Presos políticos no aportan al Fonasa
Abdala dijo que se va en contra del principio de equidad
diario El País 15/06/2012
El diputado nacionalista Pablo Abdala (Corriente de Acción Renovadora) cuestionó la reciente disposición – incluida en la ley que incorpora a los jubilados al sistema de salud- que garantiza gratuitamente la cobertura sanitaria para los presos políticos durante la dictadura.
“Estas personas serán los únicos pasivos que no realizarán aportes al Sistema Integrado de Salud (SNIS), lo que configura una inequidad”, dijo el legislador en el Parlamento durante la discusión del proyecto de ley.
El artículo 15 de la flamante norma reafirma las leyes reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado que se votaron en el período pasado. Allí se establece la gratuidad de los servicios de salud para estas personas.
Abdala entiende que esto es injusto para el resto de los jubilados.
“El Estado ya ha hecho una discriminación a favor de estos ciudadanos, que estuvo debidamente justificada, pero no parece razonable que ahora se vuelva a practicar una nueva discriminación en momento en que los pasivos se incorporan al Fonasa (Fondo Nacional de Salud)”, explicó Abdala. Agregó que las víctimas de terrorismo de Estado “ya recibieron, a partir de esas leyes reparatorias, beneficios jubilatorios” y que se trata de una pasividad “de un elevado nivel económico en relación al conjunto de las pasividades que se pagan en Uruguay, por encima de los $ 20 mil“.
Entonces, consideró que el hecho que estén eximidos de aportar al Fonasa para incorporarse al sistema de salud constituye “un nuevo privilegio que se establece en favor de estos ciudadanos, que termina generando una inequidad, una injusticia”.
“Estos ciudadanos debieran seguir la misma suerte que los demás. Yo sé que estamos en el terreno de las opciones políticas, pero con esto afectamos el principio de igualdad”, insistió. Abdala no pudo cuantificar cuántos son los beneficiarios de esta disposición. “Se miden en miles de personas”, dijo.
A partir del 1° de julio unos 190.000 jubilados ingresarán al Fonasa. Entre ellos hay un grupo de 30.000 mayores de 74 años que no tenían cobertura privada de salud.
http://www.elpais.com.uy/120615/pnacio-646457/politica/presos-politicos-no-aportan-al-fonasa/
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Uruguayos de primera y de segunda
Diario El País 16/06/2012
Una vez finalizado el gobierno de facto, bajo el gobierno democrático de la época las primeras reparaciones vinieron con la ley de amnistía, N°15.737. Se sancionó en 1985 la ley N° 15.783 para la restitución de los funcionarios públicos que habían perdido su trabajo debido a la dictadura. Gracias a ella se reincorporaron todas las personas que adujeron haber sido perseguidas, de algunas de empresas particulares que habían sido intervenidas y de paso, unos cuantos más que aprovecharon la oportunidad. En el 2002 se votó la N° 15.749 para quienes trabajaban en el sector privado.
En el 2006 la N° 17.949 para los integrantes de las Fuerzas Armadas que habían sido perjudicados durante el gobierno militar. En octubre de 2006 se votó la ley jubilatoria (N° 18.033), en octubre de 2009 la ley reparadora (N°18. 596) que englobó dentro de sí, a 16 leyes previas. En ese momento el Partido Nacional propuso que a las reparaciones no solo tuvieran derecho los familiares de las víctimas de la represión, sino también los que hubieran sufrido el accionar terrorista, a lo que Tabaré Vázquez se avino en principio. Pero luego la bancada del F. A. se opuso, el Presidente no insistió y quedaron excluidos. Lo habitual.
Como se ve, no han faltado las acciones tendientes a recompensar o desagraviar a aquellos que fueron perseguidos por la represión. Entre el año 2007 y hasta mediados del 2009, por ejemplo, el gobierno hizo entrega de una suma equivalente a 42 millones de dólares a ex presos políticos. El artículo 5° de la mencionada ley incluye un nuevo lapso para los reclamos, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973. De esta manera se reafirma la repetida aseveración que caracteriza a la enseñanza que se transmite desde el gobierno al alumnado, por medio de los programas de historia, por boca de los docentes, a través de libros, de conferencias, de películas y demás, que presentan el levantamiento armado de los tupamaros como una lucha contra la dictadura. A pesar de que hasta el 73, Uruguay tuvo gobiernos democráticos, si bien tremendamente jaqueados por la secuela de robos, secuestros, bombas, asesinatos y una intranquilidad generalizada en la población, producto de las actividades guerrilleras.
En esta semana, el oficialismo presentó un proyecto de ley que hace modificaciones a la que creó el Sistema Integrado Nacional de Salud en el gobierno de Vázquez. El artículo 15° propone un nuevo beneficio para los perseguidos por la dictadura que es un llamativo acto de injusticia para con el resto de los jubilados y pensionistas que han pasado o pasarán a integrar la nómina de usuarios del Fonasa.
Como lo hiciera notar el diputado Pablo Abdala al fundamentar su voto negativo al mencionado artículo, se está impulsando el hacer diferencias ante la ley entre unos ciudadanos y otros, en una acto de franca discriminación. Como si el Ejecutivo y su partido fueran partidarios de que hayan uruguayos de primera y de segunda. En el proyecto se establece que aquellos que ya fueron resarcidos por las leyes votadas en el Parlamento, los cuales han sido favorecidos con prestaciones que están muy por encima del promedio, ahora además, accedan a la asistencia sanitaria sin tener que hacer ningún aporte al (SNIS), como todo el resto en la misma situación.
Es humano tener una contemplación especial con seres que padecieron duramente bajo el régimen militar, pero no se puede seguir así eternamente. Máxime del momento en que cobran montos que andan por los $ 20.000 (8.5 B PC), suma que no recibe ni el 20 % de los pasivos. Mientras por otro lado se les descontará de su ingreso un 4,5%, o 6 % si no hay hijos a cargo, sin miramiento alguno, a todos los otros, inclusive a quienes reciben mensualmente menos de $ 5.000 (2,5 BPC). No se trata solo de denunciar privilegios injustificados, sino también de que los legisladores demuestren responsabilidad. Porque la incorporación de jubilados y pensionistas al Fonasa va a tener un costo de US$ 50 millones para lo que resta del año y a partir del que viene, un aumento progresivo hasta el 2016 cuando estén integrados todos los pasivos, que llegará a los US$ 270 millones anuales. De acuerdo al último ejercicio cerrado del Fonasa, la reciente creación del ex Ministro Olesker, ya hubo un déficit que tuvo que ser cubierto por Rentas Generales, de US$ 60 millones.
http://www.elpais.com.uy/120616/predit-646604/editorialdeldia/uruguayos-de-primera-y-de-segunda/
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Etiquetado: Fonasa, Inequidad
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