DGI pidió datos a colegios para detectar evasores
IRPF. Buscan inconsistencias con los ingresos declarados – El País – 12/05/2011
MARCELA DOBAL
Al menos dos colegios privados recibieron pedidos de información de DGI sobre los padres de sus alumnos y los responsables del pago de cuotas con el fin de cruzar datos y detectar evasores, como se hizo en 2010 con automotoras e inmobiliarias.
La visita de inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) se produjo los últimos dos días, informó a El País el presidente de- la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (AUDEC), Marcelo Fontona.
De los dos colegios que fueron consultados por el Fisco, uno pertenece a esa Asociación y otro a la Asociación de Institutos de Educación Privada (laicos), según indicó.
Fontona dijo que AUDEC está consultando a sus asesores jurídicos. «Estamos haciendo consultas para poder indicarle al colegio qué debe hacer. A nosotros (el pedido) nos genera cierto conflicto, porque es información reservada de las familias y no la podemos dar sin su autorización expresa», explicó. Por eso, están estudiando la legislación sobre manejo de datos (ver recuadro aparte).
El titular de AUDEC indicó que se les dio un plazo de cinco días para «presentar los datos o responder», pero dijo desconocer los motivos de la solicitud de DGI.
Fuentes del Fisco confirmaron a El País que los pedidos se concretaron pero que fueron dirigidos a colegios de «alto nivel de cuota», que reflejen un poder adquisitivo elevado. Esto muestra una semejanza con los operativos que se realizaron el año pasado a automotoras e inmobiliarias, cuando se les pidió datos de los clientes que recientemente habían comprado bienes que, por su valor, eran considerados suntuarios. Esos datos luego fueron cruzados con las declaraciones de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y demostraron inconsistencias que en algunos casos permitieron detectar casos de evasión o subdeclaración.
El razonamiento parte de la base que es necesario mantener cierto nivel de renta para poder enfrentar los gastos fijos asociados a un automóvil o una propiedad de lujo (patente, seguro, y contribución inmobiliaria, por ejemplo).
El País contactó al director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien confirmó que se va a lanzar «una campaña de fiscalización de IRPF». Si bien dijo que «aún no hay decisión sobre qué elementos de capacidad contributiva vamos a establecer», no descartó que «a futuro» se tome a los colegios privados en cuenta.
Formulario
El formulario al que tuvo acceso El País requiere datos tanto del importe pago como de los padres y de quien se hace cargo de la cuota del colegio. Entre los casilleros a llenar figura el nombre del colegio, la dirección, el número de hijos en el colegio por grupo familiar, el importe pagado por el grupo familiar en abril 2011, el nombre de la madre con su documento y dirección y lo mismo del padre. Además se requieren datos del responsable del pago de la cuota del colegio y su documento. Los datos se utilizarán para verificar aportes del IRPF.
Ingresos cayeron en marzo
La recaudación neta de la DGI cayó en términos reales 11,4% en marzo frente a igual mes de 2010, según datos divulgados ayer. La disminución se debió a efectos recaudatorios simplemente. Los ingresos de DGI alcanzaron a $ 12.174 millones en marzo de 2011. En tanto, la recaudación total neta acumulada en el primer trimestre del año fue 4,5% real superior a la de igual período de 2010 y totalizó $ 40.117 millones. Según explicó a El País el coordinador de la Asesoría Económica de la DGI, Gustavo González «en marzo de 2010 ingresó el resultado de una reliquidación de impuestos practicada por una empresa pública y que correspondía a su obligación tributaria en el IRAE por gran parte de 2009. Es decir, pagó en un mes una reliquidación que comprendía a casi todo un año». Esto, añadió «agranda extraordinariamente -multiplica por tres- la base de comparación con marzo 2011». A eso se sumó que «en marzo (pasado), Ancap pagó todas sus obligaciones tributarias con el crédito concedido mediante decreto por el IVA de las compras realizado y a efectuar en la inversión de la planta desulfurizadora». Ese monto de US$ 80 millones «no tiene su contrapartida en un ingreso de caja», dijo.
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Cuando hablamos de equidad; también es importante que se mantenga en el tiempo. Es un objetivo que todo sistema tributario debe alcanzar pero no en un año y al otro no; ¿Porqué controlar en el año 2010 las compras de automóviles cuyos precios tuviesen un determinado importe hacia arriba y no en los años subsiguientes?, ¿Este control en las cuotas de los Colegios se hará en el año 2011 y luego se dejará de realizar?; si la respuesta es sí, lo veo totalmente contraproducente. Lo que no se entiende es porqué no controlan lo que sí se sabe que está mal, como ser cosas simples y pongo un par de ejemplos de los muchos que hay: a) es inexplicable que cuando hay un despido y acuerdo en el Ministerio de Trabajo, ni el BPS ni la DGI controlan dichos pagos; ya que muchas veces se reconocen en ese mismo lugar partidas que no fueron gravadas, o incluso cuando hay una inspección de DGI o de BPS no se cruzan los datos entre ellos a pesar de que dicen que lo harían en conjunto; b) cómo se entiende que en pleno 18 de julio estén verdaderas tiendas móviles y sólo se contenten con el pago del monotributo, perjudicando el comercio establecido, incluso los famosos «techitos verdes» que están frente a la DGI.
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Tributaristas: colegios podrían negarse a dar información a DGI
IRPF. Más centros recibieron el pedido de información del organismo – El País – 13/05/2011
MARCELA DOBAL
El pedido de información que realizó la DGI a varios colegios con el fin de encontrar evasores se ampara en el código tributario, pero algunos expertos lo consideran «un abuso de potestades» y creen que puede violar el secreto profesional.
La Dirección General Impositiva (DGI) entregó esta semana un formulario que requiere datos de los padres (nombre, documento, dirección, número de hijos en el colegio) como del importe pago en abril 2011 y otros datos sobre quien se hace cargo de la cuota.
Al menos tres colegios fueron elegidos por la DGI por su «alto nivel de cuota» (ver recuadro aparte). Cruzados con las liquidaciones de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de esos contribuyentes, los datos de gastos en educación privada podrían revelar inconsistencias, como ocurrió con los pedidos de datos que realizó el Fisco a inmobiliarias y automotoras sobre compras de bienes de lujo.
Mientras la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) se están asesorando con abogados, El País consultó a cinco expertos que dieron su visión sobre el tema.
«La información que está pidiendo la DGI no es conducente, es impertinente, porque no hay ninguna norma legal que autorice a inferir del gasto que uno pueda saber cuál es la renta», opinó el gerente del departamento Tributario de Ferrere Abogados, Gianni Gutiérrez.
Agregó que «los colegios podrían negarse a entregar» la información. «Además, se viola la intimidad de la persona, se mete en un fuero íntimo sobre grupo familiar, domicilio, cuánto es el monto y quién lo paga; es demasiado», agregó.
Para el tributarista Leonardo Costa, esta solicitud de DGI es «una violación del derecho de intimidad, un abuso de potestades de inspección». A su juicio, los colegios no deberían dar la información. «Están pidiéndole a terceros que hagan su trabajo cuando lo tiene que hacer la administración tributaria para ver si cierran o no los números», añadió. Diferenció este caso del de las automotoras y las inmobiliarias, ya que en esas situaciones había un bien escriturable, por lo que «sin haber pedido información, hay registros de por medio con los que se podía saber eso».
Por su parte, el profesor grado tres de derecho tributario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Jorge Bentancur, estimó que la DGI tiene derecho a reclamar «toda la información que es relevante o necesaria» para controlar si se han liquidado correctamente los impuestos que recauda.
No obstante, destacó que los gastos en colegios «no pueden ser deducidos en el IRPF», más que por un ficto «bajísimo» en el que no incide si se gasta mucho en la cuota de colegio. «Si bien constituyen un indicio de cuánto gana una persona porque puede gastar en un colegio, no puede ser considerada en la liquidación del impuesto, por lo que no es información que a la DGI le resulte necesaria para saber si el impuesto se liquidó bien o mal», explicó. Agregó que los datos pedidos son relevantes cuando están en concordancia con lo que grava el impuesto y que en este caso se están pidiendo datos de gastos y no de ingresos, por lo que se buscan «indicios», pero no «pruebas».
La abogada Florencia Castagnola, asociada senior del estudio Guyer & Regules, indicó que el tema es «delicado». «Si bien DGI tiene facultades amplias para requerir información, en ciertos casos estamos analizando si toda o parte de la información que se está solicitando a los colegios estaría amparada por el secreto profesional por lo que no existiría una justa causa por parte de los colegios para darla», indicó.
Castagnola se basa en el artículo 68 del Código Tributario, que establece que «la Administración dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización». Entre los literales donde se destaca lo que «especialmente podrá» hacer, figura: «requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma». En tanto, el secreto profesional está regulado por el Código Penal, cuyo artículo 302 dice: «El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con multa de 100 U.R. (cien unidades reajustables) a 600 U.R. (seiscientas unidades reajustables)».
El tributarista Carlos Loaiza, del estudio Olivera Abogados, sostuvo que «no me parece mal que la DGI extreme su poder de indagación y sus facultades para controlar, que se ponga a tono con las administraciones fiscales del mundo. Todas cruzan datos, tienen mucha información; en Uruguay hay mucho secreto, por eso esto llama la atención», opinó. Sin embargo, agregó que los colegios tienen que explorar la opción de negarse a dar la información «siempre cuidando no incurrir en responsabilidad por ello».
Reunión con MEF y DGI
Además del que salió a la luz el miércoles, ayer surgieron otros casos de colegios laicos que recibieron el pedido de datos de la DGI, informaron a El País fuentes vinculadas a los centros educativos. En el marco de la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos, ayer seguía habiendo un único colegio en esa situación. «Vamos a hablar con las autoridades de gobierno, tanto de DGI como del Ministerio de Economía», dijo a El País su director, Marcelo Fontona. Aún no fue pactada una reunión. Los colegios que recibieron el formulario tienen un plazo de cinco días para responder o entregar los datos al Fisco.
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Sumamente interesante el tema planteado, en parte de las opiniones de prestigiosos profesionales se comenta que si bien las «Cuotas de los Colegios» no son deducibles, salvo una ínfima cantidad y en forma ficta sí.
¿Cuál sería esa ínfima cantidad y en forma ficta?; seguramente se refiere al Art.38 del T.7 en su literal D), en cual permite la deducción (que no es directa) de «gastos de educación …por hijos menores de edad …13 BPC….»; uno podría interpretar que allí estarían los gastos que las familias realizan en Colegios Privados y por los cuales se puede deducir.
Esa es una interpretación «amplia» ya que efectivamente un gasto en un Colegio es un gasto de Educación; pero el mismo está establecido en forma genérica sin importar si el hijo a cargo concurre a un Colegio Privado o no; también en el mismo criterio amplio podría decirse que no importa si concurre o no a un Colegio porque en realidad también es importante para la sociedad ya que toda la sociedad solventa ciertos gastos (como ser la Educación de los Maestros que es pública y enseñan en los Colegios Privados) y que además es de interés reconocerlo porque si no fuesen a un Colegio Privado tendrían que ir al sistema público lo que generaría más problemas al presupuesto de Educación Estatal. Con una interpretación restrictiva, se podría decir que el pago de un Colegio no está contemplado; sino que se refiere a gastos de Educación que todos los padres tienen sin importar el lugar al que van a estudiar.
Volviendo al tema; no parece razonable lo que se le pide a los Colegios, puede suceder que por ejemplo Usted firme como responsable pero el dinero no salga de su bolsillo sino de sus padres que desean ayudar con la educación de sus nietos, o de una madrina, etc; entonces van a ir a molestar a los Abuelos, a la Madrina, etc?, ¿se creerá en lo que manifieste la persona o se dudará de todo?; además del problema de antecedentes que se crea, mañana le solicitarán a los Clubes Deportivos, a los Institutos de Idiomas, a los Institutos Culturales de enseñanza; etc.
También es injusto porque podrían ir a las Escuelas Públicas y cruzar la información con los que reciben asistencia del Estado y ver los registros de compras de vehículos, inmuebles, etc; y ver si no hay gente que declara como que no tiene cuando en realidad vive otra realidad muy distinta. Analizar las zapaterías, a quién se les vende championes superiores a $ 5000 pesos uruguayos y ver si esa persona no está recibiendo subsidios del Estado. Es todo algo ridículo pero en realidad aunque no nos damos cuenta, el sistema no es justo; y todo lo que se pregona de Equidad no lo es tal. Para que fuese justo, que permitan deducir los Gastos que se realizan efectivamente en los hijos por Educación y allí no tendría nada que decir.
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Subido por SubrayadoHD el 13/05/2011
Dos colegios privados recibieron pedidos de información de la DGI sobre padres de alumnos y responsables del pago de las cuotas, según informó El País.
El objetivo del organismo recaudador es cruzar datos para detectar evasores. El operativo se asemeja a los realizados durante el año pasado cuando se les pidio datos a las automotoras e inmobiliarias.
El presidente de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales URCDP, dijo a Subrayado que para hacer ese cruce de datos deberia de crearse una norma que especificamente habilite a la DGI a solicitarlos, porque la finalidad no se puede desviar.
«Nuestra ley rige a todas las bases de datos, salvo a las que hayan sida creadas y reguladas por leyes especiales. Para hacer lo que estamos hablando debería existir una ley que lo creara», dijo Felipe Rotondo.
«Sin una norma legal habilitante, eso no sería viable», dijo el especialista. Explicó que un colegio solo puede usar los datos para la función que se le otorgó y no para otra.
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Contador Público Darío A. Abilleira Alvarez - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY 