¿Porqué deben existir leyes especiales que protejan a las Mujeres? – Principio de Igualdad Artículo 8 de la Constitución – Principio de No Discriminación


Recuerdo cuando fuimos con mi Señora a las «charlas prematrimoniales» en la parroquia de Florida, un día se hizo una charla con todas las parejas que se iban a casar, una rueda y el Padre iba preguntando sobre cómo nos organizaríamos, entonces uno dijo: «la mujer pa las casas», «ella cocinará, y atenderá a los hijos» … la risa fue generalizada, porque era algo tan obvio que estaba mal pero lo dijo con mucha sinceridad. Luego, tuvimos la bendición de tener una hija, y siempre hablamos de qué deseamos para ella. Yo no deseo que sea brillante en su etapa estudiantil, sino que deseo que aprenda a ser libre, a no depender de otra persona, que tenga una mente independiente que le permita ser feliz y nunca quedar anclada en la vida.

2012 12 08 Vayan a cuidar

Muchas veces, yo me cuestiono; ¿Por qué tiene que existir un día de la mujer?, ¿Existe el día del hombre?, es que si somos iguales en derechos, establecer un día marca una diferencia. A medida que uno va conociendo más y más, se va enterando de cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo un hombre militar subalterno, le da derecho a su Señora al Hospital Militar, en cambio una mujer, militar, del escalafón de personal subalterno no siempre se lo da al hombre. Es un ejemplo que recuerdo. Podría citar otro como ser que a la mujer se le da un día libre para realizarse un control ginecológico y en cambio al hombre no se le da para hacerse ningún control.

Hace poco buscando unos temas, llego a una Sentencia (que más abajo se las copio) en que un hombre que queda Viudo, reclama su Pensión, y la forma de hacerlo es alegando que es inconstitucional la norma que sólo permite con determinadas hipótesis que la mujer Viuda tenga la Pensión y en cambio no el hombre. ¿Es una discriminación?. Le responden: entiende la Corporación que tal diferenciación no resulta violatoria del principio de igualdad, desde que la razón de ser de la misma radica en que las situaciones del hombre y la mujer aún hoy no son las mismas, ya que a pesar de los logros y el reconocimiento alcanzado en el mundo occidental, las mujeres —en líneas generales— poseen menores oportunidades de trabajo, niveles de retribución y reconocimiento en la sociedad.

Sí, la vida va enseñando. Hoy ya entiendo porqué existe ese día, porqué esas diferencias, y me parece bien que existan esas protecciones por medio de la ley. Me parecería que deberían existir más aún; porque es notorio que en este mundo muchas veces predomina la violencia, el más fuerte pero no el que más tiene razón, sino que es la razón de la fuerza.

Hay hechos en la Sociedad, que uno piensa que les ocurre a otras personas. Por ejemplo que se haga un acoso por Facebook a un adolescente uno piensa que es algo que ocurrirá una vez cada tanto, pero luego uno se entera que la propia hija lo sufría y por un grupo creado en el Colegio. La violencia que se da en determinados niveles socio-económicos, y uno piensa que es producto justamente de ese entorno crítico, hasta que se experimenta en un robo en pleno centro a punta de cuchillo. La violencia de género, uno piensa que es algo que les ocurre sólo a algunas mujeres hasta que se ve 18 de julio con centenas y centenas de mujeres de negro caminando, o cuentos que me hace mi Señora de alguna conocida de ella.

¿Pero de quién uno no esperaría un acto de violencia?, y uno no lo esperaría de parte de los que uno piensa que  tienen que dar el ejemplo, de aquellos que nos dicen cómo tenemos que actuar todos los días, porque justamente están diciendo lo que no se debe hacer pero de pronto cuando nos damos cuenta que eso que se nos trató de decir, ellos lo hacen … se pierde algo. Se pierde la credibilidad, se pierda la confianza y se pierden las referencias.

Hoy prendo la radio y escucho que el Senador Larrañaga le exigía que el Presidente se El disculpara, ayer no vi los informativos, no sabía de qué estaba hablando. Y cuando leo de lo que se trataba, me deja pensando. 

Justamente por estas cosas es que hay que proteger a las mujeres, porque es de una violencia extrema decir que se vaya a controlar a las esposas para ver en qué andan. 

Los seres humanos son libres, no hay que estar controlándolos; ni a la mujeres  ni a los hombres;  aunque me ayudó a reflexionar que en realidad hay que seguir con estos procesos diferenciales de darle a la mujer más derechos.

Saludos
Darío

…///

Número Sede Importancia Tipo
889/2012 Suprema Corte de Justicia ALTA DEFINITIVA
Fecha Ficha Procedimiento
05/11/2012 1-79/2011 PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Texto de la Sentencia

Montevideo, cinco de noviembre  de dos mil doce

VISTOS:

Para sentencia definitiva estos autos caratulados “D C/ PODER LEGISLATIVO Y OTRO – ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 18 INC. 1 LITERALES A Y D DE LA LEY No. 13.033 EN LA REDACCION DADA POR EL ART. 1 DE LA LEY No. 15.397”, I.U.E. 1-79/2011.

RESULTANDO:

I)      A fs. 93-101, compareció el Sr. D y promovió la presente acción de declaración de inconstitucionalidad contra el art. 1 literales A) y D) de la Ley No. 13.033, en    la redacción dada por el art. 1 del Decreto-Ley No. 15.397. El actor expresó, en lo medular, que dichas normas vulneran el principio de igualdad reconocido en el art. 8 de la Constitución de la República, al regular la percepción de la pensión por fallecimiento del cónyuge para las viudas de militares (sin otra distinción) y de la pensión para los viudos de militares siempre y cuando estos estuvieren “absolutamente incapacitados para todo trabajo”.

II)      Por Auto No. 1988 del 25 de noviembre de 2011, la Suprema Corte de Justicia le dio ingreso a la acción de inconstitucionalidad deducida y confirió traslado por el término legal (fs. 103).

III)      A fs. 496-496 vto., el Sr. Fiscal de Corte expresó que, en su opinión, correspondería desestimar el accionamiento deducido por ausencia de interés del promotor.

IV)      A fs. 200-212 y 218-220, respectivamente, el Ministerio de Defensa Nacional y el Poder Legislativo evacuaron el traslado de la demanda, abogando por el rechazo de la acción instaurada.

V)      Por Decreto No. 1311 del 1o. de junio de 2012, se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia (fs. 521-521 vto.), al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna.

CONSIDERANDO:

I)      La Suprema Corte de Justicia, por el quórum legalmente requerido (art. 56 inc. 1 de la Ley No. 15.750) y por distintos fundamentos, desestimará la pretensión de declaración de inconstitucionalidad.

II)      A juicio de los Sres. Ministros Dres. Ruibal, Larrieux y el redactor (punto en el que también coincide el Sr. Ministro discorde Dr. Pérez Manrique), no es correcto sostener —como lo hizo el Sr. Fiscal de Corte— que, en el caso, el accionante carece de interés para solicitar la inconstitucionalidad de la norma que crea el derecho de pensión que persigue porque, si bien debió solicitar, en correcta redacción, la declaración de inconstitucionalidad de la parte del artículo que exige la incapacidad total para tornar al individuo beneficiario de la pensión, lo cierto es que tal petición se desprende de todo el contexto del libelo de demanda.

Así, a fs. 93 vto., 97 vto., 98 y 98 vto., el impetrante analizó la supuesta inconstitucionalidad de la distinción efectuada por la norma impugnada (por transgresión del derecho a la igualdad), que acuerda pensión para las viudas de militares sin ningún otro requisito que ostentar esta condición, y que reconoce el derecho a la pensión solamente para aquellos viudos de militares que presenten una incapacidad total para el trabajo.

En definitiva, no se comparten los fundamentos formales expuestos en el dictamen del Sr. Fiscal de Corte, aunque se desestimará la acción por razones de mérito.

III)      Los Sres. Ministros Dres. Ruibal, Larrieux y el redactor consideran que corresponde destacar que, en un caso análogo al presente, este Alto Cuerpo sostuvo, en conclusiones que resultan trasladables a la hipótesis en estudio, que:

“… En lo que refiere a la invocada violación del art. 8 de la Carta, si bien es cierto que la disposición legal atacada establece una diferenciación, no se advierte que la misma vulnere el principio de igualdad previsto por el art. 8 de la Constitución.

En efecto, el art. 26 de la Ley No. 16.713, a fin de regular los requisitos necesarios para poder generar el derecho a pensión, crea dos grupos o categorías de personas: uno de los grupos está constituido por los ‘viudos’; y el otro grupo o categoría está conformado por las ‘viudas’.

Para que las personas pertenecientes al primer grupo (‘viudos’) puedan acceder al derecho a pensión, la Ley exige que acrediten su dependencia económica respecto del causante o la carencia de ingresos suficientes.

En relación a las personas pertenecientes al segundo grupo (‘viudas’), para que las mismas puedan generar derecho a la pensión, la Ley les exige que sus ingresos mensuales no superen el importe de $15.000.

Ahora bien, a juicio de la Corte, no le asiste razón a la accionante cuando expresa que la referida disposición legal discrimina en perjuicio de la mujerpreviendo una condición más rigurosa para acceder a un mismo beneficio que para los hombre (…).

Y entiende la Corporación que tal diferenciación no resulta violatoria del principio de igualdad, desde que la razón de ser de la misma radica en que las situaciones del hombre y la mujer aún hoy no son las mismas, ya que a pesar de los logros y el reconocimiento alcanzado en el mundo occidental, las mujeres —en líneas generales— poseen menores oportunidades de trabajo, niveles de retribución y reconocimiento en la sociedad.

Partiendo de dicha premisa, ha de concluirse que la referida diferenciación estuvo inspirada en brindarles a las mujeres una mayor protección en el momento en el que fallezca su marido.

Y como se viene expresando, entiende la Corte que la referida diferenciación no resulta violatoria del principio de igualdad desde que en la propia Constitución Nacional existen diversas disposiciones constitucionales que fomentan e imponen el deber de prestar mayor protección y asistencia a quienes se encuentran en situación permanente o transitoria de mayor debilidad (arts. 41 a 44, 45 por ejemplo).

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que tal como lo ha sostenido esta Corporación en Sentencia No. 93/96 (entre otras): ‘… el principio de igualdad no impide que se legisle para clases o grupos de personas, siempre que éstos se constituyan justa y racionalmente…’” (Sentencia No. 206/2002).

IV)      Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Gutiérrez entiende que corresponde desestimar la pretensión de declaración de inconstitucionalidad por los mismos fundamentos que expuso en las Sentencias Nos. 46/2009 y 3241/2011, los cuales, mutatis mutandi, resultan íntegramente aplicables al caso de autos.

En tales ocasiones, se expresó:

“El art. 259 de la Carta establece: ‘El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado’”.

“El art. 521 del C.G.P. dispone: ‘Efectos del fallo. La declaración de inconstitucionalidad hace inaplicable la norma legal afectada por ella, en los procedimientos en que se haya pronunciado’”.

“Si hubiera sido solicitado por vía de acción o principal, la sentencia tendrá eficacia para impedir la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales contra quien hubiere promovido la declaración y obtenido sentencia, pudiendo hacerla valer como excepción en cualquier procedimiento jurisdiccional, inclusive el anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

“Es decir, cuando la declaración de inconstitucionalidad se solicita por vía de acción, como en autos, es procedente cuando no existe procedimiento judicial pendiente (art. 510 C.G.P.) a diferencia de la solicitud por vía de excepción u oficio, en las que el caso concreto es el proceso en trámite, requiere que en la demanda se ‘concrete’ el caso que se tramite en sede jurisdiccional o anulatoria ante el T.C.A. en que se hará valer como excepción la sentencia que hubiere declarado la inconstitucionalidad de los preceptos legales en cuestión” (art. 521 C.G.P.).

“En la acción de autos no se determina el caso concreto como lo requiere la Carta y la Ley; por ello, el pronunciamiento de la Corporación sería un juicio genérico y abstracto que no referiría ‘exclusivamente al caso concreto’; tal declaración no es procedente so pena de incurrirse en un exceso de poder, invadiendo la competencia propia de los otros Poderes, lo cual no puede admitirse (Cf. Sentencias S.C.J. Nos. 335/97, 721/2004)”.

“En consecuencia, tal circunstancia por sí sola es suficiente para desestimar la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de autos, sin ingresar a la consideración de la cuestión de fondo”.

Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría,

FALLA:

DESESTIMASE LA ACCION DE DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA, CON LAS COSTAS DE PRECEPTO Y SIN ESPECIAL CONDENACION EN COSTOS (ART. 523 DEL C.G.P.).

NOTIFIQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, ARCHIVESE.

DR. RICARDO PEREZ MANRIQUE DISCORDE por cuanto entiendo que corresponde hacer lugar al accionamiento de inconstitucionalidad ejercitado, declarando la inaplicabilidad de la norma impugnada al caso concreto, por los siguientes fundamentos:

I)      Considero que la disposición cuya declaración de inaplicabilidad se peticiona vulnera los principios y normas de orden superior invocados, en función de lo cual se postulará la declaración de inaplicabilidad al caso concreto.

La norma impugnada que sustituye disposiciones de la Ley No. 13.033, referentes al Régimen de pensiones y subsidios militares establece que se consideran beneficiarios con derecho a pensión la viuda (literal A) y el viudo absolutamente incapacitado para todo trabajo (literal D). Indicándose luego que “Los beneficiarios mencionados en los literales C), D, E) y F) de este artículo, deberán acreditar además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal”.

Ateniéndonos a las condiciones diferenciales establecidas para la procedencia de la prestación en los incisos transcriptos, se considera que resulta vulnerado el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Carta en tanto resulta claro que la norma efectúa distinciones en cuanto a los integrantes de la categoría, debiendo entenderse por tal la de “viudo/a”, creando diferencias y diversos tratamientos entre ellos, generando la creación de desigualdades una discriminación entre ambos, que no resulta acorde al mecanismo tuitivo que en algunas oportunidades el legislador establece en consonancia a los principios de orden superior.

II)      Al efecto, cabe convocar la normativa internacional de derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su art. 7 estableció que “todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”; así como la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, declaración del Pacto de San José de Costa Rica que en su art. 1 señala que “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno  ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW), ratificada por nuestro país por Ley No. 17.338 (18.V.2001), en función de lo cual sus disposiciones están incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, Convención que está dirigida a asegurar la eliminación de la discriminación de la mujer, y promover y proteger sus derechos en pie de igualdad con el hombre, estableciendo un marco de normas que autoriza a los Estados parte a dictar medidas positivas adecuadas de diferente naturaleza que sean necesarias para suprimir la discriminación contra la mujer en todas las formas y manifestaciones.

Finalmente, cabe señalar el compromiso que ha adoptado nuestro país al aprobar recientemente la Ley No. 17.817 respecto de la “no discriminación” que en su art. 2o. establece: “A los efectos de la presente Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Teniendo en cuenta el principio de igualdad y no discriminación establecido en el art. 8 de la Carta, la normativa internacional citada y especialmente en la última convocada el principio de no discriminación general que sólo queda enervado ante las medidas de protección especial previstas en los arts. 4 y 5, cabe concluir en consecuencia que la construcción de la categoría “viudo” en la normativa impugnada vulnera la Carta Magna. Exige que además de carácter de tal, se encuentre absolutamente incapacitado para todo trabajo, debiendo acreditar además que carezca de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal lo que importa una discriminación por razón de sexo, resultando por lo tanto violatorio de la Constitución, y así corresponde ser declarado.

Como expresa el Dr. Martín Risso Ferrand: “… si todas las personas son iguales ante la Ley, y en consecuencia deben recibir similar trato y similar protección en situaciones análogas, parece claro que cuando la situación de hecho es diversa, el tratamiento similar viola el principio en análisis…” (cf. “Derecho Constitucional”, Tomo III, pág. 88).

El referido autor distingue dentro de lo que se denomina “el juicio de razonabilidad”, como parámetro valorativo de las causas de distinción en clases o grupos efectuada por el legislador, otros niveles. Así, expresa que existen hipótesis en las que no surge de la Constitución, en forma explícita o implícita, la causa de ciertas distinciones. En estos casos, la razonabilidad de una determinada disposición legal se establece tomando en cuenta si la misma plasma arbitrariedad o capricho y si resulta contraria a lo dispuesto por la Carta. Al juicio de razonabilidad, en el sentido expresado en primer término se adiciona con carácter esencial para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición, a la luz del principio de igualdad, el reclamo de que exista una finalidad consagrada por la norma que en concreto se analice.

Ello se enmarca, en un concepto al que se suele denominar de racionalidad, que también es habitual se presente en forma indiferenciada, formando parte del ya referido juicio de razonabilidad. El concepto de racionalidad, así estructurado ya sea que se lo considere autónomo o comprendido en el de razonabilidad, implica asimismo que exista una relación positiva entre los medios utilizados y los fines perseguidos en la norma cuya constitucionalidad se analiza (autor cit., “Derecho Constitucional”, T. I, F.C.U., Montevideo, 2006, págs. 500 a 506).

Lo que no sucede en el subexamine, en tanto, como ya se indicara ut supra los requisitos diferenciales exigidos al “viudo” no responden a ninguna finalidad de “reestablecer una igualdad efectiva” única hipótesis que podría haber implicado un tratamiento desigual respecto de personas pertenecientes a la misma categoría.

Al efecto, Ricardo A. Guibourg, citando a Comanducci señala que la concepción de igualdad “propia del liberalismo consecuente” (un liberalismo que es universalista, neutralista e individualista) se halla estructurada en dos principios conexos, que él llama igualdad 1 e igualdad 2.

El primero “afirma que no puede instituirse o justificarse ningún trato diferencial entre los hombres en funión del sexo, la raza, la lengua o la religión”. Es un principio de contenido negativo, ya que prohíbe las discriminaciones fundadas en un ser o un pertenecer.

La igualdad 2, a su vez, “afirma que todos los hombres tienen iguales derechos fundamentales”. Es un principio positivo, en la medida en que obliga a considerar como iguales a todos los seres humanos (esto es, a despreciar sus diferencias) respecto de cierto conjunto de derechos, deberes y libertades.

La relación entre los dos conceptos de igualdad es introducida por Comanducci con estas palabras: “De la combinación de los dos principios deriva a fortiori que, en lo referente a la distribución de los derechos fundamentales, no puede instituirse o justificarse ningún trato diferencial entre los hombres en función del sexo, la raza, la lengua o la religión”.

Para concluir: “El con-texto de la igualdad puede, de este modo, entenderse como un complejo sistema de criterios, cada uno de los cuales sujeta cierto trato (previamente definido) a un determinado conjunto de condiciones. Nuestro juicio acerca del criterio sólo tiene validez en relación con el trato que dicho criterio busque distribuir. Y su origen es un metacriterio que, en relación con ese mismo trato, califica las distintas condiciones eventualmente presentes en el criterio objeto como obligatorias, prohibidas o facultativas”.

“Ese juicio se expresa mediante palabras con profundo efecto emotivo, ya que con él se busca modificar actitudes pero, limitado por la ontología implícita en el lenguaje, el hombre pierde a veces de vista el marco valorativo en el que dichas expresiones adquieren sentido. Así, invocamos la igualdad para prohibir ciertas condiciones o para reclamar contra el uso de criterios que contengan condiciones prohibidas” (Cfme. autor citado: “Igualdad y discriminación” DOXA 19, 1996).

En función de ello, teniendo en cuenta la potestad conferida al legislador para arbitrar todos los mecanismos relativos a la configuración de las condiciones para adquirir el derecho en ella consagrado y los términos de la prestación, en la medida que los grupos creados con tal finalidad –en el caso del viudo- fue objeto de una discriminación en su perjuicio, la disposición impugnada resulta vulneratoria del principio de igualdad consagrado constitucionalmente.

La desigualdad se verifica, al crearse dentro del grupo que integra dos categorías diferentes estableciéndose diversa protección por parte de la misma disposición legal sin base razonable de distinción, por lo que procede amparar la vulneración al principio de igualdad invocado.

…///

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