveniente mayor se genera por los vacíos absolutos de información. Eso dijo a El País la investigadora Tania da Rosa, integrante de la ONG Cainfo, que vela por el cumplimiento del habeas data.

La principal traba que ha tenido esta organización, que cumplió cinco años de fundada, se dio en el trato con la ANEP, cuando se le pidió por ejemplo cuánto se destina a la educación de niños con discapacidad y cuántos recursos se vuelcan a la infraestructura en estos centros educativos.

La razón esgrimida por la administración fue que la manera de llevar sus asientos contables no lo permitía.

Más preocupante resultó enterarse de que la ANEP tampoco presentó información acerca de la cantidad de niños con discapacidad que concurren a las escuelas públicas comunes.

Las solicitudes se efectuaron desde diciembre de 2012 hasta abril de 2013 y al no mediar respuesta oficial se llevó el caso a los tribunales, en donde se obtuvo una intimación a la ANEP para que entregara información en una semana.

Al cumplir con tal mandato del juez y brindar lo disponible, en Cainfo advirtieron múltiples omisiones y entonces se realizó un acuerdo con ANEP para colaborar de algún modo en la producción de la información desglosada que debe tener el organismo.

Conflictos. La «zona gris» que promueve la ley 18.381, se debe al texto de su Artículo 14. Según éste, la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de producirla si no se cuenta «al momento de efectuarse el pedido».

En esto se amparan -por ejemplo- los entes autónomos que están en situación de competencia, como Antel.

En cambio sí es obligatoria «la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo».

La falta de ésta es un obstáculo serio para el control social y el monitoreo de las tareas que los gobiernos deben cumplir para mejorar la realidad en cada ámbito.

«Se notan carencias cuanto más detallada es nuestra demanda de datos estadísticos. Cuando hicimos el relevamiento del Poder Judicial sobre el tema de violencia doméstica, vimos que tenía ciertas categorías de información medianamente sistematizadas pero sólo para Montevideo, cuando la mayor parte de las denuncias se registran en el resto del país. En el interior no pudimos conocer qué tipo de medidas cautelares adoptaban los jueces en casos de violencia doméstica», afirmó Da Rosa.

La información en materia presupuestal es otra área que revela grandes vacíos en general. No se llega a saber, por ejemplo, cuánto se invierte en los migrantes, uno de los temas que se estudia actualmente en Cainfo.

«Hace unos días, una organización colega mexicana (Fundar), hizo un trabajo en materia de migración y se pudo llegar a identificar cuánto se gastaba en transferencias directas a la población migrante y cuánto en uniformes de los funcionarios de la dirección de Migraciones de aquel país. Ese nivel de desglose no se da en Uruguay; acabamos de preguntar cuánto ha invertido el Estado en adecuar los centros educativos para que sean accesibles a niños con discapacidad motriz. Y nos dijeron que ese dato no estaba disponible porque se llevan grandes rubros: sueldos, por ejemplo», contó Tania da Rosa a El País.

Entre las respuestas buenas que se recibieron hasta hoy por Cainfo, se resalta la oficina especial del Mides, el Banco Central y la Contaduría de la Nación, entre pocos más.

Cainfo presentará investigación de los «archivos secretos» del Estado

A fines de julio, Cainfo presentará los resultados de un estudio que está realizando desde hace más de tres meses en torno a declaraciones de información reservada y confidencial que ha establecido el Estado uruguayo.

La solicitud fue efectuada a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que depende de la Presidencia de la República.

Cada organismo del Estado tuvo la obligación de comunicar qué información no se hizo pública ante la demanda de ONG o particulares, en tanto se la consideró de alto secreto.

Para terminar con la cultura del silencio y la de la comodidad, y favorecer la transparencia, en varios países se han creado institutos federales con varios comisionados y poder absoluto para obligar al Estado a conceder la información que es pública.

La independencia respecto de todos los poderes del Estado es en esos casos lo que acrecienta el «poder de fuego» al momento de acceder a la información oficial, como ocurre en México y Chile.

En Uruguay, la UAIP no sólo es una unidad de Presidencia, sino que funciona con directores honorarios.

Derecho a conocer los datos

Cualquier persona puede hoy solicitar información de cualquier organismo público. Y tiene derecho a recibir la información completa, veraz, adecuada y en el tiempo que corresponde.

Es posible acceder a toda la información, excepto a la considerada secreta y a aquella clasificada como confidencial o reservada de acuerdo con la ley 18.381.

La ley solo prevé que se deberá cubrir los gastos de reproducción de la información que se solicita. Por ejemplo: gastos de fotocopias.

Los organismos disponen de 20 días hábiles de prórroga por circunstancias excepcionales. En caso de que una persona no obtenga respuesta o existan dudas sobre la misma, es posible acudir ante la justicia, o la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Esta última fue creada por el artículo 19 de la ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública, como un órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic, creada en setiembre de 2007 y dependiente de la Presidencia de la República).

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) es la ONG que se dedica al monitoreo del cumplimiento de la legislación sobre el tema. Es la continuadora del Grupo de Acceso a la Información Pública (GAIP) que trabajó en la aprobación de la ley 18.381.

El principal donante de Cainfo es Open Society Foundations. Pero también la ONG ha trabajado con la Unesco, el Banco Mundial, la embajada británica y algunos fondos de la embajada de Nueva Zelanda.

Otra ONG reciente, denominada DATA, se dedica a promover el derecho a la información a través de nuevas tecnologías. Junto a Cainfo tienen un proyecto conjunto en Internet: quesabes.org (blog y tweets). Por esa vía todas las personas pueden solicitar datos a organismos del Estado y lo único que se exige es mantener las respuestas en un archivo global.

Otro proyecto de DATA es llegar a conseguir que las bases de datos de las instituciones estatales no sólo contengan la información que exige la normativa sino que además se establezcan en formatos abiertos, para poder procesarlos y hacer nuevos productos.

http://www.elpais.com.uy/informacion/informacion-acceso-a-informacion-pocos.html

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Publicada D.O. 7 nov/008 – Nº 27607

Ley Nº 18.381

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

REGULACIÓN

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Objeto de la ley).- La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

Artículo 2º. (Alcance).- Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.

Artículo 3º. (Derecho de acceso a la información pública).- El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 4º. (Información pública).- Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas.

Artículo 5º. (Difusión de la información pública).- Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:

A) Su estructura orgánica.
B) Las facultades de cada unidad administrativa.
C) La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación.
D) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda.
E) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos.
F) Toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo.
G) Mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Artículo 6º. (Custodia de la información).- Es responsabilidad de los sujetos obligados por la presente ley, crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en plenitud.

El personal que administre, manipule, archive o conserve información pública, será responsable, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la información pública.

Artículo 7º. (Presentación de informes).- Todos los sujetos obligados por la presente ley presentarán ante el órgano de control, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:

A) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley.
B) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas.

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, estarán también obligados a producir un informe semestral actualizado conteniendo la lista de información reservada.

Artículo 8º. (Excepciones a la información pública).- Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial.

Artículo 9º. (Información reservada).- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

A) Comprometer la seguridad pública o la defensa nacional.
B) Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado uruguayo.
C) Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.
D) Poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona.
E) Suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción.
F) Desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

Artículo 10. (Información confidencial).- Se considera información confidencial:

I) Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:
  A) Refiera al patrimonio de la persona.
  B) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor.
  C) Esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.
II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones de documentos que contengan estos datos.

Artículo 11. (Período de reserva).- La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Sólo se ampliará el período de reserva sobre cierta documentación cuando permanezcan y se justifiquen las causas que le dieron origen.

Artículo 12. (Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos).- Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.

CAPÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 13. (De la solicitud y sus requisitos).- Toda persona física o jurídica interesada en acceder a la información pública en poder de los sujetos obligados por la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular del organismo. En dicha solicitud deberá constar:

A) La identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación.
B) La descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización.
C) Y, opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último una obligación para el organismo.

Artículo 14. (Límites del acceso a la información pública).- La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el organismo comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir.

No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario.

Artículo 15. (Plazos).- Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta.

El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales.

Artículo 16. (Competencia para decidir).- El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada.

Artículo 17. (Acceso).- En caso que los sujetos obligados resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen o, en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos a la solicitud.

El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será a costa del interesado, quien reintegrará al organismo únicamente el precio de costo del soporte, sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.

Artículo 18. (Silencio positivo).- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, y del artículo 31 de la presente ley.

CAPÍTULO CUARTO

ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 19. (Órgano de control).- Créase como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad de Acceso a la Información Pública. Estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que por sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos.

A excepción del Director Ejecutivo de la AGESIC, los miembros durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente. Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La presidencia del Consejo Ejecutivo será rotativa anualmente entre los dos miembros designados por el Poder Ejecutivo para dicho órgano y tendrá a su cargo la representación del mismo y la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 20. (Consejo Consultivo).- El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará integrado por cinco miembros:

A) Una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, designada por el Poder Legislativo, la que no podrá ser un legislador en actividad.
B) Un representante del Poder Judicial.
C) Un representante del Ministerio Público.
D) Un representante del área académica.
E) Un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida reglamentariamente.

Sesionará presidido por el Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Sus integrantes durarán cuatro años en sus cargos y sesionarán a convocatoria del Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública o de la mayoría de sus miembros.

Podrá ser consultado por el Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y deberá ser consultado por éste cuando ejerza potestades de reglamentación.

Artículo 21. (Cometidos).- El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la información pública.
B) Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados.
C) Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas.
D) Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública.
E) Capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el acceso a la información.
F) Promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia.
G) Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todos los sujetos obligados.
H) Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental.
I) Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho al Poder Ejecutivo.
J) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

CAPÍTULO QUINTO

ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 22. (Acción de acceso a la información pública).- Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés (artículo 694 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

Artículo 23. (Procedencia y competencia).- La acción de acceso a la información procede contra todo sujeto obligado por la presente ley, cuando éste se negare a expedir la información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados en la presente ley.

Serán competentes para conocer en estas acciones:

1) En la capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal, y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos.
2) En el interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se haya asignado competencia en la materia.

Artículo 24. (Legitimación).- La acción de acceso a la información podrá ser ejercida por el sujeto interesado o sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de personas fallecidas, por sus sucesores universales, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por medio de apoderado.

En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o por los apoderados designados a tales efectos.

Artículo 25. (Procedimiento).- Las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados en la presente ley se regirán por las normas contenidas en los artículos que siguen al presente. Serán aplicables en lo pertinente los artículos 14 y 15 del Código General del Proceso.

Artículo 26. (Trámite de primera instancia).- Salvo que la acción fuera manifiestamente improcedente, en cuyo caso el tribunal la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la fecha de la presentación de la demanda.

En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán las pruebas y se producirán los alegatos. El tribunal, que podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá la audiencia so pena de nulidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de que aquéllos sean, a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los más amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia.

En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer.

La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas de su celebración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por hasta tres días.

Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial. A los efectos del cómputo de los plazos de cumplimiento de lo ordenado por la sentencia, se dejará constancia de la hora en que se efectuó la notificación.

Artículo 27. (Medidas provisionales).- Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violados.

Artículo 28. (Contenido de la sentencia).- La sentencia que haga lugar a la acción de acceso deberá contener:

A) La identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra cuya acción, hecho u omisión se garantice el acceso.
B) La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha resolución regirá, si es que corresponde fijarlo.
C) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que será fijado por el tribunal conforme las circunstancias de cada caso, y no será mayor de quince días corridos e ininterrumpidos, computados a partir de la notificación.

Artículo 29. (Recurso de apelación y segunda instancia).- En el proceso sólo serán apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la acción por ser manifiestamente improcedente.

El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del plazo perentorio de tres días. El tribunal elevará sin más trámite los autos al superior cuando hubiere desestimado la acción por improcedencia manifiesta, y lo sustanciará con un traslado a la contraparte, por tres días perentorios, cuando la sentencia apelada fuese la definitiva.

El tribunal de alzada resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los autos. La interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que esperar el transcurso del plazo para su impugnación.

Artículo 30. (Sumariedad. Otros aspectos).- En este tipo de procesos no podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumaria del proceso, la vigencia del principio de contradictorio.

Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio (numeral 2 del artículos 509 y numeral 2 del artículo 510 del Código General del Proceso) se procederá a la suspensión del procedimiento sólo después que el Magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas en la presente ley o, en su caso, dejando constancia circunstanciada de las razones de considerarlas innecesarias.

CAPÍTULO SEXTO

RESPONSABILIDADES

Artículo 31. (Responsabilidad administrativa).- Constituirán falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:

A) Denegar información no clasificada como reservada o confidencial.
B) La omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe.
C) Permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial.
D) La utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 32. (Plazo de implementación de sitios web).- Los sitios web deberán ser implementados por los sujetos obligados, en el plazo perentorio de un año, contado a partir de la publicación de la presente ley. Su reglamentación regulará los lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, interacción, fácil ubicación y acceso de esta información.

Artículo 33. (Clasificación de la información).- En el plazo no mayor a un año desde la vigencia de la presente ley, todos los sujetos obligados deberán elaborar la lista de toda la información que a la fecha se encuentre clasificada como reservada, siempre y cuando esté comprendida en algunas de las excepciones contempladas en el artículo 8º de la presente ley. La información que no se sujete a estas excepciones, deberá desclasificarse en el plazo perentorio de seis meses. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, toda información clasificada como reservada, que tenga más de quince años, deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.

Artículo 34. (Plazo de adecuación de los sujetos obligados).- Los sujetos obligados por la presente ley dispondrán de un plazo de dos años para adecuar sus registros, durante el cual no serán pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información.

Artículo 35. (Plazo para la reglamentación.- La presente ley se reglamentará dentro del plazo de ciento veinte días desde su publicación.

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de octubre de 2008.

UBERFIL HERNÁNDEZ,
1er. Vicepresidente.
Marti Dalgalarrondo Añón,
Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 MINISTERIO DEL INTERIOR
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
            MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 17 octubre de 2008.

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Derecho a la Información

información que está en la página web de la Intendencia de Montevideo

La Ley Nº 18.381 del 17 de octubre de 2008 reconoce el derecho de todas las personas, sin discriminación, de acceder a la información pública. Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público (en este caso, la Intendencia de Montevideo y los ocho Municipios del Departamento).

Los solicitantes de información al amparo de ésta Ley no tienen necesidad de justificar las razones de su solicitud. El objeto de esta ley es promover la transparencia en el ejercicio de la función administrativa, y garantizar el derecho fundamental de todas las personas al acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República.

INFORMACION PÚBLICA

El artículo 4º de la Ley Nº 18.381, presume pública toda la información producida, obtenida, en poder o bajo el control de la Intendencia de Montevideo y de los Municipios, con independencia del soporte (papel, digital, etc.) en el que están contenidas. El suministro de las informaciones requeridas forma parte del deber de probidad que tienen los funcionarios públicos.

Para que el acceso a este derecho se pueda ejercer en su plenitud, la ley impone que las administraciones públicas tiene la responsabilidad de crear y mantener registros, pero la solicitud de acceso a la información no implica que tengan la obligación de crear o producir información (o su análisis) que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido.

EXCEPCIONES LEGALES

La ley preceptúa excepciones (de interpretación estricta) al derecho de acceso a la información pública para aquellas definidas como secretas, reservadas o confidenciales. La información secreta es la que ha sido calificada así por normas legales. Los artículos 9º y 10º de la Ley Nº 18.381 establecen qué clases de informaciones son reservadas o confidenciales.

También es confidencial la información referente a los datos personales de terceros (que requieren el previo consentimiento informado de éstos), que están regulados por la Ley 18.331 (protección de datos personales y acción de habeas data) del 11 de agosto de 2008, donde también se define este derecho como inherente a la persona humana (Art. 72 de la Constitución de la República).

FORMULARIO DE SOLICITUD

A efectos de agilizar la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública y proporcionar la información a los solicitantes en el plazo de 20 días previsto en la norma, la Intendencia de Montevideo estableció, mediante Resolución Nº 3028/10 de 5 de julio de 2010, un protocolo de actuación, en donde se señala el procedimiento interno a seguir.

El protocolo prevé la presentación de un Formulario de Solicitud de Información Pública (disponible en este sitio web) en el que se debe explicitar cada pregunta o tema requerido para crear un expediente que, en forma gratuita, se tramita ante la Unidad de Acceso a la Información, ubicada en el Palacio Municipal, 2º Piso, Sector Ejido, Puerta Nº 2084. Teléfonos: 1950-2217/3396.

CORREO ELECTRONICO

Por Resolución 520/13 del 4 de febrero de 2013 también se dispuso la aceptación de solicitudes de información a través del correo electrónicoderechoalainformación@imm.gub.uy. A los efectos, los solicitantes deben identificarse como personas físicas o jurídicas y constituir domicilio para que por esa vía se inicie el trámite previsto en el protocolo anteriormente establecido.

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/derecho-a-la-informacion

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2 comentarios en “¿El libro diario hay que registrarlo ante la DGR en pesos?. Por Ley 18381, cualquier persona puede solicitar información, y tiene derecho a recibirla de forma: veraz, completa, adecuada y en tiempo.

    1. Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez Autor

      Hola Gaston
      Es cierto, esa resolución, también la pueden leer en este link cuando hago mi primer análisis del tema:
      https://abilleira.wordpress.com/2013/05/18/la-atencion-al-contribuyente-que-se-convierte-en-costo-pais-porque-siempre-fue-asi-y-ta-cual-es-la-moneda-en-que-se-debe-emitir-un-libro-diario-para-registrarlo-cual-es-la-moneda-para/

      Pero no responde a la pregunta de si el libro diario debe ser llevado en pesos, ¿Porqué?, por varias razones, en primer lugar la AIN no pide – que yo sepa – que se muestre el libro diario esté registrado en la DGR.
      En segundo lugar, esa decisión de la AIN es una resolución interna, y no da en ningún momento la norma que indique porqué debe ser así, si bien hace referencias a normas particulares de la ley de sociedades anónimas; por ejemplo la que uno podría decir que tiene más fuerza es la que pide que el Capital sea expresado en Moneda Nacional, uno bien podría presentar un Balance en moneda funcional dólares y por nota mostrar el capítulo patrimonial que se solicite en pesos; pero no todo en pesos como luego hace completar los formularios.

      Igualmente me voy del tema, porque lo importante es saber en qué se basa la DGR o todos nosotros que luego llevamos a la realidad los hechos, ¿Porqué imprimimos el libro diario en pesos?, ¿Porque siempre fue así?; eso es lo que me cuestiono y lo que trato en ese link que muestro en esta respuesta.

      Gracias por tomarte tu tiempo y aportar tus conocimientos. Saludos, Darío

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