Topolansky insiste en expropiar casas desocupadas y con deudas
Viviendas. La senadora del MPP dijo que “la bendita propiedad privada” impide dar solución al déficit habitacional. FA presenta proyecto de ley que permite expropiar inmuebles en abandono
ANDRÉS ROIZEN / VALERIA GIL – El País 11/05/2012
“El problema es la bendita propiedad privada”, dijo Lucía Topolansky, y reflotó una vieja idea del gobierno: expropiar viviendas abandonadas o con deudas. Apuntó a los barrios Aguada, Cordón y Sur, donde hay “mucha vivienda tapiada”.
En momentos en los que el Ministerio de Vivienda está siendo fuertemente cuestionado, y la titular de la cartera recibe críticas incluso desde el Frente Amplio, la senadora y primera dama Lucía Topolansky puso sobre la mesa la idea de la expropiación como solución a la demanda habitacional.
“El tema de la vivienda es crucial, todavía tenemos un déficit de 100 mil viviendas, algo que para el volumen de nuestra población es mucho”, dijo la legisladora en la apertura de un ciclo de debates organizado por Mundo Afro, el miércoles de noche ante unas 40 personas.
En la tanda de preguntas, los participantes plantearon a Topolansky algunas inquietudes respecto a la cuestión habitacional. Desde el auditorio se preguntó cuándo se iban a concretar las reparaciones a las familias afrodescendientes que habían sido desalojadas de algunos complejos en los barrios Sur y Palermo, principalmente en tiempos de la dictadura.
Al responder, la senadora afirmó que el déficit de viviendas que existe no ocurre porque “no haya disponibilidad” e hizo mención a las casas abandonadas que se observan en distintos barrios de Montevideo.
“Ustedes han visto muchas viviendas tapiadas por la Aguada, el Cordón y por el Barrio Sur”, dijo. Luego, agregó: “El problema es la bendita propiedad privada, que hace que entre los costos, la especulación inmobiliaria y todo eso, haya una disponibilidad de viviendas a las que no se puede acceder”.
En ese marco, Topolansky continuó explicando que “acá hay un Estado de Derecho y hay normativas que a veces se nos atraviesan (en) estos problemas”. También comentó que el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) está trabajando en una ley para poder acceder a esas viviendas.
“Si esta propiedad está abandonada o tiene deudas con OSE, con UTE, con la Intendencia, que se pueda expropiar sin tanto vericueto, para poder utilizarla”, enfatizó la legisladora oficialista.
De todos modos, la senadora del MPP dijo que la ley es “compleja” y reiteró que “está la bendita propiedad privada que está consagrada en la Constitución de la República y que cada vez que nosotros ponemos alguna disposición que roza ese tema se arma escándalo dentro del Parlamento”.
La legisladora hizo referencia a una ley anterior sobre ordenamiento territorial que empieza diciendo que “el bien social está por encima del bien individual” y entendió que ese tipo de enunciados son difíciles de “bajar a tierra”.
Para Topolansky, el beneficio de expropiar viviendas en esos barrios céntricos se fundamenta en que ya se cuenta con todos los servicios. “Hay saneamiento, hay luz, hay agua, está el ómnibus, la escuela”, mientras que en la periferia de la ciudad faltan esos servicios y existen otras dificultades.
Además, apoyó su propuesta en el aumento que ha tenido el valor de la tierra. Dijo que el precio subió en distintos barrios por lo que a la hora de construir viviendas ya se debe pensar en una fuerte proporción destinada solamente al terreno, algo que también ocurre en el interior del país. “La tierra en Colonia, donde están comprando los argentinos, es prohibitiva”, expresó, y luego señaló que el tema de la vivienda “es una real preocupación y estamos remando de atrás”.
EL PROYECTO. El proyecto del que habló Topolansky es elaborado por el diputado Asti y su suplente Mauricio Guarinoni, de Asamblea Uruguay, e ingresará a Comisión de Vivienda el martes de la próxima semana.
Según explicó Guarinoni a El País, el proyecto tiene que ver con la situación de “una cantidad de inmuebles de Montevideo y del ámbito rural”. El diputado señaló que los inmuebles abandonados “además de no cumplir con la función social para la que fueron construidos, terminan afectando el derecho de terceros que viven en ese entorno porque se generan problemas de seguridad, salubridad y riesgo edilicio”.
De todos modos, Guarinoni aclaró que “no es exactamente una expropiación” sino que “lo que estamos haciendo es declarando vacante un bien que se encuentra en determinadas circunstancias abandonado”.
El diputado dijo que hay 133 hectáreas detectadas como vacantes en Montevideo. De ese total, gran parte está en el Centro, en Ciudad Vieja, Palermo y Cordón. En total son 103 manzanas en la capital con inmuebles en situación de vacancia.
Ciudad Vieja tiene el 15% de su área vacante, el Barrio Sur 14% y Mercado Modelo 15%. El uso residencial del área vacante habilitaría a dar vivienda a 3.250 personas en esas zonas.
El legislador suplente también explicó que “el proyecto da las garantías para los que son propietarios” y añadió que “el abandono se acredita mediante la inspección ocular y una vez declarado el abandono eso se registra por el Ministerio de Vivienda. La gran mayoría de esos inmuebles tienen una deuda tan grande que solamente en el momento de intimar ya se declara la vacancia”.
La declaración de abandono se puede solicitar cuando el propietario o el prominente comprador incumple por un lapso superior a cinco años los deberes de conservar y cuidar el bien previsto por el artículo 27 de la ley de Ordenamiento Territorial, explicó Guarinoni.
“El presupuesto de la declaración de abandono queda de manifiesto cuando no se cumple con ese artículo y le genera perjuicios a la comunidad, a los vecinos y a los eventuales ocupantes”, dijo.
En tanto, la declaración de vacancia la pueden solicitar los gobiernos departamentales y Colonización. Una vez constatado el abandono, la declaración judicial ingresa el inmueble al dominio fiscal como vacante. A partir de ahí, puede ser utilizado para vivienda.
Los inmuebles con características de uso comercial podrán ser destinados al Ministerio de Industria y los aptos para tareas del agro pueden ingresar a Colonización. En los demás casos el inmueble ingresará al patrimonio departamental. El proceso para declarar vacante un nuevo inmueble llevaría un tiempo estimado de un año.
PLAN JUNTOS. Topolansky dedicó buena parte de su discurso a hablar del tema de la vivienda. Así, dirigió elogios a la implementación del Plan Juntos, sobre el que afirmó que es un “traje a medida”. “Podríamos haber ido por un plan estándar, pero entendimos que con eso no llegábamos a la inclusión, teníamos que valorar cada situación”, expresó.
Señaló: “Nos han criticado mucho por esto, dicen que es lento, que vamos a hacer clientelismo, pero creemos en la autoconstrucción porque genera un vínculo de por vida con la vivienda”. Según dijo Topolansky, “está comprobado” que el metro cuadrado que se construye a través del Plan Juntos es el más barato del país.
DERECHO A PROPIEDAD PRIVADA
La Constitución de la República dedica un artículo específico a hablar del tema de la propiedad privada.
Artículo 32.: “La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda“, expresa el artículo enmarcado en la sección Derechos, Deberes y Garantías.
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Expropiar es robar …
Águila no caza moscas …
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La bendita propiedad privada
diario El País 10/09/2012
ISAAC ALFIE
En más de una oportunidad, ante circunstancias que le parecen adversas porque directamente interfieren en su voluntad, figuras del gobierno, algunas prominentes por cierto, han tenido la expresión del título en tono peyorativo, sindicándola como un obstáculo al desarrollo. Difícilmente se pueda encontrar un aserto más alejado de la realidad, es justamente la propiedad privada y el apropiarse de los frutos de la misma, una de las claves que impulsan el crecimiento y desarrollo de las personas, economías y naciones.
REALIDAD. Por fuera de lo ideológico y posturas utópicas o totalitarias contra la propiedad privada, las cosas son muy claras: el crecimiento se logra con capital, y éste no es otra cosa que los frutos acumulados y no consumidos del trabajo. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a trabajar y no consumir cuando otro toma “gratis” la retribución de su trabajo? No hay una respuesta lógica; algunos dirán que es egoísmo, otros, que esa persona no está preparada para vivir en una sociedad “justa”, aquella que al decir de Marx, le otorgue a cada uno según sus necesidades y reciba según sus capacidades. Pero esto no funciona, los hechos lo demuestran muy claramente, por ende si se quiere el progreso (crecimiento en sentido amplio) hay que admitir varias cosas, entre otras:
a. Que las personas tengan ambición por superarse.
b. Que no se le puede quitar a quien genera valor una porción muy significativa del mismo, porque deja de trabajar y generarlo.
c. Que sin generación de valor no hay nada para repartir.
d. Que las personas deben poder disfrutar del fruto de su trabajo como mejor le parezca, siempre que respeten los lógicos límites que la vida en sociedad impone.
e. Que el capital que acumulan las personas les pertenece y son ellas quienes deben decidir qué hacer con el mismo. Por tanto, no es bueno que desaparezca por actos arbitrarios o impuestos expropiatorios.
Para todo lo anterior, la propiedad privada es fundamental. Respetar las reglas de la no expropiación, sea por ley, vía impositiva o regulaciones, es parte esencial del desarrollo, la vida democrática y los derechos civiles. Existen otras cosas tan o más fundamentales que lo antedicho o, al menos, que van a la esencia del ser humano bajo una concepción liberal, las libertades individuales, entre la que está la económica, el derecho a la reserva e intimidad. Podríamos seguir y el lector seguramente agregará a la lista, pero con esto es suficiente para abonar a la idea.
CIENCIA. Más allá de todo lo anterior, la ciencia económica demuestra cómo, donde puede haber propiedad privada en contraposición a la propiedad común, la primera es preferible desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, ya que genera mayor valor. Una manera fácil de verlo es recurriendo a la llamada “Tragedia de los Comunes”. El ejemplo, extraído de la observación de lo que acontecía con la producción en las tierras comunes que existían en Europa luego de la Edad Media, es la justificación económica del traspaso de aquellas a manos privadas. Éste no necesariamente implica una enajenación de la tierra, puede perfectamente ser un arrendamiento; la clave está en que hay alguien que decide sobre todo, mirando el bosque completo.
Suponga el lector que existe un campo común de pastoreo, donde las personas pueden llevar a pastar su ganado y que el valor de la producción se resume en lo que la tabla anexa indica. Así si hay una única vaca, el valor de la producción total es de 1.200, si hay 5 es de 5.150 y así sucesivamente. Supongamos también, para simplificar, que el costo de producción, incluyendo el de adquisición del ganado, es fijo e igual a 500.
La tabla nos dice en su tercera columna cuál es el valor de mercado de la producción por vaca y en la cuarta, el valor adicional (marginal) del rendimiento del último animal puesto a pastar en el campo. El cuadro respeta una ley económica fundamental, la de rendimientos marginales decrecientes, la cual podríamos decir, es obvia. Así, en un campo la cantidad de comida está dada por la dotación del mismo y siempre tiene un límite; por ende a mayor cantidad de animales pastando, menos comida para cada uno y, entonces, menos producción por cabeza.
SIGNIFICADO. Antes que nada veamos qué significa, cuál es la interpretación que debemos darle al precio de un bien en el mercado (el precio de transacción) y al costo de producirlo. El primero expresa el valor que la gente percibe de ese bien (1) y por ende lo que se está dispuesto a pagar por el mismo. Entones, el precio iguala al bienestar o beneficio que, quien lo compra, cree le proporciona el bien. Éste es independiente del costo; así, en medio del desierto un poco de agua fría seguramente valga centenas de veces su costo, pero si debe respetar la restricción que, lo que la gente esté dispuesta a pagar debe cubrir el costo marginal de producirlo, de lo contrario no habrá oferta. Por tanto, el precio es una medida de cuánto bienestar proporcionan las cosas a la sociedad. Con la base anterior, el costo de producción de una unidad adicional (costo marginal) no quiere decir otra que el valor de esos recursos para la sociedad.
EL RESULTADO. Aún bajo el supuesto fuerte que “la propiedad común se cuide de la misma manera que la propia”, si el uso de la tierra es libre, cada persona decidirá si pone a pastar o no una vaca adicional en función de cuánto obtenga de ella. Si su costo es 500, es claro que habrá 17 vacas pastando en la tierra común, esto es así porque quien lleva la cabeza 17 sabe que le costó 500 y obtiene 509, pero si se pone la 18, ya la producción unitaria (470) sería inferior al costo. La pregunta es si ello es lo óptimo para la sociedad y la respuesta es un NO rotundo. ¿Por qué? Sencillamente porque cada productor analiza en función de su beneficio, pero deja de lado la influencia de su conducta sobre el resto de los productores. Por ejemplo, cuando se lleva la cabeza 10, ésta produce 500, una cantidad exactamente igual al costo, pero el valor de la producción por unidad de “capital” cae 38, de 878 a 840, lo que implica que los 9 anteriores han perdido 342 (38 x 9). El mismo razonamiento nos dice que al introducir el animal 11, la producción total aumentaría en 350 y la pérdida de los 10 anteriores sería de 450 (45 x 10). Entonces socialmente introducir la vaca Nº 11, causa pérdida de bienestar y lógicamente no debería hacerse. Por tanto un productor individual que tenga el dominio total de la tierra (decide sobre qué, cómo y cuánto producir), no tendría más de 10 cabezas en ese terreno, contra las 17 si ese “dueño” no existiera. La ganancia del productor individual es la utilidad social, que la propiedad termina dilapidando (2).
Un ejemplo más reciente se puede encontrar en las reformas que China emprendió sobre fines de los setenta. Allí se cambió el sistema de pago de renta sobre la tierra de la siguiente manera: antes las personas debían entregar toda su producción al Estado y éste le daba a cada familia lo que entendía del caso para cubrir sus necesidades. Se pasó a un sistema donde las personas debían entregar una cantidad fija de productos (equis kilos) y todo el exceso de producción lo podían vender en un mercado libre al precio de mercado. La tierra era la misma, la maquinaria y herramientas, las mismas arcaicas de siempre; en 5 años la producción agrícola se más que duplicó y fue el comienzo de la era que llevó a este país a ser hoy la segunda economía del mundo y, según dicen, la razón de los precios de nuestros productos de exportación. Si será bendita la propiedad privada.
(1) En realidad nos dice el valor de la última unidad consumida, que es el menor de todos ya que también aquí aplica una ley económica, la ley de utilidad marginal decreciente.
(2) Note el lector que si se ponen 17 vacas en el campo, el valor de la producción equivale al costo total, o sea no existe una ganancia de bienestar para nadie.
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La Intendencia de Montevideo quiere “recuperar” los edificios ocupados y “ponerlos en condiciones para que vuelvan al mercado inmobiliario”
14.01.2013 | 13.30
El gobierno y la Intendencia de Montevideo (IMM) quieren recuperar varios inmuebles ocupados por intrusos, que muchas veces son “focos de delincuencia”. El plan “no es nuevo”, pero este viernes “culminó un proceso” que acabó con el realojo de varias familias que ocupaban edificios que no tenían dueños legales, explicó el secretario general de la IMM, Ricardo Pratto, a En Perspectiva. La intención es que estos inmuebles “se pongan en condiciones, y se vuelquen al mercado inmobiliario”. Sin embargo, “las deudas que tienen los edificios por los juicios y los tributos pendientes a veces hacen inviable que algún empresario se haga cargo”, agregó.
(emitido a las 7.47 Hs.)
EMILIANO COTELO:
El obierno y la Intendencia de Montevideo se proponen recuperar una serie de inmuebles que han sido ocupados por intrusos y que muchas veces son refugio de delincuentes, alterando la trama de la ciudad.
El viernes pasado, con apoyo de la policía, fue desalojado un edificio de apartamentos que ha sido noticia varias veces, ubicado en la avenida José Pedro Varela entre Luis Alberto de Herrera y Bulevar José Batlle y Ordóñez, muy cerca del Edificio Libertad.
El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo que en breve se van a regular otros, entre ellos, el exhotel El Casino, un caso emblemático, en la calle Gonzalo Ramírez, en la zona del Parque Rodó.
¿Cómo es esto? La medida implica desalojar y reubicar a los residentes ilegales, hacer obras de refacción y negociar luego el pase de estos edificios al mercado inmobiliario.
Hace tiempo que esto estaba pendiente. ¿De qué manera se lo ejecutará?, ¿cuáles son los tiempos?, ¿cuáles son las formas? Vamos a conversar justamente con el secretario general de la Intendencia de Montevideo Ricardo Prato.
Romina, ¿por dónde empezamos?
ROMINA ANDRIOLI:
Prato, ¿en qué consiste este plan de desalojos de edificios abandonados que han sido ocupados?, ¿se trata de un plan nuevo?
RICARDO PRATO:
Para nada es un plan nuevo, yo creo que hay un error en la información original de que el viernes comenzó. El viernes culminó un proceso que llevaba un par de años de realojar, reubicar a las personas de edificios que el problema que tienen, sobre todo el de José Pedro Varela, es que no tiene dueño legal que hiciera las acciones para el desalojo del edificio. Ahí hubo que armar un trabajo entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia para ir convenciendo a los habitantes para que fueran ocupando otros lugares y que no se reocuparan lo apartamentos que iban quedando vacíos.
El problema que existe con el exhotel El Casino es que también quedó sin dueño, , fue comprado por un inversor, que está haciendo los trámites legales para el desalojo mientras que la Intendencia le está dando el apoyo en cuanto a la posibilidad de limpiar lo que, al estar la sanitaria en pésimas condiciones, provoca molestias en la zona. Pero aquí hay propietarios que han desatendido sus obligaciones con respecto al mantenimiento de los edificios.
EC – Pero, ¿quién toma la decisión?, ¿quién resuelve en determinado momento el desalojo?
RP – El desalojo es una decisión judicial. En el caso del edificio de José Pedro Varela hubo que mostrar ante la justicia el interés general que al no existir un titular que hiciera la medida la Intendencia junto con el Ministerio del Interior se constituyeron en parte como para poder conseguir de la justicia las órdenes de desalojo, más allá del convencimiento a algunos vecinos de que era mejor irse que quedarse a ser desalojados.
EC – Y una vez que se obtiene esa orden judicial, ¿de qué manera se actúa?
RP – El otro día lo que hicieron fue retirar a las últimas que tres familias que quedaban, pero tenían un destino ya decidido que no lo querían utilizar. Pero es un problema de edificios que tenemos varios esqueletos que quedaron en la ciudad, que están en procesos judiciales muy complicados porque atrás de esa política de haber dado préstamos a gente que no cumplió con sus obligaciones con la construcción y con sus obligaciones con el Banco Hipotecario que les prestó el dinero, u otros bancos que les prestaron el dinero, dejaron abandonadas las construcciones y seguramente los créditos que hay en contra de esas construcciones exceden largamente al valor y no ha sido posible reponerlos en el mercado inmobiliario. Recientemente la Intendencia ha recibido ofertas de algún empresario que está negociando con la Intendencia para por lo menos achicar alguna de las cuentas que le hacen inviable el negocio, y bueno, la Intendencia está dispuesta a discutir.
EC – ¿A qué caso alude en ese comentario?
RP – El caso por ejemplo de 18 y Tacuarembó o el caso de 18 y Andes. El de 18 y Andes está mucho más terminado, pero en condiciones totalmente irregulares. Este edificio pertenecía a un propietario que se fue del país aparentemente por problemas con la ley y estaría detenido en otro país. Y bueno, dejó detrás de él un tendal de deudas y gente que se enteró se aprovechó y ocupó muchos de los apartamentos terminados o casi terminados generando una situación muy embromada sobre todo para los pocos propietarios que habían comprado y logrado terminar sus apartamentos y conseguir la habilitación.
EC – Volviendo a la pregunta que le hacía Romina hace un rato, ¿cómo es el procedimiento? Usted aclaraba, lo que hay acá es una resolución judicial, a partir de una acción iniciada por la Intendencia con el gobierno nacional.
RP – Claro, pero esto es un caso muy especial porque no se logró detectar quién es el propietario.
EC – Hay una preparación del desalojo en el sentido de encontrarle alternativa de habitación para quienes estaban viviendo por ejemplo allí en ese edificio de la avenida José Pedro Varela, ¿cómo es eso?
RP – En principio es saber si existe o no existe un propietario a quien intimar para que regularice la situación de su propiedad. El tema es que cuando después de mucho buscar no se logró encontrar un propietario, y las condiciones judiciales lo permitían, la Intendencia y el Ministerio del Interior se presentaron como parte ante la justicia para solicitar el desalojo. El tema es que no siempre es posible porque en muchos de estos casos hay propietarios estrictamente con sus derechos y con sus obligaciones, que no las están cumpliendo, y la Intendencia no lo puede obligar…
EC – Está bien, pero la pregunta creo que apuntaba sobre todo a saber si es necesario efectivamente que se le ofrezca una alternativa de habitación a quienes estaban ocupando ilegalmente, por ejemplo, ese edificio. ¿De qué manera encaran ustedes esa parte?
RP – No siempre es necesario, lo que es una forma amigable de conseguir una solución que quizás en la justicia demoraría mucho más si no se hubiera podido resolver amigablemente con la mayor parte de los habitantes. Porque la Intendencia al no ser dueña del terreno no es titular claro de la acción de desalojo, no hay ninguna norma que nos establezca a nosotros que podemos desalojar un edificio porque el lugar es sucio, habiendo propietario.
Acá la situación es que no habiendo un propietario claro, no existiendo otra alternativa, la forma es, bueno, tratemos de ver si esta gente sale para otro lado y la justicia termina de darnos el permiso para intervenir en el edificio. Nos dan ese permiso para intervenir a los efectos de efectuar limpiezas, como es el caso de exhotel El Casino, donde hemos logrado entrar varias veces a hacer desagotes y a conectar alguna parte al saneamiento correctamente.
EC – O sea que primero la Intendencia y el Ministerio de Vivienda ofrecen alternativas de habitación a esas familias…
RP – En el caso de que no tengamos un propietario claro que sea el responsable de hacer el desalojo.
EC – ¿Y cómo son esas soluciones?
RP – La Agencia de Vivienda tiene una cartera de vivienda que todo el mundo sabe que las ha puesto a remate, algunas no logra rematarlas y esas pueden ser la solución para algunos casos.
EC – Pero, ¿son soluciones gratuitas para estas familias?
RP – Son soluciones que tienen que negociar el precio de pago con la Agencia Nacional de Vivienda o con quien sea que ponga la vivienda, no es nada gratis, aunque las formas de pago son a largo plazo.
RA – ¿Y qué tipo de contraprestaciones se les exige, por ejemplo?
RP – Es pagar el precio de alguna manera que sea accesible, tratar de recuperar esos edificios para que se pongan totalmente en condiciones, y se vuelquen al mercado inmobiliario. La Agencia Nacional de Vivienda tiene varios, algunos ni siquiera están ocupados, están simplemente abandonados, alguno tiene todavía algún sereno o alguien que cuida el lugar, pero las deudas que tiene por los juicios pendientes y los tributos que puedan tener pendientes a veces hacen inviable que algún empresario se haga cargo de seguir adelante por ahora.
RA – ¿Qué pasa en el caso de los otros edificios, los que sí tienen un propietario concretamente?, ¿cuál es el plan que tienen ustedes para ese tipo de casos?
RP – La Intendencia no tiene por qué tener plan para ese tema, lo que la Intendencia ha recogido con buenos ojos es que algún empresario se hace cargo de esos edificios y viene a plantear alguna solución para resolver la situación tributaria del edificio que a veces es una de las cargas importantes en el juicio o en los juicios que tienen esos edificios. Y se han buscado soluciones para dos de ellos, para el caso de 18 y Tacuarembó, el caso de 18 y Andes, que es aplicarle la norma que se aplicó para el conjunto de los vecinos de Montevideo con respecto al achique en cuanto a multas y recargos de la deuda original.
RA –¿Podemos repasar cuáles edificios van a estar contemplados en esto?
RP – Son estos dos que le digo, lo que ya está resuelto, 18 y Tacuarembó y 18 y Andes. Si alguien más compra algún edificio y viene a hacer el planteo, se verá en cada caso si es posible adaptarlos al planteo que sacó multas y recargos a las deudas cuyo plazo terminó hace un tiempo.
RA – Y en el caso en los que los dueños están identificados, ¿la Intendencia no puede intimarlos de alguna forma a que inicien los trámites de desalojo, por ejemplo?
RP – La Intendencia le pone multas por tener la edificación inapropiada, le pone multas por problemas de salubridad, pero no tiene potestades para decirle “desaloje a sus inquilinos”, esa es la solución que tienen ellos para sacarse de encima el problema que les va a seguir acumulando multas además de las deudas que eventualmente puedan tener.
EC – Otra situación que aparece mencionada en la prensa de hoy, no sé si llegó a leerla, en el diario El Observador, es lo que ocurre en Piedras entre Isla de Lobos y Guaraní, en la Ciudad Vieja, es el hall de lo que fuera el Sindicato Autónomo de Estibadores de Ultramar del Uruguay. Dice que: “El hall de un edificio abandonado y ocupado por intrusos, hace tiempo señalado como refugio de ladrones, se convirtió ahora en un foco infeccioso” ya que acumula “al menos dos metros de aguas residuales hasta el ras de la calle”. O sea, es una situación particularmente compleja, no solamente intrusos, no solamente riesgo para la zona, sino además riesgos en seguridad y riesgos sanitarios, ¿qué se puede hacer en un caso como ese?
RP – En la misma nota habla de que el alcalde del Municipio B ya está trabajando en el tema, ese es un edificio que quedó en manos del Ministerio de Educación y Cultura, aparentemente fue rematado y el nuevo propietario tendrá que hacerse cargo de la situación al igual que cuando uno se hace cargo de una propiedad tiene que resolver que la misma se mantenga en condiciones sanitarias y de edificación correctamente.
EC – Está bien, pero la pregunta viene porque por lo visto ha venido pasando ya un tiempo en el que se ha ido acumulando esa piscina de excrementos, etcétera, sin que hubiera acciones.
RP – El tema es que la acción es intimar al propietario a que resuelva el tema, la Intendencia no puede hacer otra cosa, porque tiene dueño. Acá el tema es que el dueño original, que fue el residual por disolución del sindicato, que fue el Ministerio de Educación y Cultura, lo tuvo más o menos tapiado hasta que decidió sacarlo a remate, que es generalmente lo que se hace con los edificios en el cual no tenés perspectivas de darle otro destino, además tiene obligación de rematarlo, no lo puede vender a nadie. Aparentemente, por lo que dice la misma nota, el que compró en el remate tendrá que tomar alguna medida para resolver el tema, la Intendencia lo podrá ayudar en cuanto a hacer alguna limpieza a cuenta de pasarle después la factura al propietario, y puede complicarle la vida la posibilidad de reponer ese edificio en funciones.
EC – Está bien, pero llama la atención que no haya herramientas legales que permitan incidir con más velocidad, que no se generen durante tanto tiempo esas situaciones que son notoriamente desventajosas y perjudiciales para el barrio, ¿no?
RP – Emiliano, a mí no me llama la atención, porque en este país, que vivimos en un sistema capitalista, la propiedad es un sagrado inviolable, por lo tanto el propietario es el responsable de lo que pasa en su propiedad y es muy difícil llegar a obligarlo con las herramientas que se tienen a que mantenga la propiedad si él no quiere hacerlo. Se le puede intimar, se le puede multar, después podemos llegar a ejecutarlo nosotros también por el no pago de las multas, pero estamos en la misma, seguimos en una vuelta de juicios uno atrás del otro, en el cual distintos actores actúan contra el propietario que no cumple con sus obligaciones.
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