DGI perdió 77% de los juicios en lo Contencioso Administrativo
Al Tribunal llegaron 71 reclamos de contribuyentes en 2010
16.07.2012, 06:00 hs – del diario El Observador
El 95% de las inspecciones de la Dirección General Impositiva (DGI) de 2010 concluyó que los empresarios no pagan bien sus impuestos. Solo 5% de los contribuyentes logró superar la inspección con buena nota, según un estudio realizado por el catedrático y abogado tributarista Alberto Varela. De las 1.353 inspecciones de 2010, 1.285 revelaron que los contribuyentes no pagaban adecuadamente sus impuestos
Tras establecer el diferendo, la mayoría de los empresarios acuerdan con la DGI y pagan la deuda generada. Solo algunos se embarcan en la aventura de presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para revocar el fallo de la DGI. Esos pocos que se animan a enfrentar al organismo recaudador suelen salir victoriosos: el 77% ganó la disputa a la DGI en 2010. El TCA emitió 71 sentencias resueltas por cuestiones de fondo ese año sobre litigios con la DGI: 55 fueron favorables para los contribuyentes y 16 para la DGI.
Los empresarios que llegan al TCA son los más poderosos; el resto no tiene respaldo para hacerlo.
Si el contribuyente no responde a la deuda planteada, la DGI suele solicitar el embargo al empresario ante la justicia civil. “De esta manera, la DGI paraliza la empresa”, explica Varela. Muchas empresas, para evitar el embargo, pagan lo que, según la DGI, evadieron de impuestos. Otras, si no tienen el dinero, deben celebrar convenios para pagar la deuda en cuotas.
La experiencia indica, según Varela, que la DGI propone firmar el convenio después que se vence el plazo de 10 días que el empresario tiene para recurrir la resolución ante el TCA.
En definitiva, las opciones que ofrece la DGI al empresario acusado de evasión son dos: pagar el supuesto adeudo (o firmar un convenio para pagarlo), o asumir el embargo y recurrir ante el TCA.
En algunas oportunidades, además de promover el juicio civil, donde se determina el embargo, la DGI comienza un juicio penal, imputando al empresario del delito de defraudación.
En el caso del empresario Francisco Casal, la DGI emprendió los dos caminos. El 2 de abril de 2008, la jueza civil de Primer Turno, Loreley Opertti, embargó los bienes de Casal y de ocho socios.
El juicio civil y el embargo se mantiene, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas revocó el 1º de noviembre las principales acusaciones y reclamos de la DGI.
El juicio penal que la DGI inició contra Casal en octubre de 2008 fue archivado luego que la fiscal Dora Doménech considerara que el empresario no había cometido delito.
Casal recurrió ante el TCA, pero el tribunal no se ha expedido todavía. En un procedimiento poco habitual, fue el MEF el que revocó la acusación antes de que se expidiera el TCA.
Varela, quien asesoró a los abogados de Casal en el litigio con la DGI, se ha dedicado a investigar cuál era el porcentaje de los juicios que resultaban desfavorables para la DGI, luego que el estudio del que es socio presentara porcentajes de éxito curiosos: en el 98% de los juicios contra la DGI, los representados por Ferrere ganaban. Fue entonces que en 2007 resolvió investigar si el éxito era una virtud exclusiva de su estudio o respondía a la norma. Varela relevó todas las sentencias entre 2007 y 2010 en las que el TCA se expidió sobre las cuestiones de fondo en los litigios de contribuyentes contra la DGI. En el 72% de los casos resueltos en esos tres años, el TCA resolvió que la razón estaba del lado del contribuyente. Si se tiene en cuenta solo el año 2010, ese porcentaje asciende al 77%. El abogado aclara que el estudio se realizó “solo sobre las sentencias que se respaldan en cuestiones de fondo”.
Para Varela, las diferencias entre lo que los contribuyentes creen que deben pagar y lo que les exige la DGI se debe a dos razones. “Tenemos un sistema tributario intrincado, confuso, pasible de mala interpretación. Y a su vez,hay una especie de prejuicio en el fisco de que toda inspección tiene que terminar con un adeudo; esa es una ley no escrita que anda por ahí”, asegura el abogado tributista.
En cuanto a quiénes son los contribuyentes que pueden afrontar un proceso en el TCA, Varela considera que solo lo pueden hacer “los que tienen espalda”. “En comparación con las inspecciones a contribuyentes que concluyen que no se liquidaron bien los impuestos, no son muchos los casos que llegan al TCA, porque solamente llegan las empresas que tienen más espalda. Para llevar el caso al TCA hay que haber pagado (lo que la DGI reclama), o haber garantizado el pago de la deuda”, asegura el abogado.
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Zaidensztat responsabilizó a Hernández
El ex director de la DGI aseguró que durante su administración se inició la investigación “como con cualquier otra empresa”, pero advirtió que no hubo resoluciones
16.07.2012 – del diario El Observador
El ex director de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat (2002-2007), responsabilizó a su sucesor, Nelson Hernández (2007-2010), por la acusación del organismo recaudador en contra del empresario Francisco Casal. La DGI acusó en el año 2008 al empresario de haber incurrido en defraudación, pero los reclamos en contra de Casal fueron revocados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en una resolución firmada por el ministro de esa cartera, Fernando Lorenzo, en noviembre de 2011.
“En el momento que yo me retiré no había un acto de determinación de deuda de impuesto alguno. Cuando yo me fui, en ese caso (Casal), como otros cientos de casos, no había un acto de determinación de decir: señor usted debe y debe tanta plata. La actuación siguió en curso con lo que todos sabemos. Un año y medio después de que yo me retiré, la DGI, que estaba en aquel momento dirigida por el contador Nelson Hernández, tomó la resolución de determinar que se debían impuestos. Más tarde se le aplica una sanción por defraudación, se solicita dos años después un embargo millonario ante la Justicia civil, y también se realiza más de dos años después de que yo me retiré la denuncia penal”, dijo Zaidensztat al portal El Diario. Hernández era subdirector de la DGI y asumió el cargo tras la renuncia de Zaidensztat en marzo de 2007.
Además de descartar la defraudación tributaria, la resolución de Economía reduce de 10 a cinco años el plazo de prescripción para determinar las presuntas deudas de Casal. Con esto se reduciría de US$ 100 millones a US$ 10 millones.
Tras la acusación de la DGI en 2008, Casal presentó en 2010 un recurso de revocación y jerárquico ante el intento de la Impositiva de cobrarle IRIC e impuestos al Patrimonio por un total de US$ 100 millones.
Además, la DGI intentó realizar un juicio penal al empresario, el cual no prosperó.
Debido a esos plazos, Zaidensztat aseguró que durante su mandato se inició la investigación “como con cualquier otra empresa”, pero advirtió que no hubo resoluciones.
El MEF derivó el recurso al fiscal de gobierno Miguel Toma, que consultó a una junta de técnicos para que estudien el caso.
El proceso derivó en la revocación de la resolución inicial de la DGI. Incluso, el fiscal de gobierno sugirió comenzar una investigación administrativa por la “desviación del derecho tributario formal” en los actos del organismo recaudador.
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http://eldiario.com.uy/2012/07/13/descartan-defraudacion-en-el-caso-casal/
http://eldiario.com.uy/2012/07/14/zaidensztadt-y-el-caso-casal/
http://eldiario.com.uy/2012/07/15/la-dgi-se-equivoco/
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Etiquetado: Desviación del Derecho Tributario Formal, Inequidad, Sentencias TCA
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