El TCA aceptó una grabación no consentida porque: «las partes pueden recurrir a todos los medios probatorios tendientes a demostrar los hechos ocurridos, con tal que no sean prohibidos por la ley».


Casal grabó reunión con técnicos de la DGI y usará video en juicio
Rechazo. El organismo dijo que la grabación se hizo en la «clandestinidad»

PABLO MELÉNDREZ – El País 4/10/2011

El video de una reunión entre Francisco Casal y contadores de la DGI será usado como prueba por el empresario en el juicio que mantiene con el organismo. Para la DGI la grabación se hizo en la «clandestinidad» y sin consentimiento de los técnicos.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) admitió incorporar como prueba el video del encuentro -que se realizó el 17 de febrero de 2008 en la sede de Tenfield S.A. – al juicio que determinará si Casal mantiene o no una deuda con la Dirección General Impositiva (DGI) por su actividad como representante de futbolistas.

En septiembre de 2009, el organismo recaudador determinó, tras un proceso iniciado en junio de 2002, que Casal debe más de US$ 86 millones por tributos impagos en el período 1998-2007.

Para la DGI, el empresario debió pagar el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) por la venta de futbolistas al exterior. Pero Casal dice que esa actividad no está gravada por esos tributos.

Una vez que la DGI calculó la deuda, Casal recurrió al TCA, reclamando la nulidad de la decisión del organismo recaudador. Cuando el proceso dio a las partes la posibilidad de incorporar pruebas, el empresario pidió agregar un DVD con la grabación de la reunión realizada en la sede de Tenfield S.A..

En ese encuentro, por orden de sus superiores, los contadores de la DGI Norma Soto (directora de Fiscalización) y Roberto Pellegrino, intentaron negociar con el empresario, que desde abril de 2008 junto a otros integrantes de su grupo económico, se encuentra bajo un embargo judicial.

«Es una prueba que es clave para nosotros», aseguró a El País el abogado Leonardo Costa, representante de Casal.

Sin embargo, se negó a comentar el contenido del DVD. «Nosotros hablamos en el expediente, por lo que el video debe quedar en ese marco y debe ser analizado con la debida serenidad por el TCA», dijo Costa.

De todos modos, el abogado señaló que el hecho de que la DGI haya buscado negociar con Casal, demuestra lo «poco claro» del criterio según el cual su cliente debe IRIC e IRAE.

DISCUSIÓN. Ante el planteo de Casal, la DGI se opuso a que el video fuera agregado al expediente por cuanto lo consideró «prueba ilícita».

En tal sentido, el organismo recaudador argumentó que los funcionarios que asistieron al encuentro con Casal «no consintieron la grabación y no fueron advertidos que se estaba grabando» la reunión.

Por eso, según la DGI, el empresario actuó con «absoluta clandestinidad». Además, criticó a Casal porque en el DVD no se reproduce la totalidad de la reunión, por lo que existe una «manipulación de la prueba».

Pero, tras estudiar el tema, los ministros del TCA resolvieron darle la razón a Casal y aceptar el video como prueba en el juicio administrativo, que dirimirá si el empresario tiene una deuda tributaria, tal como lo sostiene la DGI.

En una resolución del 16 de agosto a la que accedió El País, los magistrados reconocen la «opinabilidad del tema», pero subrayan que la grabación no implicó una «violación al derecho a la intimidad» de los contadores de la DGI.

Al respecto, la resolución señala que los profesionales concurrieron a la reunión (realizada en febrero de 2008) en su condición de funcionarios públicos y por orden de las autoridades de la DGI, que encabezaba Nelson Hernández.

Los ministros del TCA analizan criterios doctrinarios y jurisprudenciales de lo que implica una prueba ilícita, y llegan a la conclusión de que «las partes pueden recurrir a todos los medios probatorios tendientes a demostrar los hechos ocurridos, con tal que no sean prohibidos por la ley».

Sin embargo, la resolución subraya que la aceptación del DVD aportado por Casal como prueba en el proceso no implica darle la razón al empresario en el fondo del asunto.

El fallo aclara que aceptar ese medio probatorio no es «de ninguna manera una suerte de prejuzgamiento respecto a la real eficacia probatoria del medio tecnológico cuestionado; ello será valorado en ocasión del dictado de la sentencia definitiva, conforme jurisprudencia reciente del Tribunal».

Según dijo Costa, todavía no es posible saber cuánto tiempo falta para el pronunciamiento del TCA, ya que todavía el caso está en etapa de prueba.

EPISODIOS. El diferendo entre la DGI y Casal, si bien se inició a nivel administrativo en 2002, desde 2008 ha tenido varios episodios a nivel judicial.

Primero, en febrero de 2008, el empresario presentó una «acción declarativa de certeza» ante la Justicia Civil para que la DGI fuera obligada a determinar qué tributos debe pagar. El reclamo fue desestimado.

Dos meses más tarde, en abril de 2008, la jueza Loreley Opertti, a pedido de la DGI, trabó un embargo a Casal y a otros integrantes de su grupo económico por un total de US$ 20 millones. En noviembre de 2009, luego de que el empresario presentara una garantía de US$ 1,5 millones, el embargo fue reducido al 17% del valor inicial.

En octubre de 2008 el organismo recaudador presentó una denuncia penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria. El empresario declaró en calidad de indagado ante el juez Carlos García.

El caso, que implicaba a Casal y a otros empresarios, fue archivado por la fiscal Dora Domenech, quien no encontró pruebas para concluir que actuaron de manera fraudulenta.

Sentencia sin pedir pruebas

El ministro del TCA, Eduardo Lombardi, explicó que es «excepcional» que se plantee la realización de prueba en los juicios administrativos que llegan al organismo.

«La gran mayoría de los casos no pasan por etapa de prueba, porque ya se generó en la fase administrativa», señaló Lombardi a El País.

El TCA se ocupa de confirmar o anular actos administrativos dictados por el Estado, y eso implica un análisis jurídico. Por eso, es «muy poco usual» que se disponga la realización de prueba, insistió Lombardi, quien dijo que el pedido de Casal es «excepcionalísimo».

http://www.elpais.com.uy/111004/pnacio-597473/politica/casal-grabo-reunion-con-tecnicos-de-la-dgi-y-usara-video-en-juicio/

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