Gremiales rurales dicen que se trata de un «impuesto a prepo»
Tributo al agro. La Federación Rural advierte que los productores «bajarán los brazos y dejarán de invertir» Operadores alertan sobre la «paralización» del mercado de venta de campos
El País – 23/08/2011
Las principales gremiales agropecuarias criticaron la creación del nuevo impuesto al tiempo que lamentaron la falta de diálogo con que se movió el Poder Ejecutivo. Prefieren seguir tributando mediante el Impuesto a la Renta Agropecuaria.
El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, aseguró que lo peor del impuesto a la tierra que impulsa el gobierno es que «se pondrá a prepo. El presidente lo viene imponiendo a prepo y eso no es bueno. Nunca se le dijo a las gremiales cuál era la idea, ni se les invitó a intercambiar ideas».
Las entidades más representativas del sector productivo admitieron que es necesario mejorar la infraestructura, aunque advierten que nuevos impuestos producen desaliento a los inversores.
Sanguinetti dijo que la medida hace que los productores se desestimulen y dejen de invertir. «Cuando vemos un gobierno que se equivoca tan flagrantemente y busca imponer impuestos a prepo, el productor baja los brazos y deja de invertir, porque le están cambiando las reglas de juego«, sostuvo.
La Federación Rural intentará hacer gestiones en el Parlamento para frenar la iniciativa. «Es un impuesto negativo porque es fijo. Creemos que hay tributos más modernos contra la producción y las ganancias. Ese es el tipo de impuestos que teníamos hasta ahora y el que hizo crecer a la agropecuaria».
El ruralista también mostró descreimiento cuando desde el gobierno se señala que con parte de lo recaudado con el nuevo tributo a la tierra se arreglará la caminería rural. «Desde ya no creemos en ese cuento. Hubo un aumento de 35% en la Contribución Inmobiliaria Rural y la caminería rural, día a día, está cada vez peor. Tenemos argumentos suficientes para no creer que con esto se arreglará el problema».
Pero para Sanguinetti, más allá de elevar la carga tributaria, lo peor del impuesto a la tierra que impulsa el gobierno es «el intento de división entre campo y ciudad. Si queremos pensar en un país a largo plazo, en un país donde se aumente la riqueza, la producción y el empleo, hay que pensar de otra forma y no dividir. Quisiera que esto termine cuanto antes para volver a unir a la sociedad. En eso vamos a trabajar».
A fines de julio, en una de las ocasiones en que se especuló que el Poder Ejecutivo aprobaría el proyecto, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, aseguró que el nuevo tributo es «un fuerte cambio filosófico» por parte del presidente de la República. «(Mujica) se aparta del espíritu con el que muchos inversores trajeron sus ahorros al país y utilizaron la tierra como mecanismo para invertir acá. Los niveles de inversión se han duplicado y atentar contra esta corriente realmente no lo entendemos», afirmó Bonica.
Para el presidente de la ARU, el primer mandatario «se apartó solo de sus discursos en el Hotel Conrad y de asunción», donde alentó a inversores a instalar sus proyectos en Uruguay. «Llama mucho la atención cómo una persona se aparta de sus dichos rápidamente», sostuvo Bonica, quien agregó que le consta que hay operadores que ya han «congelado algunos negocios» en el país.
Voceros de la gremial de productores rurales prefirieron esperar a la publicación y oficialización del proyecto para realizar comentarios o análisis. No obstante, se declararon en estado de «alerta» a la espera de mayores novedades.
A favor. La mayor parte de las gremiales de pequeños productores se mostraron de acuerdo con la iniciativa presidencial.
Por su parte, la central sindical de trabajadores Pit-Cnt se definió a favor del nuevo impuesto.
Un documento del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt remitido al presidente Mujica, señala su acuerdo con el nuevo gravamen ya que «una medida de estas características supone un avance hacia un sistema impositivo más justo y progresivo a un sector minoritario de la población que se encuentra en una situación privilegiada al disponer de la propiedad de grandes extensiones de un recurso natural escaso como es la tierra».
El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, se declaró ayer a favor del impuesto a las grandes extensiones de campo.
«Mañana no van a poder sacar la producción por ningún lado y les va a salir carísimo sacar la producción. Acá lo que hay son equipos de consultoría de las multinacionales dedicadas a la forestación, que son los que tratan de ganarse sus pesos protestando estas cosas«, afirmó el jefe comunal a la radio La Voz de Melo.
Mercado de venta de campos paralizado, pero no solo por el anunciado impuesto a la tierra
Operadores consultados por El País aseguran que el mercado de venta de campos está semiparalizado desde hace unos cuatro meses, pero no culpan al impuesto a la tierra, ni a las idas y venidas del gobierno sobre el tema.
Según Leovigildo Da Silva, principal de Da Silva Inmuebles Rurales, hay una sumatoria de factores que justifican la detención. Entre ellos recordó que entre 2000 y 2010 se vendió prácticamente un tercio de la superficie del país y los precios subieron.
Según la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el precio promedio de la hectárea durante el segundo semestre de 2010 fue de US$ 2.763, lo que implica un aumento de 10% en tan solo seis meses (en el primer semestre cotizaba US$ 2.519).
Año tras año, el precio promedio de la hectárea vendida viene manteniendo una suba de entre 20% y 25%, tendencia que se profundizó a partir de 2008.
La paralización parcial de los negocios en los últimos cuatro meses, también se debe a que los grandes grupos agrícolas -en su mayoría de origen argentino- están achicando sus áreas y solo se están quedando con las tierras de mayor productividad al lograr sus objetivos de expansión. Un caso típico es El Tejar, que disminuyó la superficie explotada en el orden de las 30.000 hectáreas. «La gran expansión agrícola se daba en suelos que a veces tenían interrogantes productivas y no rendían lo que se esperaba», indicó Da Silva.
Dijo además que hay pedidos de campo de nuevos grupos, principalmente de fondos de inversión en tierras, pero la oferta está acotada y sobrevalorada.
Por su parte, Francisco Cánepa, operador de Salto, descartó que el nuevo impuesto a las extensiones de tierras esté trancando negocios, pero sí aseguró que «puso en alerta a los inversores. Aquellos que pensaban agrandar sus superficies ahora esperan para ver qué pasa». Por otro lado, según la visión del operador, los nuevos impuestos «no detendrán al inversor extranjero».
Para Francisco Cánepa, lo que es seguro es que con la nueva iniciativa del gobierno, muchas explotaciones agropecuarias familiares -en el Norte se dan mucho- que manejan grandes superficies, «van a comenzar a dividir y regularizar su situación. Hasta ahora no lo hacían porque tenía costos muy altos. Ahora, en lugar de pagar mucho impuesto, van a preferir regularizar la situación y subdividir las explotaciones».
Datos del discutido impuesto
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé gravar con 67 Unidades Indexadas (US$ 8 la hectárea) a las extensiones de tierra de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; con 100 UI (US$ 12) aquellas extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y con 135 UI (US$ 16) la hectárea las extensiones de tierra superiores a las 10.000.
Equivalencia: extensiones menores a 2.000 hectáreas, pagarán el impuesto si tienen Índice Coneat mayor a 100.
El ICIR, cuya recaudación se estima en unos US$ 60 millones anuales, será destinado a las intendencias, a través de un fondo que manejará una Comisión Sectorial y será para atender gastos e inversiones derivados de las reparaciones atinentes a la caminería rural departamental y acceso a establecimientos industriales y comerciales ubicados en los departamentos.
La parte del proyecto que incluye cambios a la enajenación de inmuebles rurales para contribuyentes del IRPF y del IRAE -con la que se presume recaudar entre US$ 20 millones y US$ 30 millones- se destinará a políticas de desarrollo del Instituto Nacional de Colonización.
La valorización de la tierra en los últimos 10 años no se reflejó fiscalmente, sostiene la exposición de motivos del proyecto de ley. Expresa que la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Agrega que esa concentración tiene consecuencias sobre la equidad que justifican este impuesto «con el propósito de desalentar la concentración de la propiedad de la tierra».
El proyecto afirma que el impuesto gravará aproximadamente a 1.200 productores o empresas de un total de 43.700, lo que significa un 2,5% que poseen el 36% de la superficie total de tierras.
El impuesto se liquidará sobre la base de los bienes inmuebles rurales del contribuyente al 31 de diciembre de cada año.
El impuesto no será de aplicación al Estado, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, los Gobiernos Departamentales y al Instituto Nacional de Colonización.
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Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 